Restriccion De La Capacidad Juridica Discapacidad Convencion Sobre Las Personas Con Discapacidad Persona De Apoyo

JURISPRUDENCIA

Restricción de la capacidad jurídica. Discapacidad. Convención sobre las Personas con Discapacidad. Persona de apoyo

 

Se dispone la restricción del pleno ejercicio de la capacidad de una víctima de accidente de tránsito, por afectación de su salud mental -en los términos de los artículos 24, inciso c, y 32, primera parte- del Código Civil y Comercial de la Nación, luego de evaluarse las conclusiones interdisciplinarias, y se le designa una persona de apoyo.

 

 

Villa María, 12/05/2017.

Y VISTOS: Esta causa caratulada “P., M. F. - DEMANDA DE LIMITACION A LA CAPACIDAD" (Expte. N° ******* - iniciado el **/**/2015), de la que resulta:

a) Que a fs. 17/20 comparecen A. S. P. y A. F., con patrocinio letrado de la Asesora Letrada de Tercer Turno, Silvina Muñoz, y solicitan la declaración de incapacidad de su hija M. F. P., D.N.I. N° ********, y que se designe al compareciente A. S. P. como curador definitivo de la nombrada. Expresan que los comparecientes son los padres de M. F. P., y que su hija padece F07, secuelar a traumatismo craneoencefálico, deterioro cognitivo con cambios conductuales y deterioro motor, como lo acreditan a primera vista con los dos certificados médicos (art. 830 del Cód. Proc.) que acompañan. Dicen que su hija, en consecuencia, tiene limitada su capacidad, encontrándose imposibilitada para realizar tareas laborales habituales y siendo dependiente de terceros para las actividades de la vida diaria. Dicen que los comparecientes son quienes se encargan de la realización de todos los trámites y diligencias necesarias para su atención médica, obtención de beneficios por su condición, y de su cuidado personal y moral. Manifiestan que inician el presente trámite a los fines de que se designe curador definitivo de su hija M., a uno de los comparecientes (A. S. P., padre de la nombrada), en razón que su capacidad se encuentra limitada por patología mental y con la finalidad que se adopten las medidas tendientes a su protección integral. Señalan que los comparecientes gozan de buena conducta, lo que se acredita mediante los certificados de antecedentes que acompañan, y siempre se han ocupado de brindar a su hija todas las atenciones y cuidados para que lleve una vida digna. Ofrecen prueba documental, pericial interdisciplinaria y testimonial.

b) Que a fs. 21 se otorga participación a los comparecientes, y a fs. 22 toma intervención la Asesora Letrada de Primer Turno, María Cristina Rivera de Cerutti, como Ministerio Pupilar.

c) Que a fs. 28 se imprime el trámite de ley a la petición, y se proveen las pruebas ofrecidas.

d) Que a fs. 34 se realiza el sorteo de curador provisional -en los términos del art. 832 inc. 1 Cód. Proc.-, el que recae en una letrada de la matrícula, abogada Alcira Durán de Rodríguez, quien aceptó el cargo con las formalidades de ley mediante acta de audiencia de fs. 41.

e) Que habilitado el plazo probatorio y ordenado el diligenciamiento de las pruebas ofrecidas, se agrega la producida.

f) Que a fs. 113 luce el acta de la audiencia celebrada en fecha 2 de diciembre de 2016, que da cuenta de que el Juez tomó conocimiento personal y contacto directo con la joven M. F. P., estando presentes también, la Asesora Letrada de Primer Turno María Cristina Rivera de Cerutti, en representación del Ministerio Pupilar, la Asesora Letrada de Tercer Turno Silvina Muñoz en el carácter de patrocinante de los peticionantes, no compareciendo la curadora provisional abogada Alcira Durán de Rodríguez.

g) Que a fs. 115 se ordenan los traslados para alegar previstos por el art. 838 Cód. Proc. A fs. 116/118 se agrega alegato de los demandantes, a fs. 121/122 se incorpora alegato de la curadora provisional, y a fs. 123/124 alegato de la Asesora Letrada de Primer Turno, como Ministerio Pupilar o Complementario.

h) Dictado el decreto de autos para sentencia (fs. 129), y firme dicha providencia, queda la causa en estado de ser resuelta en definitiva.

