Haber Jubilatorio Movilidad

JURISPRUDENCIA

Haber jubilatorio. Movilidad

 

Se confirma la sentencia que determinó las pautas establecidas para la redeterminación y el posterior reajuste por movilidad del haber jubilatorio del actor.

 

 

Salta, 26 de julio de 2018.

VISTO Y CONSIDERANDO:

I.- Que vienen las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la ANSeS a fs. 73 en contra de la sentencia dictada en primera instancia a fs. 64/72.

A través del memorial presentado a fs. 76/83, la demandada apela las pautas establecidas para la redeterminación y el posterior reajuste por movilidad del haber jubilatorio del actor, solicitando la aplicación de los índices previstos en la ley 27.260 (Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados).

II.- Que la cuestión planteada con relación al reajuste del haber previsional del actor resulta sustancialmente análoga a la examinada por este Tribunal en el antecedente “Moyano, Manuel Alberto c/ ANSeS s/ Reajustes varios”, expte. nº 25200407/2011, sentencia del 22 de junio de 2016, entre otros, por lo que corresponde remitirse a los fundamentos allí vertidos (www.cij.gov.ar), que pasan a formar parte del presente resolutorio.

En efecto, a través de las constancias de la causa se observa que el señor Jorge Alberto Sánchez Ruiz obtuvo el beneficio de jubilación ordinaria a partir del 30/04/2014, bajo el régimen previsto por la ley 24.241(fs. 6/12); y que oportunamente requirió en sede administrativa el reajuste de su haber, solicitud que fue desestimada por la ANSeS mediante la resolución RNT-M 00459/16 (fs. 2/4 y 14/19).

Por ello, de acuerdo con los argumentos expuestos en el antecedente referido precedentemente, cabe desestimar los agravios formulados al respecto.

III.- Que en cuanto a la aplicación al presente de los índices previstos en la ley 27.260, el decreto 807/16, la resolución de la Secretaría de Seguridad Social de la Nación N° 6/16 y la resolución de ANSeS N° 56/2018, ante la imposibilidad de que dicho planteo fuera puesto a consideración del juez de grado en tiempo oportuno atento la fecha de interposición de la demanda y como las sentencias deben atender siempre a las circunstancias existentes al momento de su dictado (Fallos 322:2953; 329:3644), cabe tratarlas en esta instancia.

Sobre el punto, cuadra recordar que la citada ley 27.260 tuvo por objeto “implementar acuerdos que permitan reajustar los haberes y cancelar las deudas previsionales” (art. 1º) respecto de los beneficiarios detallados en su art. 3º; fijando a tal fin las pautas para la redeterminación y la movilidad de dichos haberes (art. 5°).

Por su parte, el Decreto N° 807 del 28 de junio de 2016 determina el índice de actualización de las remuneraciones de los afiliados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) (arts. 24 inc. a) y 97 de la ley 24.241): hasta el 31 de marzo de 1995 las variaciones del Indice Nivel General de las Remuneraciones; desde el 1/4/1995 al 30 de junio de 2008, las variaciones de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE) y a partir de allí las movilidades establecidas por la ley 26.417. A su vez, el artículo 5º establece que las disposiciones del decreto serán de aplicación para la actualización de las remuneraciones que deban considerarse “para el cálculo de las prestaciones previsionales que se otorguen con alta mensual agosto”.

Asimismo, en uso de las atribuciones conferidas por el art. 3° del decreto citado, la Secretaría de Seguridad Social de la Nación, a través de la Resolución 6/2016 aprobó y elaboró el índice a utilizar para la actualización de las remuneraciones de los afiliados al SIPA (art. 1° y anexo).

Finalmente, mediante la Resolución N° 56 del 3 de abril de 2018, la ANSeS extendió la aplicación del índice combinado fijado por el decreto y la resolución citadas a los beneficios dados de alta con anterioridad al 1° de agosto de 2016 (art.1°), disponiendo además que debe ser aplicado conforme lo establecido en el Título I del Libro I de la ley 27.260 (art. 2°).

Sentado lo expuesto, no surge de estas actuaciones que el actor se hubiera acogido al denominado “Programa Nacional de Reparación Histórica”, de carácter netamente voluntario para el jubilado o pensionado, por lo que no puede pretender la demandada la imposición forzada en un proceso judicial de los índices fijados en una ley para supuestos de acuerdos transaccionales en los que existiría una renuncia de derechos litigiosos por parte del jubilado para obtener un reconocimiento y consolidación del resto de su pretensión (conf. Sala II CFSS en autos “Gómez, Alberto César c/ ANSeS”, expte. 5081/14, sent. del 28/9/2017).

