Amparo De Salud Defensa En Juicio Obesidad Morbida Operacion Quirurgica Cirugia Bariatrica Empresa De Medicina Prepaga

JURISPRUDENCIA

Amparo de salud. Defensa en juicio. Obesidad mórbida. Operación quirúrgica. Cirugía bariátrica. Empresa de medicina prepaga

 

Se confirma la resolución que ordenó cautelarmente a una empresa de medicina prepaga que disponga la derivación de una paciente de alto riesgo a un centro médico con especialización en obesidad mórbida, a los efectos de la eventual y oportuna intervención quirúrgica relacionada (cirugía bariátrica), con fundamento en el informe médico en el que se dejó constancia de que dado el sobrepeso de la actora y sus antecedentes clínicos, resultaba aconsejable que esta sea sometida a tratamiento médico de adelgazamiento con control estricto en internación.

 

 

Buenos Aires, diciembre 29 de 2017.-

AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:

I.- La codemandada Omint S.A. de Servicios interpuso a fs. 55/62 recurso de apelación contra la resolución dictada a fs. 30/32 por la que el señor juez a quo hizo lugar a la pretensión cautelar deducida en autos y, en consecuencia, en lo que aquí interesa, le ordenó que disponga la derivación de la actora a un “centro médico con especialización en obesidad mórbida, momento hasta el cual deberá mantener la prestación e internación de aquella por ante [...la Clínica Basterrica S.A....], todo a los efectos de la eventual y oportuna intervención quirúrgica relacionada (cirugía bariátrica)”. El recurso se fundó en el mismo escrito de su interposición y fue contestado a fs. 68/71.

II.- Lo que en resumidas cuentas señala la apelante es que la medida cautelar dispuesta en la instancia de grado no reúne los requisitos que justifican su procedencia y que por ello debe disponerse su revocación. También destaca que la decisión recurrida es nula por carecer de fundamentación que la sustente, omisión ésta que a criterio de esta parte impide otorgarle validez; y asimismo que es violatoria de su derecho de defensa dado que su parte no fue oída antes de su dictado, vulnerándose así el derecho de igualdad.

Respecto de estas últimas críticas no hacen falta demasiadas consideraciones para concluir en su manifiesta improcedencia. Por cierto que no es cuestión de extenderse sobre la importancia de la debida fundamentación de la decisión judicial, aspecto éste que en la actualidad ha sido elevado a la condición de exigencia legal (arts. 163, incs. 4 y 5 del Código Procesal y 3 del Código Civil y Comercial). Basta con destacar que su adecuado cumplimiento no solo habilita el control de la sujeción de la sentencia al derecho aplicable sino que además posibilita el ejercicio del derecho de defensa de las partes (art. 18 de la Constitución Nacional), dado que éstas estarán en condiciones de aceptar o discrepar con los motivos que tuvo en cuenta el juez a fin de decidir en la forma que lo hizo, y eventualmente rebatirlos.

La cuestión, entonces, no pasa por desatender tal trascendente deber sino por destacar que, contrariamente a lo postulado por la recurrente, el colega de la instancia de grado ha cumplido razonablemente con esta exigencia, explicando las razones por los que a su entender la medida cautelar debía ser admitida. La lectura atenta de la resolución en crisis, en especial de lo apuntado en el apartado 3 de fs. 31 vta./32, donde hizo mención al cuadro médico y la patología que presenta la actora conforme se desprende de las constancias documentales que mencionó, y la necesidad de actuar de manera inmediata habida cuenta el riesgo actual de vida que se deriva de tal situación, descartan la alegada tacha de arbitrariedad de la decisión apelada.

En cuanto a lo que se dice respecto de la falta de bilateralización de la pretensión cautelar, cabe señalar que tal afectación, de existir, ha quedado subsanada con la actuación cumplida a raíz de la interposición del recurso de apelación que aquí se trata, lo que ha brindado a la interesada la oportunidad para expedirse ampliamente sobre el asunto y de expresar los motivos por los que a su juicio la decisión cuestionada debía ser dejada sin efecto.

Pasando al estudio de la fundabilidad de la cautelar, debe destacarse que no se ha controvertido que la actora y la apelante se encuentran ligadas por una relación contractual de prestación de servicios asistenciales de salud -medicina prepaga-, ni que aquella padece de obesidad mórbida con insuficiencia respiratoria crónica.

En estos términos resulta insuficiente que la recurrente refiera que no ha negado la cobertura reclamada o que la amparista se encontraría en condiciones de realizar el tratamiento de rehabilitación en su domicilio y sin necesidad de internación (fs. 61), pues sin perjuicio de lo que pueda resolverse en oportunidad de dictar la sentencia definitiva, es decir una vez producida la prueba que ofrezcan las partes, tales afirmaciones no solo carecen de respaldo en los escasos elementos que se cuentan sino que además contradicen el informe médico agregado a fs. 38 en el que se dejó constancia que dado el sobrepeso de la actora y sus antecedentes clínicos, resulta aconsejable que ésta sea sometida “a tratamiento médico de adelgazamiento con control estricto en internación, para que, con posterioridad, se evalúe tratamiento para cirugía bariátrica, en el caso que se considere conveniente” (el énfasis es agregado).

En este sentido y para despejar cualquier duda que pudiere suscitarse acerca de la necesidad de la internación, cabe reproducir otro pasaje de dicho informe: “[e]l consejo médico recomendado en el caso sería control exhaustivo durante la pérdida de peso en internación ante los posibles efectos adversos graves que podría presentar, como alternaciones en el medio interno, cetosis, disminución del potasio con arritmias, entre otros, por lo cual, a mi criterio, este tratamiento de adelgazamiento debe bajo control médico estricto y en internación en clínica especializada” (sic, fs. 38 y vta.; el énfasis es agregado).

Lo expuesto demuestra que las críticas deducidas, al menos en lo que a la verosimilitud del derecho refiere, resultan inaudibles, e igual solución se impone con relación a las que se relacionan con el peligro en la demora. En este aspecto resulta difícil comprender la razonabilidad de tales agravios, máxime si se advierte que la actora es una paciente de “alto riesgo”, según así resulta de las constancias acompañadas, por lo que resulta imperioso no dilatar los tratamientos que exige su delicada salud.

El recurso de apelación será, pues, desestimado y las costas de alzada impuestas a la vencida dado que no se advierten razones para apartarse del principio objetivo de la derrota (arts. 68 y 69 del Código Procesal).

III.- En consecuencia, por lo hasta aquí apuntado y el limitado marco recursivo que se plantea en los agravios, SE RESUELVE: Desestimar el recurso de apelación interpuesto a fs. 55/62, confirmar la resolución dictada a fs. 30/32 e imponer las costas de alzada a la codemandada Omint S.A. de Servicios. Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Se deja constancia de que la Vocalía nº 26 se encuentra vacante.

Se hace constar asimismo que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de Información Judicial a los fines previstos por las Acordadas 15/13 y 24/13 de la C.S.J.N.

 

Fdo.: Dras. Castro-Guisado. Es copia de fs.78/9.

 

Fecha de firma: 29/12/2017

Firmado por: PATRICIA E CASTRO - PAOLA M. GUISADO,

 

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B., M. G. c/OSPE s/amparo - Cám. Fed. La Plata - SALA II - 14/05/2015 - Cita digital IUSJU001198E

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