Responsabilidad Medica Culpa Obligacion De Medios Carga De La Prueba Prueba Pericial Valoracion De La Prueba

JURISPRUDENCIA

RESPONSABILIDAD MÉDICA. Culpa. Obligación de medios. Carga de la prueba. Prueba pericial. Valoración de la prueba

 

Se rechaza la demanda por daños y perjuicios interpuesta por la actora contra el nosocomio demandado, toda vez que la internación decidida por los galenos resultó ajustada a las reglas del arte de curar. Se destacó que la obligación de los médicos no es de resultado, sino de medios, dado que no se compromete a sanar al enfermo, sino solamente a atenderlo con prudencia y diligencia, a proporcionarle todos los cuidados que conforme a los conocimientos científicos que su título presume, son conducentes al logro de la curación, la que no puede asegurar.

 

 

//nos Aires, Capital de la República Argentina, a los días del mes de diciembre de dos mil dieciséis, reunidos en Acuerdo los Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala “B”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados: “Quinteros Silva, María Angélica c/ Instituto Dupuytren de Traumatología y Ortopedia S.A. s/ daños y perjuicios” respecto de la sentencia de fs. 341/346, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden Señores Jueces Doctores: CLAUDIO RAMOS FEIJOO - ROBERTO PARRILLI - MAURICIO LUIS MIZRAHI -

A la cuestión planteada el Dr. Claudio Ramos Feijóo, dijo:

I. La sentencia de fs. 341/346 rechazó la pretensión incoada por Silvia María Angélica Quinteros, contra Instituto Dupuytren de Traumatología y Ortopedia S.A., imponiendo asimismo las costas a la accionante vencida.

II. A f. 350 apela dicho pronunciamiento la parte actora y a fs. 404/407 funda su recurso, tipificando su queja en tres agravios.

El primero versa sobre el error de diagnostico efectuado por los médicos del Instituto Dupuytren, el cual resulto en la internación -injustificada a su entender- de la Sra. Quinteros.

Acto seguido, se queja del incumplimiento por parte del instituto demandado del deber de información médico.

Finalmente, lo agravia que la sentencia considere que no hubo maltrato físico o psíquico.

III. Dicha presentación fue contestada a fs. 409/411 por el nosocomio demandado.

IV. El themadecidendum de esta Alzada quedó circunscripto a determinar la atribución de responsabilidad por los hechos acaecidos y, en su caso, la procedencia y cuantía de los diversos rubros indemnizatorios solicitados en el escrito inaugural.

Es menester efectuar una advertencia preliminar: en el estudio y análisis de los agravios he de seguir el rumbo de la Corte Federal y de la buena doctrina interpretativa. En efecto, claro está que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN, "Fallos": 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yáñez, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado", T° I, pág. 825; Fenocchieto Arazi. "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado", T 1, pág. 620). Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine, del ritual; CSJN, "Fallos": 274:113; 280:3201; 144:611).

Es en este marco, pues, que ahondaremos en la cuestión de fondo del caso sub examine.

V.- Respecto de la responsabilidad galénica, esta Sala viene diciendo que el eventual obrar culposo de los médicos se juzgará conforme a los parámetros previstos en los artículos 512, 902 y 909 del Código Civil y 1724/1725 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Quien echa en cara al médico su falta, es quien debe probar la misma (art. 377 del Código Procesal Civil y Comercial).

Para responsabilizar al galeno se debe tener en cuenta el seguimiento de éste de las opciones que de ordinario conducen a un resultado pero que de ninguna forma pueden asegurarlo (art. 20 inc 1 y 2 de la ley 17.132).

Aunque parezca contradictorio, se lo debe juzgar pues por el camino elegido para llegar a mejorar la salud del paciente y no por su obtención.

Un obrar contrario al arte de curar vigente, puede originar un beneficio en la salud del paciente hasta ahora no conocido y otro que siga dicho arte ocasionar a determinado paciente un daño (esta Sala, en autos “Fenelli Atilio Esteban y otros c/Instituto Antártida S.A.M.I.C y otros s/daños y perjuicios” del 30/7/13, Expte. n°71070/00).

Acerca de la cuestión, cabe precisar que si bien la culpa se apreciará en concreto, en tanto que se analiza el accionar del obligado en función de los hechos acontecidos y demás circunstancias, de todas formas podría sostenerse que nuestro sistema en materia de culpa es mixto en buena medida, dado que se confronta la actuación concreta del agente con un tipo abstracto; en el caso, como hubieran desempeñado su labor, médicos prudentes. Vale decir que, para juzgar la diligencia o negligencia en un comportamiento, la comparación se realiza con un modelo que, por supuesto, no existe en la realidad y debe ser imaginado (ver Trigo Represas, Félix Alberto, Responsabilidad civil de médicos y establecimientos asistenciales, LL, 1981-D-133).

