Accidente De Trabajo Accidente In Itinere Incapacidad Permanente Indemnizacion Laboral Indemnizacion Adicional De Pago Unico Ley 26 773

JURISPRUDENCIA

Accidente de trabajo. Accidente in itinere. Incapacidad permanente. Indemnización laboral. Indemnización adicional de pago único. Ley 26.773

 

Se revoca parcialmente la sentencia que había admitido la condena del artículo 3 de la ley 26.773 en un accidente in itinere, al concluirse que los lapsos que demanda el traslado del trabajador desde su domicilio hasta el lugar donde presta servicios no han sido reconocidos como tiempo a disposición del empleador, pues el contrato presupone obligaciones recíprocas entre las que se incluye la de ponerse a disposición del patrono en el lugar de la prestación de tareas, además de que según fuere la ubicación de la vivienda no habría modo razonable y equitativo de computar el máximo de la jornada legal para el conjunto de los dependientes de una empresa.

 

 

ACUERDO:

En la ciudad de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos, a los veinte días del mes de septiembre de dos mil dieciocho, se reúnen los Señores miembros de la Sala II Laboral de la Excma. Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú, Dres. Vicente Martín Romero, Fabián Arturo Ronconi y Alberto Adrián Welp, para conocer el recurso interpuesto en los autos del epígrafe. De conformidad al sorteo oportunamente realizado, la votación tendrá lugar en el siguiente orden: Romero, Ronconi y Welp.

Estudiados los autos la Sala II propuso la siguiente cuestión a resolver:

¿Es justa la sentencia apelada? y, en su caso, ¿qué corresponde resolver?

A la cuestión propuesta el Vocal Vicente Martín Romero, dijo: I.- El 18 de diciembre de 2017, el Sr. Magistrado a cargo del Juzgado del Trabajo Nº 1 de ésta ciudad, dictó sentencia haciendo lugar a la demanda promovida por A S D. y condenó a LA SEGUNDA ART S.A. a pagarle la suma de $ 785.180,26. Impuso las costas a la aseguradora vencida y reguló los honorarios de los profesionales intervinientes. La sentencia luce a fs. 178/185. La sentencia reconoce las acreencias de la actora con motivo de un accidente de trabajo -in itinere-, sufrido por estael día 24/10/2015, fijando un 21,3% de incapacidad parcial y definitiva para la accionante con motivo del mismo, por la fractura de su fémur derecho con leve deseje, condenando por las indemnizaciones previstas por los arts. 14 inc. 2 apartado a) de la ley 24557, y por el art. 3 de la ley 26773 (20%), con mas intereses del 1,5 de la TABN desde el hecho hasta la sentencia de merito, conforme doctrina del STJER dictada en autos “Basso” y “Carmona” en tal sentido.

II.- A fs. 192 apeló la ART, dio satisfacción al requisito de aseguramiento del art. 125 inciso a) del CPL (presentación agregada a fs. 341/346) y expresó agravios a fs. 202/208. El Juzgado concedió el recurso a fs. 210 vta. y el memorial fue replicado por la parte actora a fs. 213/215. III.- Síntesis de los agravios de La Segunda ART SA. 1º) Embate contra la sentencia al considerar que al momento de interponerse la acción, la parte actora no tenía derecho alguno a demandar por el accidente de trabajo -in itinere-, pues se encontraba aun en el periodo de incapacidad parcial temporaria, considerando que inicio el juicio a los 18 días de haberse producido el infortunio; 2º) ataca el grado de incapacidad otorgado a la misma; 3º) cuestiona la condena por el art. 3 de la ley 26773 siendo que se trato de un accidente in itinere y por ende no resulta aplicable al mismo; 4º) se alza contra la tasa de interés establecida en la sentencia recurrida.

En merito a ellos, surge entonces que arriba firme a esta instancia la existencia del infortunio denunciado por la actora y reconocida en la sentencia de grado, por lo que procederé a analizar lo que ha sido materia especifica del recurso de apelación incoada por la accionada.