Y CONSIDERANDO: 1) Demanda de limitación a la capacidad. Que se promueve demanda por A. S. P. y A. F., para que declare la incapacidad de la hija de ambos, M. F. P., y para que se designe al compareciente A. S. P. como curador definitivo de la nombrada. Que el vínculo de parentesco invocado por los peticionantes, respecto de M. F. P., se encuentra acreditado con la copia autenticada de acta de nacimiento de fs. 1.

2) Normativa aplicable. Que por haber entrado en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación - ley 26994 (que derogó el Cód. Civil - ley 340), con posterioridad a algunos de los hechos de la causa y a la sustanciación casi íntegra de este juicio, se analizarán los hechos y sus consecuencias, según la normativa vigente al tiempo de plantearse la demanda, y también según la nueva legislación, que resulta ser de mayor protección para la persona con discapacidad (arg. art. 7° Cód. Civil y Comercial ley 26994 -en adelante Cód. Civ. y Com.-).

3) Informe interdisciplinario. Que del informe interdisciplinario producido en el juicio y realizado por el médico Gustavo Rodríguez -médico forense-, la licenciada Gladys Lucía Bettini -trabajadora social- y la licenciada Adriana Madrid -psicóloga- (fs. 94/96), designados a tal efecto por el Director del Área de Servicios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia (fs. 86), surge que se ha efectuado el examen interdisciplinario a M. F. P., de cuyo diagnóstico resulta traumatismo craneoencefálico, deterioro cognitivo con cambios conductuales, deterioro motor, ataxia, praxia y epilepsia traumática. Se indica, como valoración médica, que M. F. P. es una persona vigil, sin lucidez, que no está orientada en tiempo y espacio, con enlentecimiento de su conducta psicomotriz, y que presenta sus funciones cognitivas (memoria, atención, inteligencia, etc.), disminuidas. Se indica, como valoración psicológica, coincidencias con lo anterior expresado, alteración del curso y el contenido del pensamiento, desorganización psíquica, dependencia de terceros para la satisfacción de necesidades básicas, se desplaza con ayuda, carece de autonomía funcional, no posee control de esfínteres, labilidad (inestabilidad y fragilidad emocional), alto monto de ansiedad, afectividad pueril e inmadura, expresión inadecuada, modalidad de interacción vincular dependiente, con ausencia de otros espacios de socialización ajenos al ámbito institucional donde se encuentra alojada, no posee autonomía personal, no puede trasladarse sola no puede abastecerse, trabajar ni administrar dinero o bienes, ni tomar decisiones en general ni de su salud en particular, no puede vivir sola ni autoadministrarse la medicación. Se menciona, en cuanto a valoración social, entre otros aspectos, que posteriormente al accidente de tránsito sufrido por M. F. P. en el año 2007, se dificultó la convivencia con su grupo familiar (padre, madre, e hija), por su alto grado de agresividad e irritabilidad, lo que provocaba alto monto de angustia en la familia, imposibilitándose su cuidado; inserción en actividades recreativas actualmente no realiza, ya que se altera frente a situaciones Se agrega, como conclusión interdisciplinaria: incapacidad para dirigir su persona, realizar actos jurídicos y disponer de bienes, y necesidad de asistencia de terceros responsables para su cuidado y disposición de sus bienes. Se indica como que la patología es crónica (permanente) e irreversible. Se indica que se sugiere su internación, bajo cuidados permanente de terceros, con apoyo psiquiátrico y psicológico permanente y periódico (Neuropsiquiátrico). No se recomienda internación domiciliaria.

Dicho informe interdisciplinario es coincidente con los certificados médicos incorporados a fs. 5/6, y con el informe socio-ambiental de fs. 7/9.

