Despido Principio De Continuidad Del Vinculo Finalizacion De La Licencia Por Maternidad

JURISPRUDENCIA

Despido. Principio de continuidad del vínculo. Finalización de la licencia por maternidad

 

Se confirma la sentencia que hizo lugar a la demanda por considerar que el despido dispuesto por la empleadora sobre la base de que la trabajadora había optado por la situación prevista en el inciso b) del artículo 183 de la Ley de Contrato de Trabajo, conforme lo preceptuado por el artículo 186, resultó apresurada y, en consecuencia, violatoria del principio de continuidad del vínculo.

 

 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2017

En la Ciudad de Buenos Aires reunidos los integrantes de la Sala VI a fin de considerar los recursos deducidos en autos y para dictar sentencia en estas actuaciones, practicando el sorteo pertinente, proceden a expedirse en el orden de votación y de acuerdo con los fundamentos que se exponen a continuación.

LA DRA. GRACIELA L. CRAIG DIJO:

I. Contra la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la demanda recurren los accionados, Petroplastic S.A. y Miguel Szoke Urquiza, a tenor de los memoriales de agravios, obrantes a fs. 629/640 y fs. 641/644, cuyas réplicas por parte de la trabajadora lucen agregadas a fs. 651/653 y fs. 649/650, respectivamente.

Asimismo, los demandados se agravian por los emolumentos fijados a favor de los profesionales intervinientes en autos (ver fs. 639/vta., pto. II y fs. 643vta./644, apartado B).

Por su parte, la representación letrada de Petroplastic S.A. -por su propio derecho- cuestiona los honorarios que le fueron regulados por considerarlos reducidos (ver fs. 640).

La Señora Jueza “a quo” admitió la pretensión de la trabajadora, porque consideró que el despido dispuesto por la empleadora el 2/12/2011, sobre la base de que aquélla había “... optado por la situación prevista en el inc. b) art. 183 LCT conforme preceptuado por el art. 186 LCT,...” había resultado apresurada y, en consecuencia, violatoria del principio de continuidad del vínculo (art. 10 de la L.C.T.) y buena fe (art. 63 de la L.C.T.). En este marco, condenó a Petroplastic S.A. a abonar a la actora las indemnizaciones de los arts. 245, 232 y 233 de la L.C.T. Asimismo, entendió que, de la prueba testimonial rendida en la causa, surgía demostrado la dependiente había comenzado a prestar servicios el 19/07/1996, es decir, con anterioridad a la fecha registrada por la demandada, esto es, marzo de 1997. En consecuencia, admitió las multas de los arts. 9º y 15 de la ley 24.013, así como también el incremento indemnizatorio dispuesto por el art. 2º de la ley 25.323. Por otra parte, también hizo lugar a la pretensión deducida contra Urquiza en su carácter de presidente del ente societario, con fundamento en lo normado en la ley 19.550 (ver fs. 616/628).

II. Por razones de orden metodológico trataré, en primer término, el recurso interpuesto por la empleadora, Petroplastic S.A. quién se agravia por cuanto la sentenciante de grado no consideró que la relación laboral concluyó en los términos del art. 186 de la L.C.T. (ver fs. 629vta./633, apartado a).

A mi juicio, no asiste razón a la recurrente.

Digo esto, por cuanto, tal como lo tiene dicho esta Sala, con criterio que comparto, la decisión empresarial que dispuso lisa y llanamente el despido de Busto, con fundamento en el art. 183 inc. b) de la L.C.T., cuando había transcurrido un plazo exiguo desde la finalización de la licencia por maternidad (v.gr.: 12 días hábiles), no resultó ajustado al principio de continuidad de la relación laboral, ni a los deberes de conducta impuesto por los arts. 62 y 63 de la L.C.T., que deben observarse incluso al momento de extinguir la relación laboral (ver, del registro de este Tribunal, SD Nro. 65.140 del 14/05/2013, “Berdini María Florencia c/ Kowzef S.A. s/ Despido”, íd. SD Nro. 61.657 del 27/10/2009, “Vecchio Andrea Paula c/ Directores Dime S.A. s/ Despido”; etc.).

Desde esta perspectiva de análisis, considero que el mínimo respeto por las normas mencionadas imponía que Petroplastic S.A., en su carácter de empleadora, cursara, al menos, una intimación previa, a la entonces dependiente, a fin de que manifestara si decidía continuar o no con el contrato de trabajo

Advierto, asimismo, que la decisión rupturista adoptada por la empresa tampoco se ajustó con una garantía de rango constitucional, como es la tutela de la mujer embarazada, según lo dispuesto por el art. 11, apartado 2, de la CEDAW, con jerarquía constitucional (arg. art. 75 inc. 22) y el art. 75 inc. 23 de la Ley Fundamental.

