Accion De Repeticion Mala Praxis Medica Conflicto Gremial Sumas Abonadas Por La Municipalidad Reclamante

JURISPRUDENCIA

Acción de repetición. Mala praxis médica. Conflicto gremial. Sumas abonadas por la Municipalidad reclamante

 

Se acoge parcialmente de la demanda de repetición deducida por la Municipalidad contra un médico por las sumas que la actora debió abonar en cumplimiento de la sentencia de mala praxis oportunamente dictada en contra del accionado.

 

 

En la ciudad de La Plata, a ocho de marzo de dos mil diecisiete, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Pettigiani, Negri, de Lázzari, Kogan, Genoud, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 120.628, "Hospital Ramón Santamarina contra Naveyra, Adolfo Enrique. Repetición sumas de dinero".

ANTECEDENTES

La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Azul confirmó la sentencia de origen que, a su turno, rechazó la acción de repetición promovida en autos (fs. 164/178).

Se interpuso, por la actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 182/201).

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

CUESTIÓN

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

VOTACIÓN

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. En el sub lite se ventila la repetición pretendida por el municipio de Tandil contra el médico Adolfo Enrique Naveyra de lo pagado por el primero en cumplimiento de la sentencia de condena recaída en autos "Agostino, Oscar Alberto y otra contra Municipalidad de Tandil y otro. Daños y perjuicios", que tramitaran por ante esta Corte bajo el n° C. 96.507, sent. del 15-IV-2009 (v. copias agregadas a fs. 27/42, 48/50).

Tal proceso antecedente -por mala praxis médica- fue incoado por Oscar Alberto Agostino y Nancy Edith Vásquez, por sí y en representación de su hijo Francesco Agostino, contra la Municipalidad de Tandil y el médico Adolfo Enrique Naveyra, en razón de los gravísimos daños sufridos por el menor al nacer, consistentes en parálisis cerebral a punto de una encefalopatía hipóxica isquémica con convulsiones, cuadro irreversible, que entre otras derivaciones determinara también su cuadriplejía (v. fs. 28).

En su escrito inicial, la Municipalidad accionante motivó su reclamo en la circunstancia de haber tenido que "... abonar una deuda a la que se habían obligado POR OTRO, dado que el doctor Adolfo E Naveyra también fue condenado ... De tal manera, que corresponde sean subrogados legalmente en los derechos del acreedor a tenor de lo previsto en los art. 767, 768 Inc. 2° y Cdtes. del Código Civil y resulta procedente el REINTEGRO del pago efectuado, con m[á]s sus intereses, costas y costos..." (fs. 49).

Corrido el respectivo traslado, el doctor Naveyra contestó la demanda, oponiéndose a su progreso (fs. 71/78).

Comenzó reconociendo que su parte, junto a la referida comuna, fueron condenados a pagar las sumas indemnizatorias oportunamente fijadas por la Cámara en los mencionados autos. Remarcó, no obstante, el carácter concurrente o in solidum de las respectivas obligaciones (fs. 72/73). En base a ello, señaló los errores postulatorios en que habría incurrido la contraria al requerir un cobro más o menos automático por la totalidad de la suma oblada, acudiendo a la figura de la subrogación que sólo regiría en casos de pago por parte de un "verdadero tercero" o de obligaciones solidarias que, al compartir la causa, contienen reglas internas -convencionales o, en su defecto, legales- de contribución y distribución (conf. art. 689, C.C.), lo cual no existiría en materia de obligaciones concurrentes como la que aquí nos convoca (fs. 73/74).

Por otra parte, juzgó que el correcto enfoque del reclamo actoral era el habilitado por el art. 1123 del Código Civil, perspectiva desde la cual -aseveró- tampoco podría estimárselo, en razón de no verificarse dolo o culpa grave en la conducta médica observada por su parte (fs. 74 vta./77 vta.).

A su turno, el juez de primera instancia rechazó la demanda (fs. 120/128).

Para así resolver, consideró que de la sentencia emitida por esta Corte en "Agostino" surgía un claro deslinde de la responsabilidad atribuida a cada uno de los demandados, en razón de la respectiva causa: subjetiva del doctor Naveyra por incumplir ciertos deberes profesionales que las circunstancias de tiempo, modo y lugar le imponían y objetiva del nosocomio por la irregular prestación del servicio de salud (fs. 122).