1º) - Que el agravio relativo a que no existía “caso judicial” a debatir al momento de interponer la acción el reclamante -bajo el fundamento de que la incapacidad era solo temporaria-, debe ser desatendido, por cuanto si bien es cierto que la demandante ligeramente y sin mayores elementos interpuso la presente acción al poco tiempo de que sufriera el accidente, no menos cierto resulta de las constancias obrantes en juicio, que en definitiva la misma adquirió una incapacidad parcial y “permanente” -arts. 8 y 14 apartado 2 a) de ley 24557 actualizada-, con motivo del accidente “in itinere” sufrido el día 24 de octubre del año 2015, y esto es lo que constituía el objeto sutancial de la pretensión articulada en juicio.

En dicho contexto, ese traspaso del tiempo consolido jurídicamente el crédito de la accionante, cuyo nacimiento se remonta al momento mismo en que este se produjo, existiendo incluso jurisprudencia del propio STJER “Guardia, Víctor Alfredo c/Caminos del Río Uruguay y/u otro -Incapacidad- Recurso de Inaplicabilidad de Ley”, Expte. Nº 2718, 31-3-05, en sentido de que los intereses se deben desde el mismo momento del accidente, siendo esto incluso materializado en el art. 2 de la ley 26773, que textualmente establece que “...El derecho a la reparación dineraria se computará, más allá del momento en que se determine su procedencia y alcance, desde que acaeció el evento dañoso o se determinó la relación causal adecuada de la enfermedad profesional....”-

Entonces, es claro que el crédito derivado de todo accidente o enfermedad prefesional que derivan de una incapacidad “permanente”, se adeuda desde el momento en que sucedió el mismo, no obstante las diferentes posibilidades en cuanto a la fecha de su determinación -art. 7 ley 24557-, que en juicio sucedió reconozco, mientras tramitaba el mismo, lo que en su caso hubiere ameritado el planteamiento de esta defensa como de previo pronunciamiento, pero que no sucedió en la especie y que generó el hecho de que el transcurso del tiempo, regularizare la situación.

No obstante el rechazo de tal defensa -cuya admisión en la práctica implicaría nada menos que el rechazo de la acción para una trabajadora que en definitiva sufrió el accidente “in itinere”, el cual le genero la incapacidad permanente establecida en autos-, debo decir que lejos estoy de comulgar o avalar este tipo de planteos apresurados y sin elementos suficientes para fundar su petición (prueba de ello es que se reclama una incapacidad del 51% cuando la actora tenía menos de la mitad de ello), y que podría dar lugar en el futuro a la posibilidad incluso de la aplicación de multas procesales al letrado si es que se considera a dicha conducta, incursa dentro del art. 34 del CPL.

2º) Se agravia asimismo la recurrente contra el grado de incapacidad otorgado por el a-quo en la instancia de mérito, aduciendo en síntesis que el perito medico -Dr. Bourlot- en quien el magistrado se apoyó para fundar su sentencia, no explico como arribo a la incapacidad determinada en juicio -% 21,3.- teniendo en cuenta que el deseje era leve, y siendo que el grado previsto para dicha situación es entre el 15% y el 20%.

Anticipo mi posición en sentido de rechazar el agravio y por ende sostener mi adhesión a la postura esgrimida por el juez de grado. Esto en virtud de que lejos esta de ser descabellado que se otorgare a la actora un 18% de incapacidad por la fractura del fémur para la situación traída a resolver, pues no solo que dicho porcentaje se encuentra dentro de la escala para tal situación -a esto lo reconoce el propio apelante (entre el 15 y 20%)-, sino que el auxiliar al momento de examinar a la trabajadora accidentada, no solamente toma en cuenta la propia lesión, sino que también las derivaciones de la misma, como en el caso pueden haber sido por ejemplo el dolor, las cicatrices o la disminución de la fuerza de lo cual informa el galeno, particularidades que le permiten precisamente graduar entre el máximo y el mínimo de lo que establece la escala para dicha patología, siendo ajustado en mi criterio que tomase tal grado, el cual se encuentra en un termino medio de la misma para dicha lesión.

