Sociedad De Hecho Disolucion De Sociedad Concubinato Uniones Convivenciales Reintegro De Mejoras

JURISPRUDENCIA

Sociedad de hecho. Disolución de sociedad. Concubinato. Uniones convivenciales. Reintegro de mejoras

 

Se confirma la sentencia que desestimó la demanda por la disolución de hecho supuestamente habida entre dos ex concubinos, al comprobarse que el inmueble donde habitaron había sido adquirido por el demandado con dinero obtenido por vía sucesoria, sin que obren elementos de prueba que determinasen el alcance de los aportes que dijo haber efectuado la actora, ni tampoco la efectiva realización de las mejoras denunciadas en el período que duró la convivencia.

 

 

NEUQUEN, 27 de Julio del año 2017

Y VISTOS:

En acuerdo estos autos caratulados: “B. M. C/ A. V. J. L. S/ DISOLUCION DE SOCIEDAD” (JNQCI4 EXP 506516/2015) venidos en apelación a esta Sala I integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado la Dra. Cecilia PAMPHILE dijo:

1. La Sra. Jueza desestima la demanda de disolución de sociedad.

Para así hacerlo, da las siguientes razones centrales:

a) “...ninguna prueba objetiva, fuera de la testimonial rendida por personas muy cercanas a las partes, da cuenta que entre ellas existiera una sociedad de hecho que deba ser disuelta conforme el pedido de la actora, pues el inmueble en cuestión aparece adquirido con el patrimonio personal del demandado, sin que se evidencie que la señora B. hubiera contribuido al mayor valor del inmueble”.

b) no encuentra “evidencias de los hechos alegados, pues el trabajo que acreditó haber prestado es posterior a la compra del inmueble, y no probó haber realizado gastos que puedan vincularse con las remodelaciones que tuvo la vivienda... la propia actora citó jurisprudencia que refiere a que la sola circunstancia de convivir como pareja no prueba la vinculación societaria, pues deben de probarse los aportes y la finalidad de obtener lucro con el resultado”.

c) “no se probó la existencia de la sociedad, pues el inmueble que ambos habitaron fue adquirido sólo por el señor A. con los ingresos obtenidos en la venta del bien recibido por herencia, sin que existan pruebas que permita considerar que esa conclusión es inadecuada”.

d) “tampoco se probó que la señora B. contribuyera en modo alguno a las ampliaciones de la vivienda, circunstancias de hecho que impiden concluir en el sentido que entre ellos existió una sociedad de hecho que deba de dividirse por el cese de la convivencia. Véase que aún si considerara los recibos y remitos aportados por ella, desconocidos por la contraria y no reconocidos por su emisor, sólo 2 refieren a materiales de la construcción: ventana, puerta, cemento, cal y madera, y figuran emitidos en enero de 1999 y diciembre de 2000 (hojas 235 y 236). Sin embargo, esas compras no demuestran el aporte exigido para considerar que entre ellos medió una sociedad de hecho, pues conforme lo analizado no basta con acreditar que se compraron algunos materiales de la construcción, pues la existencia de la sociedad exige la prueba del aporte para la adquisición de bienes o para mejorar patrimonialmente a la sociedad, buscando en esa participación una ventaja patrimonial”.

e) “lo probado es que sólo el demandado adquirió el bien inmueble y la actora adquirió sólo esos materiales de la construcción, los que en el mejor de los casos importan una contribución pero nunca un aporte que justifique alegar que entre ellos existió una sociedad que deba disolverse. Digo que en el mejor de los casos, pues existe el impedimento de valorar esas pruebas en tanto no reconocidas en el trámite por su emisor, y desvinculadas temporalmente de la antigüedad de las mejoras informadas por el perito tasador en 7 años, mientras los recibos y remitos refieren a los años 1999 y 2000”.

1.1. Contra este pronunciamiento recurre la actora.

Dice que, con la prueba rendida en autos se ha logrado acreditar un efectivo aporte de dinero de su parte y que si bien esto es reconocido por la magistrada, termina por otorgar primacía al aporte que dice haber efectuado su exconcubino.

Indica que, aún en el caso de compartirse ese criterio sobre la adquisición del terreno, esto no es trasladable a las remodelaciones y a las diversas ampliaciones que se han llevado a cabo en la vivienda.

