Defensa Del Consumidor Mutuo Bancario Inclusion En Base De Datos Deber De Informacion Deber De Seguridad Responsabilidad Del Banco

JURISPRUDENCIA

Defensa del consumidor. Mutuo bancario. Inclusión en base de datos. Deber de información. Deber de seguridad. Responsabilidad del banco

 

Se hace lugar a la demanda por incumplimiento contractual interpuesta por la actora, atento a que la entidad bancaria demandada incluyó de forma errónea al accionante en la base de datos como deudor moroso. Para así decidir, el tribunal explicó que el banco, a fin de cumplir con el deber de información exigido por la normativa, debió poner en conocimiento del deudor que los descuentos sobre sus haberes no estaban siendo efectivizados en tiempo oportuno y que, en virtud de ello, el actor resultaba moroso, dándole la posibilidad de hacer uso de la opción de pago en efectivo en el domicilio del banco previsto por la cláusula adicional del mutuo.

 

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los 18 días de Diciembre de 2018, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, en el acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: “MARMOL CARLOS EDUARDO C/ BANCO DE LA PCIA DE BUENOS AIRES S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (SIN RESP. ESTADO)” habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Nélida I. Zampini y Rubén D. Gérez.

El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes

CUESTIONES:

1) ¿Es justa la sentencia de fs. 662/668?

2) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZ DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO:

I) Dicta sentencia el Sr. Juez de Primera Instancia, resolviendo rechazar la demanda de daños y perjuicios y la pretensión de eliminación de la base de deudores deducida por el Sr. Carlos Eduardo Mármol contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires y la tercera citada Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), con costas a la actora vencida, debiendo afrontar las devengadas por la intervención del tercero su citante Banco de la Provincia de Buenos Aires.

II) Dicho pronunciamiento es apelado a fs. 675 por el Dr. Juan Sebastián Díaz Bosch, invocando el art. 48 del C.P.C. por la parte actora, fundando su recurso en fecha 16/10/2018 con argumentos que merecieron respuesta de la demandada en fecha 25/10/2018.

A fs. 685 apela la sentencia el Dr. Nicolás M. Scetta, letrado apoderado de la parte demandada, fundando su recurso con fecha 16/10/2018 con argumentos que no merecieron respuesta de la contraria.

III) AGRAVIOS DE LA PARTE ACTORA.

Agravia a la accionante que, en la sentencia recurrida, el a quo decida rechazar la demanda que pretendía la eliminación de los erróneos registros de la base de datos del Banco Central de la República Argentina, por considerar que no se ha verificado en autos un obrar antijurídico por parte de la entidad demandada.

Expone que de los escritos de contestación de demanda surge que la operatoria ofrecida por el banco era de cumplimiento imposible, sabiendo o debiendo saber la entidad bancaria que la liquidación por parte de ANSES del dinero retenido a los beneficiaros de pensiones no iba a poder cumplir las fechas y plazos establecidos y así evitar que fueran incluidos en la central de deudores del sistema financiero en el Banco Central de la República Argentina.

Sostiene que tratándose de una relación de consumo, el banco demandado viola su deber de seguridad, constituyendo ello un obrar antijurídico suficiente como presupuesto de la responsabilidad civil.

En segundo lugar, se agravia de la falta de tratamiento del reclamo referido al daño moral, incurriendo -además- en absurdo en la apreciación de la prueba rendida en autos.

Entiende que la sola errónea incorporación de su parte en el registro de deudores implica lesionar sus sentimientos, afecciones y tranquilidad anímica, constituyendo un daño surge in re ipsa cuya existencia debe presumirse.

Concluye solicitando la modificación de la sentencia dictada, haciendo lugar a la demanda interpuesta con expresa imposición de costas a la demandada.

IV) AGRAVIOS DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Se agravia la demandada de la imposición de costas por la intervención de ANSES en autos.

Señala que dicha citación era necesaria a fin de determinar si dio cumplimiento con lo oportunamente acordado con su parte.

Considera que la imposición de costas a su parte resulta absurda y arbitraria, por cuanto era importante tener en el proceso a quien en definitiva intervenía en todo el circuito de cobro de las cuotas, máxime cuando lo que se discute es la demora en la percepción de las mismas.

Alega que existe “razón fundada para litigar”, sobre todo cuando el informe pericial presentado en autos da cuenta de atrasos en las percepciones de las cuotas con motivo del depósito tardío por parte de ANSES. Cita jurisprudencia.

V) Antes de pasar a analizar los agravios planteados, analizaré los ANTECEDENTES DE LA CAUSA:

A fs. 11/19 vta. se presenta el Sr. Carlos Eduardo Mármol, con patrocinio letrado del Dr. Juan Sebastián Díaz Bosch, y promueve demanda de daños y perjuicios contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires por la suma de $19.000, o lo que en más o en menos resulte de la prueba, con más intereses, gastos, costos y costas del proceso, solicitando su eliminación como deudor de la base de datos del B.C.R.A. y de la Organización Veraz S.A.

Relata que con fecha 20/2/1998 obtuvo un préstamo del Banco de la Provincia de Buenos Aires por la suma de $10.000.

Sostiene que dicho crédito fue otorgado en su condición de ex combatiente de Malvinas, abonándose las cuotas mediante descuentos en su pensión de conformidad con el convenio suscripto con la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales.

Expone que a mediados de 2004 y con motivo de intentar adquirir un automóvil a crédito, se anotició que figuraba como deudor del sistema financiero, viéndose impedido de realizar dicha operación.

Funda la responsabilidad que imputa a la accionada en los arts. 1, 5 y ccdtes. de la ley 24.240 por incumplimiento del deber de seguridad, en concordancia con el art. 902 del Código Civil en cuanto al deber de prudencia del banco demandado por ejercer su actividad financiera en forma profesional.

Reclaman las sumas de $7.000 en concepto de pérdida de chance, y $12.000 por daño moral.

Ofrece prueba, funda en derecho y requiere se haga lugar a la demanda.

A fs. 119/135 se presentan los Dres. Diego Andrés de Mira y Rosa E. P. de Dimango, letrado apoderados del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y contestan la demanda, efectuando una negativa general y particular de los hechos narrados por el actor, y solicitando la citación como tercera de ANSES.

Alegan que el 4/12/1997 el banco suscribió un acuerdo con la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación a los fines de instrumentar una línea especial de créditos destinada a los ex combatientes de Malvinas, obligándose a deducir de las pensiones otorgadas los importes correspondientes a los servicios de capital e intereses.