Remarcó luego la facultad del acreedor de reclamar el total de lo adeudado de cualquiera de los deudores, a tenor del carácter concurrente de las respectivas responsabilidades (fs. 123/124). Seguidamente, destacó que al inicio la actora había motivado su pretensión en la figura de la subrogación prevista en los arts. 767 y 768 inc. 2 del Código Civil y, al alegar, en la acción prevista en el art. 1123 de igual ordenamiento (fs. 124). Descartó este último enfoque por no haber sido articulado en el escrito de demanda, no pudiendo abordarse una pretensión incorporada recién al momento de alegar sobre el mérito de la prueba. Consideró que aún en un plano eventual tal pretensión no hubiera prosperado desde que la Municipalidad no fue condenada por el hecho de su dependiente sino por el incumplimiento de una obligación propia (fs. 124 vta. y 125/126).

Por otro lado, rechazó también la repetición pretendida en base al alegado pago subrogatorio por no ser la Municipalidad de Tandil un tercero sino un condenado directo (conf. art. 767, C.C.) y por no verificarse alguna de las dos hipótesis de subrogación legal previstas en el 768 inc. 2 de igual plexo sustantivo -obligaciones solidarias y fiador simple- (fs. 124 vta./125).

II. Apelado el fallo por la actora (y por los letrados del demandado en materia de honorarios), la Sala I de la Cámara de Apelación de Azul lo confirmó en lo sustancial aunque por diversos fundamentos, declarando -a su vez- mal concedida la apelación deducida por el demandado contra la regulación de honorarios (fs. 164/178).

En lo que aquí interesa destacar, tras establecer que la presente disputa habría de dilucidarse a la luz del Código Civil de Vélez Sársfield (conf. art. 7, C.C.C.N.; fs. 166 y vta.), el tribunal a quo consideró que la subrogación era viable también en el caso de obligaciones concurrentes, como la aquí debatida, razón por la que a su entender no se equivocó la actora al invocar los arts. 767, 768 inc. 2 y concs. del Código Civil, en apoyo de la acción "recursoria", "interna", "de regreso" o "de contribución" incoada, subrogándose en los derechos del acreedor (fs. 167/173 vta.). De allí que lo único que podía achacársele a la presentación liminar consistía en haber omitido invocar el art. 1124 [rectius: 1123] del digesto fondal, deficiencia salvable por aplicación del principio iura novit curia y de lo cual el demandado se defendió (fs. 170 vta.).

Seguidamente, con cita de doctrina y jurisprudencia nacional, acotó que la procedencia de la acción de repetición -en el caso previsto por el citado art. 1123- se encontraba condicionada a la prueba de la culpa grave o dolo del dependiente. Asimismo, deslindó las diversas responsabilidades que podrían corresponder al médico y a la institución de salud, según la falta cometida correspondiese a un "puro acto médico" (v.gr. olvidarse una gasa adentro del cuerpo del paciente, o ablación de un órgano o miembro equivocado) o fuese causada por algún defecto de organización institucional o circunstancia propia del nosocomio o entidad prestadora del servicio (v.gr. atención deficiente prestada por quien no es especialista en razón de hallarse el mismo en guardia pasiva, deficiente contralor del paciente por carencia o mal funcionamiento de equipos), en cuyo caso cabía establecer el grado de contribución de cada uno de los responsables, pudiendo hasta achacársela íntegramente a la institución -perdiendo, por tanto, su derecho a repetición- en aquellas hipótesis en que su intervención hubiere sido determinante en la producción del daño (fs. 174/175).

Partiendo de tal premisa, señaló que las "eventuales" faltas imputables al doctor Naveyra no debían analizarse en forma aislada, sino en el marco del conflicto gremial que había afectado la atención del hospital "Ramón Santamarina" de Tandil, produciendo un "desmantelamiento" del servicio de salud.

En tal contexto, juzgó que fueron tales circunstancias propias del nosocomio las determinantes de la producción del perjuicio, concluyendo que ninguna contribución correspondía reclamar del galeno que actuó en la ocasión sometido a un dilema de hierro consistente en adherir al paro y dejar de prestar un servicio público esencial, con el peligro cierto e inminente que ello implica para la salud y la vida de las personas, en especial para las más vulnerables, o no adherir a tal medida de fuerza -como lo hizo-, viéndose en la situación de prestar sus servicios en circunstancias sumamente desfavorables, al no contar con los profesionales auxiliares o, más grave aún, debiendo realizar prácticas ajenas a su especialización (fs. 174/176 vta.).

