Asociaciones Sindicales Entidad Sindical Fallida Cancelacion De La Personeria Gremial

JURISPRUDENCIA

Asociaciones sindicales. Entidad sindical fallida. Cancelación de la personería gremial

 

Se dispone la cancelación de la personería gremial y de la inscripción gremial de la entidad fallida, ordenándose que el Ministerio de Producción y Trabajo tramite lo necesario para proveer los medios para normalizar la representación gremial de los trabajadores portuarios argentinos, Puerto Capital y Dock Sud, en los términos del artículo 23, inciso b), de la ley 23551. Para así decidir, se entendió que el ente fallido ha conservado el ejercicio de su personería gremial al no haber solicitado a la Autoridad de Aplicación oportunamente, como debiera haberlo hecho, la cancelación judicial (MT, art. 56 de la L. 23551) y, en función de ello, mantiene aún hoy -20 años después de haber sido decretada su quiebra- la percepción y administración de los aportes sindicales de sus afiliados so color del “cumplimiento” de un supuesto mandato vinculado a la forma de su institución. Por otra parte, recordaron que la ley 23551 contempla que en casos de pérdida de la personería gremial -su suspensión o retiro- la representación judicial puede pasar a otra asociación inscripta en la misma actividad o categoría, pues hasta la asociación simplemente inscripta está habilitada legalmente para representar los intereses colectivos cuando no hubiere en la misma actividad o categoría asociación con personería gremial [art. 23, inc. b), L. 23551] y en tanto una nueva entidad sindical no obtenga la personería gremial. En este marco, una entidad sindical individualmente considerada es una persona jurídica privada sustituible por otra entidad sindical, revestida de esa calidad legal y destinada a cumplir sus mismos fines de defensa y salvaguarda de los intereses de los trabajadores, dentro del marco y con las garantías de la ley.

 

 

Buenos Aires, 28 de Noviembre de 2018.-

Y VISTOS:

1.) Apeló la fallida Sindicato Unidos Portuarios Argentinos, Puerto Capital y Dock Sud (S.U.P.A) la decisión de fs. 3464/3465 que rechazó el pedido del cese de la inhabilitación dispuesta en autos. El juzgador sostuvo allí que el art. 237 LCQ establece que la inhabilitación de las personas jurídicas es definitiva, salvo los supuestos de excepción allí establecidos.-

El a quo consideró que el planteo de la aquí recurrente no podía prosperar pues, no se había materializado el supuesto conclusivo previsto por la normativa concursal. Asimismo, destacó que en los autos " Sindicato Unidos Portuarios Argentinos s. quiebra s inc. de subasta de bienes" (Expte Nro. 33703/2001) se estaban realizando actos relativos a la realización de nuevos activos falenciales.-

Los fundamentos del recurso obran desarrollados a fs. 3466/3475 y fueron contestados por la sindicatura a fs.3493, quien dio su conformidad a lo pretendido por la recurrente.-

La Sra. Fiscal General se expidió en el sentido que luce a fs. 3498/ 3501, proponiendo una resolución que se adecue a los intereses en juego y que permita al ente sindical el ejercicio efectivo de derechos de contenido no patrimonial -ajenos al desapoderamiento- que no pueden ser ejercitados por el funcionario concursal, sosteniendo en esa línea que la inhabilitación definitiva se alzaría como una decisión disvaliosa.-

2.) La recurrente sostuvo que ejerce plenamente la personería gremial con miras al desarrollo de su objeto, esto es, la defensa de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores que representa conforme el ámbito personal y territorial de su personería.

Indicó que resulta ser una persona jurídica existente conforme lo reconoció la Sala X de la Excma Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo contando, además con el derecho de percibir los aportes de sus afiliados posteriores a la quiebra.-

Manifestó que la resolución apelada violentaba su derecho para ejercer sus obligaciones legales en la esfera gremial.-

3.) Breves reseñas de circunstancias antecedentes del expediente que hacen al asunto.-

