Demanda Incontestacion Efectos

JURISPRUDENCIA

Demanda. Incontestación. Efectos

 

Se confirma la sentencia que hizo lugar a la demanda dejando sin efecto la donación de la nuda propiedad que la actora realizara a favor de los demandados; ello en virtud que dicha donación fue efectuada con cargo, el cual fue incumplido por los donatarios.

 

 

En la ciudad de Rafaela, a los 5 días del mes de octubre del año dos mil diecisiete, se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Quinta Circunscripción Judicial, Dres. Beatriz A. Abele, Alejandro A. Román y Lorenzo J. M. Macagno para resolver los recursos de nulidad y de apelación interpuestos por la parte demandada, contra la sentencia dictada por la Señora Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 3era. Nominación de esta ciudad, en los autos caratulados: “Expte. N° 369 -Año 2008- PUGIN de ISOLA, Ester María c/ BURGOS, Hugo Alberto y MIRANDA, Nilda Miriam s/ ORDINARIO”.-

Dispuesto el orden de votación, en coincidencia con el estudio de la causa resulta: primera, Dra. Beatriz A. Abele; segundo, Dr. Alejandro A. Román; tercero, Dr. Lorenzo J. M. Macagno.

Acto seguido el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:

1era.: ¿Es nula la sentencia apelada?

2da.: En caso contrario ¿es ella justa?

3ra.: ¿Qué pronunciamiento corresponde emitir?

A la primera cuestión, la Dra. Beatriz A. Abele dijo:

Que la Jueza de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 3era. Nominación de Rafaela, hace lugar a la demanda interpuesta por Ester María Pugin de Isola contra Hugo Alberto Burgos y Nilda Miriam Miranda, y en consecuencia deja sin efecto la donación de la nuda propiedad que la señora Ida Susana Pugin de Storani realizara a favor de los acá demandados en fecha 07/05/97. Impone las costas a los demandados y difiere al regulación de honorarios (174 a 176).

Para así resolver considera que la falta de contestación de la demanda en el término legal, importa el reconocimiento de los hechos expuestos por la actora, salvo prueba en contrario, constituyendo la incontestación una verdadera presunción legal de reconocimiento de certeza de la demanda. Agrega que en el caso de autos, no solo los accionados no contestaron la demanda, sino que tampoco ofrecieron pruebas en contrario de los hechos articulados por la actora.

Contra dicho fallo se alza la codemandada Nilda M. Miranda (fs. 177) interponiendo recurso de apelación, el que es concedido a fs. 183.

Ya radicados ante esta Cámara, la recurrente expresa agravios (fs. 257 a 259 vto.).

Dice agraviarse porque la Inferior hizo lugar a la demanda, desestimando su postura, y agrega que no tuvo en cuenta que su parte interpuso recurso de revocatoria contra el decreto de S.S. que ordenaba autos para resolver, solicitando el paso oportuno correspondiente.

Se agravia porque se ha notificado al Sr. Burgos en su domicilio real cuando dice haber demostrado acabadamente que el mismo ya no vivía en el señalado. Añade que de tal manera correspondía la notificación en su actual domicilio o por edictos conforme lo señala el C.P.C.C., de tal manera que resulta nula la sentencia dictada por el Inferior, en contravención con dicha norma.

Se agravia porque se ha tenido por cierto lo señalado en la demanda, cuando no aportó ninguna prueba la actora, más aún teniendo en cuenta las claras disposiciones de la escritura de donación con cargo que acompañó oportunamente y cuya fotocopia se encuentra glosada a autos.

Cita jurisprudencia y dice que la actora tenía la obligación de probar el alegado incumplimiento de las cargas señaladas en el acto de donación. Agrega que niega el efecto jurídico de un hecho (en el caso la donación) en virtud de circunstancias particulares que lo excluyen, debe ser probado.

Dice agraviarse porque el Juez de grado dejó de lado reglas básicas procesales como: que en los juicios de cognición no se presume la causa de la obligación estando en cabeza de quien afirma la prueba de ello.

Sostiene que la sentencia ha sido dictada mediante un procedimiento viciado, por cuyos defectos no fue posible reparar en la instancia en que se cometieron. Dice que habiéndose omitido la etapa probatoria por la ley, ello importa un vicio de la actividad procesal que corresponde subsanar en la instancia de la Alzada, por vía de la declaración de nulidad del pronunciamiento en virtud de la falta.

Finaliza pidiendo se haga lugar a los recursos de apelación y nulidad, revocando la sentencia dictada en primera instancia.

A fs. 263/264 la parte actora contesta los agravios resistiendo su progreso y solicitando se confirme la sentencia elevada.