III. Contra esta decisión se alza la Municipalidad de Tandil mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la "inaplicación" del art. 1123 del Código Civil; vulneración de los arts. 16 y 17 de la Constitución nacional -garantías de igualdad ante la ley y propiedad- y de la doctrina legal de esta Corte dimanada de causa C. 114.661, sent. del 5-IX-2012; absurdo y arbitrariedad por prescindencia de la cosa juzgada, violación del principio de congruencia y deficiente valoración probatoria; violación de la seguridad jurídica, de la sana crítica racional emergente del art. 384 del digesto adjetivo y del principio de razonabilidad. Hace -asimismo- reserva del caso federal (fs. 182/201).

Aduce, en síntesis, que habiendo sido definitivamente juzgada en los citados autos "Agostino" la responsabilidad del doctor Naveyra, incurrió la Cámara en las mencionadas infracciones al someter dicha responsabilidad a un nuevo escrutinio, liberando al galeno de su deber de contribución (fs. 186/200).

IV. El recurso ha de prosperar con el alcance que expondré a continuación.

1) Liminarmente, cabe deslindar la responsabilidad del municipio y médico tratante frente a los reclamantes en la causa "Agostino" de lo concerniente a la repetición aquí ventilada, derivada de la relación "interna" entre los obligados concurrentemente a solventar aquella reparación.

El mero abordaje axiológico acometido por la Cámara del accionar que incumbiera tanto a Naveyra como al municipio no importa, por sí solo, infracción a la cosa juzgada y garantía de propiedad, pues tal valoración devino ineludible a efectos de dirimir la procedencia y alcance de la pretensión de reembolso. En efecto, en el proceso antecedente no quedó expresamente determinado el grado o porcentaje de concurrencia de las responsabilidades de cada uno de los condenados, por lo cual el tribunal se vio en la necesidad de sopesar dicho reparto en orden a fallar si correspondía hacer lugar -o no, y en qué medida- a la repetición pretendida en el sub examine.

2) Con todo, ello no implica que en el desarrollo de tal tarea la Cámara se encuentre habilitada para desconocer las circunstancias que fueron tenidas por comprobadas en el fallo dictado en la causa "Agostino", aspecto sobre el cual sí asiste razón -aunque de modo parcial- a la ahora impugnante. Me explico.

a. En su pieza recursiva, la actora denuncia la violación del art. 1123 del Código Civil la cual -según expresa- deriva de su "inaplicación" a los antecedentes de hecho de la presente causa (v. fs. 187 y ss.).

Afirma, en este sentido, que "en caso de abonarse el daño causado por el dependiente", dicho precepto habilita a "repetir de él si dicho daño fue causado por su culpa o negligencia", situación que estima acreditada en autos en orden a la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada en el juicio de daños impetrado por los progenitores de la víctima donde se condenó al médico Naveyra concurrentemente con su parte, al reputar que el citado profesional incurrió en "omisiones graves".

b. En la mentada causa fue juzgada la responsabilidad del doctor Naveyra, aspecto que no es dable desconocer en este proceso donde -no obstante- sí cabe examinar su conducta al solo efecto de deslindar el grado de participación que le cupo al nombrado.

Ahora bien, esta última tarea emprendida por el tribunal a quo lo llevó a concluir que el obrar omisivo de Naveyra no configuró una culpa grave o dolo, recaudos a los cuales supeditó el progreso de la acción de repetición contemplada en el art. 1123 del ordenamiento civil por entonces vigentes. El quejoso no cuestiona ante esta instancia este estándar agravado al que la Cámara condicionó la procedencia del reembolso. Empero, y aquí lleva razón, apuntala su crítica en la forma y alcance de la revisión de la conducta de Naveyra efectuada por la alzada que la condujo a desconocer la causalidad de su accionar en el resultado dañoso y la existencia y gravedad de las omisiones del nombrado que ya habían sido fijadas en el proceso de daños previo. Veamos.