4) Informe socio - ambiental. Que del informe ambiental y social, realizado el 31 de julio de 2014 (esto es, antes de plantearse la demanda), por la trabajadora social Estefanía Vettorel, dependiente de la Municipalidad de Villa María (fs. 7/9), surge, según detalle que realiza, que el grupo familiar conviviente de M. F. P. se halla conformado por el Sr. P., A. S., DNI *******, con fecha de Nacimiento el día **/**/1940; su esposa Sra. F., A., DNI *******, con fecha de Nacimiento el día **/**/1945; la hija del matrimonio P., M., DNI ********, con fecha de Nacimiento el día **/**/1971; y la única hija de esta última C. P., A., DNI ********, con fecha de Nacimiento el día **/**/1995, quien se encuentra cursando 6° año en ******* (*******). En noviembre del 2007 M. sufrió un accidente de Tránsito, el cual le dejó graves secuelas a nivel neurológico y motriz. Cuenta con Certificado de Discapacidad. Diagnostico “TCF” por accidente, en tratamiento. Biopsia Sistema Nervioso Central con gliosis reactiva. Durante la entrevista se observa a esta con un importante nivel de agresividad, irritabilidad, violencia verbal para con sus progenitores, actitud anti social (signos que podrían ser compatibles con alguna patología psiquiatra). Coincidentemente con lo observado los padres argumentan que la situación se ha tornado inmanejable para ellos, que física y emocionalmente ya no pueden asistir al cuidado de su hija, la situación los supera, además expresan que M. se resiste a tomar la medicación correspondiente al tratamiento requerido, que ha cambiado el día por la noche, lo que indudablemente acarrea importantes complicaciones en la convivencia. Situación que angustia a los progenitores, se los observa preocupados, desesperados, sin encontrar alternativas de solución para alivianar la problemática.

5) Conocimiento personal de M. F. P.. Lugar de residencia. Que según consta en el acta de fs. 113, el juez tomó conocimiento personal M. F. P., mediante audiencia realizada en el lugar donde esta reside actualmente, visita que fue realizada conjuntamente con la Asesora Letrada de Primer Turno, María Cristina Rivera de Cerutti (como Ministerio Pupilar o Complementario), con la Asesora Letrada de Tercer Turno, Silvina Muñoz (letrada patrocinante de los demandantes), y la Prosecretaria del Tribunal, Viviana Laura Calderón. En esa oportunidad se pudo apreciar, en la entrevista personal con M. F. P., que desarrolla algunas actividades de acuerdo a su estado de salud, mira televisión, lee algunas revistas, realiza algunas manualidades como dibujar, pero no aquello que requiere motricidad fina. Se observó también que tiene comprensión limitada, pero se ubica en alguna medida en tiempo y espacio. Por la entrevista con la persona responsable del establecimiento, que es un hogar para personas ancianas, se comprueba que M. F. P. debe ser asistida por una enfermera para su higiene personal, y recibe también rehabilitación física, y atención de médico neurólogo y de médica clínica del establecimiento, además de la médica neuróloga y psiquiatra de la familia. Se informa que recibe visitas de su hija, de su nieto recién nacido y de su yerno, con quienes interactúa y realiza salidas y paseos de pocas horas de duración. El responsable del establecimiento hace saber que M. F. P. es la única paciente en la institución con esa patología, ya que el resto son personas de mayor edad. No obstante, de la opinión y comentario del responsable del establecimiento, y de las explicaciones dadas por la Asesora Letrada Silvina Muñoz (patrocinante de los demandantes), trasciende que el lugar es más apto y confortable que una institución neuropsiquiátrica, opinión con la cual el Tribunal coincide. Esto es, el lugar de residencia se muestra adecuado para el caso, dado que el manejo personal de M. F. P. exige de varias personas, por su falta de autonomía y agresividad dentro del ámbito familiar, y por la necesidad de suministrarle medicación para su afección a la salud. Además, porque en el informe multidisciplinario se recomienda que no tenga internación domiciliaria (esto es, convivencia en el mismo domicilio que la familia).

Consta a fs. 101 un informe del mencionado establecimiento (identificado como “Centro para la 3ra. Edad”), en donde se hace saber los profesionales que allí intervienen para la atención de M. F. P., que resultan ser médico clínico, enfermera profesional, nutricionista, fisioterapeuta, médico neurólogo y asistentes, además del control de la médica de cabecera y psiquiatra de la familia.

6) Persona propuesta como apoyo (antes denominado curador). Que de los elementos aportados al juicio se acredita que la propuesta de su padre A. S. P., resulta ser persona idónea como apoyo de su hija, en razón de su solvencia moral y económica, y la atención permanente que le ha dispensado (junto al grupo familiar), lo que queda corroborado con las constancias acompañadas, las declaraciones testimoniales y con el conocimiento personal del Tribunal de M. F. P. (art. 36 y conc. Cód. Civ. y Com.). Al respecto, los testigos E. R. T. (fs. 38) y A. M. G. (fs. 39), son coincidentes en manifestar, en su condiciones de vecinos de los demandantes, sobre la atención correcta a sus necesidades, que le dispensan los padres a su hija M. F. P..