Tampoco corresponde aplicar al presente las disposiciones del Decreto 807/16 y la Resolución de la Secretaría de Seguridad Social de la Nación N° 6/16, toda vez que en autos el actor obtuvo su beneficio jubilatorio en abril de 2014, con lo que no se encuentra comprendido en los supuestos allí contemplados.

Igualmente, corresponde desestimar la pretensión de aplicar en el sub lite la Resolución ANSeS N° 56/2018, en tanto dispone la utilización retroactiva de los citados índices de actualización de las remuneraciones mensuales percibidas en relación de dependencia, alterando la fecha dispuesta a tales fines por una norma de rango superior como lo es el Decreto del P.E.N. 807/2016.

En igual sentido, se ha expedido recientemente la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social al rechazar la pretensión de la Anses en la aplicación a un supuesto análogo de la citada Resolución 56/2018 al entender que “la actora obtuvo su prestación con anterioridad al “mensual agosto 2016” previsto como dies a quo en el punto 5º de la parte resolutiva del Decreto Nº807/2016”; a más de que “porque la petición de la recurrente de que se aplique en estos autos la Resolución ANSeS Nº56/2018 -que contradeciría las prescripciones de este decreto y las razones de orden público que subyacen al artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación- deviene extemporánea o traduce una reflexión tardía que no guarda relación con los hechos de la causa (CSJN Fallos 331:423)” (“Artyuri, Mirta Beatriz c/ ANSES”, sent. del 12/07/2018).

En consecuencia, corresponde desestimar los agravios formulados por la demandada al respecto.

El doctor Alejandro Augusto Castellanos dijo:

1.- Comparto en lo sustancial el criterio postulado por los distinguidos colegas en el voto que abre este Acuerdo, sin perjuicio de lo cual entiendo pertinente efectuar algunas consideraciones particulares en orden a la pretendida aplicación u observancia de lo prescripto por el decreto 807/16 y la resolución ANSES 56/2018.

2.- En cuanto a las disposiciones contenidas en el decreto 807/16, cuadra destacar que el tenor inconfundible de su literalidad, en orden a establecer que su ámbito de aplicación temporal se restringe a los beneficios previsionales que se otorguen a partir del 1º de agosto de 2016, determina que su invocación resulte estéril a los fines de resolver la cuestión aquí ventilada, resultando asimismo inviable una aplicación retroactiva como la pretendida por la demandada, incluso de manera analógica.

No puede perderse de vista que lo discutido hace a la determinación del haber inicial de pasividad que, en lo sustancial -y el mecanismo de determinación del monto de dicho haber claramente lo es-, se rige por el régimen vigente al momento del cese o de la producción del hecho generador del beneficio.

De tal modo que, si esos acontecimientos históricos tuvieron lugar antes de la entrada en vigencia y de la propia existencia del decreto 807/16, cabe concluir que se verifica entonces una causa valedera de diferenciación que justifica la asunción de un temperamento igualmente distintivo en el trato conferido a los beneficios otorgados con anterioridad y posterioridad a la incorporación de estas nuevas pautas de cálculo.

3.- Párrafo aparte merece el análisis de lo dispuesto por la Resolución ANSeS 56/18, que abiertamente pretende regir situaciones correspondientes a hechos pasados, imponiendo cómo “deben actualizarse” las remuneraciones tomadas en cuenta para la determinación del haber inicial de beneficios previsionales que, paradójicamente, corresponden a “altas anteriores al 1º de agosto de 2016”, es decir, antes de su propia vigencia.

3.1.- Más allá del contrasentido y la atemporalidad que se vislumbra en el enunciado de la resolución -sobre lo que me habré explayar de seguido-, corresponde principiar concordando con el señalamiento efectuado por mis colegas en relación a que lo dispuesto en dicha resolución contraría lo establecido por una norma de rango superior como lo es el ya citado decreto 807/16, que sólo manda aplicar el índice combinado de actualización de remuneraciones ‘base' para la determinación de los futuros beneficios previsionales.