Detallan que en numerosos meses el actor incurrió en mora, habiéndose comprometido a que en caso de incumplimiento efectivizaría los pagos en el domicilio del banco demandado sito en 12 de Octubre N° 3545 de Mar del Plata.

A fs. 176 el primer juzgador resuelve decretar la nulidad de la notificación dirigida a ANSES (fs. 146), que corre traslado de la citación del tercero solicitada por la parte demandada.

A fs. 192/195 vta. se presenta la Dra. Claudia Marcela Falconi, letrada apoderada de la tercera citada ANSES, efectúa una negativa general y particular de los hechos relatados en la demanda, y solicita se rechace la citación atento no haber suscripto convenio alguno con el banco demandado.

A fs. 226 bis vta. se abre la causa a la prueba.

A fs. 604/605 vta. se certifica el término probatorio.

A fs. 662/668 dicta sentencia el Sr. Juez de primera instancia en los términos expuestos en el acápite I.

VI) Pasaré a analizar los agravios planteados.

A) RESPONSABILIDAD DEL BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

En el caso de autos, el Sr. Carlos Eduardo Mármol demanda el resarcimiento de los daños y perjuicios causados por la indebida comunicación de su situación como deudor “moroso” que derivó en su inclusión en el registro de deudores del sistema financiero del B.C.R.A.

El Sr. Juez de primera instancia rechazó la demanda por no advertir irregularidad alguna en la conducta de la entidad financiera, considerando que informó correctamente la situación y comportamiento crediticio del actor, atento haber cancelado las cuotas del mutuo celebrado oportunamente en forma extemporánea. Es decir, consideró que no existía obrar antijurídico.

Entonces, el eje de la controversia se centra precisamente en la calificación que cabe otorgar a la información que, en relación al cumplimiento de las obligaciones crediticias del actor, el Banco de la Provincia de Buenos Aires reconoce haber remitido al B.C.R.A., puesto que el accionante alega que mensualmente se efectuaba el descuento en sus haberes destinado a la cancelación del crédito, configurando un obrar antijurídico de la entidad financiera su inclusión en el registro de deudores.

La accionada afirma que la misma fue exacta implicando ello que su parte carece de responsabilidad, postura defensiva que tuvo una favorable recepción en la sentencia recurrida.

Ahora bien, la mecánica establecida en el contrato de mutuo celebrado por las partes es la siguiente: el Banco de la Provincia de Buenos Aires entregó al Sr. Carlos Eduardo Mármol en calidad de préstamo la suma de $10.000, pactándose su devolución en 120 cuotas mensuales y consecutivas deducidas mensualmente de la pensión que éste percibe en su condición de ex combatiente de Malvinas, para ser acreditadas en el Banco de acuerdo a los términos del convenio suscripto en fecha 4/12/97 con la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación (v. fs. 623).

Siguiendo con el contrato, se deja constancia que “el deudor presta expresa conformidad con la operativa descripta, autorizando los débitos indicados y obligándose, en hipotético supuesto que, por cualquier causa, los mismos no pudieran efectivizarse, a abonarlos en efectivo, en tiempo oportuno y en el domicilio del Banco: 12 de octubre 3545 de la ciudad de Mar del Plata, sin necesidad de interpelación alguna” (v. CLAUSULA ADICIONAL; fs. 623).

De la documentación que tengo a la vista surge que se trata de un contrato de consumo suscripto entre un proveedor de servicios financieros (banco) y un cliente (pensionado), y por ende, nos encontramos ante un régimen de responsabilidad objetiva que nace como consecuencia del incumplimiento del deber de seguridad entendida como garantía de la protección de la persona del cocontratante (argto. jurisp. Cám. Nac. Civ. y Com. Fed., Sala II, del 19/2/2008, cit. por Juan M. Farina, “Defensa del consumidor y del usuario”, Ed. Astrea, Cdad. de Bs. As., 2008, pág. 481; Cám. Apel. Civ. y Com., Quilmes, Sala II, causa N° 16312 del 16/4/2015; doct. Revista de Derecho de Daños, 2017-1, Ed. Rubinzal-Culzoni; Aída Kemelmajer de Carlucci, “Responsabilidad civil”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Cdad. de Bs. As., 2007, pág. 162 ).

En igual sentido se ha expedido la Corte Suprema de la Nación al sostener que la responsabilidad por violación al deber de seguridad en el marco de una relación de consumo es objetiva, alcanzando la indeminidad del consumidor a los hechos jurídicos, actos unilaterales y actos bilaterales (CSJN in re “Mosca, Hugo Arnaldo c/ Buenos Aires, Provincia de (Policía Bonaerense) y otros s/ daños y perjuicios”, sent. del 6/3/2007).

Esta normativa tiene su basamento en el artículo 42 de la Constitución Nacional, siendo de cumplimiento obligatorio y amparando los derechos del usuario-consumidor. No debemos olvidar que el espíritu del legislador fue concebir una legislación para prevenir situaciones ultrajantes en desmedro de los consumidores, realidad que a diario se percibe (argto. arts. 42, 75 inc. 22 y ccdtes. de la Constitución Nacional, 38 de la Constitución de la Pcia. de Bs. As., 29 y ccdtes. del Pacto de San José de Costa Rica; jurisp. CSJN in re “Montoya, Mauricio Javier c/ Transportes Metropolitanos General San Martín S.A. y otros s/ daños y perjuicios”, sent. del 26/3/2013; doct. Eduardo Molina Quiroga, “Los Bancos de datos crediticios y la defensa del consumidor”; Picasso, Vázquez-Ferreyra, “Ley de defensa del consumidor anotada y comentada”, T. II, La Ley, pág. 416; Carlos Gerscovich, “Consumidores Bancarios - Derechos económicos de los bancos y sus clientes”; Eduardo Antonio Barbato, “Contratación bancaria”, Edit. Astrea, pág. 303 y sgtes., Edit. Abeledo Perrot, pág. 282; CNCom., Sala C, 2002/03/ “Halabi, Ernesto c. Citibank N.A.”, eldial AAE44).

Si bien se ha discutido que en el nuevo Código Civil y Comercial algunos autores señalan que se ha suprimido el deber de seguridad, participo de la corriente doctrinaria que se encuentra vigente con el principio de buena fe, debiendo el banco tomar las medidas necesarias para evitar el daño (arts. 1, 2, 7 3er. párrafo, 9, 10, 11 y ccdtes. del Código Civil y Comercial).

