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JURISPRUDENCIA

Uso indebido de Internet. Avisos publicitarios. Servicios sexuales. Oferta sexual. Daño moral. Lucro cesante

 

Se condena civilmente a los responsables de dos sitios web por la publicación de la oferta de servicios sexuales referidos a la actora y a quien encargó tal publicación, al comprobarse que no se aplicaban controles fehacientes para verificar la identidad de los registrantes, siendo el alta de un aviso totalmente libre sin exigencia de identificación fehaciente de la persona que realiza dicha operación. Asimismo, se tuvo en cuenta la demora en eliminar la referida publicación una vez solicitada por la reclamante.

 

 

En Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 6 días del mes de diciembre de dos mil diecisiete, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Excma. Cámara Nacional de la Apelaciones en lo Civil, Sala “D”, para conocer en los recursos interpuestos en los autos caratulados “A. M. C. A. C/N. A. E. Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS”, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: señores jueces de Cámara doctores Patricia Barbieri y Osvaldo Onofre Álvarez.

A la cuestión propuesta la doctora Patricia Barbieri, dijo:

Contra la sentencia de fs. 794/825, apela el Sr. L. B. a fs. 828, Adoos Networks S.R.L. a fs. 835 y el codemandado A. N. a fs. 836, con recursos concedidos libremente a fs. 832 y 837 respectivamente.

Presentaron sus quejas a fs. 881/884, 885/887 y fs. 888/889, habiendo contestado la accionante los agravios a fs. 899/903 y 905/910.-

Con el consentimiento del auto de fs. 912 quedaron los presentes en estado de resolver.

I) Antecedentes:

La Sra. M. C. A. A. relató en el escrito inaugural que el día 4 de febrero del año 2009 apareció publicado en la página de internet www.adoos.com.ar un aviso que ofrecía los servicios sexuales de la accionante a cambió de una contraprestación dineraria.- Denunció que los días 5, 9 y 12 del mismo mes y año aparecieron divulgaciones similares e inclusive , el día 5 en la página www.adoos.com.ar.

Refirió que en dichas circulares se añadieron fotografías que no eran suyas, a excepción de la segunda, el teléfono particular de su propiedad, su celular y con fecha 9/02/09 se dio a conocer la dirección de su domicilio personal.

Recordó que se anotició de esas circunstancias por, entre otras cosas, los numerosos llamados telefónicos que recibió en su aparato móvil.

Explicó que luego de verificar la veracidad de las publicaciones referenciadas “ut supra”, su esposo contactó a los administradores de las páginas “Adoos” y “Vivavisos” para solicitarle la urgente eliminación de todos los datos personales e información del usuario que había realizado dichas publicidades.

Aseguró que el segundo de los sitios web mencionados eliminó los avisos en cuestión inmediatamente, mientras que el primero de ellos informó que los datos se habían desactivado, cuando en rigor de verdad dichos avisos nunca fueron levantados.

Detalló que el aviso publicado el 5/2/09 partió de la misma IP 190.16.116.89 que “Adoos Network SRL” informó que la empresa Pipetrol utilizó para otros dos avisos a la empresa o razón social de referencia.

Informó que de la consulta de dominio correspondiente a la página web www.pipetrol.com.ar surge que el dominio se encuentraba inscripto a nombre del hoy co-demandado, Sr. L. B.

Señaló que aproximadamente 60 días después de finalizado el intercambio telegráfico con Adoos y Google, cesaron en forma definitiva y de un día para el otro la aparición de sitios de contenido o referencia sexual vinculados a su nombre y/o de la empresa que representa.

Luego de todo ello, refirió que resulta ser titular de la explotación de la empresa unipersonal cuyo nombre de fantasía es “Detectores XIO” destinado a la comercialización de detectores de fallas en recubrimientos aislantes y que son utilizados para asegurar que los recubrimientos se encuentren en óptimas condiciones, compitiendo comercialmente con “Pipetrol”, ya que ambas venden los mismos productos.

Relató que el codemandado B. la contactó telefónicamente y luego vía mail para solicitarle una cotización de un producto para un cliente, lo que generó un intercambio de mensajes de tipo comercial hasta que el día 12/12/08 el primero de ellos le comunicó que la operación se había estancado por cuestiones inherentes a su cliente.

