Recurso De Inaplicabilidad De Ley Arbitrariedad De Sentencia Desalojo Laboral Carga De La Prueba Omision De Probar

JURISPRUDENCIA

Recurso de inaplicabilidad de ley. Arbitrariedad de sentencia. Desalojo laboral. Carga de la prueba. Omisión de probar

 

Se confirma la sentencia que condenó a un extrabajador jubilado (y a su grupo familiar) al desalojo de la vivienda emplazada en el predio de propiedad de los actores (anteriores empleadores), al no haber acreditado la posesión que invocó como defensa ni rebatido el argumento de que dicha vivienda había sido entregada como acuerdo o beneficio, en el marco de un vínculo laboral preexistente.

 

 

  En la ciudad de Corrientes, a los veintiséis días del mes de diciembre de dos mil diecisiete, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Doctores Fernando Augusto Niz, Alejandro Alberto Chaín, Eduardo Gilberto Panseri, Luis Eduardo Rey Vázquez, con la Presidencia del Dr. Guillermo Horacio Semhan, asistidos de la Secretaria Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, tomaron en consideración el Expediente Nº GXP 22703/14, caratulado: "PIASENTINI JUAN CARLOS E HIJOS S.H. C/ RIVERO JOSE PRIMITIVO S/ DESALOJO LABORAL". Habiéndose establecido el siguiente orden de votación: Doctores Fernando Augusto Niz, Eduardo Gilberto Panseri, Luis Eduardo Rey Vázquez, Alejandro Alberto Chaín y Guillermo Horacio Semhan.

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

SE PLANTEA LA SIGUIENTE:

CUESTION

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR FERNANDO AUGUSTO NIZ, dice:

I.- Contra la sentencia pronunciada por la Excma. Cámara de Apelaciones de la ciudad de Goya (fs. 425/430 y vta.) que, en lo pertinente a esta instancia, confirmó la dictada por el primer juez que hizo lugar a la demanda y condenó a Rivero y su grupo familiar al desalojo de la vivienda emplazada en el predio de propiedad de los actores, bajo apercibimiento de lanzamiento; el trabajador -por apoderado- interpuso el recurso de inaplicabilidad de ley en análisis (fs. 439/445).

II.- Satisfechos los recaudos formales, corresponde considerar los agravios que sostienen el memorial de apelación extraordinario local.

III.- Previamente a su tratamiento, repárese que el tribunal interviniente en origen, para decidir como lo hizo, luego de correr vista de las actuaciones a la Sra. Asesora de Menores e Incapaces a fin de que tome intervención para que, fundadamente, dictamine acerca de las medidas que considere conducentes (la cual se efectivizó a fs. 431/432), reparó en la insuficiencia probatoria incurrida por el demandado pues, su simple alegación de revestir calidad de poseedor con ánimo de dueño sobre el inmueble asignado por sus empleadores como integrativa de la remuneración; como el acompañamiento de un croquis de mensura sin fecha ni nomenclatura catastral y sin inscripción en la Dirección General de Catastro, algunas boletas de suministro eléctrico y comprobantes de pago del servicio de agua potable sin referencia al inmueble que se corresponde con el debatido en este proceso, resultaron insuficientes para obligar a los actores a recurrir a las acciones reales o posesorias a fin de recuperar la vivienda, habiendo los accionantes demostrado que desde el año 1990 hasta 1996 José Primitivo Rivero laboró para los Sres. Luis Alfredo Giménez y Pedro Piasentini, continuando luego con la sociedad de hecho conformada por ellos desde 1997 a 2013, momento que el vínculo se extinguió por renuncia de Rivero para acogerse a los beneficios jubilatorios, luego de 16 años de servicios y 22 de aportes (al menos con estos empleadores), oponiéndose a la devolución del inmueble asignado como integrativo de la remuneración.

En ese contexto, dispuso la restitución de la vivienda que ocupa el demandado y su grupo familiar, por haberse extinguido el contrato de trabajo con los actores.

IV.- El recurrente fundó su recurso en la causal de arbitrariedad de sentencia por haber dictado el inferior un fallo inmotivado. Describió lo ocurrido en el proceso; destacó que desde el escrito inicial se reconoció que la vivienda donde habita el accionado y su grupo familiar no fue entregada como acuerdo o beneficio ni formando parte de la remuneración, pues expresamente los actores afirmaron que el Señor Luis Alfredo Giménez fue quién lo hizo, como anterior empleador.

Continuó exponiendo otras versiones y manifestaciones a las que envío por razones de brevedad, sin alcanzar a constituir una verdadera expresión de agravios.

V.- Aparece escasa la pretensión recursiva. La principal objeción endilgada al pronunciamiento no se aviene con el relato de los hechos explicados en la demanda y definitivamente probados.

Ello fue así pues, una vez demostrada la existencia de la vinculación laboral preexistente entre los Sres. Luis Alfredo Giménez y Pedro Piasentini, con el demandado José Primitivo Rivero (Libro de registro de sueldos; recibos de haberes debidamente peritados, desde el día 1/5/90 hasta el 31/12/1996), como empleado rural, continuando éste último su trabajo en beneficio de Juan Carlos Piasentini, Matías Nicolás Piasentini y María Clarisa Piasentini (desde el 1/2/1997) hasta su extinción por haberse acogido el accionado a los beneficios de la jubilación (2/10/2013); debió desalojar el inmueble que, claramente, pertenece a los empleadores según el título de propiedad del inmueble producida en la causa.