Téngase en cuenta que el derecho del consumidor es un microsistema que establece la ley en protección del usuario y que tiene raigambre constitucional en el art. 42 de la Constitución Nacional.

Este artículo adopta la expresión de “relación de consumo” para evitar circunscribirse a lo contractual y referirse con una visión más amplia a todas las circunstancias encaminadas a satisfacer la demanda de bienes y servicios para destino final de consumidores y usuarios (argto. jurisp. esta Sala, causa N° 160311 RSD 104/16 del 24/5/2016).

Una vez establecido el encuadre jurídico, analizaré la prueba producida de conformidad con la legislación protectoria del consumidor, debiendo estarse a los principios de carga e interpretación de la prueba previstos en la normativa consumeril, a saber, cargas probatorias dinámicas e “in dubio pro consumidor” (argto. arts. 1, 2, 3, 5, 6, 37, 40, 53 y ccdtes. de la ley 24.240 -ref. por ley 26.361-, 42 de la Constitución Nacional, jurisp. esta Sala en la causa N°160.311 “Amelotti, Alma Elvira s/ sucesión c/ Los Gallegos Martínez Navarro y Cía S.A. s/ daños y perjuicios”, sent. del 24/5/2016; doct. Shina Fernando E., “Daños al consumidor”, Ed. Astrea, Bs. As, 2014, pág.152).

A fs. 263 se agrega prueba informativa del Banco Central de la República Argentina en que se deja constancia que se han localizado en cuatro fojas los registros históricos en el régimen informativo de Deudores del Sistema Financiero para la clave perteneciente al Sr. Carlos Eduardo Mármol, precisando que “en el período septiembre de 2001 hasta septiembre de 2003, las situaciones 1 (normal) y 2 (con riesgo potencial -con seguimiento especial o de cumplimiento inadecuado) fueron difundidas con la leyenda 'STD' -Standard-”.

De la absolución de posiciones del actor Sr. Carlos Eduardo Mármol surge que los daños y perjuicios derivados de la indebida inclusión en el registro de deudores no fueron originados por ANSES, al sostener que concurrió en reiteradas oportunidades al Banco de la Provincia de Buenos Aires en que se le informó que no tenía deuda (v. fs. 285/vta).

Sin embargo, el actor señala que se le explicó en organización “Veraz” que el retardo en el pago de las cuotas del mutuo pactado fue informado por dicha entidad bancaria (v. pos. 10; fs. 285/vta.).

A fs. 425/428 vta. se presenta dictamen pericial contable en que el C.P.N. Omar Alcides Ponce de León da cuenta de un contrato de mutuo por la suma de $ 10.000 suscripto entre el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Sr. Carlos Eduardo Mármol, a devolverse en 120 cuotas mensuales y consecutivas, calculadas por medio del sistema de amortización francés, venciendo el primer servicio el 30/4/1998 y los restantes el mismo día de los meses subsiguientes.

En el dictamen se detalla que “del 1 al 15 de cada mes y una vez debitadas las cuotas de las pensiones, la Secretaría (Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales) depositará el importe total recaudado en la cuenta corriente N° … N° CUIT 33-99924210-9 a nombre de Sección Crédito Hipotecario, radicada en Casa Matriz La Plata”.

Sigue explicando el experto que el actor Sr. Carlos Eduardo Mármol es registrado en las bases de datos de la Organización Veraz S.A. y del Banco Central de la República Argentina con el código 2 correspondiente a 'Atraso' en los meses de sept/03, oct/03, nov/03, dic/03, ene/04, marzo/04, jun/04, jul/04, ago/04 y nov/04, con el código 1 correspondiente a 'Normal' en los meses de feb/04, abril/04, sept/04 y ene/05, y con el símbolo '-' correspondiente a 'Sin información' en los meses de ago/03, may/04, oct/04, dic/04 y desde feb/05 en adelante”.

A fs. 505/506 se produce dictamen pericial contable en el Banco de la Provincia de Buenos Aires - Casa Matriz La Plata en que se indica que “existieron atrasos en los pagos efectuados por ANSES al Banco de la Provincia de Buenos Aires”, encontrándose el crédito cancelado por haberse abonado la totalidad de las cuotas (v. ptos. 1 y 6).

Agrega que “en la medida que el ANSES efectuaba los depósitos en la cuenta habilitada a esos efectos el Banco procedía a la imputación de esas partidas para cancelar las cuotas de los clientes de la línea 'ex combatientes' por lo que se cumplió con toda la normativa emanada del BCRA”.

Del análisis de la prueba producida surge que la operatoria consistía en la autorización (mandato) que el accionante confería a la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación para descontar de la pensión otorgada al Sr. Carlos Eduardo Mármol el importe de la cuota adeudada, y efectuara la transferencia de este importe al Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. dictamen pericial de fs. 425/428 vta.).

Con el resultado de tal operatoria se han registrado atrasos en los pagos efectuados al Banco de la Provincia de Buenos Aires (fs. 505/506), y éste informó la situación del deudor de conformidad con las Circulares “A” 2729, 2930, 3241 y ccdtes. del B.C.R.A. (cfr. doct. Osvaldo Alfredo Gozaíni, “La defensa de la intimidad y de los datos personales a través del habeas data”, Ed. Ediar, Cdad. de Bs. As., 2001, pág. 350 y sgtes.).

Entonces, la institución bancaria debió informar al usuario del servicio financiero que se presentaron circunstancias que tornaron operativa la opción prevista en la cláusula adicional del mutuo suscripto por las partes: “...en hipotético supuesto que, por cualquier causa, los mismos no pudieran efectivizarse, a abonarlos en efectivo, en tiempo oportuno y en el domicilio del Banco: 12 de octubre 3545 de la ciudad de Mar del Plata, sin necesidad de interpelación alguna” (v. CLAUSULA ADICIONAL; fs. 623).

Cabe preguntarse cuál es la actividad de los bancos en estos casos.

Tienen el deber de no ocasionar un daño que pesa indeterminada y genéricamente sobre todos, y sobre ellos recae una obligación que les impone la carga de realizar todas las acciones que exija la naturaleza del contrato tendientes a evitar perjuicios a sus clientes (doct. arts. 1198 del Código Civil; 7 3er. párrafo, 9, 10, 11, 12 y ccdtes. del nuevo Código Civil y Comercial).

Debemos tener en cuenta que hay una desigualdad jurídica, dada la posición dominante del sistema bancario, y una desigualdad en conocimiento por parte de los usuarios del sistema, de ahí nace con claridad el deber de informar de raigambre constitucional.

