Regimen De Visitas Proceso De Revinculacion Tutor Ad Litem Interes Superior Del Nino Derechos Del Nino

JURISPRUDENCIA

Régimen de visitas. Proceso de revinculación. Tutor ad litem. Interés superior del niño. Derechos del niño

 

Se confirman las resoluciones a través de las cuales se designó una tutora ad litem para resguardar los derechos de un niño, desestimó el cambio de institución educativa e intimó a la progenitora para que el menor concurra a esta bajo apercibimiento de imponerle una multa diaria. Ello así, en tanto la complejidad del vínculo parental justificaba la cuestionada designación para velar por lo que mejor convenía a los derechos del niño en resguardo de sus intereses y en su exclusivo beneficio, y en tanto la ausencia de este a clases se debió a la decisión unilateral de la accionada carente de justificación bastante que la avalase.

 

 

Buenos Aires, 22 de marzo de 2018.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Vienen las presentes actuaciones para su conocimiento en virtud de las apelaciones interpuesta por la demandada contra las resoluciones de fs. 335 y fs. 411/413. La primera, en tanto designó una tutora ad litem para resguardar los derechos del niño G.O. C.. La segunda, por cuanto desestimó el cambio de institución educativa y la intimó para que en el plazo de 24 hs. el niño concurra al Jardín “La Aldea” bajo apercibimiento de imponerle una multa diaria de pesos quinientos ($ 500) por cada día de retardo en el incumplimiento de la manda judicial.

En su dictamen de fs. 565/566 la representante del Ministerio Público de la Defensa propicia el rechazo de las apelaciones interpuestas.

II. Apelación de fs. 347/349 contra la resolución de fs. 335 (sustanciada a fs. 391/398):

La recurrente entiende que la decisión resulta incongruente con la anterior resolución de fs. 249 que ordena llevar adelante el proceso de revinculación y efectuar una reorganización familiar que permita un entendimiento entre ella y el padre del niño.

Contrariamente a lo sostenido no se aprecia contradicción entre la designación de un tutor “ad litem” y la manda relativa a que los profesionales que intervengan orienten su labor para lograr una reorganización del orden familiar con vista a un mejor entendimiento entre las partes (cf. fs. 249), si se tiene en cuenta que el nombramiento que ahora resiste la quejosa, tiene por objeto la protección de los derechos del niño, no se estima que pueda interferir con el proceso de vinculación y restauración de la organización familiar a la que se encuentra orientada de acuerdo con lo decidido en autos sobre medidas precautorias (cfr. fs. 83/84, Expediente N° 13.436/2016, a la vista), a la vez que tiene por finalidad el resguardo del primordial interés por el que cabe velar (art. 3 inc. 1, CDN) y evitar la colisión de intereses generados a partir de las desavenencias que se evidencian a partir de la complejidad de los conflictos que involucran a sus integrantes.

En el sentido expuesto, tal como lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los deberes que la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 3°.1) impone a toda autoridad nacional en los asuntos concernientes a menores de edad, orienta y condiciona toda decisión de los tribunales llamados al juzgamiento de los casos, atento que corresponde aplicar los tratados internacionales a los que nuestro país está vinculado, con la preeminencia que la Constitución les otorga (art. 75, inc. 22, Ley Fundamental).

La atención principal al interés superior del niño al que alude el precepto citado apunta a dos finalidades básicas, cuales son la de constituirse en pauta de decisión ante un conflicto de intereses, y la de ser un criterio para la intervención institucional destinada a proteger al menor. El principio pues, proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los problemas de los niños en el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos (CS, S.1801.XXXVIII. “S., C. s/ adopción”).

A diferencia de la tutela general -que pueden darla los padres, la ley o el juez y comprende el gobierno de la persona y sus bienes, así como su representación- puede ocurrir que sea necesario designar un tutor al menor para negocios o actos especiales. Se trata, simplemente, de proveerle un representante especial que coexiste con el general aunque restringido a los actos para los cuales ha sido designado (Belluscio-Zannoni, “Código Civil…”, t. 2, pág. 322, coment. art. 397).

La tutela especial es concebida para aquellos asuntos específicos en los cuales se suscita algún conflicto de intereses u otras circunstancias puntuales que ponen en evidencia la necesidad de designar un tercero imparcial para mejor cumplir con la finalidad protectoria de los intereses del niño. Coexiste con la tutela general o con la responsabilidad parental sin perjuicio de la existencia de conflictos de diversa índole en los cuales el tutor especial actuará como representante del niño, niña o adolescente (cf. Ángeles Burundarena en “Código Civil y Comercial de la Nación comentado”, Dir. Lorenzetti, t. 1, págs. 480/481, coment. art. 109).

