Responsabilidad Del Estado Por Inhibicion Juicio De Apremio Posibilidad De Adjudicacion De Vivienda

JURISPRUDENCIA

Responsabilidad del Estado por inhibición. Juicio de apremio. Posibilidad de adjudicación de vivienda

 

Se rechaza el recurso de inconstitucionalidad y se confirma el rechazo de la acción de daños y perjuicios por responsabilidad del Estado, en un caso en el cual se inhibió a una persona en el marco de un apremio iniciado a instancias de la Dirección General de Rentas, atento a que, no obstante haber un error notable en la liquidación de intereses en la boleta de deuda que se ejecuta, no se ha acreditado la ilegitimidad del accionar del Estado por inexistencia de deuda alguna con la entidad, ni tampoco que se verifique relación de causalidad entre los hechos invocados y los daños cuya indemnización se reclama, pesando sobre su parte la carga de la prueba de esas circunstancias.

 

 

En Mendoza, a diez días del mes de octubre de dos mil diecisiete, reunida la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva la causa n° 13-00627577-4/1(012051-4775), caratulada: “MORICHETTI ARIEL DARIO Y OTS. EN J° 13-00627577-4 (012051-4775) MORICHETTI, ARIEL DARIO Y OTS. C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA, DE MENDOZA S/ DAÑOS Y PERJUICIOS P/ RECURSO EXT.DE INCONSTITUCIONALIDAD”.

De conformidad con lo decretado a fojas 72 quedó establecido el siguiente orden de estudio en la causa para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero: DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE; segundo: DR. JORGE HORACIO NANCLARES; tercero: DR. JULIO RAMON GOMEZ.

ANTECEDENTES:

A fojas 9/19 Ariel Darío Morichetti y Laura Luciana Schiera, ambos por intermedio de representante, interponen recurso extraordinario de Inconstitucionalidad en contra de la resolución dictada por la Quinta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Letrado a fs. 420/424 de los autos n° 4.775/51.808, caratulados “MORICHETTI, ARIEL DARÍO Y OTS. C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ DAÑOS Y PERJUICIOS”.

A fojas 39 se admite formalmente el recurso deducido y se ordena correr traslado a la parte contraria. A fojas 43/47 vta. contesta la Provincia de Mendoza y a fs. 50/53 lo hace Fiscalía de Estado, solicitando ambas el rechazo del recurso interpuesto con costas.

A fojas 64/65 obra dictamen de Procuración General de este Tribunal, que aconseja el rechazo del recurso en trato.

A fojas 71 se llama al acuerdo para dictar sentencia y a fojas 72 se deja constancia del orden de estudio efectuado en la causa para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido en el art. 160 de la Constitución de la Provincia, se plantean las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA CUESTION: ¿Es procedente el recurso de Inconstitucionalidad interpuesto?

SEGUNDA CUESTION: En su caso, ¿qué solución corresponde?

TERCERA CUESTION: Costas.

A LA PRIMERA CUESTION EL DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE DIJO:

I.- PLATAFORMA FÁCTICA.

Los hechos relevantes para la resolución de la presente causa son, sintéticamente, los siguientes:

1. A fs. 9/13 Ariel Darío Morichetti y Laura Luciana Schiera interponen demanda de daños y perjuicios en contra de la Dirección General de Rentas de la Provincia de Mendoza, por la suma de $106.200. Alega que el IPV les había adjudicado una vivienda, pero que le informaron que no podrían entregársela porque el Sr. Morichetti se encontraba inhibido a instancia de la DGR. Manifiesta que, a causa de esto concurre a la DGR creyendo que existía una deuda menor y que el inconveniente se solucionaría rápidamente, siendo informados de que existía una boleta de deuda originada en tasa de justicia por la suma de $338.628, por la cual se había iniciado una boleta de deuda por vía de apremio judicial. Afirma que se trataba de un groso error y que nada pudieron hacer los actores. Asimismo, sostiene que al inhibir al Sr. Morichetti por una deuda inexistente, perdieron la posibilidad de acceder a su vivienda propia, obligándolos a afrontar el pago de alquileres y multas por rescisión anticipada, cuotas de créditos tomados para la adquisición de material de construcción. Reclama el pago de daño emergente y daño moral Acompaña la siguiente documentación:

* A fs. 2 obra constancia de medida cautelar por persona de la cual surge que, con fecha 06/06/2007, se registró una inhibición común general a nombre del Sr. Morichetti, Ariel Darío, ordenado en el expediente N° 468911, caratulado DGR c/ Morichetti p/ Apremio, originario del Segundo Tribunal Tributario.

* A fs. 3 obra nota del IPV con resultado de evaluación social de los actores, de la cual surge que el trámite se encuentra observado debido a la inhibición registrada en el Registro Público y Archivo Judicial de la Provincia a nombre del Sr. Morichetti. Asimismo, se expresa que la evaluación financiera es positiva, siendo el resultado final de la evaluación “observado”.

* A fs. 17/20 obra contrato de locación de un inmueble con destino a vivienda, siendo el locatario el Sr. Morichetti.