Téngase presente que, tal impulso protectorio se vio también reflejado, en el plano de la legislación nacional, con la sanción de la ley 26.485 (B.O.: 14/09/2009) y su decreto reglamentario 1011/2010 (B.O.: 20/07/2011), que, en su art. 6º inc. c) se caracteriza a la violencia laboral contra las mujeres como “...aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo...”.

Una lectura armónica e integral de las disposiciones mencionadas y el art. 186 de la L.C.T. es aquélla que acentúa la protección de la trabajadora y no la que la coloca en inferioridad de condiciones respecto de cualquier trabajador (arg. art. 244 de la L.C.T.).

Las consideraciones hasta aquí expuestas y propias del fallo apelado, las que no lucen suficientemente rebatidas en el memorial de agravios, me llevan a proponer que, de ser compartido mi voto, se confirme lo resuelto en la anterior instancia.

Lo expresado se proyecta, de una manera clara, sobre la suerte del quinto agravio que deduce la empleadora a fs. 639, apartado e, dirigido a cuestionar la procedencia de la indemnización agravada del art. 178 de la L.C.T.

III. Asimismo, Petroplastic S.A. se agravia por cuanto la “a quo” entendió que “...la antigüedad computable a la relación laboral bajo análisis, era de 15 períodos” (ver fs. 633/637, apartado b).

Adelanto que la queja tampoco tendrá favorable recepción en este aspecto.

Hago esta afirmación porque, del detenido análisis de los elementos de prueba adjuntados a la causa (ver fs. 92/94; fs. 285/307; fs. 311/329; fs. 442/480; fs. 497/501 y fs. 542/547), y, en especial, los testimonios rendidos a fs. 219; fs. 356/357 y fs. 520, valorados a la luz de las reglas de la sana crítica (arg. arts. 386; 403 y 477 del C.P.C.C.N. y 90 de la L.O.) no permiten apartarse de lo decidido.

En efecto, Ruseler (ver fs. 356/357) dijo que conocía a la actora “...desde el año 1996 que el dicente estaba trabajando para una empresa llamada CPS Capital Markets SA para la cual ella era secretaria de presidencia...”. Luego, más adelante agregó que también la accionante “...trabajo en Petroplastic y en una empresa llamada Metro invest, estas tres empresas incluida CPS son de los mismos accionistas. Que lo sabe porque trabajó con las firmas,...”.

También el deponente refirió que el grupo de empresas “... CPS CAPITAL MARKETS, METRO INVEST S.A. y a PETROPLASTIC S.A. y a PETROPLASTIC SERVICIOS S.A. (...) tenían oficinas donde tenían oficias Petroplastic. Que quién llevaba la contabilidad de estas empresas era Florencia” (ver fs. 357).

No soslayo que a fs. 380/381 este testimonio fue impugnado por la apelante, pero lo cierto es que ninguna de las observaciones allí efectuadas logran restarle verosimilitud a sus manifestaciones. Por el contario, en mi opinión, la eficacia convictiva de esta declaración luce corroborada a partir de los informes rendidos por la IGJ a fs. 285/329, fs. 311/329 y fs. 442/480, pues, tal como se apunta en el fallo recurrido (ver fs. 624), de éstos se desprende, de una manera clara, la vinculación existente en Petroplastic S.A.; CPS Capital Markets S.A y Metroinvest S.A.

Súmese a lo expuesto el diploma otorgado por la propia recurrente en el mes de diciembre de 2006, en el que se reconoció a Busto “...10 años de servicios en la empresa,...” razón por la cual ésta fue merecedora de la Insignia de oro (ver fs. 546).

Idéntica apreciación cabe efectuar, asimismo, respecto del diploma entregado en diciembre de 2004, oportunidad en la que se le reconoció a la actora sus “...8 años de servicios en la empresa...” (ver fs. 545).

Los razonamientos reseñados y consideraciones propias del decisorio de grado, me llevan a proponer que, de ser compartido mi voto, se desestime este segmento de la queja.

IV. La solución propuesta sella, asimismo, la suerte del siguiente agravio que deduce la empleadora a fs. 637vta./638, apartado c, dirigido a cuestionar “...la aplicación de las multas previstas en los arts. 9 y 15 de la ley 24013”.

En efecto, conforme surge de la misiva, cuya copia luce agregada a fs. 183 (ver informe del Correo Oficial de fs. 185), la actora, encontrándose vigente el vínculo laboral, el 2/12/2011, intimó a la empleadora a que registrara correctamente la relación y, a su vez, cumplió con lo dispuesto por el art. 11, inc. b) de la LNE remitiéndole a la AFIP, dentro de las 24 hs., copia de tal requerimiento.

Por lo demás, en su memorial de agravios la empresa se limita a afirmar, con una alta cuota de dogmatismo, que la demandante no acreditó su fecha de ingreso, aspecto que -como ya lo señalé- si ha sido demostrado en la casusa (arg. art. 116, 2do. párrafo, de la L.O.).