En efecto, en cuanto a la vivienda se refiere, ya el primer juez ponderó el testimonio de sentencia acompañado como prueba por los demandantes (sentencia N°532 de fecha 14/12/05, causa N° 70.040 del Juzgado Civil y Comercial de la ciudad de Goya), del cual surge la declaración de haber adquirido el dominio por usucapión de los lotes N° ... y N° ... de la chacra N° ... ubicada en la primera sección del pueblo de Lavalle, Ctes., predio del cual pudo constatarse según Acta de reconocimiento judicial realizada por el Juez de Paz de la localidad de Santa Lucía (Ctes.), que la vivienda objeto de desalojo se encuentra ubicada en el inmueble antes individualizado como Lote N° ... de la Chacra N° ...

Y bien señaló la Cámara, con una sólida fundamentación que no mereció crítica alguna y quedó firme, toda la prueba que produjo el accionado en su intento de justificar la retención de la vivienda so pretexto de una posesión animus domini no alcanzó a enervar aquella producida por los actores. Ninguno de los instrumentos demostró la alegada posesión frente a la contundencia de la existencia de la vinculación laboral del modo que fue descripto en la demanda, su extinción, y la clara titularidad de la propiedad del inmueble por parte de los actores.

Por lo tanto, no acreditada la posesión que invocó como defensa el demandado, siquiera prima-facie; y frente al contexto fáctico y probatorio antes analizado, deviene inconsistente la actual crítica que introdujo el quejoso en su memorial de apelación extraordinario.

De ese modo, su intento de demostrar un reconocimiento por parte de los actores en cuanto a que la vivienda donde habita el accionado y su grupo familiar no fue entregada como acuerdo o beneficio, ni tampoco formó parte de la remuneración fracasó. Ello, frente a la contundencia de los hechos analizados y tenidos por eficientemente demostrados por parte de los jueces de grado, no cuestionados en esta instancia extraordinaria.

VI.- De esta manera, no basta con invocar genéricamente un caso de violación a la ley o de arbitrariedad de sentencia para fundamentar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuando en esa alegación se sustrae en todo o en parte del motivo esencial que el decisorio contiene (S.T.J., Ctes., Sentencia Laboral 54/2008).

Es que para descalificar una sentencia por causa de arbitrariedad debe efectuarse un análisis serio que rebata los fundamentos esenciales que el pronunciamiento contenga y los defectos lógicos que justifiquen tan excepcionalísima invocación. No otro ha sido y sigue siendo el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al establecer reiteradamente que esta causal no está destinada a corregir fallos equivocados o que se reputen tales, sino que atiende a cubrir casos de carácter excepcional en que deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamentación normativa impidan considerar el pronunciamiento de los jueces del proceso como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Conf. Doctrina de Fallos 311:786; 312:696; 314:458 y 324:1378 entre muchos otros).

VII.- En tal sentido, la arbitrariedad no puede resultar de la sola disconformidad con la solución adoptada, sino que requiere la constatación de un apartamiento de los criterios mínimos de la argumentación jurídica. Y en el caso ello no se configura.

Guarda relación esta reflexión con la exigencia que la técnica recursiva contenga una crítica detallada y concreta de todos y cada uno de los puntos del decisorio apelado, demostrativa de que es erróneo, contrario a derecho o arbitrario. Requerimiento que no es meramente ritual, puesto que el escrito impugnativo hace las veces de una demanda dirigida al superior, determinando su contenido, es decir, los límites precisos de la actividad revisora. Más aún en sede extraordinaria, instancia excepcional que limita la potestad revisora del Excmo. Superior Tribunal a los casos contemplados en el art. 103 de la ley 3540 o ante la existencia de un error grosero y evidente en la apreciación de la prueba, que invocado y demostrado, logre acreditar un supuesto de arbitrariedad. Motivos que en el caso no se han configurado.

Y el recurrente fue escaso en sus argumentos, pudiendo advertirse que realizó sólo un alegato abstracto en cuanto al fin perseguido, pretendiendo desprolijamente se descalifique la sentencia de Cámara sin fundamentar su agravio de modo eficiente.

Por todo ello, voto por rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, en su mérito, confirmar la sentencia recurrida, con costas a cargo de la vencida. Regular los honorarios profesionales del Dr. Catalino Julián Segovia, como vencido y los pertenecientes al Dr. Blaz A. Pittón, vencedor; ambos como Monotributistas frente al IVA, en el ...% de la cantidad que deba fijarse para los honorarios de primera instancia (art. 14, ley 5822).

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR EDUARDO GILBERTO PANSERI, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR LUIS EDUARDO REY VAZQUEZ, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ALEJANDRO ALBERTO CHAÍN, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

A LA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR GUILLERMO HORACIO SEMHAN, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir sus fundamentos.

En mérito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia dicta la siguiente:

SENTENCIA Nº 117

1°) Rechazar el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, en su mérito, confirmar la sentencia recurrida, con costas a cargo de la vencida. 2°) Regular los honorarios profesionales del Dr. Catalino Julián Segovia, como vencido y los pertenecientes al Dr. Blaz A. Pittón, vencedor; ambos como Monotributistas frente al IVA, en el ...% de la cantidad que deba fijarse para los honorarios de primera instancia (art. 14, ley 5822). 3°) Insértese y notifíquese.

 

Fdo: Dres. Fernando Niz-Eduardo Panseri-Luis Rey Vázquez-Alejandro Chain-Guillermo Semhan

   

 

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