1. A fs. 66/74 contesta demanda la Provincia de Mendoza, solicitando el rechazo de la acción interpuesta. Relata que el accionante era efectivamente sujeto pasivo de una deuda fiscal, por lo que la medida de inhibición que pesaba sobre él, tenía causa genuina en la obligación incumplida oportunamente. Ahora bien, menciona que, aún siendo verdad que el monto de la deuda adolecía de un error material, el mismo no fue obstáculo para que el actor abonara lo que realmente debía al fisco. Refiere que, en efecto, el organismo fiscal ante la comparecencia del deudor y su manifestación de voluntad de pago, procedió a liquidar la deuda correctamente, sobre el monto base del capital adeudado por el tributo no abonado (tasa de justicia) y en forma inmediata a ello, se solicitó el levantamiento de la medida cautelar, cesando su situación de inhibición, con pleno conocimiento del deudor, probado ello al hacerse parte en el proceso de ejecución fiscal. Sostiene que no se ha concretado ni probado el factor subjetivo de atribución requerido para configurar la conducta antijurídica del funcionario que hace nacer la responsabilidad del estado, ya que, la medida cautelar que nace de la ejecución fiscal era procedente por ser consecuencia de la ejecución de una obligación real a cargo del demandado, si bien no en la magnitud requerida, si lo era en cuanto a su existencia y procedencia. Impugna también los daños reclamados. Acompaña la siguiente documentación:

* A fs. 34/63 obra copia del expediente N° 468911, caratulado “DGR c/ Morichetti, Ariel Dario p/ Ap.” iniciado en el Segundo Tribunal Tributario, Secretaría N° 3, por la suma de $ 338.628,47.

1. A fs. 80/81 contesta demanda Fiscalía de Estado. Adhiere a la contestación efectuada por la provincia y agrega que ha existido por parte de la actora una falta de cuidado y previsión al rescindir un contrato de locación sin tener siquiera fecha de entrega de la vivienda. Además dice que el actor era deudor del estado provincial por lo que, de conformidad con la legislación vigente, no resultaba improcedente la medida cautelar trabada. Es más, una vez regularizada su situación se ordenó el levantamiento de la misma y se confeccionó el oficio, lo que fue reconocido por el propio actor, quien participó en los autos de la ejecución fiscal, con patrocinio letrado, lo que exime de cualquier comentario al respecto. Impugna también los montos reclamados.

2. A fs. 85 se abre la causa a prueba y a fs. 103 se dicta auto de sustanciación de la misma.

3. A fs. 130 obra declaración testimonial de la Sra. Leticia María de Lourdes Ceballos, quien refiere que trabajó en el IPV, que cumple funciones de trabajadora social, que analiza las carpetas de los aspirantes a beneficios de programa de vivienda del instituto y que cumple esas funciones desde el año 2006.

4. A fs. 138 obra contestación de oficio por parte del IPV de la cual surge que la Sra. Schiara se inscribió como postulante para el programa Inquilinos el día 19/07/2006, siendo la titular del trámite de inscripción N° 12728. Informa que se inició legajo a efectos de evaluar si cumple con los requisitos sociales, que no fue aprobada la documentación presentada por los postulantes. Manifiesta que el trámite de los actores en el programa inquilinos fue observado por encontrarse inhibido el Sr. Morichetti para disponer de sus bienes, que actualmente la calificación de los actores ante esa repartición es de “postulantes que no cumplieron con los requisitos de acuerdo al Programa Inquilinos para acceder a una vivienda social”. Sostiene que no pueden solicitar o inscribirse en la actualidad en el plan inquilinos y que no se encuentra vigente actualmente ese programa en la repartición. Responde que la Sra. Ceballos cumple funciones en IPV desde el año 2000 y desde el año 2006 hasta la actualidad se desempeña profesionalmente evaluando la documentación presentada por los postulantes. Adjunta:

* Copia de la Resolución N° 249 de fecha 07/04/04 del IPV de la cual surge la regulación del Programa de Vivienda para inquilinos (fs. 140/179).

* A fs. 180/278 obra copia de la documentación correspondiente al trámite llevado a cabo en el IPV. A fs. 180 vta. la Lic. Leticia Ceballos deja la siguiente constancia “17 y 18/04/08 Notificada personal y vía telefónica que debe presentar certificado negativo de inhibiciones del cotitular para continuar en el proyecto de referencia. Si no lo adjunta hasta el día 18/04/08 no podrá incluirse en el proyecto”. A fs. 275 obra constancia suscripta por la Sra. Leticia Ceballos el 19/03/08, en la cual se advierte que al cotitular le figuran inhibiciones por lo que deberá adjuntar certificado negativo de inhibiciones para continuar con el programa. Refiere que el resto de la documentación social está completa. A fs. 276 obra listado del cual surge el resultado positivo de la inscripción solicitada por la Sra. Shiera, ya que no se encuentra marcada como observado, de fecha 18/04/2008 y a fs. 277 obra constancia de solicitud de archivo del legajo.

1. A fs. 292/294 la DGR contesta oficio informando que el Sr. Morichetti, Ariel registra varias gestiones de apremio, siendo la tramitada en autos N° 468911, originaria del Segundo Tribunal Tributario Secretaría 3, la que correspondería a los datos detallados en el oficio (apremio por la suma de $338.628, con fecha abril de 2007). Expresa que la misma data del año 2007 y tuvo origen en una deuda de Tasa de Justicia, liquidada con accesorios legales en expediente administrativo N° 2209-D-04-01134 de la Dirección General de Rentas.

