Costas Laborales Honorarios Profesionales Limite Declaracion De Inconstitucionalidad Derecho De Propiedad

JURISPRUDENCIA

Costas laborales. Honorarios profesionales. Límite. Declaración de inconstitucionalidad. Derecho de propiedad

 

Se declara la inconstitucionalidad de los artículos 730 del CCCN y 277 de la LCT en cuanto establecen que la responsabilidad por el pago de las costas procesales no puede exceder del 25% del monto de la sentencia del juicio. Para resolver de este modo, el juez interviniente explicó que los artículos citados violan el derecho a la propiedad del trabajador y/o el derecho a su letrado a una retribución justa por su trabajo profesional. En su entendimiento, en los casos que la regulación de honorarios exceda el porcentaje límite citado, será el trabajador quien deba abonar el saldo restante a su abogado o será el letrado quien deba resignar parte de sus honorarios producto de la limitación.

 

 

Corrientes, 10 de Julio de 2018.

AUTOS y VISTOS: Esta causa caratulada: “MACHUCA, YOHANA MARIBEL c/TELECOM ARGENTINA S.A. s/DESPIDO LABORAL” Expte. N° 95967/13 que se tramita por ante este Juzgado Laboral Nº 2, Secretaría Unica;

CONSIDERANDO: I.-Que, a fs. 456, el Dr. D. A. L., apoderado de la demandada, peticiona que se apliquen las disposiciones del art. 730 del CCC último párrafo, el que es de idéntico tenor que el último párrafo del art. 277 LCT, alegando que no existe impedimento alguno para su aplicación al presente proceso atento al estado de la causa, y habiéndose regulado honorarios profesionales.-

Solicita que proceda a determinar a qué monto alcanza el tope de responsabilidad por costas, y establezca el correspondiente prorrateo de honorarios conforme lo dispone la ley.

II.-Que por auto N° 24814 de fs. 458 se ordena correr traslado, el que fuera contestado a fs. 459/460 y vta. por el apoderado de la actora, Dr. LUCIO A. TERRASA, quien solicita su rechazo alegando errónea interpretación del nuevo Código Civil.-

Refiere que, la petición efectuada por Kalbo es una aplicación lineal y agraviante del tope establecido en el Código Civil para otra situación, cual es el juicio multimillonario donde las regulaciones de honorarios causan un perjuicio excesivo al condenado en costas.-

Señala que su petición se basa en el art. 14 bis de la CN el que es entendido como protectorio del trabajador en relación de dependencia, y cita dicha normativa cuyos términos doy por reproducidos en honor a la brevedad.-

Asimismo, cita la Ley N° 24.432 que modificó el art. 505 del Código Civil, sustituido por el art. 730 del nuevo Código Civil con idéntico tope, aclarando que sólo cambió el cuerpo normatibo que contiene el tope, y transcribe los arts. 13, 14 y 15 de la normativa citada la que doy por reproducida.-

Aduce que, es evidente la desproporción entre la tarea profesional desarrollada, la cuestión debatida, derecho del consumidor, la importancia de la demanda y el ilegítimo tope que Kalbo prentende se aplique, y solicita se declare la inconstitucionalidad del art. 730 del nuevo Código Civil y Comercial porque entiende que esta ley excede las facultades del Congreso de la Nación al legislar sobre una cuestión eminentemente procesal, y demás argumentos a los que remito y doy por reproducidos "brevitatis causae".-

Solicita se rechace la petición formulda, y disponga se abonen los honorarios regulados. Formula reseva del caso federal.

III.-Que, analizadas las constancias de autos, estimo corresponde rechazar la petición formulada por la demandada a fs. 456, en atención a los argumentos que a continuación se exponen.-

En primer lugar, debo señalar que tanto la jurisprudencia como la doctrina que comparto considera que la disposición legal del actual art. 730 del Código Civil y Comercial y su antecesor art. 505 del C.C. incorporado por la Ley N° 24.432, y en igual sentido el art. 277 de la LCT, sólo limita la responsabilidad del condenado en costas por los honorarios devengados correspondientes a la primera y única instancia, más no respecto de su cuantificación.-