Por lo tanto, la obligación asumida por el médico no es de resultado, sino de medios, dado que no se compromete a sanar al enfermo, sino solamente a atenderlo con prudencia y diligencia, a proporcionarle todos los cuidados que conforme a los conocimientos científicos que su título presume, son conducentes al logro de la curación, la que no puede asegurar (Conf. Trigo Represas, Félix Alberto, Responsabilidad civil de los profesionales, pág. 81).

Sin perjuicio de lo descripto, es necesario aclarar que la diligencia y pericia que se exigirá a los médicos presentará ribetes especiales. Es que, si bien hace ya más de un cuarto de siglo fue destacado que la ciencia médica tiene sus limitaciones y que siempre existe un area que puede escapar a las previsiones más prudentes, se subrayó de todos modos que cuando está en juego la vida o la salud de las personas, hay una natural predisposición a juzgar con rigor la actuación profesional (ver CNCiv., Sala E, 19-12-1977, LL, 1979-C-20).

Dado entonces que la diligencia de los médicos se ha de apreciar con un criterio severo, se advertirá que en esta materia no se han de excluir las “culpas pequeñas”. Ello es así porque -como fuera expresado- al intervenir valores tan trascendentes, la menor imprudencia, negligencia o descuido, tendrá una dimensión especial que le ha de conferir una singular gravedad; susceptible de desencadenar la responsabilidad profesional. Esto significa que lo que se ha de exigir es una diligencia máxima teniendo en cuenta la mayor capacidad de previsión del profesional; el que en todo tiempo debe tener una posición de prevención, con el deber de adoptar todos los recaudos que resulten indispensables para atender a la seguridad del paciente (ver CSJN, 13-10-89, “Amante c. Asoc. Mutual Transp. Automotor”, ED, 136-679, y JA 1990-II-126; esta Sala, “Simone de Del Moral, Emilia Rosa y otros c/ Granja, Miguel Ángel y otro s/ daños y perjuicios”, del 18-03-2008, Expte. Libre N°488.465; íd., “Martín, Alicia Irene c/ Obra Social Bancaria Argentina s/Daños y Perjuicios”, del 18-07-2008, Expte. Libre N°492.538; íd., “Berard de Meligrana, María Beatriz c/ Medicus S.A. y otro s/ daños y perjuicios”, del 08-04-2008, Expte. Libre N°472.151; CNCiv., Sala A, 29-8-1989, “Abraham, Julio c/ Covaro, Jorge A.”, libre N° 43.828; CNCiv., Sala H, 21-6-1995, “Gutierrez, María E. c/ Intermedics”, libre N°161.624; CNCiv., Sala A, 10-9-2001, “Romero, María Inés c/ M.C.B.A.”, libre N° 307.751; Cám. Fed., Civ. y Com., Sala I, 10-8-84, ED, 111-110 y LL, 1985-A-612, 36.757, S; CNCiv, Sala F, 29-2-2008, “B., J. V. y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, JA, 2008-IV, fascículo N° 10, del 3-12-2008, p. 59).

VI.- Establecidas las bases sobre las que se analizará el presente, corresponde avocarse a las pruebas producidas, a los fines de dilucidar la cuestión en litigio.

A fs. 308/313 figura la experticia médico-psiquiátrica, realizada por el Dr. Eduardo Hector Napolitani. El perito a lo largo de su pormenorizado estudio dice: “[...] Los estudios realizados son los especializados en cardiología incluyendo cámara gamma y examen de enzimas. Se arribo al diagnostico de no pre infarto o infarto que no había.” Al ser consultado acerca del proceder por parte de los médicos del nosocomio demandado, el experto manifestó que “era un conducta médica prudente el internarla como se realizó” y que la misma “estaba correctamente indicada”. (ver puntos periciales de la parte demandada, f. 312)

Dicha presentación fue contestada por parte la actora a fs. 316/319.

Resáltase que, en materia de procesos de daños y perjuicios, la prueba pericial deviene relevante ya que el informe del experto no es una mera apreciación sobre la materia del litigio, sino un análisis razonado con bases científicas y conocimientos técnicos (CNCiv., Sala D., en autos “Yapura, Gregoria Erminda c/ Transporte Automotor Riachuelo S.A. s/ Ds. y Ps.”, expte. libre n° 77.257/98, del 8/10/02; íd., “Fiorito, José Luis c/ Petersen, José y otro s/ Ds. y Ps”, expte. libre n° 105.505/97, del 20/09/91). Por otro lado, deberá tenerse presente que la función de las experticias es de asesoramiento, pues se trata de cuestiones ajenas al derecho respecto de los cuales el Juez no tiene conocimientos específicos. La solvencia técnica que se desprende de cada profesión indica que los dictámenes de expertos es lo que resulta más adecuado; y ello es así porque es el fruto del examen objetivo de circunstancias de hecho, de aplicación a éstas de los principios científicos inherentes a la especialidad, y de los razonamientos que siguen para dar respuesta a los temas sometidos a su dictamen (CNCiv., Sala “D”, en autos "Quiros de Delgado, Nélida c/ Ferrocarriles Metropolitanos S.A. s/ Daños y Perjuicios", expte. libre nº 25.403/93 del 27/12/96).