2. A fs. 300 el Departamento de Apremio Fiscal de la Dirección General de Rentas informa que en el mes de abril del año 2007 inició juicio de apremio contra el Sr. Morichetti, Ariel, por la suma de $338.628 por tasa de justicia, expte. 22209-D-04-01134. El monto reclamado fue posteriormente modificado por existir un error en la liquidación de intereses. Rectificada la obligación tributaria arrojó un monto total de $571,42, que fue cancelado el día 30-04-2008, con boleto BU85A 2008000000800.

3. A fs. 377/381 obra sentencia de primera instancia, la cual rechaza la demanda interpuesta explicitando que la Dirección General de Rentas se encuentra legitimada para solicitar medidas como la inhibición en los procesos por apremios, habiendo la demandada acompañado copia del expediente por apremio iniciado en contra del actor. Sostiene que la deuda existió, pero por un monto diferente y que, una vez cancelada la misma, el recaudador solicitó el levantamiento inmediato de la medida. Por lo tanto, concluye que la inhibición ordenada en el juicio por apremio no fue errónea, dado que obedeció a una deuda por tasa de justicia, por lo que cabía aplicar las normas pertinentes al Código Fiscal. Destaca que la inhibición no es por una suma de dinero, por lo que, el error aritmético denunciado por la demandada y por los actores no influye en la negativa del IPV para el otorgamiento de la vivienda. Finalmente, aduce que no surge de las actuaciones del juicio por apremio ninguna conducta procesal desplegada por el Sr. Morichetti tendiente a impugnar la deuda en el juicio de apremio o desconocerla, sino que sólo se hizo parte y constituyó domicilio legal.

4. Apela la actora.

5. A fs. 420/424 la Cámara rechaza el recurso de apelación interpuesto, sosteniendo que:

* La responsabilidad directa y objetiva por falta de servicio encuentra fundamento en la aplicación subsidiaria del art. 1112 C.C.

* En relación al planteo de inconstitucionalidad del art. 131 del Código Fiscal, conforme el art. 95 del Código Fiscal, las impugnaciones a las leyes fiscales por inconstitucionalidad deben plantearse directamente ante la Suprema Corte de Justicia, por lo cual se considera incompetente para resolver el planteo realizado por el actor, el cual, además, se trata de una cuestión novedosa en tanto no fue planteada y por ende motivo de discusión en primera instancia.

* La actora afirma que si bien es cierto que la magistrada no analizó la existencia o no de la deuda, entendiendo que el reclamo se limitaba a reprochar la diferencia del monto adeudado, aún cuando el actor sí negó que ella exista, esto en nada modifica la conclusión a la que se arriba en la sentencia de primera instancia.

* Siendo que la causa del daño tiene origen en la inhibición ordenada, en virtud de una deuda que su parte consideraba no existía y que, por ende, dicha medida era infundada, debía probarlo, como así también la relación de causalidad existente entre el daño que dice haber sufrido y el hecho generador del mismo, cuestión que recae sobre el actor.

* El título base de la ejecución, debidamente notificado, se erige como acto administrativo definitivo, que causa estado y goza de presunción de legitimidad, atento a no haber sido recurrido a través de los modos que otorga el código fiscal, ni las vías que concede la ley de procedimiento administrativo.

* Teniendo facultades para pedir la medida de inhibición respecto del actor y no habiendo acreditado que la misma estuviera mal ordenada por no existir la deuda, cuestión que recaía sobre el afectado, no se verifica error alguno de parte de la Administración Pública que justifique la responsabilidad endilgada al Estado.

* No se verifica tampoco la existencia de relación de causalidad entre la inhibición y el daño, ya que nunca se les adjudicó un crédito, sino que tenían un número de inscripción y, a los fines de poder acceder al crédito debían presentar el legajo, sabiendo ellos de antemano o debiendo saber cuáles eran los recaudos necesarios para la aprobación del mismo, entre ellos, no estar inhibidos.

* Al no haberse emitido el requerimiento de pago, no haber sentencia y haberse informado la cancelación de deuda por parte del recaudador fiscal, el interesado tenía otras vías para atacar la boleta de deuda o diligenciar el oficio a través del cual se ordenaba el levantamiento de la medida.

* Si bien el informe del IPV dice que el plan en el que se inscribieron los actores no existe en la actualidad, no hay en el proceso prueba alguna de la que se infiera la imposibilidad de presentar toda la carpeta en esa entidad si el obstáculo se salvaba, máxime cuando el pedido de levantamiento de la medida se ordenó el 22/04/08, es decir, no habían pasado ni quince días desde que los actores se enteraron de la observación que se les había realizado.

* Tal omisión probatoria no alcanza a ser subsanada por el hecho de que del informe surja que no pueden inscribirse en la actualidad en el plan inquilinos, toda vez que no dice la causa de dicha negativa. Todo lo contrario surge del legajo, ya que del informe de la Lic. Ceballos se desprende que deberá adjuntar certificado negativo de inhibiciones para continuar con el Programa.

* No es sino la propia negligencia de los actores que los pone en la situación de la que se quejan, ya que tuvieron la posibilidad de subsanar el obstáculo, mas nada hicieron o no surge de estos autos.

II.- ACTUACIÓN EN ESTA INSTANCIA.

A) AGRAVIOS DEL RECURRENTE.