En este sentdido la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Laboral tiene dicho en los autos caratulados: "Esquivel, Aracely Elizabeth c/Miriam Liliana Bazzi y/o Q.R.R. s/Ind.", Expte. N° 3217, Resolución N° 101/16, estableció que: "...el art. 730 del Código Civil y Comercial, no opera como un límite máximo al que deba someterse la cuantificación de los honorarios profesionales, sino que sólo prevé un límite a la responsabilidad del deudor por el pago de las costas del juicio...”.-

Ahora bien, en nuestro caso la norma que debemos analizar es el art. 277 de la LCT (casi idéntico al anterior art. 505 y actual 730 del CCC) que implementó a modo de garantía para el condenado en costas, una limitación del 25% por las obligaciones a su cargo en primera y única instancia, y ese límite según el texto legal comprende el pago de las costas procesales, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados, y a criterio del suscripto esta limitación presenta efectos perniciosos para el actor vencedor en el juicio -como lo es en el caso de autos-puesto que en ese 25% quedarían comprendidos la totalidad de los honorarios profesionales, incluidos el de los peritos (citado esto a manera de ejemplo), tasas de justica y gastos documentados de diligencias realizadas en el proceso.

IV.-Es la primera oportunidad que tengo de pronunciarme sobre la validez del art. 277 de la LCT motivo por el cual daré las razones por la que estimo resulta inaplicable -al caso de autos-la norma.

Antes de adentrarme en el análisis de la norma cuestionada debe quedar claro el prisma con el qué se analizará la norma; nos encontramos en el ámbito del derecho laboral, el trabajador es un sujeto de preferente tutela judicial pues es de las partes en litigio, el vulnerable; las normas del derecho laboral son de orden público atento a la protección que se dispensa al trabajador y esto tiene impacto en la aplicación estricta del art. 277 de la LCT, por otro lado la declaración de inconstitucionalidad debe estar suficientemente fundada y como “ultima ratio” conforme al criterio inveterado del CSJN por el que la invalidez de una norma es siempre la última ratio de la interpretación, a la que solo debe acudirse, cuando no exista alternativa de mantenerla dentro del sistema normativo, pues siempre debe estarse a favor de la validez de las normas (Fallos: 14:425; 147:286 y 335:2333, entre muchos otros).-

Así mismo, tengo dicho que la declaración de inconstitucionalidad procede sea declarada de oficio cuando el magistrado advierte el choque de la norma en cuestión con la Constitución o los tratados internacionales con su misma jerarquía; “La falta de un planteo concreto por parte del actor al demandar, ... no obsta al suscripto se pronuncie en dicho sentido, porque no existe impedimento alguno para proceder a dicha declaración de oficio, pues los jueces como celosos custodios de la Constitución tienen la atribución -constitucional-de declarar la inconstitucionalidad de las normas que la contraríen, conforme a la doctrina sentada por la CSJN en la causa “Rita Mill de Pereyra”. (Sentencia Nº 204 del 04/12/2017 “AGUIRRE HUGO VALENTIN C/GOMEZ, VICTOR ANDRES”, Expte. N° 94.335/13 del registro de este juzgado).

Sostuve supra que se trata de analizar si resulta aplicable o no de la norma el art. 277 de la LCT, y para el caso de que entienda que no resulta aplicable, para remover ese obstáculo se deberá proceder a la declaración de inconstitucionalidad de la norma, teniendo presente que la declaración de inconstitucionalidad solo alcanza al caso en el que se declara conforme al control difuso de nuestro ordenamiento jurídico.

IV.-La norma en cuestión (art. 277 de la LCT) fue introducida en el año 1994 por la Ley Nº 24.432 por su art. 8º, que fija un tope del 25% del monto de la sentencia al importe de las costas que debe pagar el vencido, que resulta injusto atento a las consecuencias que se generan considerando los honorarios del letrado vencedor excluyendo para este cómputo los del condenado en costas los del profesional que patrocinó al vencido, ya que el apoderado que logró la sentencia favorable cobrará menos que aquel que patrocino al vencido en el pleito.-