En este tema puntual, me refiero a la determinación del porcentaje de incapacidad, entiendo que el perito médico cuenta con cierta discrecionalidad para su determinación dentro de la escala normativa, que en la generalidad de los casos debe avalarse mientras no sea irrazonable o infundada, lo que lejos esta de advertirse en la situación traída a ventilar, apareciendo carente de fundamentos científicos la posición de la demandada, que cuestiona porque el auxiliar determino un 18% y no un 15%, cuando la escala insisto, prevé un máximo de 20% para la patología constatada en la demandante de autos.

Debo recordar aquí, que la medicina como ciencia biológica que es, no siempre se lleva de la mano con las matemáticas. En medicina dos más dos, no siempre es cuatro, puede ser cinco o tres. Por eso es que las tablas de evaluación de incapacidad o baremos, son siempre orientativos, e interviene lo que se denomina criterio médico, basado en el examen físico, condiciones del infortunado, derivaciones del hecho etc., y de esto advierto que a dado cuenta el auxiliar Dr. Bourlot, por lo que no encuentro motivos -al igual que lo efectuó el juez de grado-, para apartarme de lo dictaminado por el mismo.

Por su parte, es dable ponderar dando respuesta definitiva al agravio, que el porcentaje final esta compuesto por un 18% por la fractura indicada, más el -3,3%-, que se adicionó por los factores de ponderación previstos por la normativa aplicable en la materia, esto es el decreto 659/96. Respecto de estos, si bien es cierto que no fue explicado por el perito como fueron valorados para arribar a dicha suma que se adiciona, ello entiendo que surge tácitamente del propio dictamen, pues si el medico da cuenta que la fractura de fémur generó un “leve” deseje, es razonable que sea leve también las dificultad para la realización de las tareas habituales (que implica hasta un 10% sobre aquel porcentaje), y si a esto se le agrega el factor edad -la actora tenia 21 años al momento del accidente-, concluyo que resultan plenamente compatible las circunstancias de hechos sucedidas con lo establecido por la tabla de incapacidades laborales, siendo razonable entonces el porcentaje establecido por el perito y que fuere seguido por el magistrado de grado al momento de sentenciar.

Agrego que esta Sala tiene dicho a partir de los autos “Muller c/ Parera”, Expte. Nº 48/SL, 23-12-2014, que “....El médico tiene un rol relevante a la hora de determinar la existencia de un daño indemnizable, nadie mejor que él está en condiciones de asesorar al tribunal del resultado y minusvalías provocados por el accidente o enfermedad. Asimismo, el STJ en “Vargas c/ Carrazza”, del 27/06/2011 sostuvo “no existiendo ninguna duda en cuanto a que para establecer el daño sufrido por un trabajador a consecuencia de un infortunio laboral y sus secuelas, la pericia médica resulta la prueba más idónea y adecuada”, prueba la cual en el contexto de hechos y conclusiones referidas, adquiere plena eficacia como bien lo marca el juez de grado, resultando insuficientes e inapropiados para conmover la solución que viene impuesta, los agravios vertidos contra la misma en el memorial respectivo.

3º) Que se alza el recurrente contra la condena por la indemnización del art. 3 de la ley 26773, siendo que estamos ante un accidente “in itinere”, peticionando en definitiva se revoque la sentencia en este aspecto. En dicho cometido, adelanto opinión en sostener que en este tema, comparto la posición esbozada por el recurrente, por lo que propondré la revocación de la sentencia en esta situación en particular.

Ello a partir de que, como ya lo he vertido oportunamente en otros votos emitidos en esta misma Sala a partir de los autos “Salva c Iapser” 31/3/2015, el dispositivo sub examine -indemnización del art. 3 de la ley 26773- no resulta aplicable a los accidentes in-itinere, pues la norma refiere a los daños que se produzcan en el lugar de trabajo o lo sufra el dependiente mientras se encuentre a disposición del empleador, y en mi criterio los accidentes “in itinere” no quedan comprendidos en dicho concepto, pues de así considerarse, debería entonces ser tomado dicho periodo de tiempo que se utiliza para trasladarse o volver del trabajo, como jornada de trabajo, conforme art. 103 in fine LCT, que también refiere a “disposición del empleador”.