El recurrente aduce que la decisión cuestionada resulta arbitraria sobre la base de los siguientes argumentos:

* La Alzada indica que la omisión del juez de primera instancia en expedirse sobre la existencia o no de la deuda no modifica la sentencia arribada, lo cual es arbitrario ya que, es indispensable expedirse respecto a la existencia misma de la deuda, cuando ella dio lugar a la inhibición que causó el rechazo de la carpeta de los actores en el plan de vivienda.

* Los proveídos de primera y segunda instancia al asignar efectos a una notificación nula e inexistente, violan en forma flagrante derechos de raigambre constitucional, como son el derecho a la legítima defensa, debido proceso, etc. No le consta a esta parte la existencia misma de la notificación, suscripta por una persona a quien no se identifica. Ni siquiera la DGR acreditó que el domicilio donde presuntamente se diligenció la cédula de notificación de la boleta de deuda, efectivamente era el domicilio fiscal del Sr. Morichetti.

* El acto de la notificación no fue el único irregular, sino más bien, uno más de la cadena de irregularidades, que incluye la emisión de un libre deuda por una presunta deuda nunca abonada, el robo de un oficio de levantamiento de inhibición, la atribución a Morichetti del pago de una suma superior a $300.000, que él jamás podría justificar si se le atribuyera de verdad.

* Nunca existió deuda por cuanto se levantó la inhibición sin pagar. El pago de más de $300.000, fue hecho por el recaudador de la DGR, el Dr. Guillermo Jorge Simón.

* No puede criticarse la actitud a la parte actora, luego de todas las irregularidades de la demandada. El Tribunal de Alzada convalida la violación de derechos, toda vez que considera “saneadas” las irregularidades del inicio mismo del expediente fiscal, pasa por alto la falta de notificación, o la “viciada”notificación, que se anotó una inhibición que no correspondía y que alguien que no era parte del proceso retira libremente el oficio de levantamiento de la medida.

* La resolución de la Cámara denota un notorio desconocimiento de las constancias de auto, toda vez que el archivo de la carpeta del IPV lo fue para fines de marzo de 2008 y recién el día jueves 24/04/08 se emitió el decreto de levantamiento de la inhibición, encontrándose luego de esa fecha el oficio en condiciones para ser retirado por persona autorizada por la DGR.

* El oficio fue retirado, aunque nadie sabe cuál fue su destino, ya que nunca fue diligenciado, simplemente desapareció. Resulta arbitrario y fuera de toda lógica achacar culpa a Morichetti, cuando todo el proceso tributario resultó signado de vicios e irregularidades generados por la misma demandada.

* La Cámara considera que lo realmente importante es conocer si el obstáculo podía ser sorteado y el crédito igual autorizarse. La respuesta es no, los recurrentes no pueden inscribirse nuevamente en el plan de vivienda y la carpeta fue mandada a archivo, lo cual surge del informe que rinde el mismo IPV, prueba que ha sido omitida por las instancias anteriores.

B) CONTESTACIÓN DE LA RECURRIDA.

* La Provincia de Mendoza contesta el recurso interpuesto y solicita el rechazo del mismo. Aduce que la boleta de deuda se notificó al Sr. Morichetti en el domicilio fiscal, intimándolo al pago de la misma, aún cuando existía un error en cuanto al cálculo de los recargos por la multa. El actor debía probar que la deuda no existía y que dicha medida era infundada, no habiendo sido probado que la boleta de deuda no contuviera una obligación fiscal a cargo del Sr. Morichetti. Conforme surge del informe del Departamento de Apremio, existió un error en la liquidación de intereses que fue subsanado y modificado, arrojando un valor de $ 541 que fue cancelado, por lo tanto la deuda existía, aunque por una suma menor y el actor no abonó la suma originariamente consignada en la boleta, sino la modificada. La boleta con la suma rectificada no fue abonada por el recaudador, sino que lo que surge del proceso es la existencia de una comunicación interna entre el recaudador y el abogado recaudador, para que procesado internamente la rectificación del monto, se pueda proceder al levantamiento de la medida de inhibición ordenada por el juzgado. También es improcedente la afirmación de que no ha habido notificación de la boleta de deuda que origina el apremio, dado que la boleta se entrega a un Sr. César León, en el domicilio fiscal del Sr. Morichetti, que coincide con el domicilio real de éste, según figura en la copia de su documento. No se ha probado en autos que haya existido un obstáculo insalvable para el accionado en lo que se refiere a la deuda tributaria, ni una conducta antijurídica imputable a DGR que haga responsable a la Provincia. El Sr. Morichetti se hizo parte en el proceso fiscal, por lo cual tomó pleno conocimiento del estado procesal de dicho expediente antes de iniciar la demanda de daños y perjuicios, sin alegar en el proceso fiscal de apremio ninguna de las irregularidades que afirma en el juicio civil. No ha demostrado tampoco que no hubiese podido retirar los oficios, o revertir el estado de inhibición, cuyo levantamiento ya estaba solicitado, ni que ello no fuera aceptado por el IPV.

* Fiscalía de Estado también solicita el rechazo del recurso entendiendo que los actores tenían supeditada la adjudiciación de la vivienda al cumplimiento de los requisitos exigidos por el IPV y tenían pleno conocimiento de los mismos. La DGR se encuentra legitimada para solicitar medidas como las inhibiciones. El Sr. Morichetti tenía una deuda, que una vez cancelada se solicitó inmediatamente el levantamiento de la inhibición, también consta el retiro del oficio dirigido al Registro Público y Archivo Judicial de la Provincia de Mendoza. Los propios actores reconocen que la deuda existió, pero se oponían al monto reclamado en forma errónea. El Sr. Morichetti fue notificado en la persona del Sr. Cesar León, en el domicilio fiscal que tenía la DGR, que coincide con el domicilio denunciado en su DNI.

