Supermercados Coto Multas Infraccion Formal Ley 22802 Ley 24240 Direccion Nacional De Comercio Interior Derechos De Consumidores Y Usuarios

JURISPRUDENCIA

Supermercados. Coto. Multas. Infracción formal. Ley 22802. Ley 24240. Dirección Nacional de Comercio Interior. Derechos de consumidores y usuarios

 

Se confirma la multa impuesta a la cadena de supermercados Coto al constatarse que en uno de sus locales se exhibían distintos productos listos para su venta en góndolas refrigeradas, con su peso real por debajo del declarado, superando las tolerancias permitidas legalmente, así como que el error máximo admitido había sido superado. En ese sentido, al configurarse una infracción formal, resultaba irrelevante la ausencia de intención en la conducta de la empresa o la falta de obtención de beneficios directos en razón de lo actuado.

 

 

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Buenos Aires, 8 de febrero de 2018.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

1º) Que, estas actuaciones se iniciaron con motivo de la inspección realizada el 6 de mayo de 2015 en el local de la firma Coto CICSA, sito en la calle Junín 1073, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (fs. 1/9).

2º) Que, mediante la disposición 633/17, la Directora Nacional de Comercio Interior impuso a COTO CICSA una multa de pesos ochenta mil ($80.000), por infracción a la resolución conjunta 320 y 95 del 30 de junio de 2000 de la ex Secretaría de Industria Comercio y Minería y de la ex Secretaría de Defensa de la Competencia y el Consumidor, ambas del ex Ministerio de Economía y al artículo 5º de la ley 22.802 (fs. 50/52).

Para resolver como lo hizo, remitió al acta 1534 mediante la cual se constató que en el local se exhibían distintos productos listos para su venta en góndolas refrigeradas, con su peso real por debajo del declarado, superando las tolerancias permitidas por la norma.

Mencionó que se aplicaron los criterios del Reglamento Técnico Mercosur sobre Muestreo y Tolerancias de Productos Premedidos Comercializados en Unidades de Masa con Contenido Nominal Desigual.

Asimismo, precisó que la Tabla I del Reglamento Técnico establece los errores máximos tolerados para el contenido neto declarado (en gramos) y, la Tabla II, cuál es la cantidad aceptada de productos con diferencia de peso según el tamaño de la muestra de acuerdo al tamaño del lote.

Destacó que, en el caso, se constató que en los tres lotes el error máximo admitido fue superado, en virtud de lo cual tuvo por configurada la infracción, con el acta obrante a fs. 1/9.

Sostuvo que la infracción era de carácter formal, y que la readecuación posterior del peso no determinaba la inexistencia de la falta. Con relación a la alegada pérdida de humedad, agregó que los productos cuestionados no eran embutidos y que justamente, a los efectos de contemplar variaciones de peso, la normativa establece una tolerancia en función del rango del peso declarado.

Por último, para graduar la multa, tuvo en cuenta la posición preponderante de la empresa en el mercado; que la falta se constató respecto de tres lotes de diversos productos y que las diferencias detectadas fueron significativas. Además, se evaluaron los antecedentes del infractor.

3º) Que, contra dicha disposición, Coto CICSA interpuso y fundó recurso de apelación a fs. 60/68 vta.

En primer término, sostiene que la disposición sancionatoria es nula de nulidad absoluta, ya que presenta vicios en sus elementos esenciales.

Puntualmente, se agravia respecto de la falta de consideración de las circunstancias de hecho aludidas en el descargo, esto es, que por las características del producto observado y su forma de envasado es improbable garantizar la invariabilidad del peso, y que volver a rotularlos periódicamente, además de ser materialmente imposible, afectaría normas de salubridad e higiene por la manipulación que conllevaría.

Considera que la omisión del concreto análisis de sus defensas importó una violación del debido proceso adjetivo.

Subsidiariamente, plantea que la multa es arbitraria y desproporcionada teniendo en cuenta la falta de intencionalidad en la conducta, de daños verificados y de beneficios directos.

4º) Que, a fs. 89/vta., se concedió la apelación y, a fs. 100/112, la demandada contestó el traslado de los agravios.

Finalmente, a fs. 119/vta., dictaminó el señor Fiscal General sobre la competencia de esta Sala y la admisibilidad formal del recurso.

5º) Que, este Tribunal resulta temporalmente competente para entender en las actuaciones (arg. art. 76 de la ley 26.993. confr. esta Sala, en la causa 50798/2014/CA1 “Fiat Auto Argentina SA c/ DNCI s/ Defensa del Consumidor- Ley 24220- Art. 45”, sent. del 3/2/15) por lo que cabe ingresar, sin más, al examen de las cuestiones planteadas.

6º) Que, cabe analizar si el reclamo planteado ante esta Cámara logra conmover los fundamentos de la resolución apelada.

En lo que aquí interesa, ha de recordarse que las leyes 24.240 y 22.802, junto con las normas complementarias dictadas al efecto conforman un plexo normativo con el cual el Estado busca direccionar el actuar de los agentes económicos, con el propósito de tutelar los derechos de los usuarios y consumidores; recomponiendo el equilibrio que debe existir en todos los vínculos entre comerciantes y consumidores o usuarios -afectados por las situaciones abusivas que se presentan en la vida cotidiana-, así como la relación entre los mismos comerciantes, que compiten entre sí (confr. Sala II, causa “Sud Inversiones y Análisis S.A. c/D.N.C.I. - Disp. 285/12”, sent. del 10/10/13).