Que a fs. 2 se incorpora certificado de inexistencia de antecedentes penales del curador propuesto, al que se referirá en lo sucesivo como “apoyo”, según la nueva legislación.

7) Opinión de la curadora provisional. Que la curadora provisional designada (sin perjuicio de la intervención del Ministerio Pupilar o Complementario), no ha efectuado observación alguna al trámite realizado ni a la demanda planteada, y se expide favorablemente a lo requerido, en su informe final de fs. 121/122.

8) Opinión del Ministerio Complementario. Que de lo dictaminado por la Asesora Letrada de Primer Turno, María Cristina Rivera de Cerutti, como representante del Ministerio Pupilar o Complementario, en oportunidad de contestar el traslado para alegar (art. 838 Cód. Proc.), expresa que de las pruebas y demás elementos, corresponde hacer lugar a la demanda y disponer la restricción a la capacidad, y designar a su padre como apoyo de su hija, todo según los fundamentos que expone.

9) Conclusión. Que el Tribunal nada tiene para observar respecto del trámite cumplido en el juicio, y coincide con las opiniones expuestas precedentemente, ya que M. F. P., presenta una patología crónica que se estima irreversible y definitiva, que la restringe o limita para dirigir adecuadamente su persona, realizar actos jurídicos y de disposición de sus bienes, y necesita la atención permanente de terceros responsables para su cuidado.

10) Actos que se limitan. Que en función de las características del examen interdisciplinario realizado, se especifica, en cuanto a las funciones y actos que se limitan, que M. F. P. se encuentra restringida en su capacidad para dirigir su persona, realizar actos jurídicos y de disposición de bienes y necesidad de asistencia de terceros responsables para su cuidado y disposición de sus bienes (según arts. 32, 38 y conc. Cód. Civil y Comercial -ley 26994-, en adelante Cód. Civ. y Com.). Cabe aclarar que si bien las normas mencionadas tienden a brindar protección a la persona, respecto de las capacidades residuales que pueda presentar, en el caso, como se dijo, la patología es crónica, definitiva e irreversible, y por el grado de limitación a la capacidad, que afecta la autonomía personal de M. F. P. conforme se expresa en el informe pericial interdisciplinario, se impone la necesidad de restricción o limitación de su capacidad prevista por el art. 32 primer y segundo párrafo Cód. Civ. y Com., extremo este que precisamente protege los derechos de las personas con afección mental (ley provincial 9848, ley nacional 26657). Sin perjuicio de lo expuesto, la persona afectada conserva las facultades para desarrollar las funciones y actos que puede cumplir, las que no se ven afectadas con la presente declaración de restricción a la capacidad. No obstante la limitación que la patología produce en este caso, la persona afectada puede -en su propio beneficio- participar o desarrollar todas aquellas actividades que favorezcan su integración social y eleven su desarrollo psico-espiritual.