III.- LA CUESTIÓN A RESOLVER.

Esta Sala debe resolver si resulta arbitraria la sentencia que confirma el rechazo de una acción de daños y perjuicios por responsabilidad del Estado, en un caso en el cual se inhibió a una persona en el marco de un apremio iniciado a instancias de la Dirección General de Rentas, atento a que, no obstante haber un error notable en la liquidación de intereses en la boleta de deuda que se ejecuta, no ha acreditado la ilegitimidad del accionar del Estado por inexistencia de deuda alguna con la entidad, ni tampoco que se verifique relación de causalidad entre los hechos invocados y los daños cuya indemnización se reclama, pesando sobre su parte la carga de la prueba de esas circunstancias.

IV.- SOLUCIÓN DEL CASO.

A) PRINCIPIOS LIMINARES QUE RIGEN EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN NUESTRA PROVINCIA.

Conforme criterio inveterado de este Tribunal, “la tacha de arbitrariedad requiere que se invoque y demuestre la existencia de vicios graves en el pronunciamiento judicial recurrido, consistentes en razonamientos groseramente ilógicos o contradictorios, apartamiento palmario de las circunstancias del proceso, omisión de consideración de hechos o pruebas decisivas o carencia absoluta de fundamentación (L.S. 188-446, 188-311, 102-206, 209-348, etc.) (L.S. 223-176)”.

Así, se ha sostenido que el recurso de inconstitucionalidad tiene carácter excepcional, por ello, las causales se interpretan restrictivamente, evitando que la Corte se convierta en una tercera instancia ordinaria, contraviniendo todo el sistema recursivo (L.S. 223-176).

De la misma forma, de acuerdo a la doctrina invariable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, seguida por este Tribunal, la tacha de arbitrariedad de la sentencia no importa admitir una tercera instancia ordinaria contra pronunciamientos considerados erróneos por el recurrente. El principio reviste carácter excepcional y su procedencia requiere un inequívoco apartamiento de la solución normativa prevista para el caso o una decisiva carencia de fundamentación (LL 145 398 y nota); si la sentencia es suficientemente fundada cualquiera sea su acierto o error, es insusceptible de la tacha de arbitrariedad, más aún cuando se trata de la asignación de montos en concepto de reparación de daños y perjuicios, en uso de facultades discrecionales propias y excluyentes. (LL Rep. XXV, 1415, s. 243; LL 119 628; LL 140 789 sum. N 24.847-II; LA 101 447).

B) DERECHO TRANSITORIO.

Dada la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación en agosto de 2015, de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado en nuestra provincia en mayo del corriente año y de la Ley de Responsabilidad del Estado Nacional N° 26.944 en agosto del 2014, corresponde determinar en primer lugar cuál es el ordenamiento que debe aplicarse al sublite.

Resulta evidente que corresponde la aplicación al sublite del Código Civil de Vélez Sarfield, dado que los daños reclamados en el presente se habrían producido con anterioridad a la entrada en vigencia de la nueva normativa. En este sentido menciono que la inhibición del actor en el apremio ocurrió con fecha 31/05/07, el levantamiento de la medida se ordenó en abril de 2008 y la observación realizada respecto de la incorporación del actor en el Programa Inquilinos fue realizada en marzo de 2008.

C) ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.

Anticipo mi opinión, coincidente con lo expuesto por la Procuración General de este Tribunal en el sentido de que el recurso interpuesto debe ser rechazado, por las razones que expondré a continuación.

Entiendo que, conforme surge de la prueba rendida en la causa, la sentencia impugnada no adolece de los vicios imputados. Ello así en virtud de que, los razonamientos del pronunciante no se muestran como apartados de las constancias objetivas de la causa, no contrarían las reglas de la lógica, ni se apoyan en consideraciones dogmáticas o carentes de razonabilidad, como lo exige la excepcionalidad del remedio intentado.

En este sentido, la Cámara ha fundado el rechazo del recurso de apelación en que siendo que la causa del daño tiene origen en la inhibición ordenada, en virtud de una deuda que la actora consideraba que no existía y que, por ende, dicha medida era infundada, debía probarlo, como así también la relación de causalidad existente entre el daño que dice haber sufrido y el hecho generador del mismo, cuestión que recae sobre el actor.

El quejoso insiste en que los tribunales no analizaron si la deuda existía o no, sin hacerse cargo del argumento determinante de la Cámara conforme el cual era carga del actor demostrar tanto la ilegitimidad de la inhibición, como la existencia de relación de causalidad, no habiéndose evidenciado el cumplimiento de dicha imposición. Ninguna de estas alegaciones ha sido adecuadamente rebatida por el quejoso que reitera los agravios expuestos en la instancia anterior, sin evidenciar la existencia de arbitrariedad, ni impugnar en modo alguno la carga de la prueba que pesa sobre su parte.