Sin embargo, los lapsos que demanda el traslado del trabajador desde su domicilio hasta el lugar donde presta servicios, no han sido reconocidos como tiempo a disposición del empleador, pues el contrato presupone obligaciones recíprocas entre las que se incluye la de ponerse a disposición del patrono en el lugar de la prestación de tareas, además de que según fuere la ubicación de la vivienda, no habría modo razonable y equitativo de computar el máximo de la jornada legal para el conjunto de los dependientes de una empresa, conforme se desprende de la doctrina de la CSJN, 1/8/89, “Luna, Juan Carlos y otros c/ Compañía Naviera Pérez Companc SACIMFA”.

Tampoco advierto que resulte inconstitucional dicha norma por tal exclusión, y así me expedí en autos “SCHAFFER, RICARDO DARÍO c/ASOCIART ART S.A. s/Accidente de Trabajo”... cuando estaba a cargo del Juzgado Laboral Nº 1 de Concepción del Uruguay -confirmado por el Superior posteriormente en tal sentido-, donde señalé que “...no se advierte irrazonabilidad alguna y por ende implicaría en dicho contexto inmiscuirse sin motivo valedero en áreas propias de la política legislativa que es privativa de otros poderes del estado, en este caso precisamente el legislativo que fija lo concerniente al Derecho de fondo del trabajo, extendiendo las atribuciones de los Jueces de expedirse sobre su mérito o conveniencia”.

Además, la normativa en cuestión guarda analogía en cierta medida con lo resuelto por la jurisprudencia en cuanto a la eximición de responsabilidad civil del empleador por los accidentes “in itinere”, pues no existe atribución de culpa, y si tenemos en cuenta que el 20% está destinado a cubrir todo otro daño no reparado por el sistema, es dable acotar o interpretar que justamente ese incremento se corresponde con los daños del régimen civil que resultan no reparados dentro de la Ley de Riesgos del Trabajo, como por ejemplo podría ser el daño moral, daño este que tampoco tenía o podía reclamar el trabajador por un accidente “in itinere” con fundamento en el derecho civil, conforme los fundamentos indicados.

Tales autos citados, llegaron al STJER, “SCHAFFER, RICARDO DARÍO c/ASOCIART ART S.A. -Accidente de trabajo -RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”, Expte. Nº 4367, 22/12/2014, donde este confirma la solución indicada y agrega los siguientes fundamentos que dan mayor sustento a la misma: “...la Corte Suprema de Justicia de la Nación La primera fuente de interpretación de la ley es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir de su texto, y cuando ella no exige esfuerzo en su hermenéutica debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (Fallos: 329:3470; 328:2627; 326: 4909, entre otros)”.

Efectuada esta apreciación, surge de la sola lectura del artículo en análisis que se incorporó una reparación adicional sin imputación concreta, ergo a daño moral o algún otro concepto en particular, pero a la par el legislador, decidió otorgar dicho reconocimiento sólo para los infortunios con motivo o en ocasión del trabajo, excluyendo a los accidentes in itinere, por cuanto en estos ninguna clase de reproche se le puede endilgar al empleador.

Redundo que la cobertura del accidente in itinere en cabeza del empleador y luego de las ART, ha sido una decisión histórica asentada en principios de justicia distributiva y no conmutativa (como ocurre con el régimen de enfermedades inculpables o el art. 248, LCT), ya que el siniestro en estos casos no reconoce -en el campo de responsabilidades del Derecho común- factores subjetivos ni objetivos de atribución.

La circunstancia de que el trayecto casa-trabajo-casa sea imprescindible para la dación del servicio no implica de por sí una responsabilidad correlativa en el empleador. ¿Por qué existe responsabilidad del accidente in itinere cuando el trabajador da el primer paso fuera de su casa y no el paso anterior antes de cruzar el umbral de la puerta, siendo que es el mismo trayecto? Sencillamente porque la norma así lo ha dispuesto, y ha fijado un momento de corte de las responsabilidades que podría haber sido otro, pero ha sido ese (así como podría no haberlo previsto) (Giletta, Ricardo Agustín: Sobre lo que parece que podría querer decir la ley 26773; en RDL 2013-1 pág. 50).