Ingreso al tratamiento del recurso.

Entiendo necesario realizar unas consideraciones previas respecto del escrito de agravios.

Si bien el recurrente no manifiesta expresamente que mantiene el recurso de nulidad, cuando desarrolla los agravios, hace referencia a vicios en el procedimiento que, asegura, acarrearían la nulidad de la sentencia. Si bien el escrito no guarda el orden que sería de esperar, a los fines de no ser tachado de excesivo rigorismo el tratamiento de las quejas, me referiré al supuesto vicio de procedimiento, luego de hacer una reseña de lo que las circunstancias que deben darse para que una sentencia sea declarada nula.

Nuestro Código de rito en su Art. 360 reconoce la procedencia del recurso de nulidad “contra las resoluciones pronunciadas con violación u omisión de las formas prescriptas en este código bajo esa penalidad o que asuman carácter substancial".

Tengo dicho en anteriores pronunciamientos, que la jurisprudencia ha sostenido reiterada y unánimemente que la finalidad última de este recurso es el resguardo de la garantía constitucional del debido proceso y que procede siempre que exista una indebida restricción al derecho de defensa en juicio, por violación u omisión de las formas y solemnidades sustanciales que preceptúan las leyes. También, pacíficamente se ha considerado al recurso de nulidad como remedio excepcional, de interpretación restrictiva, taxativa y limitada a los casos expresamente previstos en la ley.

La nulidad que torna procedente el recurso puede provenir de un vicio en el procedimiento -la que queda subsanada con el consentimiento o con el llamamiento de autos-, o de la forma o contenido de la resolución. En ambos casos, si son de orden público quedan purgadas por la cosa juzgada.

Aclarado el marco legal dentro del cual debe resolverse el planteo, paso a analizar el mismo. Deviene obligatorio recordar, que tanto para fundar el recurso de nulidad como el de apelación, debe hacerse de tal manera que los escritos resulten autosuficientes y demostrativos de los vicios que afecten el fallo atacado.

Revisadas las actuaciones, y centrándome en los agravios, el rechazo del recurso de impone, porque:

1. Es verdad que la Inferior hizo lugar a la demanda, pero ello fue porque la parte accionada no contestó la misma ni ofreció prueba en contrario. O sea que resolvió acorde lo dispuesto en el Art. 143 del C.P.C.C.S.F.

2. Falta a la verdad cuando asegura que la A-quo no tuvo en cuenta que su parte interpuso recurso de revocatoria contra el decreto de S.S. que ordenaba autos para resolver, solicitando el paso oportuno correspondiente. De las presentes actuaciones surge en realidad que: a fs. 44, con fecha 21/09/2.005 se dispone se corra traslado de la demanda; el 28/09/2.005 son notificados los accionados de dicho decreto (fs. 50); en fecha 11/05/2.006, ante la falta de contestación de la demanda por parte de los accionados, se les da por decaído el derecho para hacerlo y se llama autos para sentencia, fs. 61, decreto que se notifica el 29/05/2.006 (fs. 62 vto.); contra dicho decreto la codemandada Miranda interpone recurso de revocatoria y apelación en subsidio, los que son rechazados a fs. 74; contra dicha resolución a fs. 76 y 80, la misma codemandada vuelve a interponer recurso de apelación, lo que no se le hace lugar en ambos supuestos por improcedente.

3. La recurrente no está legitimada activamente para agraviarse porque se ha notificado al Sr. Burgos en su domicilio real cuando dice haber demostrado acabadamente que el mismo ya no vivía en el señalado. El perjuicio que sostiene un recurso debe ser propio del recurrente.

4. No es verdad que la actora no haya aportado ninguna prueba. En realidad es cierto que no acompañó con la demanda la escritura pública de donación con cargo, pero ello no era necesario porque una copia certificada de la misma, está glosada a fs. 5 a 7 del “Expte. N° 460 - Año 2.002 - Pugin de Storani, Ida Susana c/ Burgos, Hugo Alberto y Miranda, Nilda Mirian s/ Declaratoria de Pobreza”, que corre agregado por cuerda -en adelante Exte. 460/02-.

Siendo que no hay vicio alguno en el procedimiento ni en el fallo, y que la quejosa tuvo amplias oportunidades de ejercer su derecho de defensa, a la primera cuestión entonces voto entonces por la negativa.

A esta misma cuestión, los Dres. Alejandro A. Román y Lorenzo J. M. Macagno dijeron que por idénticos fundamentos votaron asimismo por la negativa a esta primera cuestión.-

A la segunda cuestión, la Dra. Beatriz A. Abele dijo:

Paso al tratamiento de los agravios que hacen al recurso de apelación y que fueran mencionados en el apartado anterior.