Destaco en este punto que el accionante se hizo parte en el apremio, tomando conocimiento de que la deuda había sido cancelada y en ningún momento afirmó que no hubiera sido él quien la había abonado, ni tampoco que la deuda no existiera, ni mucho menos que la inhibición trabada fuera errónea o injustificada. No se ha acreditado ni siquiera la realización de alguna presentación en sede administrativa en tal sentido. De hecho del informe que acompaña la Dirección General de Rentas a fs. 300 surge que, una vez que se rectificó la obligación tributaria, ésta arrojó un crédito a favor del Estado por un monto total de $571,42, que fue cancelado el día 30/04/2008, con boleto BU85A 2008000000800, limitándose el recurrente a afirmar que no existió ninguna deuda, pero sin realizar una mínima referencia a lo expuesto por Rentas en el oficio referido, ni justificar en modo alguno el porqué de esa afirmación o impugnar la contestación en cuestión. Su negativa aparece como totalmente infundada y opuesta a las afirmaciones circunstanciadas realizadas por un organismo público, al cual no puede privarse de valor por la negativa sin fundamento del actor.

En virtud de lo expuesto, no habiéndose acreditado la ilegitimidad del accionar del Estado por inexistencia de la deuda, ni mucho menos la oposición a la misma por parte de la actora, no puede ésta afirmar válidamente que no se encontrara expuesta igualmente a la inhibición, máxime si tenemos presente que esta medida judicial no se realiza por un monto determinado, por lo que, aún cuando existiera una grosera diferencia en la liquidación de los accesorios de la deuda, existiendo la misma por el capital, el deudor podía igualmente ser inhibido, conforme las facultades que confiere el art. 131 del Código Fiscal.

En este punto cabe mencionar que, conforme lo afirma el informe no cuestionado de Rentas, al presentarse el actor en dicho organismo se le realizó una nueva liquidación, que se abonó, pudiendo así solucionar el problema y obtener el levantamiento de la inhibición trabada, es decir que, aún existiendo un grosero error en la liquidación de los intereses, el mismo no se vio reflejado al momento de abonar la deuda, ya que pudo pagar lo que efectivamente debía, ni tampoco en el expediente del apremio, en el cual se solicitó inmediatamente el levantamiento de la medida y la emisión del correspondiente oficio, sin perjuicio de que el mismo fuera retirado por persona no identificada y nunca diligenciado. Ello no modifica la solución propuesta, dado que, bien pudo el actor denunciar el extravío del oficio y solicitar la confección de uno nuevo para diligenciarlo personalmente.

No puede afirmarse que los argumentos de la sentencia cuestionada impliquen, como pretende el recurrente, sanear las supuestas irregularidades del proceso, las cuales se ha expuesto precedentemente no son tales o no han sido denunciadas oportunamente, sino simplemente, asumir que el actor, ante la existencia de la deuda por la cual podía válidamente ser inhibido, tenía diversas opciones para solucionar el problema, las cuales no utilizó, por su propia voluntad, limitándose a esperar que el oficio fuera diligenciado, cuando era él el principal interesado en obtener el certificado negativo de inhibición requerido por el IPV.

Resulta de fundamental importancia tener presente que el actor no ha acreditado que no pudo arreglar el problema que su deuda le había generado, es decir, demostrar que el levantamiento de la medida no podría haberlo realizado en término, ya que, desde el momento en que se hizo el reporte que obra en el expediente del apremio, mediante el cual el recaudador informa la baja por cancelación de la boleta de deuda en cuestión, de fecha 17/04/08, hasta la presentación del pedido de levantamiento de la inhibición, de fecha 22/04/08, han transcurrido sólo 3 días hábiles, 5 días hasta la fecha en que se firma del oficio que solicitaba el levantamiento de la inhibición (24/04/08). En este punto, y conforme con lo dispuesto por el art. 36 de la Resolución del IPV N° 249/04, “Si del proceso de evaluación resultaran observaciones, el IPV otorgará un nuevo plazo de quince (15) días corridos para que el postulante preseleccionado los cumpla. Vencidos estos plazos y no habiendo cumplido con todos los requisitos, quedará anulada la preselección”. No se ha acreditado en autos cuándo comenzó a correr dicho plazo, ni mucho menos cuando concluyó el mismo, ni que fuera imposible obtener una prórroga de éste, ni siquiera la fecha en la cual se ha solicitado el archivo de las actuaciones del IPV, ya que la nota que lo pide (fs. 277) no tiene fecha alguna, por lo que, mal puede pensarse que ello no haya sido por negligencia de la parte actora, que demoró en concurrir a Rentas a fin de verificar su situación o en pagar la supuesta deuda, fechas que tampoco surgen de las constancias de autos.

Por lo demás, la afirmación de la actora en el sentido de que la notificación de la boleta de deuda efectuada al Sr. César Leon es nula, tampoco logra conmover a este Tribunal, ni modificar lo expuesto precedentemente, dado que dicho planteo no se efectuó en sede administrativa, ni tampoco en el Tribunal Tributario correspondiente, en donde, bien podría y de hecho, debería, haberse impugnado la notificación de la boleta de deuda, cosa que no hizo el recurrente a pesar de haberse hecho parte en el expediente y haber constituido domicilio legal. Claramente, tenía oportunidad de defenderse en ese momento y no lo hizo, ni siquiera formuló una reserva ante las supuestas gravísimas irregularidades que advertía en el procedimiento administrativo y proceso de apremio.