De un lado, acierta el recurrente cuando señala que las fallas o déficit prestacional del doctor Naveyra no pueden, en este proceso, calificarse de "eventuales" como reiteradamente expresa la alzada. Es que ha pasado en autoridad de cosa juzgada la sentencia que tuvo por reconocida su configuración por considerar que el mentado profesional "en la ocasión médico de guardia [...] asumía el compromiso de asistencia y seguridad", por lo cual "le era exigible la mayor diligencia y previsión (art. 512 del cód. Civil); y si llegado el momento luego en un lapso más que prudencial (desde el ingreso de la madre al hospital hasta el nacimiento transcurrieron 25 hs. y 50 m- pericia fs. 539) vio necesario (como lo era efectivamente, pericia de fs. 635 vta. fs. 636 vta.) que se efectuara a la madre una operación cesárea, aún en las condiciones conflictivas en que se encontraba el hospital, debió al menos prever e intentar superarlas para lograr tal objetivo; y en su defecto desplegar algún tipo de actividad para trasladar la paciente a otro centro de salud (pericia fs. 637 vta.). Sin embargo solo dejó transcurrir las horas; y ni aún informó a la paciente y sus familiares de la situación (absolución de posiciones fs. 620), para que obrara en consecuencia" (v. fs. 919/920 de la causa "Agostino").

Del otro, se advierte que también en aquél proceso se calificó de "graves" a las omisiones en las que incurriera el doctor Naveyra (v. fs. 919 vta. de la causa "Agostino"), reputándoselas además causalmente vinculadas con el resultado dañoso, presupuesto este último sin el cual no hubiera prosperado la acción incoada en su contra. Más aún, en la sentencia dictada por esta Suprema Corte se remarcó, además, que el riesgo materno invocado por el médico de realizar la cesárea en las condiciones deficientes del servicio con motivo del conflicto laboral, no fue corroborado por la prueba producida (v. fs. 979 de la citada causa). Más aún, la propia Cámara admite que en aquella decisión se entendió que "el profesional había incurrido en omisiones graves, ya que estuvo enterado desde un comienzo del ingreso de la señora Vázquez al Hospital y advirtió la necesidad de realizar una césarea, pero aún así, y pese a las condiciones conflictivas en que se encontraba el hospital, no intentó superarlas las dificultades, dejando que las horas transcurrieran, ni tampoco informó a la paciente y sus familiares de la situación para que obraran en consecuencia" (v. fs. 175 vta.).

No altera lo expuesto el referido cambio de composición del Tribunal de alzada o las disquisiciones que este órgano -con nueva composición- ahora efectúa y que dejan entrever que -a su juicio- no habría relación de causalidad entre las eventuales faltas de Naveyra y el perjuicio. Ello -insisto- por cuanto en el expediente "Agostino" ya fue juzgada su responsabilidad, siendo que en lo que atañe a Naveyra se concluyó que había incurrido en omisiones graves vinculadas, claro está, causalmente con el resultado dañoso, por lo que no es dable -más allá del parecer que sobre el punto pudieran tener los ahora integrantes de la Cámara de Azul- volver sobre tales cuestiones sin infracción a la cosa juzgada.

En adición, contrariamente a lo señalado por el tribunal a quo, no se trata aquí de juzgar severamente al profesional que se encontró ante el dilema de adherir al paro y dejar de prestar un servicio público esencial o no adherir a la huelga debiendo prestar aquel servicio en circunstancias sumamente desfavorables. Tal circunstancia que habrá de ser meritada al momento de deslindar el porcentaje de responsabilidad entre los obligados concurrentes, no autoriza a desoír que, en la especie, la condena al nombrado se sustentó en que, ante el conflicto suscitado y grave situación y riesgo que atravesaba la señora Vázquez, dejó transcurrir más de un día sin arbitrar medio alguno para su traslado -ante la no realización de una cesárea que el mismo estimó necesaria y urgente- o de anoticiar a la paciente y familiares para que pudieran actuar en consecuencia, omisiones que -reitero- fueron tachadas de "graves" en orden a los riesgos que el propio profesional advirtió.

Sin embargo, el acogimiento de la acción incoada no habrá de tener el alcance pretendido por el municipio.

Ateniéndonos a lo decidido en el proceso invocado por la Municipalidad en apoyo de su recurso, tampoco es dable ignorar la contribución causal preponderante -aunque no única- que resulta imputable a la comuna. Las cuestiones en derredor del conflicto gremial que llevaron a una inadecuada e insuficiente prestación del servicio de salud resultan circunstancias propias del nosocomio y ajenas al galeno, no habiendo la ahora accionante garantizado el referido servicio en condiciones cuanto menos mínimas pero suficientes.