Con el correr del tiempo se ha generado en torno a los bancos un plexo de actividades complejas, muchas veces sofisticadas y de riesgos cruzados. Ello sitúa el rol de la entidad bancaria demandada en una función especializada que se despliega profesionalmente como garante de las actividades económicas que se realizan por su intermedio, en cuyo cumplimiento debe extremar los cuidados requeridos por los intereses que le han sido confiados (argto. doct. Picasso-Vazquez Ferreyra, T° II Editorial La Ley, pág. 327).

En su calidad de intermediarios financieros, ejercen objetivamente una actividad privada, pero que reviste un intenso interés público y trascendente función social. El desempeño de su actividad requiere ineludiblemente de profesionalidad, idoneidad y experiencia en la gestión y administración de los servicios bancarios. Así, las entidades financieras deben observar las reglas elementales de prudencia y buena organización para precaver de todo perjuicio a su cliente (argto. jurisp. esta Sala, causa N° 150783 RSD 22/13 del 21/2/2013).

La responsabilidad del banquero es consecuencia de la actuación profesional propia de esa empresa, que presuma una especial pericia para el desempeño de su actividad, y que obliga a juzgar sus deberes con mayor severidad, conforme las pautas que prescribe el art. 902 del Código Civil, en cuanto dispone “cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias posibles de los hechos” (argto. esta Cámara, Sala II, causa N° 114234 RSD 434/0 del 26/10/2000; Villegas, “Compendio jurídico, técnico y práctico de la actividad bancaria”, Ed. Depalma, pág. 462 y sgtes.).

Es por ello que al analizar el comportamiento del banco tengo presente que es un ente financiero al que debe atribuirse un alto grado de especialidad con obvia superioridad técnica sobre el actor (argto. jurisp. Cám. Apel. Civ. y Com., San Martín, causa N° 67517 RSD 53/14 del 15/5/2014).

Consecuentemente, aprecio la conducta del Sr. Carlos Eduardo Mármol en su condición de persona humana usuaria del servicio financiero (art. 1073, 1074 y ccdtes. del Cód. Civil y Comercial), mientras que la actividad del banco, reitero, debe ajustarse al standard de responsabilidad agravada (argto. art. 512, 902 y 909 del Código Civil; doct. “Contratación bancaria”, Ed. Astrea, 2da. edición actualizada y ampliada, Bs. As., 2002, T. I, pág. 597).

Con mayor razón si tenemos en cuenta que la modalidad de pago de débito de las cuotas adeudadas por planilla de descuento de los haberes a percibirse en concepto de pensión la estipulan en general los bancos a los fines de asegurarse la percepción de los créditos tratando de disminuir al máximo una posible la morosidad del deudor.

En este esquema, los bancos diseñan el sistema de préstamo, mientras que sus clientes -en este caso, el pensionado- sólo pueden adherir al esquema planteado a fin de obtener el crédito.

Conforme las pautas analizadas resalto que el control del ingreso efectivo del importe de la cuota en el banco se encontraba fuera de las posibilidades del actor.

En efecto, del contrato de mutuo suscripto por el accionante no emana obligación alguna en cabeza de éste respecto a controlar el efectivo ingreso de la cuota a su destinatario final, es decir al banco demandado, limitándose la opción de abonar las cuotas mediante el descuento de haberes o pagar las mismas en el domicilio de la entidad bancaria (v. fs. 623).

Por lo tanto, cualquier deficiencia en el funcionamiento de estas estructuras no puede causarle un perjuicio al usuario del servicio -vgr. pasando a encontrarse en un registro de deudores de carácter público-, pues éste sólo se limita a cumplir su compromiso a través del sistema de retención de sus haberes. Todo lo expuesto se traduce en la obligación del banco de mantener incólumes sus derechos, actuando de buena fe y brindando siempre una adecuada información (art. 3, 4 y 37 de la LDC).

Sentado lo anterior, y analizados los hechos y prueba descriptas en los presentes actuados, atento las constancias obrantes en autos, tengo por acreditada la conducta antijurídica del banco por violación del deber de seguridad que se hace efectivo en este supuesto a través del estricto cumplimiento del deber de informar.

Ello por cuanto la finalidad del ejercicio del deber de información, se encuentra orientada a brindar datos útiles para llegar a tomar por el consumidor, en caso de necesidad, una decisión fundada en un conocimiento adecuado y veraz.

Vale recordar que el fundamento del instituto (deber de información) radica en la buena fe, la lealtad que debe presidir la relación contractual. Es innecesario aclarar que la noción de buena fe, excede con holgura la simple “obligación de informar”, pues comprende otros muchos deberes que se deben uno y otro contratante: así computamos entre otros, los deberes de colaboración recíproca, de veracidad y franqueza; en fin el deber de abstenerse de realizar actos antifuncionales que pudiesen deteriorar la relación o dificultar el cumplimiento armónico de la prestaciones debidas (conf. Brebbia, Roberto H., “Responsabilidad precontractual, cit. Pas. 93/93; Llobet Aguado, Joseph, “El deber de información de los contratos, Marcial Pons, Madrid, pág. 1996, pág.37; Carlos G. Gerscovich, “Consumidores Bancarios-Derechos económicos de los bancos y sus clientes”, Edit. Abeledo Perrot, 2011, pág. 283).

El banco a fin de cumplir con el deber de información exigido por la normativa, debió poner en conocimiento del deudor que los descuentos no estaban siendo efectivizados en tiempo oportuno y que en virtud de ello el Sr. Carlos Eduardo Mármol resultaba moroso, dándole la posibilidad de hacer uso de la opción de pago en efectivo en el domicilio del banco previsto por la cláusula adicional del mutuo de fs. 623.

En autos no surge acreditado que el demandado Banco de la Provincia de Buenos Aires haya informado al actor Sr. Carlos Eduardo Mármol que resultaba deudor del banco, a cuanto ascendía la deuda y qué períodos correspondía (arts. 375, 384 y ccdtes. del C.P.C., 3, 37, 53 y ccdtes. de la ley 24.240 -ref. por ley 26.361-).

De ello se infiere una actitud omisiva del banco en cuanto al cumplimiento de su deber de informar violatoria del deber de indemnidad y obligación de seguridad que acarrea responsabilidad (argto. arts. 1198 del Cód. Civil, 961, 1061 y ccdtes. del nuevo Código Civil y Comercial; jurisp. SCBA C. 89.688 del 14/10/2009, esta Sala, causa N° 150783 RSD 22/13 del 21/2/2013).