En este punto y en cuanto a la fecha de las mejoras, entiende que más allá de que no la haya indicado, es claro que fueron realizadas con posterioridad a la adquisición del lote, es decir, durante el periodo de convivencia, esto es, entre el año 1989 y 2006.

Esgrime que si bien es cierto que la documental acompañada por su parte ha sido desconocida, lo fue sólo como consecuencia del cumplimiento de una carga ritual, no desconociéndose rotundamente la compra de materiales, desde donde se presenta como un indicio claro de que adquirió y abonó el material.

Ofrece prueba informativa a la AFIP en esta instancia.

En cuanto a la valoración de la prueba pericial, indica que el perito consignó que se le anexaron ampliaciones en su estructura original.

Se refiere a la prueba testimonial rendida en la causa y concluye en que se ha acreditado que su parte ha contribuido económicamente para el mejoramiento patrimonial del bien adquirido, aún cuando se considere que no ha efectuado aportes para la adquisición.

Sustanciados los agravios, son contestados en hojas 282 y vta.

2. Ahora bien, toda sentencia debe exponer las razones de hecho y derecho en las que se funda la decisión; explicar los motivos, el por qué se resuelve como se lo hizo; una argumentación correcta es necesaria, porque las partes del juicio tienen un especial interés en conocer las razones, pues sólo en base a decisiones razonadas ellas pueden estimar si la apelación es posible, plausible o, incluso, necesaria.

Pero así como esto es exigible al juez, del mismo modo lo es con relación a las partes: estos mismos razonamientos son trasladables a la expresión de agravios, la que en modo alguno puede consistir en una mera discrepancia con la decisión adoptada o criticar extremos que en nada inciden en el fundamento de la decisión.

Así se ha indicado, en criterio que comparto, que: “la parte debe seleccionar del discurso aquel argumento que constituya la idea dirimente y que forma la base lógica de la decisión. Efectuada la labor de comprensión, le cabe demostrar cual es el punto del desarrollo argumental que muestra un error en sus referencias fácticas o en su interpretación jurídica -dando las bases del distinto punto de vista- que lleva al desacierto ulterior concretado en el veredicto. Cuando el litigante no formula su expresión de agravios de esa manera, cae derrotado por su falta de instrumental lógico de crítica”.

Y, como se puede advertir de la síntesis de los agravios planteados en cotejo con las razones expuestas por la magistrada, la accionante escasamente cumplimenta el requisito del art. 265 del código procesal, por cuanto no conforman un ataque concreto y razonado al fallo recurrido sino que, por el contrario, sólo traslucen una disconformidad con lo decidido.

3. En efecto, tal como lo hace la magistrada, corresponde reiterar en esta instancia que los bienes que se incorporan durante la vigencia del concubinato, no pasan a formar -como en el matrimonio- una sociedad.

En el contexto del Código Civil, no se concibió la conformación de una sociedad conyugal irregular limitada a los bienes de los concubinos; el matrimonio y la unión de hecho no están colocadas en un plano de igualdad; de allí que entre los integrantes de la pareja, no pueda crearse una sociedad universal, semejante a una sociedad conyugal.

Es que la preceptiva que regula la liquidación de la sociedad conyugal, reposa sobre principios de orden público, concernientes al régimen de bienes -de comunidad de ganancias- del matrimonio, el cual responde a la integración que, también en lo patrimonial, la ley pretende que exista entre los cónyuges. De allí, que resulte inaplicable al concubinato por tratarse de un instituto distinto, que carece de una regulación específica en cuanto al régimen de bienes.

Nótese que siquiera en el Código Civil y Comercial (arts. 509 a 528, por lo demás, no aplicables al caso), se atribuyen tales efectos a las uniones convivenciales: En el orden patrimonial, los bienes adquiridos por cada uno de los convivientes le pertenecen, salvo que se haya suscripto un pacto de convivencia en el que, justamente, uno de los aspectos pasible de regulación, es la previsión acerca del modo de dividir "los bienes obtenidos por el esfuerzo común" en caso de ruptura (art. 514 inc. c).

4. Desde esta premisa, y aún cuando la existencia de concubinato no impide que entre los integrantes de la pareja pueda conformarse una sociedad de hecho, esto debe acreditarse, conforme a los parámetros establecidos en el pronunciamiento.

Y así, para que quede configurada la sociedad de hecho entre los concubinos se exige que ambos hayan realizado esfuerzos y efectuado aportes con el objetivo de obtener utilidades y participar ambos en las ganancias y pérdidas que se originen.