11) Revisión de la declaración de restricción a la capacidad. Que en cuanto a la limitación de la capacidad al plazo de tres años previsto por el art. 40 Cód. Civ. y Com., no obstante ser crónica la enfermedad y el grado de compromiso a las facultades mentales, la revisión periódica de la enfermedad o capacidad deviene necesaria, sin que ello implique un sometimiento innecesario y burocrático a la persona con discapacidad y a sus familiares, sino que significa una garantía para quien se le ha limitado su capacidad, y que es parte de la visión establecida por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, incorporadas a nuestro derecho interno por leyes 26378 y 25280. Cabe señalar que por ley 27044 (B.O. 22/12/2014) se otorgó jerarquía constitucional en los términos del art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, a la mencionada Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Dichas normas marcan un cambio de paradigma respecto de la concepción de las personas con discapacidad, basado en la promoción y protección de su autonomía y la dignidad y plena integración en la sociedad. De tal modo, el art. 12 inc. 4 de la “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”, ratificada por ley nacional 26378, establece que “Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas” (énfasis agregado). Precisamente, la ley 26657 de salud mental se enmarca en el nuevo concepto de salud mental al que se ha denominado “modelo social de la discapacidad”. En ese contexto refiere en su art. 7 una serie de derechos de los cuales gozan las personas con padecimiento mental, entre los cuales se enumera el derecho a que el padecimiento mental no sea considerado un estado inmodificable (inc. n). En tal sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha sostenido: “(...) aún frente a pacientes con pronósticos médicos irreversibles, como en el caso (...), la periodicidad de su reexaminación se justifica en el carácter evolutivo y circunstanciado de su más amplia concepción como persona discapacitada. No se trata de supeditar la asistencia y tutela estatales a la demostración periódica de su enfermedad -como sostiene el tribunal a quo- sino más bien de actualizar cada tres años el estudio circunstanciado del estado de su patología a los fines de auscultar su evolución, con el objeto de observar -aún en los cuadros médicamente irremisibles- los avances que el paciente pudiere haber logrado en el desenvolvimiento cotidiano de su existencia, para así establecer y obtener o requerir las adicionales salvaguardias que sean necesarias en beneficio de su mayor autonomía residual” (Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 08/07/2014, C.116.954, “E, E.R. - Insania y curatela”, voto del Dr. Eduardo Julio Pettigiani; ver reseña en Diario Jurídico de Córdoba -edición digital- N° 2832, 22/08/2014, p. 4 y sig., www.diariojuridicocba.com.ar).

Por las razones expresadas corresponde disponer que, en oportunidad de cumplirse el plazo de tres años previsto por el art. 40 Cód. Civ. y Com. (a contar desde la fecha de esta resolución, lo que ocurrirá en mayo de 2020, o antes a petición de parte interesada), y sin que implique el cese del estado de restricción a la capacidad, se proceda a pedido de parte o de oficio, a una revisión del estado de salud mental de M. F. P., mediante una nueva evaluación interdisciplinaria a realizar en la presente causa (sin necesidad de promover otro juicio). Efectuada dicha evaluación, y una nueva audiencia personal con la interesada, se dictará, previos los trámites pertinentes, resolución sobre el particular.

12) Conclusión. Resolución. Que, en consecuencia, corresponde declarar la restricción del pleno ejercicio a la capacidad de M. F. P. (arts. 24 inc. c, 32 párrafo final, 38 y conc. Cód. Civ. y Com.), y designar como persona de apoyo, a su padre A. S. P. (arts. 43, 138, 32 párrafo final y conc. Cód. Civ. y Com.), quien deberá actuar en su representación y será discernido dicho cargo en forma (arts. 112 primera parte, 114 y conc. Cód. Civil y Com., y art. 850 Cód. Proc.). Se dispondrá la toma de razón de lo resuelto en el registro correspondiente (art. 39 y conc. Cód. Civ. y Com.).

13) Costas del juicio. Honorarios. Las costas del juicio se impondrán a M. F. P., pues la finalidad del proceso estuvo dirigida al resguardo de sus intereses personales y de su patrimonio (arg. art. 26 ley 9459). Se regularán honorarios a la letrada patrocinante de los solicitantes, Asesora Letrada de Tercer Turno, Silvina Muñoz, en aproximadamente un ... por ciento (...  %) del mínimo previsto para este tipo de casos (50 Jus) en números redondos, conforme facultades conferidas por los arts. 69 y 77 inc. 1 ley 9459, art. 1627 parte final Cód. Civ., y art. 1255 Cód. Civ. y Com.), y a la curadora provisional, en aproximadamente un ... por ciento (...%) del mínimo legal fijado -30 Jus- para la tramitación total del nombramiento de curadores (art. 80 ley 9459), teniendo en cuenta que la labor de la funcionaria designada se limitó al contralor y emisión de dictamen, conforme pautas cualitativas del art. 39 (en especial inc. 2 en sentido contrario), ley 9459, y por la simplicidad del trámite, exento de complicaciones. Corresponde también regular honorarios a los peritos licenciadas en trabajo social y en psicología, y médico forense, que elaboraron el informe interdisciplinario, para lo cual se aplicará el art. 49 ley 9459. Teniendo en cuenta la extensión e importancia de las labores desarrolladas, y que se trata de tareas que tienen un formato preestablecido, común a este tipo de causas, según pautas cualitativas del art. 39 del arancel, se considera justa retribución fijar a cada uno de los peritos médico forense, psicóloga y licenciada en trabajo social, conforme facultades del Tribunal arriba expresadas, suma equivalente al ... por ciento (...%) del mínimo legal de ocho (8) Jus, en números redondos. Los honorarios regulados a las funcionarias y a los peritos dependientes del Poder Judicial, serán destinados al fondo creado por ley 8002.