Debe recordarse que los jueces tienen amplia libertad para ponderar el dictamen pericial, pero la misma no importa reconocerles una absoluta discrecionalidad: en efecto, si bien es verdad que por categórica o unánime que sea la opinión del experto, carece de valor vinculante para el órgano jurisdiccional, también lo es que el apartamiento de las conclusiones establecidas en aquél debe encontrar apoyo en razones serias, es decir, en fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión de los expertos se halla reñida con principios lógico-jurídica o máximas de experiencia, o de que existen en el proceso elementos probatorios provistos de mayor eficacia para provocar la convicción acerca de la verdad de los hechos controvertidos (conf. CNCiv. Sala “C”, LL-1979-B-112; id. Sala “E”, LL-1975-C-533, n° 1314; íd. Sala “F”, JA-1982-III-381).

En ese entendimiento, se ha sostenido que cuando el peritaje aparece fundado en principios técnicos inobjetables y no existe otra prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor valor, aceptar las conclusiones de aquél. Esto es así porque la función del perito es la de suministrar al magistrado elementos técnicos que son ajenos a su formación jurídica y que se supone son de conocimiento de aquél (conf. esta Sala, LL-1975-D-396, sum.32.828, entre otros), pues si bien no están obligados por los dictámenes periciales, tampoco deben ser dejados de lado (conf. Falcón,”Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, Anotado-Concordado-Comentado, T. III, pág. 477 y sus citas).-

En este sentido, considero acertadas las manifestaciones vertidas por el experto por cuanto es claro al referirse al fondo de la cuestión, y al resultar contestes con las demás constancias de autos. (conf. arts. 472 y 477 del CPCCN)

En tal inteligencia, entiendo que los dependientes del Instituto Dupuytren obraron conforme a las artes de su profesión, con la diligencia y precaución que requería el presente caso.

Todo ello me lleva a concluir que al no haber culpa por parte de los galenos dependientes no puede existir responsabilidad del principal. (conf. art. 1113 -1° Párr.- del Cód. Civ.).

VII.- Por otra parte, manifiesta la actora que se incumplió el deber de información médico.

Al respecto en su escrito de agravios la accionante transcribe frases aisladas que -en apariencia- pertenecerían a su libelo inicial. Pero al contrastar con el mismo, se advierte que la apelante omite una parte del relato. En su demanda la Sra. Quinteros manifiesta que: “[...] una vez presentada en Guardia, allí soy atendida y se me dice, sin mas, que debería quedar internada pues , según el criterio del profesional que me revisó, ‘estaba a punto de un preinfarto'. Ante semejante afirmación, que la tomé por cierta, no dudé un instante en aceptar la internación, previo pedir ‘permiso' para allegarme hasta mi hogar que se encuentra en las inmediaciones del INSTITUTO DUPUYTREN, apenas un par de cuadras, para poder avisar a mis hijos HERNAN, ANDREA, y MARIA ANGELICA de la situación, y para también poder recoger la ropa indispensable para la internación”. (ver f. 2)

No se puede pretender reputar la internación como intempestiva, cuando la actora se retiró a su domicilio, estuvo con sus hijos, buscó ropa para la internación y eligió voluntariamente volver, conciente en todo momento que iba a ser ingresada en el nosocomio para realizarle los estudios cardíacos de rigor.

VIII.- Por ultimo corresponde abocarse a lo que la actora considera el “error más grosero de la sentencia”. (f. 406)

Al respecto trae a colación el escrito presentado a fs. 316/319, refiriendo que el a quo no tuvo en consideración la ‘impugnación' formulada.

Es que, no es dable admitir cualquier clase de impugnación, sino sólo las fundadas objetivamente en la incompetencia de quien lo emite, en errores o en el uso inadecuado de los conocimientos técnicos o científicos en los cuales pudiese haber incurrido. Dicho acto procesal debe constituir una "contraexperticia" y, por ende, contener también como aquella una adecuada explicación de los principios científicos o técnicos en los que se la funde, y no una mera alegación de pareceres subjetivos o simples generalizaciones, sin sustento en otros elementos de juicio ciertos y serios arrimados al proceso (conf. esta Sala, expte. libre Nº 465.991 “Gago Joaquín Florencio c/ Transporte Ideal San Justo SA. s/ Daños y perjuicios” del 25/06/07 y art. 478 CPCCN).