Tales consideraciones ameritan en conclusión, propiciar que no se admita como rubro de sentencia, la indemnización prevista por el artículo 3 de la ley 26.773, frente a situaciones de “accidente in itinere”, siendo incluso esta posición reiterada recientemente por el STJER en autos “PINTOS, AMILCAR JOSÉ c/LA SEGUNDA A.R.T. -Accidente de Trabajo -RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”. Expte. Nº 5252, del 21/3/2018.

4º) Para finalizar, se agravia la recurrente aduciendo que al no haber existido mora al momento de interponerse la demanda, no correspondía aplicar intereses, lo que debe desarticularse sin más, por cuanto es doctrina del STJER in re “Avalos”, referidas en varios expedientes pasados ante esta alzada -Escobar c/Feeración Patronal”, Expte. Nº 597/SL del 27/6/2017 entre otras-, en la cual se explicó que “El hecho generador de la incapacidad laboral del trabajador determina el momento en que nace su derecho a percibir la indemnización que estipula la ley 24557, pues durante el tiempo transcurrido entre el nacimiento del derecho y el momento en que éste es reconocido administrativa o judicialmente se devengan intereses compensatorios (no moratorios) que deben ser soportados por el deudor” (cfr. Avalos, Luis María c/ Consejo General de Educación de la Provincia de Entre Ríos” LAS 27/12/2010).

Esta tesitura había sido mantenida por la misma Sala laboral en autos “Guardia” y en “Ballay”, causas en las que se había dicho que el derecho a percibir la indemnización que establecía -en éste último caso- el art. 14º, pto. 2º inc. a) de la Ley Nº 24.557 había nacido en cabeza el actor el mismo día en que acaeció el hecho generador de la incapacidad laboral parcial, aclarando que “Es cierto que la norma se refiere a “prestaciones”, pero no cabe duda que su carácter es eminentemente resarcitorio” (cfr. “Ballay, César c/I.A.P.S.E.R. A.R.T. s/Accidente de trabajo -Recurso de Inaplicabilidad de Ley”. Expte. Nº2783, 6-4-05. Ver también “Guardia, Víctor Alfredo c/Caminos del Río Uruguay y/u otro -Incapacidad- Recurso de Inaplicabilidad de Ley”. Expte. Nº2718, 31-3-05).

Sobreabundando, cabe mentar que a esta solución también se llegaba a partir de la aplicación de lo que disponía la Resol. 414/99 de la SRT (reformada por Resol.287/01 SRT) y que actualmente la misma está consagrada en el art. 2, 3er. párrafo de la Ley 26.773.

Para finalizar digo, que el cuestionamiento sobre el 1,5% de la tasa de interés de condena, no puede admitirse, en función de que el a-quo no ha hecho mas que aplicar -lo cual comparto-, la doctrina obligatoria emanada del STJER, quien el día 7 de septiembre de 2017, reconsideró la cuestión relativa a la tasa de interés utilizada y, mediante sendos fallos casatorios emitidos en los autos “Acosta”, “Basso” y “Carmona” dispuso, con andamiaje en lo normado por el art. 768 del CCC (heredero del viejo art 622 del C.C.) que para los infortunios del trabajo acaecidos con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 26.773, corresponde “Aplicar al monto de la condena, una vez y media (1,5%) la tasa de interés que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento de documentos comerciales a 30 días, desde la fecha del infortunio hasta el momento en que se proceda a practicar la liquidación del juicio en primera instancia; y ante el eventual incumplimiento, a partir de esa fecha y hasta el efectivo pago, la tasa de interés equivalente a la que cobra el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuentos de documentos comerciales a 30 días, conforme el criterio vigente de esta Sala....”.