Indicó que luego de las vacaciones el Sr. B. envió nuevo mail, a lo que se le comunicó la necesidad de modificar el valor del producto, lo que generó un cambio abrupto en los términos de comunicación, motivo por le cual anuló la orden de compra y dio por terminada la relación comercial con L. B. y Pipetrol. Finalizó al rememorar que posteriormente aparecieron los avisos que motivaron la presente acción.

Endilgó responsabilidad al Sr. B. por haber sido el autor de la publicación y a Adoos Network SRL por cuanto con su actividad permitió la publicación de dichos avisos sin verificar previamente la autenticidad de los mismos y especialmente por no haber realizado las gestiones necesarias -cuando se lo pidieron-para evitar la continuidad del daño.

Reclamó por daño moral la cantidad de pesos cincuenta mil, por lucro cesante, pesos sesenta y cuatro mil y en concepto de gastos por el pago de honorarios notariales y el costo de cartas documento, la suma de pesos un mil trescientos cuarenta y seis.

La demandada y su aseguradora negaron los hechos relatados por la actora y los rubros reclamados.

En la instancia de grado se hizo lugar a la acción promovida por la Sra. A. A., y en su virtud, se condenó a L. B., Adoos Networks S.R.L y A. N., a abonar a la demandante la suma de sesenta y cinco mil ($65.000) con más sus intereses y costas del proceso dentro de los diez días de notificados y bajo apercibimiento de ejecución. Por último, se rechazó la citación como tercero de Google Inc., con costas a los citantes perdidosos y se regularon los honorarios de los profesionales intervinientes.

II) Agravios:

El co-accionado B. se alza por considerar excesiva la cantidad reconocida bajo el rubro “Daño Moral” ($ 50.000).- Por los fundamentos esgrimidos en la pieza procesal de referencia, requiere su disminución a sus justos límites.

Se agravia, asimismo, al sostener que dada la orfandad probatoria desplegada por la parte actora en lo que hace al ítem “Lucro Cesante” , no corresponde conceder suma alguna bajo dicho concepto.- En su virtud, solicita la revocación parcial del fallo cuestionado en cuanto a este punto se trata. En subsidio, pretende la reducción ostensible del rubro cuestionado.

Por último, requiere la modificación de la tasa de interés aplicada por la anterior magistrado a la presente condena y la fecha de inicio del computo de la misma.

El co-demandado A. N. vierte sus quejas a fs. 885/887 por encontrarse disconforme con la condena decidida por ante la anterior instancia.

Aduce que el pronunciamiento en crisis carece de sustento jurídico, presupone hechos a fin de fundar la misma que no solo fueron jamás probados sino que ni siquiera existieron, imputándole responsabilidad de manera arbitraria y antijurídica, al no fundarla ni en hechos ni en derecho.

Afirma que de la prueba informática colectada por ante la anterior instancia se desprende claramente la diligencia en el caso de autos adoptada por su parte al borrar de manera inmediata la totalidad del contenido que dañaba a la actora del dominio www.adoos.com.ar.

Establece que luego de ello, al realizar la búsqueda en Internet a través del buscador Google, en los resultados que ésta arrojaba seguía apareciendo el nombre de la actora, siendo solamente en los denominados “cache” del buscador, es decir, no aparecían en la página “ut supra” referida, por cuanto no existían más, sino que Google seguía arrojando los resultados que tenía almacenados, por lo que sin lugar a dudas ella sería la única responsable de la información que brindaba en sus “caches”.

En subsidio, se alza por considerar elevadas las cantidades reconocidas bajo los rubros “Daño Moral” y “Lucro Cesante” y por considerar desacertada la imposición de costas en la sentencia recurrida, por cuanto las mismas-asegura-, deben ser impuestas en relación a cada una de las partes condenadas.

Por último, Adoos Networks S.R.L vierte sus quejas a fs. 888/889.

Asevera que quedó abonado que el dominio www.adoos.com.ar jamás fue de su propiedad, por lo que no pueden condenarla por lo sucedido en un dominio que no fue ni es de su titularidad.

Por los fundamentos esgrimidos en dicha pieza procesal, requiere se revoque la sentencia recurrida, desestimándose íntegramente la demanda incoada contra su parte, haciendo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta, con expresa imposición de costas a la actora.