Por lo tanto, concluyo que le asiste razón a la parte actora, al haber infringido la demandada el deber de seguridad, incumpliendo con los deberes de buena fe que prima en materia contractual, cooperación y diligencias debidas según la naturaleza de la obligación contratada (arts. 4, 37 y ccdtes. LDC, 1071 del Código Civil). En definitiva, encontrándose acreditada la antijuridicidad de tal conducta -violación al deber de seguridad-, teniendo en consideración la profesionalidad del banquero, entendiendo que la injustificada inclusión en un registro de deudores es según el curso normal y ordinario de las cosas idónea como fuente generadora de daños y siendo que como se expondrá al ingresar en el tratamiento de los rubros indemnizatorios existen daños resarcibles causados por la conducta de la demandada, corresponde hacer lugar a la demanda planteada por el Sr. Carlos Eduardo Mármol contra el Banco de la Provincia de Buenos Aires con los alcances que se darán al ingresar en la consideración del resarcimiento de daños invocados (art. 42 de la Constitución Nacional; argto. jurisp. esta Sala, en las causas N° 153582 “Pastore, Mabel Ramona c/ Banco Columbia S.A.”, sent. del 10/7/2018; N° 149597 “Pichón, Luis Alberto c/ Banco Columbia S.A. s/ daños y perjuicios”, sent. del 8/3/2012; esta Cámara, Sala II, en las causas N° 161531 “Santos, Ángel Gustavo c/ Banco de Galicia y Bs. As. s/ daños y perjuicios”, sent. del 8/11/2016; N° 142169 “Santiago, Facundo c/ Banco de Galicia y Bs. As. s/ daños y perjuicios”, sent. del 9/3/2010). B) RUBROS INDEMNIZATORIOS.

- DAÑO MORAL.

Reclama el apelante por este rubro la suma de $ 12.000 o lo que en más o en menos resulte de la prueba producida, a cuyo fin expone que como víctima de la conducta desplegada por la demandada se ha visto atacado en su honor, siendo su solvencia pública seriamente vulnerada, y debió soportar un padecimiento como consecuencia de no poder licitar el vehículo que venía abonando con mucho esfuerzo, debiendo concurrir en reiteradas oportunidades a la Sucursal Mar del Plata del Banco de la Provincia de Buenos Aires en busca de una adecuada respuesta o una retractación de la entidad ante el arbitrario proceder (v. fs. 16/vta.). Liminarmente cabe recordar que debe considerarse al daño moral como la lesión a derechos que afecten el honor, la tranquilidad, la seguridad personal, el equilibrio psíquico, las afecciones legítimas en los sentimientos o goce de bienes, así como los padecimientos físicos o espirituales que los originen, relacionados causalmente con el hecho ilícito (argto. jurisp. SCBA C. 101573 del 17/8/2011).

Sin perjuicio de lo anterior, participo del criterio jurisprudencial que admite para casos como el traído el daño moral por el sólo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- consistente en incluir o mantener indebidamente a alguien en una base de datos de consulta pública o registro deudores, trasladando al que procedió de esa manera la carga de la prueba de los hechos exculpatorios por aplicación del principio de la distribución dinámica probatoria (argto. jurisp. SCBA C. 101573 del 17/8/2011; esta Sala, causa: “Valenti, Carlos Alberto c/ BBVA Banco Francés S.A. s/ daños y perjuicios”, RSD 96/9 del 28/12/2009; Cám. Civ. y Com., La Matanza, Sala I, causa: “Bressan, Walter D. c/ Banco de Galicia y Bs. As. s/ Daños y perjuicios”, RSD 1/1 del 5/7/2001; Cám. Civ. y Com. II, La Plata, Sala II, causa: 103.205, RSD 320/4 del 16/9/2004, “Rey, Viviana A. c/ Finvercon S.A. Cía. Financiera s/ Daños y perjuicios”; Cám. Nac. Com., Sala C, causa “Rueda, Elena Luján c/ Citibank N.A. del 4/4/2003, Cám. Nac. Com., Sala B, causa N° 30247/2000 del 12/9/2002, eldial.com - AA1334).

Ello pues, la indebida inclusión en los registros de deudores con las consecuencias disvaliosas para la vida de relación, la posibilidad de crédito y giro comercial del cliente, necesariamente provoca de ordinario una perturbación de la tranquilidad y la paz de espíritu que debe ser indemnizada (argto. jurisp. esta Cámara y Sala en la causas N° 154.916 “Amaya, María Antonia c/ BBVA Consolidar Seguros S.A. s/ daños y perjuicios”, sent. del 03/12/2013; 153582 “Pastore, Mabel Ramona c/ Banco Columbia S.A.”, sent. del 10/7/2018; 149597 “Pichón, Luis Alberto c/ Banco Columbia S.A. s/ daños y perjuicios”, sent. del 8/3/2012). A ello cabe agregar que en el caso particular de autos nos encontramos frente al reclamo efectuado por un consumidor quien por su particular condición de parte débil, que no sólo se evidencia al momento de contratar sino también cuando debe efectuar un reclamo por deficiencias del producto o servicio prestado por el proveedor, se encuentra ante un panorama de mayores angustias al saberse en inferioridad de condiciones ya sea patrimoniales o informativas para lograr obtener la reparación del perjuicio sufrido (argto. doct. Cám. de Apel. en lo Civ. y Com. de Azul, Sala II, en causa N° 57.494 “Rossi, Laura Viviana c/ Whirlpool Arg. S.A. s/ daños y perjuicios”, sent. del 11/06/2013; Cám. de Apel. en lo Civ. y Com. de Azul en la causa N°214 “Boragno, Cristian c/ Dragoun, Jorge y otros s/ daños y perjuicios”, sent. del 09/09/2004).

Sentado ello, analizaré la prueba producida tendiente a acreditar la existencia del daño reclamado.

A fs. 286 presta declaración testimonial la Sra. Marta Mabel Stick, quien indica que -como consecuencia de su inscripción en el registro de deudores- el actor “estaba deprimido y desesperado. Es una persona que nunca tuvo problemas, que estaba al día”.

A fs. 287 declara el testigo Sr. Oscar Hugo Palomeque que el actor estaba mal en razón de encontrarse en el Veraz, y no haber podido acceder a un crédito para abonar un auto, debiendo terminar de abonar todo el plan para que éste sea entregado.