Por la misma razón debe rechazarse el planteo relativo a que Rentas no ha acreditado que ese sea su domicilio fiscal. Además, se encuentra agregada en autos la copia del documento del actor de la cual surge como domicilio “Vicente Lopez y Planes 1946, San José, Guaymallén”, que es justamente en donde fue notificado el actor, sin que éste haya manifestado haber hecho ninguna presentación en Rentas de la cual pudiera tomarse otro domicilio que no sea éste, para realizar las notificaciones de las deudas impositivas. En este punto es dable destacar que, al hacerse parte en el juicio de apremio, omite absolutamente denunciar su domicilio real, limitándose a constituir domicilio legal, lo cual coadyuva a la solución adoptada por la Cámara.

Asimismo, tratándose de un título ejecutivo, emitido por un organismo público, que goza de presunción de legitimidad, no obstante el error en el monto, reconocido por la propia Administración, no resulta arbitrario sostener que el domicilio consignado en la boleta de deuda, coincidente con el denunciado en el documento, pueda presumirse como válido a los fines fiscales, en caso que, como en el presente, no se haya acreditado la existencia de error en el mismo.

El recurrente se agravia de la existencia de una cadena de irregularidades entre las que cuenta la existencia de un libre deuda cuando él no ha pagado la suma reclamada de $300.000, nada de esto fue afirmado oportunamente en el juzgado tributario o en sede administrativa y tampoco coincide con lo expuesto por la demandada, que sostiene que él no pagó esa suma, sino la que surgiría de la liquidación correcta, es decir, la suma de $571,42, por lo que, no reviste seriedad la infundada afirmación de que él nada pagó o que la suma que se le atribuye haber abonado excede totalmente sus posibilidades económicas.

Sostiene también el quejoso que la resolución de la Cámara denota un notorio desconocimiento de las constancias de autos, toda vez que el archivo de la carpeta del IPV lo fue para fines de marzo de 2008 y recién el día jueves 24/04/08 se emitió el decreto de levantamiento de la inhibición, encontrándose luego de esa fecha el oficio en condiciones para ser retirado por persona autorizada por la DGR. En cuanto a este agravio cabe tener presente que no es cierto que el expediente se archivara en marzo de 2008, atento que el informe suscripto por Leticia Ceballos en el cual se manifiesta que al cotitular le figura una inhibición, por lo que deberá adjuntar certificado negativo de inhibiciones para continuar en el programa, es de fecha 19/03/08 (fs. 275) y a fs. 181 vta. se indica, con fecha que no resulta clara (aparentemente 17 y 18/04/08) que se notificó personalmente y por vía telefónica que debe presentar el certificado negativo de inhibiciones del cotitular para continuar con el programa hasta el día 18/04/08. Si bien, por las fechas pareciera ser que se lo notificó para que presentara la documentación el mismo día que vencía el plazo, ninguna duda cabe en relación a que existía la posibilidad de subsanar observaciones y que, conforme la disposición del art. 36 de la Resolución del IPV N° 249/04, debía darse al interesado un plazo de 15 días para ello, por lo que, resulta razonable la afirmación de la Cámara en el sentido de que no es sino la propia negligencia de los actores que los pone en la situación de la que se quejan (...) puesto que es evidente que tuvieron la posibilidad de subsanar el obstáculo mas nada hicieron o, por lo menos, no surge en estos autos.

El recurrente insiste en que los actores no pueden inscribirse nuevamente en el plan de vivienda y que la carpeta fue mandada a archivo, lo cual surgiría del informe que rinde el mismo IPV y que esa prueba ha sido omitida por las instancias anteriores. Entiendo que la lectura del informe que realiza el recurrente es forzada. Efectivamente, conforme lo considera la sentencia de Cámara del mismo surge que el actor y su esposa no pueden solicitar e inscribirse en la actualidad en el plan inquilinos, pero es cierto que no dice la causa de dicha negativa, es decir, si es porque el plan no existe más, (cuestión que, agrego, sí surge del mencionado informe) o si es porque una vez rechazado el pedido por el motivo de la observación no podían volver a presentarlo (lo cual en ningún momento afirma el IPV). Este análisis de la prueba no resulta arbitrario, sino que se ajusta exactamente a lo expuesto en la contestación del oficio. Mucho menos puede incluirse dentro de la concepción de omisión de prueba, ya que ha sido expresamente considerada y analizada, siendo la conclusión arribada a su respecto absolutamente razonable, teniendo en cuenta los términos del informe acompañado.

Finalmente, menciona la sentencia cuestionada que nunca se les adjudicó a los actores un crédito sino que tenían un número de inscripción. En este aspecto, puede afirmarse que la probabilidad de ser adjudicataria de la vivienda podría encuadrarse dentro de la categoría de derechos debilitados, ya que, dependen del dictado de un acto administrativo. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expedirse en relación a este tipo de derechos al mencionar que el derecho al ascenso en la carrera policial, “constituye una especial situación jurídica del administrado que ha dado en llamarse por la doctrina y jurisprudencia especializadas, derechos condicionados o debilitados. La doctrina italiana así los llama (affievolimento dei diritti) y refiere que en ellos, los titulares de la posición o situación jurídica en cuestión gozan hasta un cierto punto, de un verdadero derecho subjetivo administrativo que se debilita cuando, eventualmente, se da la hipótesis prevista por la norma al ejercer la Administración una potestad discrecional. (L.S. 300-91; 364-172)”. (Expte.: 101953 - ESCUDERO GORDILLO, JOSE GUSTAVO C/ GOBIERNO DE LA PROV. MZA. S/A.P.A. - Fecha: 08/11/2012 - SENTENCIA - Tribunal: SUPREMA CORTE - SALA N° 1 - Magistrado/s: NANCLARES-PEREZ HUALDE). Si bien, la materia resulta absolutamente diferente, podría realizarse una comparación en cuanto en ambos supuestos nos encontramos ante un debilitamiento del derecho, el cual depende para su realización efectiva, además del cumplimiento de los recaudos necesarios, del dictado de un acto administrativo, sujeto a la facultad discrecional de la Administración de dictarlo o no e incluso, de hacerlo en un sentido u otro.