Sin perjuicio de ello, la lectura de la ya mencionada pericia psiquiátrica echa por suelo el agravio de la actora. Es que el Dr. Napolitani dice: “En cuanto a los hechos de autos referidos a lo ocurrido en el Instituto Dupuytren, su conciencia aparece anormal por persistencia de sus ideas sobre las circunstancias vividas. Conciencia de realidad tampoco se observa normalidad por ausencia de rectificación de los hechos y circunstancias ocurridas en el Instituto Dupuytren. Pensamiento: se aprecia delirante y referido a los citados hechos del Instituto Dupuytren. Juicio desviado. [...] Diagnostico Psiquiátrico. Se constataron desde el Instituto Dupuytren y durante la internación psiquiátrica en la Clínica Santa Rosa la presencia de ideas delirantes de perjuicio paranoides. Tales características permiten definir un diagnostico de psicosis delirante paranoide que cursa una evolución con mejoría, atengo que el delirio aparece enquistado y con manifestaciones en oportunidad de conversaciones que aluden a dicha internación en el Instituto Dupuytren.” (f. 310 vta.).

IX.- En función de todo lo delineado, compartiendo el resto de las consideraciones del magistrado que me precedió (que no han logrado ser revertidas por el apelante), habré de proponer a mis colegas que se confirme la sentencia de primera instancia. Las costas de Alzada serán impuestas a la parte actora (conf. art. 68 CPCC). Así lo voto.-

Los Dres. Parrilli y Mizrahi, por análogas razones a las aducidas por el Dr. Ramos Feijóo, votaron en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto:

 

CLAUDIO RAMOS FEIJOO - ROBERTO PARRILLI - MAURICIO LUIS MIZRAHI -

 

Buenos Aires, diciembre de 2016.-

Y VISTOS: Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, se confirma la sentencia apelada en todo lo que fuera materia de agravios. Las costas de alzada se imponen a la parte actora.-

Tiene resuelto esta Sala que, en los casos en que ha sido rechazada la demanda, la base regulatoria se halla configurada por el monto reclamado en el escrito de inicio con más sus intereses (conf. Plenario “Multiflex S.A. c/ Consorcio Bartolomé Mitre 2257 s/ sumario” del 30/9/75, E.D. 64-250; id., C.N.Civ., esta Sala, R n° 18.557/00 del 20.09.10; id. id., LH n° 66.673/08 del 28.11.12; id. id., LH n° 2.453/10 del 17.03.14, entre otros).

Sin embargo, en orden a la falta de agravio respecto de la integración de los intereses en la base regulatoria, habrá de tomarse el quantum reclamado en el escrito de inicio conforme liquidación practicada por el accionante (conf. C.N.Civ., esta Sala, H n° 29.360/06 del 10.08.11; id. id., H n° 75.169/04 del 26.03.13; id. id., H n° 53.364/11 del 14.12.15; id. id., LH n° 23.172/14 del 10.11.16, entre otros).

En su mérito, teniendo en cuenta el monto del proceso; tarea desplegada; que a efectos de meritar la experticia confeccionada se aplicará el criterio de la debida proporción que los emolumentos de los peritos deben guardar con los de los demás profesionales que llevaron la causa (conf. C.S.J.N., fallos: 236-127, 239-123, 242-519, 253-96, 261-223, 282-361; C.Nac.Civ., esta Sala, H. nº 44.972/99 del 20.03.02; id. id., H. n° 5.810/05 del 28.12.07; id. id., H n° 68.689/10 del 19.08.14, entre otros), así como la incidencia que la misma ha tenido en el resultado del pleito; recurso de apelación interpuesto por bajos a fs. 354; lo preceptuado por el art. 478 pár. 1ro. del Código Procesal y lo dispuesto en los arts. 10, 13 y cctes. de la ley n° 24.432, se modifica la regulación de fs. 346 fijándose en la suma de PESOS CATORCE MIL ($ 14.000) los honorarios del perito médico Dr. Eduardo Héctor Napolitani.

Por su labor en la Alzada se fijan en PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 8.400) los honorarios del letrado de la parte actora y en PESOS CATORCE MIL ($ 14.000) los de la letrada de la parte demandada (conf. arts. 14, 49 y cctes. del arancel), los que deberán abonarse en el mismo plazo que el fijado en la instancia de grado.

Regístrese, protocolícese y notifíquese. Oportunamente publíquese (conf. C.S.J.N. Acordada 24/2013). Fecho, devuélvase.-

 

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