A fs. 288 obra declaración testimonial del Sr. Hugo Carlos Marcaccio, quien sostiene que el actor estaba muy preocupado y deprimido ya que nunca había figurado como deudor.

A fs. 289 presta declaración testimonial el Sr. Cristian Nieves Pereyra, indicando que el actor “estaba muy deprimido” como consecuencia de su inscripción en el Veraz.

A fs. 290/vta. declara el testigo Santos Vega que -como consecuencia de la situación denunciada- el actor “se encontraba desconocido, lo veíamos mal pero no sabíamos porque”.

En base a todo ello, arribo al convencimiento de que se ha configurado daño moral en el accionante Sr. Carlos Eduardo Mármol a consecuencia del actuar del demandado Banco de la Provincia de Buenos Aires, que debe ser resarcido, no encontrándose su reconocimiento y cuantía sujeto a reglas fijas sino al prudente arbitrio judicial (argto. jurisp. SCBA C. 101573 del 17/8/2011; art. 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 18, 28, 33, y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; Cámara Nacional Comercial Sala C, sent. del 27/4/2010 “Morón Concesiones S.R.L. contra Compañía Cervecera Brahma Argentina S.A.”; Sent. del 6/6/1994 “Guimasol S.A. c/ Lever y Asociados S.A.”, L.L. 1995-B-170 y L.L. Online: AR/JUR/636/1994). Así pues, teniendo en cuenta las pruebas descriptas, valoradas a la luz de las reglas de la sana crítica, el principio de reparación integral, lo dispuesto por el art. 165 “in fine” del CPC y considerando a su vez que la cuantificación del daño ha quedado supeditada a lo que en más o menos determine el juzgador, estimo que este parcial debe admitirse a valores actuales por la suma de PESOS OCHENTA MIL ($80.000), con más los intereses que se detallarán ut infra (arts. 499, 505, 522 del Cód. Civil y arts. 7, 1740, 1741 y ccdtes. del Código Civil y Comercial de la Nación, 375, 384, 456, 474 y ccdtes. del CPC).

- DAÑO PATRIMONIAL - PERDIDA DE CHANCE.

El segundo parcial peticionado se refiere a la procedencia del daño material.

Es verdad que tratándose de daños indemnizados como “pérdida de oportunidad o chance” existe cierto grado de incertidumbre, puesto que no es posible saber si el afectado por el comportamiento antijurídico que ha interferido en el curso de los acontecimientos, habría o no obtenido cierta ventaja o evitado cierta pérdida.

En tal sentido ha dicho la Suprema Corte de la Provincia que con la expresión pérdida de una chance se indican todos los casos en los cuales el sujeto afectado podía realizar un provecho, obtener una ganancia o beneficio, o evitar una pérdida, lo que fue impedido por el hecho antijurídico de un tercero, generando de tal modo la incertidumbre de saber si el efecto beneficioso se habría o no producido, pero que, evidentemente, ha cercenado una expectativa, una probabilidad de una ventaja (SCBA, Ac 91262 S 23-5-2007).

Pero por obvio que resulte aclararlo la incertidumbre que tolera el rubro sólo puede recaer sobre “el beneficio esperado” o “la pérdida sorteada”, más no sobre los hechos que determinan que la probabilidad exista.

En otras palabras, para la reparación por pérdida o frustración de la chance deben coexistir un elemento de certeza y otro de incertidumbre. Certeza de que, de no mediar el evento dañoso, el damnificado habría mantenido la esperanza de obtener una ganancia o evitar una pérdida patrimonial. Y la incertidumbre de que manteniéndose la situación de hecho o de derecho que era el presupuesto de la chance, la ganancia se habría en realidad obtenido o la pérdida se habría evitado (conf. jurisp. esta Sala, causa N° 148655 RSD 30/13 del 7/3/2013; Sala 2, causa N° 141561 RSD774/9 del 8/9/2009).

Veamos la prueba obrante en autos.

A fs. 310 luce obrante prueba informativa emanada de “Francisco Osvando Díaz S.A.” de la que surge que “el señor Carlos Eduardo Mármol no figura en los registros de esta firma como comprador de unidad alguna”.

A fs. 397/400 se agrega prueba informativa emanada de “Círculo de inversores S.A.” en que se deja constancia que se adjudicó una unidad con inscripción de contrato prendario, siendo retirada la misma por el actor en fecha 19/1/2008.

A fs. 286/vta. presta declaración testimonial la Sra. Marta Mabel Stick, quien indica que al actor le fue denegado un préstamo para comprar un auto debido a su inclusión en el Veraz, teniendo que abonarlo en efectivo para poder retirarlo.

A fs. 287/vta. declara el testigo Sr. Oscar Hugo Palomeque que “cuando fue a pagar el auto, no lo pudo hacer porque estaba en el Veraz”.

A fs. 288 obra declaración testimonial del Sr. Hugo Carlos Marcaccio, quien sostiene que en 2004 el actor quiso sacar un vehículo de la concesionaria “Díaz” y no pudo hacerlo por figurar en el Veraz, mientras que en 2005 tuvo que “salir a buscar plata” a raíz de haber sido sorteado para adjudicar un vehículo marca Peugeot.

A fs. 289 presta declaración testimonial el Sr. Cristian Nieves Pereyra, indicando que el actor “quiso comprar un auto y no lo pudo hacer porque estaba en el Veraz, creo que fue en el 2004, la concesionaria a la que fue a comprar fue Díaz Sur y era un Palio y en el 2005 quiso comprar un Peugeot, por licitación y tampoco pudo comprarlo por aparecer en el Veraz”.

A fs. 290/vta. declara el testigo Santos Vega que al actor no le financiaban la compra de un vehículo porque se encontraba incluido en el Veraz.

Sin embargo, estos testimonios confrontados con la prueba informativa obrante a fs. 310, no logran aportar un contexto objetivo idóneo o favorable que permita suponer, con una intensidad o verosimilitud suficiente como para erigirse en probabilidad cierta, que la inclusión del actor en el registro de deudores haya tenido una repercusión de contenido patrimonial (conf. jurisp. esta Sala, causa N° 148655 RSD 30/13 del 7/3/2013; Sala 2, causa N° 141561 RSD774/9 del 8/9/2009).

En efecto, pese a tratarse de una posibilidad y de encontrarse en una zona gris entre lo cierto y lo incierto, la “chance” debe consistir en una razonable aspiración de obtener un beneficio económico que debe ser demostrado con prueba concreta, admisible y conducente (Piedecasas, Miguel A., “La pérdida de chance en la CSJN, Revista de Derecho de Daños”, 2008-I, pág. 173 y sgtes.).