A los fines tarifar la labor profesional se debe establecer la base sobre la cual se debe realizar dicha tarea, teniendo presente que el art. 23 de la L.A. (5822) fija cual es la base a tener en cuenta; “Se considerará monto del proceso la suma que resultare de la sentencia o transacción”. En el caso de vencimientos recíprocos el monto del proceso, comprende tanto el monto por el que procede la demanda como el monto que se rechaza con más los intereses que ésta fije y así lo ha entendido la doctrina local (FERREYRA, Cesar H. E. Rafael. “Honorarios de Abogados en la Provincia de Corrientes. Ley 5822 comentada”. Ed. Mave. Corrientes. 2.014. Pág. 157 / CASTELLO, Julio. “Costas y Honorarios (Ley N° 5822)” Ed. Mave. Corrientes. 2.009 / RODRIGUEZ, Carlos Aníbal. “Ley de Honorarios Profesionales”. 2° Ed. Actualizada. Ed. Moglia. Corrientes. 2.008).

El Excmo. Superior Tribunal de Justicia tiene dicho inveteradamente, “El monto de la sentencia no es sinónimo de importe de la condena, puesto que monto de la sentencia es tanto el importe por el cual se acoge la pretensión como aquel por el que se la rechaza...” (S.T.J. autos, “CODAS MIGUEL ANGEL C/ SUPERMERCADOS NORTE S.A. Y/O SUPERMERCADOS CARREFOUR Y/O Q.R.R. Y /U OTROS S/ IND.” Sent. N° 80/12, criterio sentado en “CASTILLO SAHAGUN, LUCIO ALBERTO C/ SUPERMERCADOS NORTE S.A.Y/U OTROS S/ IND.” Sent. N° 07/05 y reiterado en “OLMEDO CARLOS ALBERTO C/ SUPERMERCADOS NORTE S.A. Y/O Q.R.R S/ IND.” Sent. N° 14/14, “MOREL SANTA ISABEL C/ SUPERMERCADOS NORTE S.A. S/ IND.” Sent. N° 96/15, “INCIDENTE DE APELACION - EN AUTOS “OLIVARES MARIA INES C/ EMPRESA INC S.A. Y/U OTROS Y/O Q.R.R. S/ IND., ETC.) Sent. N° 47/16, entre muchos otros).-

Entonces se debe tener presente lo reclamado, lo que prosperó y lo que no prosperó de la demanda y luego a quien resulta vencedor regular el 15 % y quien resulta vencido el 12 % sobre esa base.-

Queda claro que la diferencia en la regulación entre profesionales vencedores y vencidos es de un 3 % conforme al art. 6º de la Ley Nº 5822, quedando habilitado el profesional del vencido (en este caso el empleador incumplidor de sus deberes como patrón) a cobrar la totalidad de sus honorarios, mientras que el profesional que tuvo que representar al trabajador que se quedó sin empleo, que se vio compelido a recurrir a los tribunales judiciales para lograr el reconocimiento del derecho de su cliente, se vera en caso de que su regulación exceda el 25 % limitado el cobro de su crédito violándose el art. 16 de la C.N (que también es un crédito alimentario).-

Pero puede pasar que el profesional en lo que exceda del tope del 25 % cobre a su cliente, o sea el trabajador y esta es la acertada observación que realiza el Dr. Ackerman al comentar el art. 277 de la LCT cuando dice; “Cabe entonces, preguntase quien soportará los efectos de esa reducción, es decir, si cada uno de los sujetos que deben percibir los conceptos que integran las costas deberá afrontar el quebranto que resulta entre el importe de su crédito y lo que efectivamente percibe, o si esta obligación recae sobre la parte vencedora. Si no se invalida la norma, las únicas alternativas son esas dos. Cada una tiene sus notorios efectos negativos...”; “...el disparatado efecto que resultaría para el trabajar vencedor de la contienda se llegase a la conclusión de que la suma faltante quedara a su cargo. Los peritos y abogado accionarían contra el trabajador, por sus honorarios y los accesorios respectivos (aportes de cajas previsionales e IVA), y lo mismo sucedería con la tasa de justicia....”. (Mario E. Ackerman, LCT Comentada, Tomo III art. 277, págs. 548, 549. Ed. Rubinzal Culzoni. 2016. Santa Fe).-