No obstante ello, y sin perjuicio de que es doctrina vinculante y por ende aplicable en la especie, quiero decir que me resulta totalmente razonable aplicar la tasa de interés del 1,5% de la activa del Banco Nación indicada, para los accidentes posteriores a la vigencia de la ley 26773, pues la misma resulta compatible con la inflación y es incluso similar a la que aplica la justicia nacional en la Capital Federal para todo pleito laboral, (Acta CNAT 2357), no pudiendo tampoco obviar que en un futuro los avatares de la economía seguramente la hagan revisable, pudiéndose transformar en exorbitante en caso de que no exista inflación, o inclusive menguada si esta se dispara por encima de la media de los últimos años, lo que daría seguramente lugar al dictado de nuevos fallos.

5º) Por las consideraciones vertidas supra resulta la siguiente planilla de liquidación:

 

CONCEPTO

IMPORTE

Art. 14 Ap. 2 Inc. a) ley 24.557 al 24/10/15

349565,60

(53*10.004,25*(65/21)*21,3%=349.565,60)

 

(841.856,00*21,3%=179.315,32)

 

Intereses 1,5 TABN al 20/09/18

429493,77

TOTAL LIQUIDACION AL 20/09/2018

779059,37

 

6º) En consecuencia de todo lo expuesto, asiste razón solo parcial a la demandada en su recurso, debiéndose admitir el mismo solo en lo que concierne a la condena del art. 3 de la ley 26773, lo cual se revoca y por ende se rechaza tal indemnización, desestimándose lo demas que ha sido materia de agravios. Por ello, corresponde modificar la sentencia de primera instancia, y en consecuencia condenar a La Segunda ART S.A. a abonar a la Sra. A S D DNI..., la suma de pesos setecientos setenta y nueve mil cincuenta y nueve con treinta y siete centavos ($ 779.059,37), en el término de diez (10) días, según planilla practicada. Que en lo relativo a las costas, en lo que se desestima el recurso deben ser soportadas por la accionada vencida, no obstante digo que en lo que se admite el mismo -art. 3 ley 26773-, un nuevo estudio me lleva a modificar mis anteriores votos en esta temática, y a partir de ello entiendo que deben ser impuestas en ambas instancias no al accionante perdidoso, sino que en el orden causado, en función de que recién con la doctrina del STJER vertida en autos “PINTOS, AMILCAR JOSÉ c/LA SEGUNDA A.R.T. -Accidente de Trabajo -RECURSO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”. Expte. Nº 5252, del 21/03/2018, se clarificó o reafirmo definitivamente, el carácter vinculante de la solución propuesta en cuanto a la inadmisibilidad de la indemnización del art. 3 para situaciones como la presente -accidente in itinere-, por lo que al momento de interponerse la demanda 11/11/2015, el accionante tenia suficiente razones para litigar. Asimismo corresponde dejar sin efecto la regulación de honorarios practicada en el punto IV. de la sentencia de grado, debiendo calcularse en esta Alzada los nuevos estipendios que correspondan por la actuación en ambas instancias (art. 271 del CPCC por remisión del art. 133 del CPL). Así voto.

A la cuestión propuesta el Vocal Fabián Arturo Ronconi, dijo:

Que voy a adherir al voto del Sr. Vocal Romero, en función de que corresponde estar a lo establecido en la doctrina vinculante emanada del STJER en la causa “Pintos c/La Segunda” (Expte. 5252 del 21-03-2018) citada.

Allí, nuestro cimero tribunal provincial, en ejercicio de su función nomofiláctica (cfr. Sala del Trabajo del STJER en “Mercado, Joao Antonio c/ Asociart A.R.T. S.A. y otro - Accidente de trabajo - Recurso de Queja” del 07/09/2015) dejó establecido como doctrina de obligatorio seguimiento para esta Sala y los demás tribunales entrerrianos (art. 285 del CPCC, al que reenvía el art. 140 del CPL) que no corresponde reconocer el adicional de pago único que establece el art. 3º de la Ley 26.773 a los trabajadores víctimas de accidentes in itinere.

Sin perjuicio de ello, y de acuerdo a fundamentos que vertiera al votar en autos “Dominguez c. Frigorífico Soychu” (Expte. 312/SL del 5-5-2016) dejo a salvo mi opinión divergente respecto de la doctrina interpretativa sentada respecto del citado precepto.