En la especie, la complejidad del vínculo parental que se desprende del trámite de la presente causa y autos conexos tenidos a la vista, llevan a coincidir con la decisión adoptada en la anterior instancia, para que la tutora designada represente al niño en el marco de estos actuados y con miras a disponer lo que mejor convenga a su derecho en resguardo de sus intereses y en su exclusivo beneficio, sin perjuicio de la intervención que incumbe al defensor de menores.

En las circunstancias apuntadas y teniendo en consideración las características de autos de conformidad con lo puesto de manifiesto precedentemente, corresponde confirmar la resolución recurrida en este aspecto.

III. Apelación de fs. 416 contra la resolución de fs. 411/413 (cfr. memorial de fs. 418/422 sustanciado a fs. 428/431):

a) La accionada entiende que resulta arbitraria la decisión que desestima el cambio de institución escolar.

Insiste en que los responsables del Jardín La Aldea han incurrido en violación del deber de guarda respecto de su hijo menor de edad, hecho reconocido por la propia institución -a su crieterio- al admitir el ingreso de los Sres. O. -el padre del niño- y el Sr. Álvarez fuera del horario en que el niño se encontraba en el jardín.

Entiende que de ese modo queda invalidada como entidad educativa para continuar interviniendo en la formación de su hijo menor de edad, poniendo en grave riesgo su salud psico física.

b) Contrariamente a lo sostenido por la recurrente en el memorial, debe señalarse que con los elementos aportados a la causa, no se aprecia la existencia de incumplimiento al deber de guarda denunciado, ni causal suficiente que pueda invalidar la continuidad de la mencionada institución en la formación educativa del hijo menor de las partes.

En tal sentido no ha de pasar inadvertido la respuesta dada por Jardín de Infantes y Escuela de la Aldea a fs. 374/377 en el sentido que recibió al progenitor junto a su esposo en tres oportunidades, fuera del horario escolar, sin que hayan tenido contacto con el menor ni intentado vincularse con él en ese medio.

De ese modo, tampoco se aprecia el grave riesgo a la salud psico física del hijo de las partes, tal como lo declama la apelante.

En tales condiciones, el reclamo de la progenitora aparece, al presente, infundado, de modo que no habrá de admitirse en tanto sólo permite observar que pareciera estar motivada más bien en la rivalidad que ofusca a las partes, perdiendo de vista el primordial interés del menor que debe primar en toda acción de los mayores y decisión del Tribunal.

c) En consecuencia, en tanto a la multa, toda vez que la ausencia del niño a clases se debe a la decisión unilateral de la accionada carente de justificación bastante que la avale; y por cuanto la sanción de que se trata tiene por objeto impedir incumplimientos como los aquí contemplados y evitar la consumación de hechos sorteando la necesaria estimación del órgano jurisdiccional al que se encuentra sometida la cuestión, no cabe sino desestimar la apelación intentada a su respecto.

d) Por lo demás, en cuanto a las costas, no se aprecia en autos la existencia de circunstancias especiales que permitan apartarse del principio general que rige en esta materia (art. 68, cód. proc.).

Razón por la cual no cabe sino desestimar la apelación deducida en este sentido.

e) Ello sin perjuicio de la extemporaneidad del escrito de fs. 541/562 en esta instancia, al volver los autos a la anterior instancia la magistrada de grado interviniente deberá expedirse sobre la petición contenida la mentada presentación en lo pertinente.

Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado a fs. 565/566 por la representante del Ministerio Público de la Defensa, el Tribunal RESUELVE: I. Confirmar las resoluciones de fs. 335 y fs. 411/413. Con costas de alzada a la vencida (art. 69, cód. proc.). Oportunamente se regularán los honorarios. II. Regístrese y notifíquese a la Defensora de Menores de Cámara en su despacho y las partes por Secretaría en los domicilios electrónicos (conf. ley 26.685 y Acordadas 31/11 y 38/13 de la CSJN). Cúmplase con la Acordada 24/13 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y devuélvase. Por hallarse vacante la Vocalía n° 20, integra la Sala la Dra. María Isabel Benavente (conf. Resolución 707/17 de esta Excma. Cámara).

 

Carlos A. Bellucci

María Isabel Benavente

Carlos A. Carranza Casares

 

  Correlaciones:

S. S. L. c/B. S. T. s/régimen de visitas - Cám. Nac. Civ. - 10/09/2015- Cita digital: IUSJU004520E

 

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