A lo anterior agrego un dato más, el profesional obtiene la regulación correspondiente, esta excede el 25 % del monto de la sentencia y cobra a su cliente, esto es el trabajador -la parte más débil-quien se vió obligado a recurrir a los servicios profesionales para obtener el reconocimiento de su derecho que es de carácter alimentario, transitando lamentablemente un proceso para obtener el reconocimiento de su derecho; ahora bien, solo podrá embargársele el 20 % de lo que cobraría, reduciéndose de ese modo su crédito alimentario, pero aún más, si los honorarios profesionales exceden de ese 20 % el profesional directamente no los cobrará y no se diga que el trabajador podrá repetir del vencido en costas lo que hubiere pagado conforme a la L.A. que establece; “Pago por el cliente. Repetición. Artículo 54. En el caso del último párrafo del artículo precedente, el cliente no condenado en costas deberá pagar los honorarios dentro de los treinta (30) días contados a partir de la notificación del reclamo del profesional, pudiendo repetir del condenado en costas lo que abonare en tal concepto“. Ello porque si el trabajador intenta repetir lo abonado a su apoderado, el empleador incumplidor condenado en costas en el proceso laboral se liberará aduciendo el pago de ese 25 % del monto de la condena.-

Todos estos motivos hacen que la norma no pueda analizarse como si se tratara de una cuestión civil, en el que rige el principio de que las partes se encuentran en igualdad para negociar (salvo excepciones como las relaciones de consumo) motivo por el cual conforme los argumentos desarrollados hacen que deba declararse la inconsitucionalidad del art. 277, 2º párrafo de la LCT.

V.-Examinadas que fueren las posturas de las partes, y habiéndose regulado honorarios profesionales en primera instancia por Resolución N° 59 obrante a fs. 446/447 y vta. (del 05/03/2018 en la suma de $ 56.027), la que se encuentra firme y consentida conforme cédulas glosadas a fs. 452 a 455, con planilla aprobada por el monto de $ 193.351,07 en fecha 26/10/17 mediante auto Nº 13807, cabe pronunciarse por la improcedencia de la aplicación del art. 277, 2º párrafo, en razón de que la aplicación dicha normativa es a mi entender violatoria del derecho de propiedad (art. 17 de la C.N. y art. 23 de la Constitución Provincial) y del derecho del trabajador y su letrado a una retribución justa garantizada por el art. 14 bis de la Constitución Nacional, así como también del art. 16 CN, puesto que resulta evidente la irrazonable desigualdad entre los letrados de la parte vencedora y perdidosa conforme se analizó en los acápites anteriores.

El 25 % de lo condenado equivale a $ 48.337,76, o sea que el profesional ve recortado sus honorarios en un 13, 73 % (casi un 14 %) pues se le abonarían un 86,17 % de lo regulado. Pero falta aún abonar la tasa general de justicia $ 182 y proporcional de actuación $ 2.900,26 y para el caso de que se presenten gastos documentados también deberán ser considerados si corresponden o no.

Si se hubiera regulado honorarios al apoderado del demandado condenado en costas la suma sería $ 54.346,19 o sea el 3 % menos que lo regulado al profesional que resultó vencedor y al que solo debería abonarle la suma de $ 48.337,76 -sin considerar las tasas de justicia y demás gastos-, se ve claramente que el apoderado del vencido podrá exigir la totalidad de sus honorarios que resulta ser en el caso mayor que las del vencedor.-

Esa suma, que aún no ha sido abonada y de la cual se encuentran corriendo intereses, deberán ser abonadas en su caso por el trabajador vencedor lo que no resiste el menor análisis.

La declaración de inconstitucionalidad es procedente toda vez, que se den los siguientes recaudos: 1º) Que la inconstitucionalidad de la norma impugnada fuera palmaria. 2º) Que el efecto de aplicarla fuera claramente violatorio de alguno de los derechos humanos reconocidos por la Constitución. 3º) Que no quepa otra vía que su invalidación para preservar el derecho fundamental en tiempo oportuno, evitando un daño grave e irreparable. 4º) Que no estuviera controvertida la situación de hecho. 5º) Que se hubiera asegurado la defensa en juicio de la parte afectada por la inconstitucionalidad. (MORELLO y VALLEFÍN. “El Amparo régimen Procesal”, 3° Ed. Pág. 41, con cita de Carlos Valiente Noailles).