De una revisión de estas actuaciones resulta que:

i) El 15.4.98, la ex concursada denunció la imposibilidad de contar con las mayorías previstas por la ley concursal (véase fs. 176), en consecuencia el 30.4.98 se decretó la quiebra de Sindicato Unidos Portuarios Argentinos Puerto Capital Federal y Dock Sud (S.U.P.A) -ver fs. 178/181-. El tribunal dispuso entonces las medidas de conservación del activo falencial y, entre ellos, se intimó a la fallida para que pusiera a disposición de la sindicatura los libros de comercio y demás documentación relacionada con su contabilidad. También se decretó la consecuente inhabilitación para operar en el sistema financiero comunicada al BCRA y, se ordenó que esa autoridad de control hiciera conocer a las entidades bancarias y financieras sometidas a su contralor la indisponibilidad de los fondos que pudieran existir a favor del fallido (lo que incluyó, también, los aportes de sus afiliados: ver fs. 178, ptos 3, 4 y 5).-

ii) A resultas del decreto falencial del citado sindicato, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social llevó adelante las actuaciones administrativas T.I N° 492.473/99. En ese marco, tuvo lugar la Resolución 732/99, donde el Servicio Jurídico de esa Cartera de Estado sostuvo que correspondía la inhabilitación definitiva como sujeto de derecho del sindicato pues, al haber perdido su personería jurídica por la declaración de quiebra, ello acarreaba para la asociación gremial la automática cancelación de su inscripción en el registro de entidades sindicales, previsto en el art. 21 de la Ley N° 23.551.

En función de todo ello, el Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Social -autoridad de aplicación de la ley 23.551- dispuso, con fecha 21.10.99 -ver 21.10.99- tener por cancelada la inscripción gremial del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos, Puerto Federal y Dock Sud (S.U.P.A), como consecuencia de la mentada quiebra decretada por el Juzgado del Fuero N°7, Secretaría N° 13 (véase ese instrumento copiado a fs.1573/ 1.577).-

iii) Frente a ello, la fallida interpuso recurso contra la mentada Resolución administrativa Nro 732/99 ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y Seguridad Social, Sala X, la cual con fecha 30.09.01 sostuvo que el Ministerio de Trabajo “...debía promover la acción judicial que, expresamente, prevén los arts. 56 inc. 3 y 62 ley 23.551, si entendía que cabía despojar de su personería gremial al sindicato fallido y no extinguirla por sí y ante sí (más allá de la razonabilidad o no de las motivaciones propuestas en la resolución), considerando por ello incompetente al órgano administrativo para pronunciarse como lo hizo y, en ese orden decidió la invalidez de lo resuelto en sede administrativa invocando lo dispuesto en los arts. 7, inc. a) y 14 inc.b) ley 19.549. Así las cosas, se dejó sin efecto la resolución ministerial que cancelaba la personería gremial del sindicato quebrado (ver instrumento copiado a fs. 1.568/1569).-

iv) Debe reparase en que esa decisión por su contenido jurídico, solo decidió sobre la incompetencia administrativa para decidir el cese de la personería gremial en esa sede, reivindicando la competencia judicial para decidir en este aspecto, sin resolver nada sobre el fondo del asunto y sin pronunciarse ni objetar acerca de la pertinencia del cese de la personería como consecuencia jurídica de la quiebra.-

Seguidamente, el sindicato solicitó, arguyendo el “recupero de su personería gremial” la liberación y entrega de los fondos depositados en autos en concepto de aportes sindicales y de los que ingresaran en el futuro por ese concepto (cuotas sindicales, ver fs. 1656) y el magistrado concursal, por aquel entonces, con fecha 17.5.2002, sostuvo que la resolución dictada por la Alzada laboral no devolvía al fallido la posibilidad de vulnerar lo específicamente previsto por la LCQ (léase las restricciones, por ejemplo, de los arts. 106 y 107 LCQ) y, desestimó el pedido de liberación de fondos (ver fs. 1735/36). Recurrida la resolución por ante esta Sede, el Ministerio Público dictaminó, con fecha 09.9.02 (ver fs. 1813), que la resolución del Tribunal laboral que restituyó la personería gremial del fallido no podía invocarse para privar a la quiebra de sus efectos. Señaló además que uno de esos efectos, consistía en el desapoderamiento de los bienes existentes a la fecha de la declaración de falencia y de los que se adquiera hasta la rehabilitación (art. 107 LCQ).-