Advierto que el daño reclamado por la parte actora como daño emergente, consistente en la indemnización de lo que ha abonado en concepto de alquileres al no haber sido adjudicatario de la vivienda, se vislumbra como un daño meramente hipotético o conjetural, ello atento a que, conforme surge de las constancias de autos, la demandante se encontraba en etapa de evaluación de la documentación por parte del IPV, luego de lo cual, en caso de cumplir con los requisitos, todavía faltaban diversas etapas, como ser la remisión al Banco de los legajos crediticios, para que éste determine si los solicitantes son sujetos de crédito. Luego de ello, conforme lo dispone el art. 38 de la misma resolución, tendría lugar un segundo sorteo para definir el orden de prelación de postulantes titulares y suplentes, en el cual podrán participar sólo aquellos postulantes seleccionados definitivamente por el Banco como sujetos de crédito. Amplía la disposición afirmando que se sortearán tantos postulantes titulares como unidades habitacionales disponibles y un veinte por ciento más en concepto de suplentes”. Dadas estas circunstancias, el daño que se reclama como daño emergente aparece como de muy improbable realización, ya que, aún faltaba la selección del banco, no habiéndose acreditado en modo alguno cuáles son los parámetros que éste considera para su selección, ni mucho menos que la parte actora los reuniera, y para más, una vez seleccionado por el banco, debía participar de un segundo sorteo, en el cual, no sólo debería haber salido beneficiario, sino además, serlo como titular y no como suplente. Ciertamente, no creo que exista en autos una chance suficientemente seria (y por ende susceptible de ser indemnizada) de que el evento favorable al actor hubiera ocurrido, sino una mera posibilidad eventual de resultar adjudicatario de la vivienda, una vez seleccionado por el Banco y sorteado como titular del derecho.

De esta manera, las argumentaciones de la quejosa se vislumbran como una mera disconformidad con la solución a la cual han arribado las instancias anteriores sin lograr acreditar en modo alguno la existencia de arbitrariedad o irrazonabilidad en el decisorio cuestionado.

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. NANCLARES y GOMEZ, adhieren al voto que antecede.

A LA SEGUNDA CUESTION EL DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE, DIJO:

Atento el modo como se resuelve la cuestión anterior, corresponde rechazar el recurso de Inconstitucionalidad interpuesto a fs. 9/19 vta. y, en consecuencia, confirmar la sentencia obrante a fs. 420/424 de los autos N° 4775/51808, caratulados “MORICHETTI, ARIEL DARÍO Y OTS. C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, dictada por la Quinta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Tributario, de Minas y de Paz de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza.

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. NANCLARES y GOMEZ, adhieren al voto que antecede.

A LA TERCERA CUESTION EL DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE, DIJO:

De conformidad con lo resuelto en las cuestiones anteriores, corresponde imponer las costas a la recurrente vencida (art. 36 C.P.C.).

Así voto.

Sobre la misma cuestión los Dres. NANCLARES y GOMEZ, adhieren al voto que antecede.

Con lo que se dio por terminado el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

SENTENCIA:

Mendoza, 10 de octubre de 2.017.-

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de Justicia, fallando en definitiva,

RESUELVE:

I.- Rechazar el recurso de Inconstitucionalidad interpuesto a fs. 9/19 vta. y, en consecuencia, confirmar la sentencia obrante a fs. 420/424 de los autos N° 4775/51808, caratulados “MORICHETTI, ARIEL DARÍO Y OTS. C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, dictada por la Quinta Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Tributario, de Minas y de Paz de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza.

II.- Imponer las costas a la recurrente vencida (art. 36 C.P.C.).

III.- Regular honorarios profesionales de la siguiente manera: a los Dres. Alicia Estela BARRILI, en la suma de pesos DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO ($2548); Sebastián I. GUTIERREZ, en la suma de pesos DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO ($2548); Marcela E. BERRIOS, en la suma de pesos SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO ($764) y Juan Carlos NIEVAS, en la suma de pesos TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO ($3568) (art. 2, 3, 13, 15 y 31 L.A.).

IV.- Dar a la suma de pesos DOS MIL CIENTO VEINTICINCO ($ 2.125), de la que da cuenta la boleta de depósito obrante a fs. 23, el destino previsto por el art. 47 ap. IV del C.P.C.

NOTIFIQUESE. OFICIESE.

 

DR. ALEJANDRO PEREZ HUALDE

Ministro

DR. JORGE HORACIO NANCLARES

Ministro

DR. JULIO RAMON GOMEZ

Ministro

 

CONSTANCIA: Que la presente resolución no es suscripta por el Dr. Jorge H. NANCLARES, por encontrarse en uso de licencia (art. 88 ap. III del C.P.C.). Secretaría, 16 de marzo de 2.017.-

  

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