El art. 277 de la LCT desconoce de un modo unilateral y, por lo tanto, incausado, la supremacía de la Constitución Nacional, el entendimiento de que es el propio abogado ganancioso el que deberá afrontar el quebranto, lesionando de esta manera el derecho a la retribución justa que le asiste en el mejor de los casos o el trabajador como sujeto protegido por el orden constitucional quien se verá obligado a pagar el excedente de ese 25% que está establecido como tope, pues el profesional podrá reclamarle al trabajador que le abone los honorarios regulados en lo que excedan de ese tope establecido en el artículo en examen.-

Compartiendo el criterio sostenido por un sector doctrinario, cuyos términos hago propio y transcribo; “...creemos la manifiesta inconstitucionalidad de este nada feliz agregado del artículo 277 de la LCT. Como consecuencia de esta norma, viene a resultar que, según dice Ure: “Hacer soportar el abono de este segmento del salario de honor de su abogado a la parte que tenía razón, defendió su derecho y debido a la actitud de su contraria se vio impulsada a promoverle un juicio que ganó con costas, resulta manifiestamente repugnante al concepto más elemental de lo que es justo, más todavía si se piensa que correlativamente, esa carga extra que se vería compulsado a asumir el triunfador se apoyaría en la liberación graciosa pero absolutamente incausada del deudor incumplidor...”. (Mario E. Ackerman, LCT comentada, Tomo III art. 277, págs. 551, ed. Rubinzal Culzoni, edición 2016).-

“...La frase “el trabajo en todas sus formas gozará de la protección de las leyes” no distingue entre trabajo autónomo o dependiente, ni trabajo manual respecto del trabajo intelectual, según lo tiene dicho la propia Corte Suprema, por lo que la labor de los abogados (extensiva a los peritos) goza de una tutela que resulta menoscabada por una reducción en beneficio de la parte que ha dado lugar al pleito. Adviértase que abogados y peritos a los que se ha fijado una retribución por resolución judicial basada en la ley arancelaria viene a soportar una quita de esos emolumentos no aplicable al letrado de la perdidosa...”.-

“...La disposición constituye, en este sentido un claro supuesto de irrazonable desigualdad entre los letrados de una y otra parte, violatorio del art. 16 de la Constitución Nacional y de la garantía antidiscriminatoria que resulta de la ley 23592 y los tratados internacionales que dan sustento a este principio. Finalmente entendemos que la aplicación de esta normativa también lesiona el derecho de propiedad de todos los sujetos afectados por la rebaja, y constituye un claro menoscabo al mandato de “afianzar la justicia” contenido en el Preámbulo de nuestra Constitución...” (Mario E. Ackerman, LCT comentada, Tomo III art. 277, págs. 551/552, ed. Rubinzal Culzoni, edición 2016).-

En efecto, la norma aquí analizada ha merecido reiteradas declaraciones de inconstitucionalidad en el ámbito de la justicia laboral basada en la afectación del crédito del trabajador, consecuencia del reclamo de su apoderado (letrado) por la diferencia impaga, así ha sido declarada en autos: “Albornóz, José c/Establecimiento Gamar S.A. y otro”, CNAT Sala VI, 30-10-98, L. L. 2000-A-5; “Braggio, Pablo Gastón c/Avícola Capitán Sarmiento S.A. y otro”, CNAT Sala V, 30-12-2011, L.L. 2012-B-31.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tuvo oportunidad de pronunciarse sobre esta cuestión en la causa “Abdurraman, Martín c/Transportes Línea 104 SA”, 5-5-2009, y que; “.... eludió pronunciarse claramente alrededor de los cuestionamientos de los fallos de instancias inferiores reseñados...”; “...luego de dejar sentado que la ley 24432 limita la responsabilidad del condenado en costas, pero no el quantum de los honorarios profesionales se pronuncia declarando que ello es principio válido y razonable dejando sentado que en el caso bajo examen no se vislumbra como inequidad manifiesta...”; “... el fallo parece dar a entender que los letrados de la parte actora victoriosa tendrían derecho a cobrar a sus representados (los trabajadores), esa porción de su crédito que queda afectada por la limitación legal...”.-