La Sala “A” por entonces interviniente con una composición diferente a la de sus actuales jueces, con fecha 17.9.02 y a fs. 1.814, hizo mérito de la resolución de la Cámara de Apelaciones del Trabajo referida supra, que había revocado la resolución administrativa que cancelaba la personería gremial, ciñendo el examen del tema “únicamente con relación a los ingresos de los aportes de los afiliados con posterioridad a la declaración de quiebra”. Sostuvo que habida cuenta de que tales aportes tendrían como única finalidad el cumplimiento del destino determinado por el art. 4 de la ley 23.551 “...el pago de los mismos luego del decreto de quiebra aparecería como un pago incausado y susceptible de ser devueltos dichos fondos a quienes lo efectivizaron. Pero (que) en el sub lite, una sentencia dictada por un Tribunal, cuya validez no puede (podía) ser puesta en tela de juicio determinó que el sindicato recobrara su personería. Luego, siendo que la intención de los aportantes es sin lugar a dudas lograr el funcionamiento de su sindicato, corresponde acceder al pedido formulado”. Por lo que se revocó el fallo de primera instancia.-

Devuelta la causa a primera instancia, con fundamento en la escueta resolución de alzada -emitida con otra composición, se reitera- el sindicato, con la conformidad de la sindicatura, -ver fs. 1866- solicitó que se le restituyeran los fondos ingresados por cuotas sindicales con posterioridad al decreto de falencia (30.4.98). En ese marco, el juez a quo ordenó a fs. 1871 el libramiento de un oficio al Banco de la Ciudad de Buenos Aires -sucursal Tribunales- para que procediera a desafectar inmediatamente y con pérdida de intereses la totalidad de los importes depositados por tal concepto, que ascendieron aproximadamente a $ 560.000 al 21.10.02 (ver fs. 1866 y fs. 1870). Asimismo, el a quo, a petición de la fallida ya había dejado anteriormente, sin efecto, la interdicción de los aportes por cuotas sindicales ordenando a las empresas de servicios portuarios “Terminales Portuarios Argentinas S.A”, “Terminales del Río de la Plata S.A y N. S.C S.A”, que las retenciones realizadas sobre los haberes por los conceptos indicados debían entregarse directamente a la entidad gremial (ver fs. 1842).-

4.) Intervención de esta Sala “A” en su actual composición.-

Se deja establecido que desde los antecedentes relatados esta Sala “A” en su actual composición sólo intervino en estos obrados, con fecha 19.12.16, para determinar los estipendios de los profesionales intervinientes en este proceso universal (ver fs.3223/3224), sin haber adoptado hasta el momento decisión alguna sobre otra cuestión que no fuera ésa.-

5.) La solución del caso. Cese de la inhabilitación de la Asociación Gremial Fallida.-

5.1. El art. 237 LCQ establece que "La inhabilitación de las personas jurídicas es definitiva, salvo que medie conversión en los términos del art. 90 admitida por el juez, o conclusión de la quiebra".-

Recuérdase que, como principio, las personas se disuelven por el hecho de la quiebra (art. 94 inc.6 LGS) y que ello solo queda sin efecto si se concluye la quiebra por avenimiento o pago total y/o se dispusiera la conversión en concurso preventivo (art. 90 LCQ), y desde luego, si prosperase algún recurso que deje sin efecto la falencia (art. 237 LCQ). Pues bien, ninguno de esos extremos se verifica en el caso.

Es claro pues que en el marco de la ley de Concursos y Quiebras, en principio, y respecto de las personas jurídicas, la inhabilitación es definitiva y no estando prevista la rehabilitación para este tipo de sujetos (arts 235, 237 y cctes LCQ). A lo sumo cesará la quiebra y con ella sus efectos. Tampoco se permite, por ende, la reducción del tiempo de la inhabilitación y su prórroga (cfr. Rivera, Roitman, Vítolo “Ley de Concursos y Quiebras” T.IV, pág 468 y ss.; Junyent Bas y Molina Sandoval “Ley de Concursos y Quiebras” T. II, pág.551 y ss.).-

Sentado lo anterior, señálase que el Ministerio Público Fiscal a fs. 3498/3501, después de considerar la naturaleza de la fallida, esto es, que se trata de una asociación con personería gremial sostuvo que ante la inhabilitación definitiva “debería hacerse una excepción al principio contenido en el art. 237 LCQ” ante la existencia de circunstancias de interés superior. Desde tal perspectiva, se señaló que la fallida se encontraba percibiendo y administrando los aportes (conforme lo ordenado por esta Sala el 17.9.2002, ver fs. 1814) efectuados por sus afiliados con posterioridad a la quiebra.