En aquella decisión, se tuvo por demostrado que -más allá de las graves omisiones imputadas al doctor Naveyra (v. fs. 919/920 de la causa "Agostino")- dicho profesional dispuso la realización de una cesárea, la cual no pudo ser llevada a cabo "por los conflictos irresueltos con el personal del hospital municipal" que habían llevado al "desmantelamiento" de los servicios impidiendo su realización. Más puntualmente, se destacó la inexistencia de ginecólogo u obstetra de servicio (v. fs. 977 y vta. de la cit. causa).

En suma, la responsabilidad de la Municipalidad de Tandil también fue -según los términos empleados por el propio recurrente- "establecida, fijada y pasada en autoridad de cosa juzgada" en aspectos que, a tenor del contenido de aquel pronunciamiento, no se fundó exclusivamente en el obrar culposo principal y directo del médico de guardia, sino en el desmantelamiento del servicio en sí mismo que dispensaba el hospital municipal.

d. Consecuentemente, ponderando las circunstancias que rodearan el hecho dañoso y conductas puntuales endilgadas a cada uno de los obligados concurrentemente, considero prudente distribuir la responsabilidad entre aquéllos en un 90% al municipio y el restante 10% al médico Naveyra, porcentaje este último por el que habrá de prosperar la acción de reembolso incoada en el sub lite (art. 1123 su doc. del C.C.).

V. Si lo que expongo es compartido, corresponde revocar la decisión atacada haciendo parcialmente lugar a la pretensión de cobro y condenando al médico demandado al reembolso del 10% de las sumas que el municipio debió abonar en cumplimiento de la sentencia dictada en la causa "Agostino, Oscar Alberto y otra contra Municipalidad de Tandil y otro. Daños y perjuicios", con más los intereses desde las fechas en que fueran realizados cada uno de los pagos, los que se calcularán conforme la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa, desde la fecha del hecho dañoso hasta el día de su efectivo pago (arts. 622 y 623, C.C.; 7 y 768, inc. "c", C.C.C.; conf. doctrina causa C. 119.176, sent. del 15-VI-2016, in re "Cabrera").

Las costas de todas las instancias se imponen al accionado vencido (art. 68, 289 del C.P.C.C.). Ello por cuanto el principio sentado en el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial que establece la imposición de costas al vencido tiende a lograr el resarcimiento de los gastos de justicia en que debió incurrir quien se vio forzado a acudir al órgano jurisdiccional en procura de la satisfacción de su derecho. De ahí que, en supuestos como el sub examine, la circunstancia de que la demanda no prospere en su totalidad no quita al demandado la calidad de vencido a los efectos de las costas, pues la admisión parcial de la demanda no resta relevancia a la necesidad de litigar a la que se vio sometido el accionante. Para más, vale reparar en que la distribución que aquí se postula trae aparejada una disminución del monto de la condena que debe satisfacer el demandado. Con ello se reduce correlativamente el parámetro sobre el que habrán de fijarse los honorarios -el que, en principio, debe determinarse por el monto al que ascienda la condena (art. 23 su doct. del decreto ley 8904)- por lo que el condenado no sufre mayor perjuicio que el que surge de la parte de responsabilidad que, en definitiva, se le ha imputado. Idéntica imposición de costas habrá de aplicarse a las instancias recursivas atento que el mentado criterio se ha replicado en el caso particular (conf. doct. causas C. 89.530, sent. del 25-II-2009; C. 99.149, sent. del 2-III-2011; C. 106.293, sent. del 22-X-2014).

Con tal alcance, voto por la afirmativa.

El señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

Adhiero al voto del doctor Soria, a excepción de lo expuesto en relación a la imposición de las costas de todas las instancias pues considero que, dadas las particularidades del caso, corresponde distribuir las mismas en un 90% a cargo de la accionante y en un 10% a cargo del accionado (conf. art. 71, C.P.C.C.).

Voto por la afirmativa.

El señor Juez doctor de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votó también por la afirmativa.

Los señores jueces doctores Kogan y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

SENTENCIA

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, se revoca la decisión impugnada y se hace lugar parcialmente a la pretensión de cobro, debiendo el demandado reembolsar a la Municipalidad de Tandil el 10% de las sumas abonadas en cumplimiento de la sentencia dictada en la causa "Agostino, Oscar Alberto y otra contra Municipalidad de Tandil y otro. Daños y perjuicios", con más los intereses establecidos en el capítulo V del primer sufragio.

Las costas de todas las instancias, por mayoría, se imponen al demandado (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).

Notifíquese y devuélvase. 

 

025063E