14) Sentencia en formato de lectura fácil. De acuerdo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (incorporada a nuestro derecho interno por ley 26378, y a la cual por ley 27044 -B.O. 22/12/2014- se le otorgó jerarquía constitucional, según art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional), existe un mandato y compromiso internacional de promover y proteger la autonomía y la dignidad y plena integración en la sociedad, de las personas con discapacidad -entendido como modelo social de integración de las personas con discapacidad- (art. 1 de la Convención). Asimismo, se establece que la “comunicación” (hacia las personas con discapacidad) incluirá los lenguajes, la visualización de textos, en medios y formatos de fácil acceso (art. 2 de la Convención). También, según las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad (aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas en sesión del 04/03/1994, ver en internet http://www.un.org/spanish/disabilities/standardrules.pdf), se establece la obligación de los Estados de hacer accesible la información y documentación para las personas con discapacidad, bajo un lenguaje simple y directo que evite los tecnicismos, abstracciones y elaboraciones complejas (art. 5 inciso b de las Normas Uniformes). Asimismo, las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad (aprobadas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, Brasilia, 4 a 6/03/2008, a las cuales adhirió la Corte Suprema de Justicia de la Nación por Acordada N° 5/2009 del 24/02/2009, y mencionadas como “recurso disponible” por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba -Acuerdo N° 618 Serie “A” del 14/10/2011-), establecen que “se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas y étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico” (Regla 3, énfasis agregado); la Regla 7 prevé específicamente que “se entiende por discapacidad la deficiencia física, mental o sensorial”, la Regla 8 concretamente establece que “se procurará establecer las condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad al sistema de justicia, incluyendo aquellas medidas conducentes ... que garanticen su ... comprensión ... y comunicación” (énfasis agregado), y la Regla 33 dispone la revisión de reglas de procedimiento “para facilitar el acceso de las personas en condición de vulnerabilidad, adoptando aquellas medidas de organización y de gestión judicial que resulten conducentes a tal fin”.

Con tales pautas, me dirigiré en forma personal y directa a M. F. P., con la simplicidad que este caso concreto requiere, para explicarle qué significa esta resolución para ella.

15) Palabras para M. F. P..

- Buenos días, M.. Te explico lo que hicimos en esta carpeta tuya.

- Esta carpeta está hecha para ver qué es lo mejor para vos, luego del accidente que tuviste.

- Te fueron a ver varios médicos, una psicóloga y una trabajadora social.

- Ellos nos informaron las cosas de tu vida de todos los días, que podés hacer sola, y otras cosas para las cuales necesitás ayuda de otras personas.

- Te fuimos a ver el juez, una defensora especial, y la abogada de tu papá, y conversamos con vos.

- Con todos esos papeles, y otros informes que buscamos, decidimos qué es lo mejor para vos, para que estés bien.

- De los papeles tuyos, y de tus cosas más importantes, se va a encargar tu papá, A. S. P., pero siempre te va a preguntar primero qué es lo que vos querés.

- Vimos que el lugar donde estás viviendo está bien para vos, porque en la casa se hace difícil atenderte bien.

- En el hogar donde vivís te van a dar los remedios, y actividades para que estés bien físicamente.

- Te van a seguir visitando tus papás, tu hija y tu nieto, y les vamos a recordar que no se olviden de ir a visitarte para ver cómo estás.

- También les podés decir a ellos que te visiten otras personas.

- También les podés pedir a ellos las cosas que te gustan o necesitás.

- En el hogar donde estás, podés seguir haciendo todas las cosas que te gustan, como ver televisión, y hacer manualidades, y otras cosas que tengas ganas de hacer.

- Si necesitás algo, se lo podés pedir a la gente del hogar, a tu papá, y a tus familiares.