La Sra. Agente Fiscal concluyó en el sentido de considerar disvaliosa la inhabilitación definitiva en el caso, efectuando un particular “análisis sistemático y razonado” de los preceptos involucrados para solicitar de este Tribunal, en definitiva, una solución que mejor se adecue a los intereses en juego y que permita al ente sindical el ejercicio efectivo de derechos de contenido no patrimonial -ajenos al desapoderamiento - que no pueden ser ejercitados por el funcionario de la quiebra que no explicita (véase fs. 3.498/3.501). Esta postura, vale señalarlo, se aleja de la adoptada por esa misma Fiscalía de Cámara con anterioridad, a fs. 1813, la cual, en ese tiempo, opinó que debía confirmarse la providencia de fs. 1735/1736 que desestimó el pedido formulado por la fallida tendiente a que se le entregaran los fondos depositados -provenientes de los aportes de sus afiliados con posterioridad a la declaración de quiebra-, sosteniendo que “...que la fallida no podía invocar la resolución de la Cámara del Trabajo -que restituyó su personería gremial- ... para privar a la quiebra de sus efectos”. También se dijo que “uno de esos efectos, consiste en el desapoderamiento de los bienes existentes a la fecha de la declaración de falencia y los que se adquieran hasta la rehabilitación” y que “...ello surge del texto del art. 107 LCQ que es claro y categórico y que no permite que se recurra a la interpretación poco ortodoxa que postula la quejosa...”. Asimismo, se resaltó, a mayor abundamiento, que el art. 237 de la ley 24.522 prescribe que...”la inhabilitación de las personas jurídicas es definitiva, salvo que medie conversión en los términos del art. 90 o conclusión de la quiebra...”y que “... no encontrándose configuradas esas circunstancias de excepción ni habiéndose dispuesto la continuación de las actividades en los términos del art. 189 y sigtes de la ley concursal”, “...la decisión de grado se ajustaba a derecho y a las constancias obrantes en autos”.

5.2. En ese marco, señálase, que el hecho de que el Tribunal de Alzada laboral restituyera la personería gremial del sindicato fallido al sostener la incompetencia del Ministerio de Trabajo para proceder por sí a cancelar la personería gremial -sin haber promovido una acción judicial expresa- no puede, tal como lo sostuvo, el Ministerio Público a fs. 1813, privar a la quiebra de sus efectos. Siendo uno de esos efectos, se reitera, el desapoderamiento de los bienes existentes a la fecha de la declaración de falencia y de los que se adquieran hasta la rehabilitación lo cual impide el ejercicio de actos de disposición y administración (art. 107 LCQ). En todo caso, así debió arbitrarse, en su momento, sin perjuicio de proveer los medios para garantizar el cabal y libre ejercicio de los derechos sindicales de los trabajadores involucrados.-

Ahora bien, en la particular situación descripta de autos es claro, que cabe a esta Sala ordenar el procedimiento, máxime, dadas las peticiones del Ministerio Público, mas dentro del insoslayable marco legal de aplicación.

Es claro que la Cámara del Trabajo, en su momento, dejó sin efecto la cancelación de la personería gremial del sindicato fallido decretada por el Ministerio de Trabajo por sí -como consecuencia de la declaración de quiebra- mas, se reitera ello ocurrió, con fundamento en la circunstancia de no haberse promovido la formal petición judicial incumpliendo con las previsiones de los arts. 56 inc.3 y 62 de la ley 23.551 (ver fs. 1568/1569).

Es evidente que los extremos reseñados han generado, ciertamente, una situación híbrida y harto delicada en el sub lite, máxime, por su prolongación en el tiempo. Pues bien, cabe dejar establecido, liminarmente, que un ente privado aunque con fines de interés colectivo, por definición, desapoderado de pleno derecho de sus bienes y disuelto de pleno derecho en los términos del art. 94 inc.6, LGS, no puede subsistir como asociación sindical con personería jurídica y tampoco, como simple asociación sindical. En la especie, sin embargo, en los hechos, el ente fallido ha conservado el ejercicio de su personería gremial al no haber solicitado la autoridad de aplicación (Ministerio de Trabajo, art. 56 de la ley 23.551) oportunamente, como debiera haberlo hecho, la cancelación judicial y en función de ello, mantiene aún hoy -20 años después de haber sido decretada su quiebra- la percepción y administración de los aportes sindicales de sus afiliados (ver fs. 1814) so color del “cumplimiento” de un supuesto mandato vinculado a la forma de su institución.-