Justamente, el razonamiento de la magistrada es realizado en esta línea y, en rigor, no ha sido objeto de crítica.

Véase, además, que no se ha controvertido la conclusión central, cual es que el inmueble fue adquirido por el demandado, con el dinero obtenido por vía sucesoria, conforme los argumentos que se exponen en el considerando II (hojas 256 vta. y 257).

Esto resta entidad al aporte efectuado para inferir la existencia de la sociedad de hecho: Es que, “...si se trata de dinero o bienes, deben tener un valor que sea relevante en relación con el capital que se intenta dividir o que haya contribuido significativamente a la ampliación o modificación del giro económico de un fondo de comercio, de un inmueble, explotación agropecuaria, etcétera.

Así la jurisprudencia resolvió que: "Las mejoras realizadas por uno de los concubinos en un bien perteneciente exclusivamente al otro, si bien pueden dar lugar a una acción de reintegro, basada en el enriquecimiento sin causa, en principio, no constituyen aportes a una sociedad de hecho"...” (cfr. Iñigo, Delia B. “Algunas cuestiones patrimoniales de las uniones de hecho”, infoleg Cita online 0029/000258).

En rigor, la queja se endereza en esta última dirección, a poco que se advierta que concretamente, en esta oportunidad, tiende a que se reconozca la contribución a las mejoras efectuadas en el inmueble.

5. Ahora bien, descartada la existencia de una sociedad de hecho nacida durante el concubinato, puede acontecer que no obstante ello, exista una comunidad de intereses: tal como lo ha expuesto Kemelmajer de Carlucci, la vida en común entre dos personas puede generar intereses comunes de orden patrimonial (cfr. "El concubinato heterosexual y la sociedad irregular", Revista de Derecho Privado y Comunitario, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, "Sociedades", 2.003 - 2).

Y desde esta perspectiva, podría reclamarse bajo la figura del enriquecimiento sin causa de uno de los integrantes que integran esa “comunidad de intereses”.

Pero lo cierto es que no sólo no ha sido así planteado en origen, sino que los requisitos para su procedencia tampoco se encuentran reunidos en el caso.

Fundamentalmente aquí y tal como lo sostiene la magistrada, no hay elementos de prueba que determinen el alcance de los aportes que se dicen haber efectuado (en rigor, siquiera está acreditada su existencia ante el desconocimiento de la documental), y, tampoco, la efectiva realización de las mejoras en el periodo que duró la convivencia.

La crítica a la valoración de la prueba pericial -a la que me he referido precedentemente- es ciertamente insuficiente para desvirtuar las conclusiones de la sentenciante.

Es que la sola referencia a que el perito determinó que “al inmueble en cuestión, se le han anexado ampliaciones en su estructura original”, nada agrega, ni controvierte a la premisa de decisión, en tanto no se consigna ninguna referencia a la fecha de realización. La única antigüedad consignada por el experto es la siguiente: 25 años para la vivienda principal y 7 años para la construcción efectuada en la parte delantera.

En definitiva: Los agravios formulados son insuficientes para revertir los términos del pronunciamiento y, por otra parte, ni la formulación de los términos de la pretensión, ni la insuficiencia probatoria, pueden ser purgadas en esta instancia.

En mérito a ello, entiendo que el recurso no puede prosperar, debiéndose confirmar la sentencia de grado en todas sus partes, con costas a cargo del recurrente vencido. MI VOTO.

El Dr. Jorge PASCUARELLI dijo:

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo.

Por ello, esta Sala I

RESUELVE:

1.- Desestimar el recurso de apelación deducido por la actora y, en consecuencia, confirmar la sentencia de fs. 254/263vta. en cuanto fue materia de recurso y agravios.

2.- Imponer las costas de Alzada a la apelante vencida (art. 68 del CPCC).

3.- Regular los honorarios de los letrados intervinientes en la Alzada en el 30% de la suma que corresponda por la labor en la instancia de grado (art. 15, LA).

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, oportunamente, vuelvan los autos a origen.

 

Dra. Cecilia PAMPHILE

Dr. Jorge D. PASCUARELLI

Dra. Estefanía MARTIARENA

SECRETARIA

 

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S., A. A. c/P., O. R. s/fijación de compensación arts. 524, 525, CCCN - Cám. Nac. Civ. - Sala J - 07/10/2016 - Cita digital IUSJU010728E

 

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