- También si querés podés pedir hablar con una abogada o un abogado, o con el juez, si tenés alguna duda con esta carpeta.

- Después de un tiempo te van a ver de nuevo los médicos, una psicóloga y una trabajadora social, y el juez, para ver cómo está tu salud.

Por lo expuesto, normas legales citadas, lo que disponían los arts. 140, 141, 142, 144, 152 ter, 468, 469, 470, 477, correlativos y concordantes del Código Civil ley 340, y lo que ahora disponen los arts. 24 inc. c, 32 primera parte, 38, 112, 114 y conc. Cód. Civ. y Com. ley 26994, y arts. 828, 830, correlativos y concordantes del Cód. Proc.,

SE RESUELVE: 1) Hacer lugar a la acción promovida y, en consecuencia, disponer la restricción del pleno ejercicio de la capacidad por afectación de la salud mental, de M. F. P., D.N.I. N° ********, en los términos de los arts. 24 inc. c y 32 primera parte del Código Civil y Comercial. Disponer que, en oportunidad de cumplirse el plazo de tres años previsto por el art. 40 Cód. Civil y Com., desde la presente resolución (lo que ocurrirá en mayo de 2020, o antes de ser necesario), y sin que implique el cese del estado de restricción del pleno ejercicio de capacidad, se proceda a una revisión del estado de salud mental de M. F. P. -a petición de parte o de oficio-, mediante nueva evaluación interdisciplinaria a realizar en la presente causa (sin necesidad de promover otro juicio). Efectuada dicha evaluación, y una nueva audiencia personal con la interesada, se dictará, previo los trámites pertinentes, resolución sobre el particular. Especificar, en cuanto a las funciones y actos que se limitan, que M. F. P. se encuentra limitada en su capacidad para dirigir su persona, realizar actos jurídicos y de disposición de bienes y necesita de asistencia de terceros responsables para su cuidado y disposición de sus bienes (art. 32 Cód. Civil y Com.).

2) Designar como persona de apoyo a favor de M. F. P., a su padre A. S. P., D.N.I. N° *******, quien deberá aceptar el cargo conforme a derecho, y a quien le será discernido el cargo en forma.

3) Requerir a la persona designada como apoyo, y a su grupo familiar, que continúen con la atención permanente de M. F. P., y brindar atención especializada (psicoterapéutica, psicofarmacológica y de orientación familiar) en forma sistemática, y la posibilidad de concurrir a un taller protegido o a un espacio de formación - rehabilitación socio cultural acorde a sus capacidades e intereses, a los fines de rehabilitación y estimulación socio-laboral. También, que tengan contacto y visitas con ella en el lugar donde está viviendo.

4) Hacerle saber a M. F. P. esta resolución, concretamente con el formato de lectura fácil (considerando N° 15).

5) Disponer se tome razón del presente pronunciamiento en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas pertinente, a cuyo fin, ofíciese.

6) Autorizar expresamente a la persona de apoyo a realizar, además de los actos necesarios para el desenvolvimiento diario de M. F. P., los trámites indispensables a los fines de gestionar y percibir en la ANSES, u otros organismos pertinentes, las pensiones, haberes u otras asignaciones que correspondan a M. F. P..

7) Imponer las costas del juicio a M. F. P., a cuyo fin se regulan los honorarios de la Asesora Letrada de Tercer Turno, Silvina Muñoz, en la suma de pesos diecisiete mil seiscientos nueve ($ 17.609.-); los honorarios de la abogada Alcira Durán de Rodríguez, por su labor como curadora provisional, en la suma de pesos tres mil quinientos veintidós ($ 3.522.-); y los honorarios de los peritos licenciada en psicología Adriana Madrid, médico forense Gustavo Rodríguez, y licenciada en trabajo social Gladys Lucía Bettini, en la suma de pesos dos mil trescientos cuarenta y ocho ($ 2.348.-) a cada uno de ellos. Los honorarios regulados a las funcionarias y a los peritos dependientes del Poder Judicial serán destinados al fondo creado por ley 8002.

Protocolícese, agréguese copia al expediente y notifíquese a la partes, a la Oficina de Derechos Humanos y a la Oficina de Atención Ciudadana de la Dirección de Servicios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia.-

 

Alberto Ramiro Domenech - Juez

 

 

017101E