La actora, para demostrar la chance truncada debió explicitar y acreditar indefectiblemente y con sólidos elementos, las repercusiones económicas que tuvo la incorporación del actor en el registro de deudores, extremo que no ha acaecido en autos (cfr. esta Cámara, Sala II, causa N° 152458 RSD 116/13 del 28/5/2013).

Por ello, considero que resulta improcedente el reconocimiento del presente rubro indemnizatorio, correspondiendo su desestimación.

C) INTERESES En primer lugar, corresponde determinar la fecha a partir de la cuál deben computarse los intereses moratorios del rubro indemnizatorio admitido.

En esta labor, advierto que el punto de inicio del cómputo de los intereses debe fijarse en la fecha en que se ha notificado la demanda -27/4/2006- (conf. fs. 77/vta.), atento la falta de acreditación de intimación previa (art. 509 del Cód. Civil). Dicho esto, cabe determinar cómo deben ser liquidados tales accesorios.

Así destaco que de conformidad con lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en los autos “Vera, Juan Carlos” (C. 120.536, sentencia del 18 de abril de 2018) y “Nidera S.A.” (C. 121.134, sentencia del 03 de mayo de 2018), el rubro daño moral debe ser fijado “a valores actuales”. Dígase al respecto que el Máximo Tribunal Provincial varió a partir de dichos precedentes la posición que supo sostener en los fallos “Cabrera” (Ac. 119176, del 15/06/2016) y “Padin” (C. 116.930, sent. del 10/08/2016) con relación a los intereses moratorios liquidados sobre créditos calculados a valores actuales, en tanto en estos nuevos precedentes resolvió que en aquellos supuestos en los que sea pertinente el ajuste por índices o bien cuando se fije un quantum a valor actual, los intereses moratorios sobre el crédito indemnizatorio deben liquidarse aplicando una tasa pura del 6% anual que se devenga desde que se hayan producido los perjuicios y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda (arts. 772 y 1748, Cód. Civ. y Com.), aplicando de allí en más aplicable la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días.

Llevando tales premisas al caso de autos resulta que los intereses moratorios a calcularse sobre el rubro daño moral deberán fijarse al 6% desde la mora hasta el dictado de la presente sentencia y, a partir de allí, a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Bs. As. en sus depósitos a treinta días (argto. jurisp. esta Sala, causa N° 153582 RSD 118/18 del 10/7/2018).

D) PRETENSIÓN DE ELIMINACION DE TODO REGISTRO DE LA BASE DE DATOS DEL B.C.R.A. Como objeto de su demanda, además de los daños y perjuicios reclamados, pretende la accionante que se ordene al Banco de la Provincia de Buenos Aires “que proceda a la eliminación del suscripto como deudor del sistema financiero de la base de datos del Banco Central de la República Argentina y de la base de toda otra base que corresponda, imponiéndose sanciones conminatorias para caso de incumplimiento” (v. fs. 11 vta.).

Entiendo que tal pretensión ha caído en abstracto. Siendo que la información suministrada lo ha sido desde el año 2003 hasta el año 2004 (fs. 425/428 vta.) y teniendo en consideración que según lo dispuesto por el inc. 4° del art. 26 de la ley 25.326 “...Solo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos cinco años...”, a la fecha ya ningún perjuicio podrá ocasionar a la actora aquello que fuera informado por Banco de la Provincia de Buenos Aires, careciendo de actualidad por tanto lo pretendido en la demanda sobre tal cuestión.

E) CITACION DEL TERCERO - COSTAS.

Cabe señalar que la citación de terceros no es una obligación sino una facultad de aquel que considere que la controversia le resulta común, pudiendo solicitar la misma en resguardo de su propio interés (arts. 68, 94 y ccdtes. del C.P.C.; argto. jurisp. Cám. Apel. Civ. y Com., San Martín, causa N° 60101 RSD 65/8 del 18/3/2008).

En el particular, el recurso deducido a fs. 675 se limita a cuestionar la violación del deber de seguridad de la entidad bancaria demandada, habiéndose declarado nula la intervención de ANSES (fs. 146), quedando incólume la inexistencia de responsabilidad por parte de la citada resuelta en la instancia de origen (v. presentación del 16/10/2018, y fs. 176).

En consecuencia, resultando el tercero citado eximido de responsabilidad y deviniendo estéril su intervención por resultar la demandada responsable por violación del deber de seguridad enmarcada en la Ley de Defensa del Consumidor, las costas correspondientes a la citación deben imponerse a la vencida en la disputa y, por ende, debe confirmarse la sentencia de primera instancia sobre tal cuestión (art. 68 del C.P.C.; argto. jurisp. Cám. Apel. Civ. y Com., San Martín, causa N° 60101 RSD 65/8 del 18/3/2008; Cám. Apel. Moron, causa N° 32984 RSD 72/95 del 23/3/1995; Cám. Apel. Civ. y Com. II, La Plata, Sala I, causa N° 81822 RSD 74/96 del 28/3/1996).

F) MANDATO PREVENTIVO:

Al margen de la solución que para el caso puntual bajo examen expuse en los apartados anteriores, también propongo en este Acuerdo una resolución adicional dirigida a la entidad bancaria demandada.

Concretamente, haciendo aplicación de lo dispuesto por los arts. 1710/1712 del Codigo Civil y Comercial de la Nación, y más específicamente de su art. 1713, considero propicio incluir -paralelamente a la condena requerida por el Sr. Mármol- un “mandato preventivo” dirigido al Banco de la Provincia de Buenos Aires, asumiendo el rol que me corresponde como magistrada en torno a procurar evitar daños, también llamada “función preventiva de daños” (v. nota de Peyrano “El perfil deseable del juez del siglo XXI”, pub en J.A- año 2001 IV-1125; Roberto Loutayf Ranea y Ernesto Solá, “Naturaleza jurídica de la prevención de daños e ilícitos que realizan los jueces”, en Jorge W. Peyrano, “La acción preventiva en el Código Civil y Comercial de la Nación”, Ed. Rubinzal-Culzoni, Cdad. de Sta. Fe, 2016, pág. 417/8, jurisp. Cám. Apel. Civ. y Com., Azul, Sala II, in re “Biordo, Miguel Angel c/ Rutas al Sur Concesionario s/ daños y perjuicios”, sent. del 11/11/2015).