A su vez, la apelante insiste en que la intimación no resultó “autosuficiente” (ver fs. 638 “in fine”), sin hacerse cargo que, de que en el requerimiento que aquélla le cursó (ver fs. 183), precisó que su real fecha de ingreso había sido el 19/07/1996 y demás “circunstancias verídicas” que autorizaban a calificar el vínculo como defectuoso, tal como lo exite el art. 11, 4to. párrafo, de la LNE.

Corresponde, en síntesis, rechazar este aspecto del recurso.

V. Tampoco tendrá favorable andamiento el cuestionamiento que introduce Petroplastic S.A. a fs. 638vta. “in fine”/639, apartado d, respecto del incremento indemnizatorio del art. 2º de la ley 25.323.

Digo ello, por cuanto, las indemnizaciones derivadas del despido no fueron abonadas por la empleadora, lo que obligó a la trabajadora a que, previa intimación fehaciente a su pago (ver fs. 180 TCL 80784718), iniciara el presente litigio para que le fuera satisfecho su crédito.

Propongo, por ello, se confirme lo resuelto en la anterior instancia.

VI. Seguidamente, analizaré la pieza recursiva interpuesta por el coaccionado Miguel Szoke Urquiza, quién se agravia por cuanto la sentenciante de grado lo condenó solidariamente con Petroplastic S.A. por entender que “...1)...era el ‘Presidente de Petroplastic SA' (...) y 2) la existencia de una relación laboral irregularmente registrada” (ver fs. 641vta./643, pto. I, apartado A).

En mi criterio, no asiste razón al apelante.

Hago esta afirmación porque, tal como lo tiene dicho esta sala en casos similares al presente, el recurrente no sólo en su carácter de presidente de Petrosplastic S.A., sino también, al ocupar igual cargo en Metroinvest S.A. y el de director titular en CPS Capital Markets S.A. (ver fs. 298/300), al no registrar en forma debida la relación laboral, violó las leyes laborales de orden público y las normas de seguridad social provocando perjuicios al trabajador y a la comunidad en general.

Tal circunstancia justifica la extensión de responsabilidad solidaria por mal desempeño de su cargo, en los términos del art. 274 de la ley 19.550, que remite al criterio del art. 59 de la citada norma legal, en tanto dispone que “los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios” (véase, entre otras, del registro de esta Sala, SD Nro. 62.819 del 20/04/2011, “Aumasque Eduardo Héctor c/ Tabacalera Sarandí S.A. y otros”; etc.).

En el “sub iudice”, ha quedado acreditado que la empresa consignó en la documentación laboral una fecha de ingreso posterior a la real, por lo que considero que la conducta adoptada por Szoke Urquiza, lo hace solidariamente responsable, en los términos de la normativa mencionada y, por ello, no advierto, en el caso, elemento idóneo alguno que permita apartarme de lo decidido por la sentenciante de grado

Corresponde, por ello, y como ya lo señalara, rechazar este segmento del recurso.

VI. Por lo demás, teniendo en cuenta la extensión, mérito e importancia del trabajo realizado, valor económico del proceso y pautas arancelarias de aplicación, estimo que los honorarios regulados a favor de los profesionales intervinientes en autos recurridos a fs. 639 “in fine”/vta., pto. II; fs. 640 y fs. 643vta. “in fine”/644, apartado B, se ajustan a derecho, por lo que propongo que también sean confirmados (art. 38 de la L.O., 6º, 7º y concs. de la ley 21.839, ley 24.432).

Las costas de Alzada propongo imponerlas solidariamente a los demandados vencidos, en tanto no encuentro mérito para apartarme del principio general de derrota que rige en la materia (arg. art. 68 del C.P.C.C.N.).

Asimismo, regúlense los honorarios de los representantes letrados intervinientes en ésta Alzada en el 25% de lo que, en definitiva, les corresponda por sus labores en la instancia previa (art. 14 de la ley 21.839, ya citada).

EL DR. LUIS A. RAFFAGHELLI DIJO:

Que adhiero al voto que antecede.

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de la L.O.) el Tribunal RESUELVE: I) Confirmar la sentencia de primera instancia en todo lo que fuera materia de recurso y agravios; II) Imponer solidariamente las costas de Alzada a la demandada vencida (art. 68 del C.P.C.C.N.); III) Regular los honorarios de los letrados intervinientes en esta Alzada en un 25% de lo que, en definitiva, les corresponda por su labor en la anterior etapa.

Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la Acordada de la CSJN Nº 15/2013.

Conste que la vocalía uno se encuentra vacante (art. 109 RJN).

Regístrese, notifíquese y vuelvan.

 

GRACIELA L. CRAIG - JUEZ DE CÁMARA

LUIS A. RAFFAGHELLI - JUEZ DE CÁMARA

FABIANA S. RODRÍGUEZ - SECRETARIA DE CÁMARA

 

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