La sanción se impuso a la actora con fundamento en lo dispuesto en las tablas I y II del anexo I de la resolución conjunta 320 y 95 del 30 de junio de 2000 de la ex Secretaría de Industria Comercio y Minería y de la ex Secretaría de Defensa de la Competencia y el Consumidor, ambas del ex Ministerio de Economía y al artículo 5º de la ley 22.802, y en virtud de los hechos verificados durante la inspección llevada a cabo el 6 de mayo de 2015 en el local de la firma Coto CICSA sito en la calle Junín 1073, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el caso, no se desconoce que los rótulos de los productos inspeccionados indujeron a error y/o engaño con respecto a su verdadero peso. Sin ir más lejos, en su descargo la recurrente alegó que, en el mismo momento en que se labró el acta que dio origen a estos autos, realizó las verificaciones y modificaciones pertinentes en el rotulado de los productos (fs. 11/13), circunstancia que conlleva el reconocimiento expreso de la infracción cometida.

7º) Que, en tales condiciones, corresponde destacar que las defensas sobre las que insiste la recurrente (falta de consideración de las características ínsitas al producto observado y su envasado; imposibilidad material de revisar su rotulación) no alcanzan para desvirtuar los incumplimientos atribuidos en el acto administrativo apelado en la medida en que -en la especie- se trata de una infracción formal donde la constatación de los hechos hace nacer por sí y como principio la responsabilidad del infractor, de tal manera que no se requiere intencionalidad ni daño concreto a los consumidores, sino simplemente el incumplimiento de lo prescripto por la ley y, por ello, su apreciación es objetiva y se configura por la simple omisión, que basta por sí misma para tener por verificada la violación de las respectivas normas (en igual sentido, confr. Sala III, causa “Supermercados Norte c/ DNCI-Disp 364/04”, sent. del 9/10/06; Sala V, causas “José Saponara y Hnos. c/ Sec de Comercio”, sent. del 25/06/97, y “Banco del Buen Ayre SA-RDI c/ DNCI s/Disp. 618/05”, sent. del 6/02/07).

Es así que, frente a las constancias del acta de fs. 1/9, que hacen plena fe en tanto no han sido desvirtuadas por prueba idónea en contrario (arg. art. 17, inc. d, ley 22.802.), resulta irrelevante la ausencia de intención en la conducta de la empresa o la falta de obtención de beneficios directos en razón de lo actuado.

Por todo lo expuesto, se concluye en que se encuentra verificada la conducta infraccional y, en consecuencia, reunidos los elementos necesarios para atribuir responsabilidad a la recurrente, como lo hizo la disposición apelada (en igual sentido, confr. esta Sala, causas 14864/17 “COTO CICSA c/ DNCI s/ lealtad comercial - ley 22802 - art. 22”, sent. del 27/6/17; 19134/2008 “Disco SA c/ EN-SCI-Disp 122/08 (Expte S01:20467/07)”, sent. del 23/3/10; entre otras).

8º) Que, la determinación y graduación de la sanción a aplicar es atribución primaria de la autoridad administrativa, principio que sólo cede ante una manifiesta arbitrariedad (confr. esta Sala, causa “Fate SAICI c/ DNCI s/ Defensa del Consumidor - Ley 24240 - Art. 4”, sent. del 08/05/14, y sus citas).

En ese contexto, teniendo en cuenta la naturaleza de la falta cometida, la posición en el mercado de la empresa sancionada, el informe de antecedentes glosado a fs. 23/28 y que la sanción guarda progresividad con las existentes al momento de dictarse la disposición cuestionada (en sentido concordante, confr. Sala V, causa “Cablevisión SA c/ DNCI Disp 405/10 (Expte S01114022/10)”, sent. del 12/7/11, y esta Sala, causa “BREMEN MOTORS SA c/ DNCI s/LEALTAD COMERCIAL - LEY 22802 - ART 22”, sent. del 10/11/15), no se advierte que el monto de la multa ($80.000) haya sido excesivo, ni arbitrario, atento que estas mismas circunstancias han sido expresamente valoradas por la autoridad de aplicación.

9º) Que, por todo lo expuesto, se rechaza el recurso y se confirma la disposición 633/17 en todos sus términos.

Las costas se imponen a la actora vencida, al no existir motivos que justifiquen apartarse del principio general en la materia (art. 68 CPCCN).

10) Que, de conformidad con los artículos 6º, 7º, 9º, 19 -por analogía con lo dispuesto en los artículos 37 y 38- y concordantes de la ley 21.839; y habida cuenta de la naturaleza del juicio, la importancia de la cuestión debatida, su monto y el resultado obtenido a partir de la labor desarrollada ante esta instancia originaria (confr. contestación de recurso de fs. 100/112), REGÚLANSE en la suma de pesos cinco mil seiscientos ($5.600) los honorarios de la doctora Mariela S. Biga, por la representación y dirección letrada del Estado Nacional (Ministerio de Producción); los que se encuentran a cargo de la parte actora.

Por último, se aclara que la retribución que antecede no incluye el Impuesto al Valor Agregado, monto que -en su caso- deberá ser adicionado conforme a la situación del profesional interviniente frente al citado tributo.

Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal General, SE RESUELVE: 1) Desestimar el recurso de fs. 60/68 vta., con costas (art. 68 CPCCN); 2) Regular los honorarios de la dirección letrada de la parte demandada en los términos y con los alcances del considerando 10.

Regístrese, notifíquese -al Sr. Fiscal General en su público despacho- y devuélvase.

 

MARCELO DANIEL DUFFY

JORGE EDUARDO MORAN

ROGELIO W. VINCENTI

 

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