La recurrente dice agraviase porque se ha tenido por cierto lo señalado en la demanda y asegura que la actora tenía la obligación de probar el alegado incumplimiento de las cargas señaladas en el acto de donación. Agrega que niega el efecto jurídico de un hecho (en el caso la donación) en virtud de circunstancias particulares que lo excluyen, debe ser probado.

Se equivoca la recurrente.

El Art. 143 C.P.C.C.S.F. establece que la incontestación de la demanda implica el reconocimiento de los hechos articulados por el actor. En otras palabras, crea una presunción juris tantum a favor de las afirmaciones del accionante.

Comparto la jurisprudencia que opina que la falta de contestación de la demanda no conlleva fatalmente a que ésta deba prosperar, sino que al Juzgador le corresponde analizar, aplicando las normas pertinentes, si la pretensión cuenta con el debido sustento jurídico (ALVARADO VELLOSO, Adolfo. “Estudio Jurisprudencial - Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe”; Edit. Rubinzal Culzoni; T. IV; págs. 255/256). El juez debe examinar si existe una lógica correspondencia entre los hechos afirmados, tanto entre sí como respecto de la prueba aportada, además de la subsunción de los hechos fíctamente reconocidos en el plexo jurídico a fin de establecer si aquélla cuenta con el adecuado sustento a pesar del silencio de la contraparte (PEYRANO, Jorge W. - VAZQUEZ, Roberto A.; “Código Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe”; Edit. Juris; págs. 418/419).

Aclarado el marco dentro del cual entiendo debo actuar, procedo a analizar las actuaciones.

El escrito de demanda se integra con la copia certificada de la escritura pública glosada a fs. 5 a 7 del Expte. 460/02. Y es este segundo documento donde queda probado que los recurrentes recibieron en donación con cargo el inmueble objeto del presente juicio.

El cargo constaba en “conservar el inmueble en condiciones normales de uso y habitabilidad y de prestar a la donante, en caso de necesidad, asistencia de alimentos, vestuario y atención médica primaria. Los donatarios aceptan ...”.

En la demanda, cuenta la actora que los Sres. Miranda y Burgos no cumplieron con el cargo, que no asistían a la donante con alimentos ni vestimenta ni medicación, y que ella sobrevivía gracias a la generosidad de una vecina. Tampoco proveyeron a los gastos de conservación y mantenimiento del inmueble.

Estas faltas de cumplimiento del cargo, son hechos que, mediando incontestación de la demanda y falta de prueba en contra, están reconocidos por los demandados. Por lo tanto los tengo por ciertos.

Por todo ello, y lo establecido en los Arts. 1.848; 1.849, s.s. y c.c. del C.C., voto por la afirmativa.

A esta misma cuestión, los Dres. Alejandro A. Román y Lorenzo J. M. Macagno dijeron que por idénticos fundamentos votaron asimismo por la negativa a esta primera cuestión.-

A la tercera cuestión, la Dra. Beatriz A. Abele dijo:

Que en virtud del estudio precedente, sugiero a mis colegas se dicte la siguiente resolución: 1) No hacer lugar a los recursos de nulidad y apelación opuestos por la codemandada Nilda Miriam Miranda, y confirmar la sentencia en todos sus términos. 2) Imponer las costas a la recurrente perdidosa. 3) Fijar los honorarios de la Alzada en el 50% de los que se regulen en baja instancia.

A la misma cuestión, los Dres. Alejandro A. Román y Lorenzo J. M. Macagno dijeron que la resolución que corresponde adoptar era la propuesta por la Jueza de Cámara Dra. Beatriz A. Abele, y en ese sentido emitieron sus votos.

Por las consideraciones del Acuerdo que antecede la CAMARA DE APELACION CIVIL, COMERCIAL Y LABORAL DE RAFAELA, RESUELVE: 1) No hacer lugar a los recursos de nulidad y apelación opuestos por la codemandada Nilda Miriam Miranda, y confirmar la sentencia en todos sus términos. 2) Imponer las costas a la recurrente perdidosa. 3) Fijar los honorarios de la Alzada en el 50% de los que se regulen en baja instancia.

Insértese el original, agréguese el duplicado, hágase saber y bajen.

Concluido el Acuerdo, firmaron los Jueces de Cámara por ante mí, doy fe.

 

Beatriz A. Abele

Juez de Cámara

Alejandro A. Román

Juez de Cámara

Lorenzo J. M. Macagno

Juez de Cámara

Héctor R. Albrecht

Secretario

 

  Nota:

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