Ello conduce a que los aportes de los afiliados, que pertenecen, en definitiva, a quienes los efectivizaron, resulten, desde hace años, administrados por un sindicato en quiebra con administradores, en principio, inhabilitados, que debieron cesar en sus funciones y/o por sus eventuales reemplazantes y, en todo caso, sin un debido control judicial, ni rendición de cuentas. Remárcase, que en este contexto es artificioso aludir, a una imposibilidad de privar a la entidad sindical del efectivo ejercicio de “derechos extrapatrimoniales no desapoderables” pues, es claro, que la administración de las cuotas sindicales aportadas por terceros implican derechos de claro contenido patrimonial y que, el ejercicio de los derechos y deberes sindicales, extra patrimoniales, pueden y deben ser tutelados por las vías legales previstas expresamente para casos como el que nos ocupa que, en ningún supuesto conducen, en el marco de un debido análisis sistemático e integrado de las normas de aplicación, a abrogar las disposiciones de la ley concursal.-

En efecto, se trata en la especie de resguardar, en definitiva, por las vías legales tanto derechos patrimoniales de terceros como de preservar el ejercicio de los derechos y deberes sindicales que no son de contenido patrimonial (vgr, art. 31 y cctes de la ley 23.551).

La ley 23.551 contempla que en casos de pérdida de la personería gremial - su suspensión o retiro- la representación judicial puede pasar a otra asociación inscripta en la misma actividad o categoría pues hasta la asociación simplemente inscripta está habilitada legalmente para representar los intereses colectivos cuando no hubiere en la misma actividad o categoría asociación con personería gremial (art. 23 inc b., ley 23.551) y en tanto una nueva entidad sindical no obtenga la personería gremial. En este marco una entidad sindical individualmente considerada, es una persona jurídica privada sustituible por otra entidad sindical, revestida de esa calidad legal y destinada a cumplir sus mismos fines de defensa y salvaguarda de los intereses de los trabajadores, dentro del marco y con las garantías de la ley.

Ello impone, la necesidad imperiosa de encauzar debidamente el proceso por los carriles que legalmente corresponden a fin de dotar de legalidad y transparencia a la gestión de los fondos administrados y a la representación de los intereses involucrados.-

A esta altura de los hechos y sobre la materia concursal en tratamiento, se reitera, esta Sala interviene, en su actual integración, por primera vez en un aspecto sustancial del trámite de esta quiebra y tiene el deber de ejercer las facultades de dirección del proceso que le atribuye el art. 274 LCQ, en protección de los intereses iuspublicísticos que inspiran la normativa concursal y en defensa de la masa falencial y, también, de los derechos colectivos e individuales de los trabajadores afiliados al sindicato fallido (cfr. art. 274 ley 24.5222 y arts 47 y cctes de ley 23.551).

Así las cosas, sin desconocer las resoluciones que se han dictado y que han dado marco al proceder del gremio, meritando las particulares circunstancias referenciadas hasta aquí, a lo largo de este pronunciamiento, la Sala estima necesario disponer concretas medidas de ordenamiento del trámite de esta quiebra para que el procedimiento se adecue a la condición propia de un sindicato en estado de falencia. Máxime, cuando desde esa entidad sigue disponiendo de las cuotas de sus afiliados, sin informar ni rendir cuentas de sus actos.

5.3 Como consecuencia de lo precedentemente dispuesto, este Tribunal debe insoslayablemente proveer lo conducente respecto de los derechos extrapatrimoniales y patrimoniales involucrados en el caso y, a ese fin:

a) Ordenar al juez a quo que disponga la cancelación de la personería gremial y de la inscripción gremial de la entidad fallida y le dé trámite por la forma y vía pertinente;

b) Disponer que el actual Ministerio de Producción y Trabajo, en su carácter de Autoridad de Aplicación, dentro de los noventa (90) días, tramite lo necesario a fin de proveer los medios para normalizar la representación gremial de los trabajadores Portuarios Argentinos, Puerto Capital y Dock Sud en los términos del art. 23 inc. b) de la ley 23.551, de modo de garantizar el cabal y libre ejercicio de los derechos sindicales de tales trabajadores;

c) Hallándose configurado el supuesto del art. 56 inc. 2 de la ley 23.551, disponer la intervención preventiva de la dirección y administración sindical de la fallida restringiendo el manejo de los fondos sindicales (art.57 de la ley 23.551) hasta que se normalice la representación gremial en los términos del art. 23 inc. b), ley 23.551;