En el caso particular que aquí nos toca resolver advierto una circunstancia que no puedo pasar por alto: el cliente que pidió el préstamo al Banco es una persona que recibe una pensión en su condición de ex-combatiente de Malvinas y no surgiendo de autos que el Sr. Mármol se dedique a alguna actividad empresarial o remunerativa, me permite inferir que la pensión es su principal fuente de ingresos.

Ello, en mi opinión, expone al cliente a cierto estado de vulnerabilidad, más aún cuando su participación en la contratación no es mucho más que la de un espectador que suscribe aquellos documentos o formularios que le ponen ante sí como condición para contar con el dinero que requirió en préstamo. O, peor aún, debe operar “electrónicamente” para realizar algunas gestiones propias de la contratación (argto. jurisp. Juzgado de Control, Niñez, Juventud, Penal Juvenil, Violencia Familiar y Faltas de Marcos Juárez, in re “Cantoni, Nestor Jorge c/ Banco de la Provincia de Córdoba (BANCOR) s/ amparo” (SAC 6807370), sent. del 3/4/2018).

En mi experiencia, a partir de la oferta masiva por medios televisivos o radiales, los contratos como el que aquí nos convoca, resultan, para personas de bajos recursos, un medio de acceso rápido al crédito para la adquisición de bienes o servicios, por lo que es en estos supuestos en los que las entidades bancarias deben extremar los cuidados que, por su profesionalidad, están claramente a su alcance, de modo que no puedan reeditarse situaciones como la que tuvo que atravesar el Sr. Mármol.

En concreto, propongo un “mandato preventivo” mediante el cual se haga saber al Banco de la Provincia de Buenos Aires que, aún cuando en el texto de los contratos de préstamo (específicamente aquellos en los que la modalidad de percepción de la cuota sea retención directa de los haberes jubilatorios o pensiones) se encuentre inserta una cláusula que disponga, ante la imposibilidad de percibir la cuota del préstamo, la asunción del depósito o pago inmediato por el mutuario, no se lo considere en situación de “mora” (lo que implicaría, de modo inmediato, la comunicación al BCRA), hasta tanto se lo notifique fehacientemente de la imposibilidad de efectuar la retención en los sucesivos “barridos” que se hayan intentado, y por consiguiente, que deberá proceder a abonar por ventanilla (arts. 1710, 1711, 1712, 1713 y ccdtes. del nuevo Código Civil y Comercial).

ASI LO VOTO. El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SRA. JUEZ DRA. NELIDA I. ZAMPINI DIJO: Corresponde:

I) Hacer lugar al recurso de fs. 675, y en consecuencia, revocar la sentencia de fs. 662/668 condenando al Banco de la Provincia de Buenos Aires a abonar al actor la suma de PESOS OCHENTA MIL ($80.000), con más los intereses a calcularse al 6% desde la mora -27/4/2006- hasta el dictado de la presente sentencia y, a partir de allí, a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Bs. As. en sus depósitos a treinta días (argto. jurisp. esta Sala, causa N° 153582 RSD 118/18 del 10/7/2018), cayendo en abstracto la pretensión que se elimine todo dato suministrado al B.C.R.A. respecto del actor, con costas a la demandada vencida (art. 68 del C.P.C.);

II) Como mandato “preventivo”, hacer saber al Banco de la Provincia de Buenos Aires que, aún cuando en el texto de los contratos de préstamo (específicamente aquellos en los que la modalidad de percepción de la cuota sea retención directa de los haberes jubilatorios o pensiones) se encuentre inserta una cláusula que disponga, ante la imposibilidad de percibir la cuota del préstamo, la asunción del depósito o pago inmediato por el mutuario, no se lo considere en situación de “mora” (lo que implicaría, de modo inmediato, la comunicación al BCRA), hasta tanto se lo notifique fehacientemente de la imposibilidad de efectuar la retención en los sucesivos “barridos” que se hayan intentado, y por consiguiente, que deberá proceder a abonar por ventanilla (arts. 1710, 1711, 1712, 1713 y ccdtes. del nuevo Código Civil y Comercial);

III) Rechazar el recurso deducido a fs. 685, con costas a la demandada (art. 68 del C.P.C.);

IV) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).

ASI LO VOTO.

El Sr. Juez Dr. Rubén D. Gérez votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

En consecuencia se dicta la siguiente

SENTENCIA:

Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo:

I) Se hace lugar al recurso de fs. 675, y en consecuencia, se revoca la sentencia de fs. 662/668 condenando al Banco de la Provincia de Buenos Aires a abonar al actor la suma de PESOS OCHENTA MIL ($80.000), con más los intereses a calcularse al 6% desde la mora -27/4/2006- hasta el dictado de la presente sentencia y, a partir de allí, a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Bs. As. en sus depósitos a treinta días (argto. jurisp. esta Sala, causa N° 153582 RSD 118/18 del 10/7/2018), cayendo en abstracto la pretensión que se elimine todo dato suministrado al B.C.R.A. respecto del actor, con costas a la demandada vencida (art. 68 del C.P.C.);

II) Como mandato “preventivo”, se hace saber al Banco de la Provincia de Buenos Aires que, aún cuando en el texto de los contratos de préstamo (específicamente aquellos en los que la modalidad de percepción de la cuota sea retención directa de los haberes jubilatorios o pensiones) se encuentre inserta una cláusula que disponga, ante la imposibilidad de percibir la cuota del préstamo, la asunción del depósito o pago inmediato por el mutuario, no se lo considere en situación de “mora” (lo que implicaría, de modo inmediato, la comunicación al BCRA), hasta tanto se lo notifique fehacientemente de la imposibilidad de efectuar la retención en los sucesivos “barridos” que se hayan intentado, y por consiguiente, que deberá proceder a abonar por ventanilla (arts. 1710, 1711, 1712, 1713 y ccdtes. del nuevo Código Civil y Comercial);

III) Se rechaza el recurso deducido a fs. 685, con costas a la demandada (art. 68 del C.P.C.);

IV) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 14.967).

Notifíquese personalmente o por cédula (art. 135 del C.P.C.). Devuélvase.

 

NELIDA I. ZAMPINI

RUBEN D. GEREZ

Marcelo M. Larralde

Auxiliar Letrado

 

  Correlaciones:

Ley 24.240 - BO: 15/10/1993

Méndez, Federico: “Inclusión indebida de un cliente bancario en el Registro de Deudores (BCRA y Veraz). Nuevo precedente en materia preventiva ” - Nota al fallo - Temas de Derecho Comercial, Empresarial y del Consumidor - setiembre/2019 - Cita digital IUSDC286869A

 

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