Con tales aclaraciones ADHIERO al sufragio del vocal preopinante.

Así voto.

A la misma cuestión el Vocal Alberto Adrián Welp, dijo:

Que existiendo mayoría, hace uso de la facultad de abstención autorizada por el art. 47 L.O.P.J. (texto según ley 9234).

 

Con lo que se dio por terminado el acto, quedando acordada la Sentencia siguiente:

VICENTE MARTÍN ROMERO

FABIAN ARTURO RONCONI

ALBERTO ADRIAN WELP

(abstención)

Ante mí:

JOAQUIN MARIA VENTURINO

Secretario

 

SENTENCIA:

Gualeguaychú, 20 de septiembre de 2018.

Y VISTO:

Por los fundamentos del Acuerdo que antecede; por mayoría,

SE RESUELVE:

I.- HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de apelación interpuesto por la accionada, solo en lo que concierne a la condena del art. 3 de la ley 26773, lo cual se revoca y por ende se rechaza tal indemnización, desestimándose lo demas que ha sido materia de agravios. Por ello, corresponde modificar la sentencia de primera instancia, y en consecuencia condenar a La Segunda ART S.A. a abonar a la Sra. A S D. DNI .........., la suma de pesos setecientos setenta y nueve mil cincuenta y nueve con treinta y siete centavos ($ 779.059,37), en el término de diez (10) días, según planilla practicada.

II.- IMPONER las costas de ambas instancias en lo que prospera la acción y en lo que no prospera el recurso a la ART vencida. Respecto al rechazo del art. 3º de la Ley 26773 las costas de ambas instancias deberán ser soportadas por el orden causado, por las razones vertidas supra.

III.- REGULAR los honorarios por la actuación en primera instancia por lo que prospera la acción al Dr. E. E. M. en la suma de pesos ciento treinta y seis mil cuatrocientos ($ 136.400 = 310 J), al Dr. P. E. V. D. D. en la suma de pesos veintiocho mil seiscientos ($ 28.600 = 65 J), al Dr. P. U. en la suma de pesos sesenta y seis mil ochocientos ochenta ($ 66.880 = 152 J), y al Perito Médico D. M. B. en la suma de pesos treinta y ocho mil novecientos cincuenta y dos con noventa y seis centavos ($ 38.952,96); y por lo que no prospera -art. 3º Ley 26773- al Dr. E. E. M. en la suma de pesos veintidós mil ($ 22.000 = 50 J), al Dr. P. E. V. D. D. en la suma de pesos once mil ($ 11.000 = 25 J) y al Dr. P. U. en la suma de pesos veinte mil doscientos cuarenta ($ 20.240 = 46 J); y por la actuación en segunda instancia por lo que no prospera el recurso al Dr. J. C. G. en la suma de pesos cincuenta y cuatro mil quinientos sesenta ($ 54.560 = 124 J) y a lo Dres. P. E. V. D. D. y P. U. en la suma de pesos diecinueve mil ciento cuarenta ($ 19.140 = 43,5 J), y por lo que prospera al Dr. J. C. G. en la suma de pesos ocho mil ochocientos ($ 8.800 = 20 J) y a los Dres. P. E. V. D. D. y P. U. en la suma de pesos seis mil trescientos ochenta ($ 6.380 = 14,5 J). Valor del Jurista $ 440. Todas las sumas reguladas con más el I.V.A. si correspondiere (conf. arts. 1, 2, 3, 5, 6, 12, 14, 29, 30, 31, 64 y concs. Ley 7046 y Ley 10377).

 

REGISTRESE, notifíquese y oportunamente, bajen.

VICENTE MARTIN ROMERO

Siguen las firmas:

FABIAN ARTURO RONCONI ALBERTO ADRIAN WELP

Ante mí:

JOAQUIN MARIA VENTURINO

Secretario 

 

En .../.../2018 se registró en soporte informático (Acuerdo S.T.J Nº 20/09 del 23/06/09 Punto 7). Conste.

 

JOAQUIN MARIA VENTURINO

Secretario

 

  Correlaciones:

Ley 26773 - BO: 26/10/2012

 

 

033561E