d) Ordenar, de acuerdo a lo previsto en el punto c), que la Autoridad de aplicación proceda a proponer interventor dentro del quinto (5to) día, presentando los candidatos y sus antecedentes para su designación por el juez de la quiebra, disponiendo que se realice -al momento de asunción de sus funciones- un inventario y arqueo de caja del estado de cuentas, fijando las modalidades de su actuación posterior;

e) Disponer asimismo, que la Autoridad de aplicación procure por la forma y vía pertinente, en su caso, la rendición de cuentas de la gestión que pudiere corresponder con respecto a la gestión y administración de los fondos percibidos por la fallida a partir del momento en que los aportes por cuotas sindicales le fueron restituidos y hasta la intervención que también aquí se dispone;

f) Facultar al juez de la causa a ordenar el libramiento de todos los despachos y medidas de cumplimiento necesarios para el caso.-

6.) Por todo ello, oída la representación del Ministerio Público, esta Sala

RESUELVE:

i) Rechazar el recurso interpuesto y mantener la resolución apelada pero con el alcance expuesto en los considerandos anteriores;

ii) Ordenar al Sr. juez a quo que disponga la cancelación de la personería gremial y de la inscripción gremial de la entidad fallida y le dé trámite por la forma y vía pertinente;

iii) Disponer que el actual Ministerio de Producción y Trabajo, en su carácter de Autoridad de Aplicación, dentro de los noventa (90) días, tramite lo necesario a fin de proveer los medios para normalizar la representación gremial de los trabajadores Portuarios Argentinos, Puerto Capital y Dock Sud en los términos del art. 23 inc. b) de la ley 23.551, de modo que permita y garantice el cabal y libre ejercicio de los derechos sindicales de tales trabajadores;

iv) Hallándose configurado el supuesto del art. 56, inc. 2 de la ley 23.551, disponer la intervención preventiva de la dirección y administración sindical de la fallida restringiendo el manejo de los fondos sindicales (art.57 de la ley 23.551) hasta que se normalice la representación gremial en los términos del art. 23 inc. b), ley 23.551;

v) Ordenar, de acuerdo a lo previsto en el punto c), que la autoridad de aplicación proceda a proponer interventor dentro del quinto (5to) día, presentando los candidatos y sus antecedentes para su designación por el juez de la quiebra, disponiendo que se realice -al momento de asunción de sus funciones- un inventario y arqueo de caja del estado de cuentas, fijando las modalidades de su actuación posterior;

vi) Disponer asimismo, que la autoridad de aplicación procure por la forma y vía pertinente, en su caso, la rendición de cuentas de la gestión que pudiere corresponder, con respecto a la gestión y administración de los fondos percibidos por la fallida a partir del momento en que los aportes por cuotas sindicales le fueron restituidos y hasta la intervención que también aquí se dispone;

vii) Disponer que con la urgencia del caso el juez a quo ordene el libramiento de los despachos y medidas de implementación necesarias en el caso en su carácter de conductor del proceso (art. 274 LCQ).-

viii) Sin costas de Alzada por falta de contradictorio atento el responde de la sindicatura.

ix) Disponer que el Juez de Grado notifique de inmediato esta resolución al actual Ministerio de Producción y Trabajo como autoridad de aplicación de la ley 23.551, a sus efectos.

A fin de cumplir con la publicidad prevista por el art. 1 de la ley 25.856, según el Punto I.3 del Protocolo anexado a la Acordada 24/13 CSJN y con el objeto de implementar esa medida evitando obstaculizar la normal circulación de la causa, hágase saber a las partes que la publicidad de la sentencia dada en autos se efectuará, mediante la pertinente notificación al CIJ, una vez transcurridos treinta (30) días desde su dictado, plazo durante el cual razonablemente cabe presumir que las partes ya habrán sido notificadas. Notifíquese a la Sra. Fiscal General, oportunamente, devuélvase a primera instancia, encomendándose al Sr. juez a quo practicar las notificaciones del caso con copia de la presente resolución. Solo intervienen los firmantes por hallarse vacante el restante cargo de Juez de esta Sala (art. 109, Reglamento para la Justicia Nacional).-

 

MARÍA ELSA UZAL

ALFREDO A. KÖLLIKER FRERS

JORGE ARIEL CARDAMA

Prosecretario de Cámara

 

  Correlaciones:

Ley 23551 - BO: 22/04/1988

 

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