“....Esta circunstancia no deja de llamar la atención en un tribunal tan proclive a aprovechar la ocasión que le brindan sus sentencias para sentar doctrina sobre cuestiones que exceden largamente a lo que es sometido a su consideración. Vale recordar los extensos fundamentos del fallo “Vizzoti” que dieron sustento a los principios rectores del Derecho del Trabajo, acuñando fórmulas tales como que el trabajador es un sujeto de preferente tutela, que quedó incorporada como una máxima inspiradora y orientadora de nuestra disciplina. De ahí entonces nuestra sorpresa del hecho que la Corte omita pronunciarse en concreto acerca de la posibilidad de que el trabajador pueda ser obligado a pagar la porción de costas no satisfecha por el empleador vencido. Esa hipótesis se infiere del fallo, declara que el derecho al honorario no se encuentra cercenado al margen de quienes fueran los deudores de la obligación ya que ese obligado no puede ser sino el trabajador...”.

Afirma Mario Ackerman que; “...con los mismos lineamientos, esta doctrina fue reiterada por la CSJN en la causa “Villalba, Matías Valentín c/Pimentel, José y otros”, en la que se condicionó la declaración de inconstitucionalidad a la hipótesis de que medie inequidad manifiesta.” (Ibídem pág. 553/553).-

Como decía el Maestro Morello los jueces no deben ser fugitivos de la realidad, y agrego ni tampoco deben desentenderse de las consecuencias de sus decisiones; en este punto la tan mentada litigiosidad del fuero que se intentó disminuir con la introducción de esta norma tendrá el efecto diametralmente opuesto, pues bastara al empleador incumplidor que obliga al trabajador a iniciar el proceso para reconocimiento de sus derechos con sacar la cuenta de cuanto deberá abonar al trabajador (con una tasa de interés que de ordinario no cubre la inflación monetaria) y del cálculo realizado sabe que solo abonará el 25 % de la suma condenada en la sentencia, en concepto de honorarios, tasas de justicia, etc. Obviamente que el incumplidor no se sentirá compelido a cumplir sus obligaciones contractuales, al contrario económicamente le convendrá incumplir con sus obligaciones legales, cuestión esta que no puede ser pasada por alto por la magistratura (en el mismo sentido se pronuncia Ackerman en la obra citada al comentar el art. 277 de la LCT en “Fomento de la litigiosidad y estímulo de la mala fe” pág. 549/50).-

Obiter dictum, entiendo que la norma en examen sirve de parámetro para modalizar el pago de los honorarios, sirviendo la norma como parámetro de proporcionalidad (El Principio de Proporcionalidad y su Influencia en las Decisiones judiciales. Peyrano Jorge. W.).

De conformidad a lo expuesto precedentemente, la normativa citada no supera el test de constitucionalidad, en el sentido de que los derechos reconocidos por los arts. 14 bis, 16 y 18 de la C.N. no pueden ser desvirtuados ni alterados por las normas que los reglamenten, pues está en juego el cumplimiento de disposiciones constitucionales en función de una normativa que debe ser razonable y que no puede desconocer el derecho del trabajador a una retribución justa y equitativa, correspondiendo decretar la inconstitucionalidad del art. 277 de la LCT, para este caso y en consecuencia desestimar la aplicación de dicha normativa al caso de autos.

IV.-Atento al planteo incoado, las posturas asumidas por las partes, la forma que se resuelve la cuestión, las costas serán impuestas por su orden teniendo (art. 88 Ley N° 3540).-

RESUELVO: 1°) DECRETAR la inconstitucionalidad del art. 730 del Código Civil y Comercial concordante con el art. 277 de la LCT en la extensión señalada en los Considerandos. 2°) DESESTIMAR la petición formulada por la demandada a fs. 456. 3°) COSTAS por su orden de conformidad a lo dicho en el acápite anterior. 4°) INSÉRTESE, REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE.-

 

Dr. HÉCTOR RODRIGO ORRANTÍA

Juez

Juzgado Laboral N° 2

Corrientes

 

  Correlaciones:

Código Civil y Comercial de la Nación. Art. 730

LCT. Art 277

Predial Propiedades SRL c/Kandel Guy y otros s/ordinario - Cám. Nac. Com. – Sala F -07/12/2017 - Cita digital IUSJU024757E

 

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