III) La solución:

1) Atribución de Responsabilidad.

a) En primer término, quiero dejar aclarado que los jueces no estamos obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia pasa decidir el caso (CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, etc.). Asimismo, en sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el mismo (CSJN, Fallos: 274:113; 280:320; 144:611).

b) En segundo término, considero que debo tener en consideración al resolver la cuestión traída a conocimiento de esta Alzada que nos encontramos ante la presencia de una problemática novedosa, pues el avance que en las últimas décadas ha tenido la alta tecnología, y en este caso el impacto que ha producido la tecnología de la información, con la aparición de Internet, no puede sin lugar a equivocación alguna, desconocerse.

c) En tercer lugar, cabe señalar que el Código Procesal en el art. 34 inc. 4° impone a los jueces el deber de respetar, en el pronunciamiento de sus sentencias “el principio de congruencia” y en el art. 163, inc. 6 establece que la sentencia definitiva debe contener la “decisión expresa, positiva y precisa de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio...” CNFed. Cont. Adm. Sala II, 23/6/95, LL 1996-B-742). Es decir que, si bien es cierto que el juez puede omitir analizar los argumentos de las partes que a su juicio no sean decisivos, no puede otorgar más de lo que el actor pidió -ultra petitio- ni dar una cosa distinta de la pedida, modificando las pretensiones formuladas por las partes -extra petitum-. La incongruencia constituye falta de adecuación lógica entre las pretensiones y defensas de las partes y la parte dispositiva de la sentencia. Dicha conformidad lógica es ineludible en vista al respecto de principios sustanciales del juicio concernientes a la igualdad, bilateralidad y equilibrio procesal, pues la litis fija los límites de las facultades decisorias del tribunal que la ha dictado. (CNCom. Sala E, 25/10/88, Lexis, n° 11/45640, CSJN, 7/9/93 CSJN Fallos, 316-1977) (Elena I. Highton, Beatriz A. Areán “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, en igual sentido Morello Augusto M. “La eficacia del proceso” ed. Hammurabi, cap. 32, pág. 365).

En consecuencia, trataré de dar solución al conflicto atendiendo en su caso a las quejas expuestas por cada una de las partes de la manera que más clara, concreta y sencillamente pueda efectuarlo. Eso es lo que los aquí interesados esperan y eso intentaré hacer.

d) En cuanto a las quejas vertidas por la co-accionada “Adoos Networks SRL” y que se relacionan con la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por su parte al contestar la presente acción y que fuera finalmente rechazada en la sentencia recurrida, debo adelantar que los agravios intentados no llegan a conmover los sólidos fundamentos expuestos por la anterior “iudicante” al tratar el tema en cuestión.

Es dable recordar que la formulación de simples apreciaciones personales sin dar bases jurídicas a un distinto punto de vista, omitiendo concretar punto por punto los errores u omisiones en los que habría incurrido el “a-quo” respecto de la apreciación y valoración de los elementos de convicción a los que arriba en la aplicación del derecho, no constituye fundamento suficiente para la expresión de agravios.

En ese sentido, debo adelantar que los agravios de la recurrente no constituyen una crítica concreta y razonada del fallo de primera instancia. En efecto, la queja esgrimida por la parte demandada no constituye una expresión de agravios en los términos de los artículos 265 y 266 del CPCC, resultando solamente un mero desacuerdo con lo decidido por el Sr. Magistrado de grado.

Reiteradamente la jurisprudencia ha sostenido que los recursos de apelación deben contener la impugnación concreta del pensamiento del juez, el examen crítico de sus proposiciones y las razones expresas y fundadas - no el simple desacuerdo subjetivo o la diversidad de opinión -, por las que el recurrente considera errónea la decisión, equivocados sus fundamentos, o inaplicables las disposiciones jurídicas mencionadas por el sentenciante.

Para que exista expresión de agravios no bastan manifestaciones imprecisas, genéricas, razonamientos totalizadores, remisiones, ni, por supuesto, planteamiento de cuestiones ajenas. Se exige legalmente que se indiquen, se patenticen y analicen las consideraciones de la sentencia apelada. Por cierto, ello no significa ingresar en un ámbito de pétrea conceptualización, ni de rigidez insalvable. En el fecundo cauce de la razonabilidad y sin caer en un desvanecedor ritualismo de exigencias, deben indicarse los equívocos que se estimen configurados según el análisis - que debe hacerse - de la sentencia apelada. (CNCiv., Sala H, “Unger, Graciela Patricia c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ daños y perjuicios” -R. 440.642 - J. 1 - 30/06/06).