3.2.- A más de ello, corresponde destacar que durante el tiempo en que la ley habilitaba a la ANSeS a establecer los procedimientos de cálculo dictando las normas reglamentarias que fueren menester -esto es, desde la sanción original de la ley 24241 y hasta la reforma operada por la ley 26417-, lejos de reconocer la repotenciación y los baremos ahora proclamados, prohibió la actualización de las remuneraciones mediante la limitación instituida en la resolución 140/95, que impedía el ajuste inflacionario y mandaba a calcular el promedio de las remuneraciones a sus valores históricos. Sin embargo, habiendo transcurrido casi una década desde que esas facultades reglamentarias se transfirieron a la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, ya con incompetencia para reglamentar la materia, en forma claramente extemporánea y de manera retroactiva, la ANSeS pretende ahora regular aspectos de una ley que incumben a otro órgano del Estado y para lo cual la facultad de delegación establecidos por la Resolución SSS 6/16 resulta claramente insuficiente.

3.3.- Por otra parte, debe ponerse de resalto el verdadero e intrínseco contrasentido que entraña el dictado de una resolución que declaradamente procura “prever para el pasado”, temperamento impropio de una tarea legisferante que, supuestamente, avanza sobre hechos ya consumados por la Administración como resultan ser las determinaciones de haberes jubilatorios iniciales, que es lo que la norma regula.

Además, ello resulta magnificado en la especie, por cuanto la pretensa indexación de remuneraciones con recurso al índice combinado aparece contradictoriamente propugnado por la propia autoridad administrativa que tuvo a su cargo actualizar el valor histórico de las remuneraciones percibidas por la parte actora en actividad y efectuar el cálculo del haber inicial de pasividad, no obstante lo cual no sólo omitió actuar de ese modo en la oportunidad de otorgar el beneficio jubilatorio, sino también, al resolver la pretensión administrativa de reajuste, la que sistemáticamente rechaza.

No debe perderse de vista que tanto el decreto 807/16 como la resolución 56/18 se reconocen como explanación reglamentaria de la previsión contenida en el art. 24, inc. a) de la ley 24241, en cuanto establece la forma de calcular el haber inicial de la prestación compensatoria, de manera que tal metodología de cómputo debería estar destinada a regir la actividad que el organismo previsional debe desarrollar “antes” de la fijación del haber inicial de pasividad, al momento de computar y actualizar las remuneraciones registradas en el período decenal previo al otorgamiento del beneficio.

Su pretendida aplicación analógica a los fines de la “redeterminación” o “reajuste” del haber previsional constituye tan solo una argucia que muestra un uso indebido y distorsionado de las facultades reglamentarias. Máxime si se tiene en cuenta que, como quedó dicho, la propia demandada rehúye sistemáticamente su observancia en aquellos procesos para los cuales está determinada por la ley la instrumentación de tales mecanismos, lo que revela un comportamiento ciertamente censurable, toda vez que su invocación judicial repugna la doctrina de los actos propios.

4.- Por consiguiente, teniendo en cuenta que el índice establecido por el organismo previsional a través de la Resolución ANSES 140/95 y que se encontraba vigente en los tiempos de determinación y de cálculo del beneficio previsional del actor estaba determinado por el Indice del Salario Básico de la Industria y la Construcción y que la limitación temporal allí establecida para la repotenciación de las remuneraciones consideradas como base de cálculo fue dejada sin efecto por el Máximo Tribunal en Fallos 332:1914 (“Elliff”), corresponde confirmar su aplicación en el caso sub examine y rechazar la pretensión de la demandada de sustituirlo por RIPTE.

Así cabe concluirlo, puesto que conforme la Sala II tuvo oportunidad de señalarlo a partir del precedente “Escotorín”, un elemental respeto del principio de igualdad ante la ley impone no alterar el criterio o pauta de actualización utilizado respecto de jubilados que obtuvieron el reconocimiento al recálculo de sus haberes en situaciones sustancialmente asimilables al presente caso.

Por ello, voto por el rechazo del recurso de apelación interpuesto por la demandada y la consecuente confirmación de la sentencia definitiva de primera instancia, en cuanto fue materia de agravios. Con costas por el orden causado (art. 21 de la ley 24.463).

Por lo que se, RESUELVE:

I.- RECHAZAR el recurso de apelación deducido por ANSeS a fs. 73 y, consecuentemente, CONFIRMAR la sentencia de fs. 64/72 en todo cuanto ha sido objeto de agravios. Con costas por el orden causado (art. 21 de la ley 24.463).

II.- REGÍSTRESE, notifíquese, publíquese en el C.I.J. (conforme Acordadas C.S.J.N. 15 y 24 de 2013) y, oportunamente, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen a sus efectos.

 

Firmado Renato Rabbi Baldi Cabanillas, Ernesto Solá y Alejandro Castellanos. Jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Secretaria María Victoria Cardenas Ortiz.

 

 

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