Se ha decidido jurisprudencialmente que deben precisarse parte por parte los errores, las omisiones y demás deficiencias que se le atribuyen al fallo, especificando con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, no reuniendo las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general los requisitos mínimos indispensables para mantener la apelación (La Ley, tomo 134, página 1045; La Ley, tomo 137, página 456; El Derecho, tomo 30, página 119; Jurisprudencia Argentina, tomo 1970-V, página 489). También se ha juzgado que la simple disconformidad o disenso con lo expuesto por el a quo sin fundamentar la oposición o sin dar las bases jurídicas, no importa “crítica concreta y razonada” (conf. La Ley, tomo 134, página 1086).

La Jurisprudencia ha resuelto que “únicamente es fundado un recurso, cuando en razón de su contenido sustancial resulta apropiado para la obtención de una resolución que reforme, modifique, amplíe o anule el procedimiento impugnado. Caso contrario, debe declararse desierto el recurso (CNCivil, Sala B, 15-2-84, L.L.,1984- D686,,37.773-S).

Sin perjuicio de lo antedicho, corresponde por imperativo legal, establecer los puntos de la sentencia que no “han sido eficazmente rebatidos” (Art. 266 2° párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Así, cabe mencionar que no se ha efectuado una refutación concreta de ninguno de los fundamentos utilizados por la Sra. Juez “a-quo” al destacar que “...que de la prueba informática agregada a fs. 575/586 resulta que al 4 de febrero de 2009 “…” pertenecía a A. N. y recién con fecha 19/2/2010 pasó a ser de titularidad de “Adoos Classfifieds S.L...” como así tampoco que la Sociedad “Adoos Networks SRL” estaba conformada por el Sr. N. y la Sra. M.

Ningún argumento serio se ha invocado para rebatir las conclusiones a las que arribará la anterior sentenciante al afirmar que “... De lo expuesto fácil resulta colegir que la codemandada “Adoos Networks SRL” actuó frente a la accionante como responsable del sitio al cual esta última dirigió su reclamo, contestando punto por punto los términos de la misiva de fs. 103 dirigida a “Adoos de Argentina...”.

En consecuencia de lo expuesto y no constituyendo una expresión de agravios ni en su expresión técnica ni en los términos de los artículos 265 y 266 del CPCC la presentación de fs. 119/121, propongo se desestime tal planteo declarándose desierto el recurso.

e) Se debate en estos autos si alguna responsabilidad cabe a las demandadas por los daños que la actora alega haber sufrido a raíz de haber visto involucrada su persona, su identidad, su imagen, su nombre y en definitiva su intimidad al aparecer en distintas páginas web ofreciendo servicios sexuales a cambio de una contraprestación dineraria.

Dado que la actora ninguna relación contractual tiene con los mismos, la responsabilidad de éstos en su caso se valorará de conformidad con las normas que rigen la responsabilidad extracontractual y dentro de estas directrices, bien podemos recurrir a la responsabilidad objetiva que emerge del art. 1113 del Código Civil, en tanto consideremos que la actividad que despliegan las accionadas encuadra en la teoría del riesgo creado (segundo Párr.. segunda parte del artículo citado) o bien se trate de una responsabilidad subjetiva, entrando entonces en juego las disposiciones contenidas en los artículos. 512 y 1109 de la ley sustantiva.

Ahora bien, en autos contamos con la pericia informática efectuada a fs. 663/675 y 698/700 por el especialista designado de oficio José Silverio González.

De dicho instrumento se desprende que los avisos publicados por el Sr. B. fueron eliminados por el sitio www. Adoos.com.ar en los días 5/2/2009 y 10/02/2009. Sin perjuicio de ello, el experimentado confirmó que “...Aún que una página de Internet haya sido eliminada del servidor web donde reside, las referencias a dicha página que muestran los buscadores seguirán apareciendo hasta que no se actualice el contenido del directorio y del cache del buscador...” (v.fs. 670, punto 4).-

Luego de ello, y ante el pedido de aclaraciones efectuado por la Sra. A. a la experticia producida, el informático explicó que “... Si las páginas de ADOOS cuestionadas por la actora fueron eliminadas, Google puede seguir informando acerca de las mismas hasta que el sitio de ADOOS sea “visitado” nuevamente por el robot de Google y se actualice el directorio de Google...”

Informó que ADOOS, o cualquier otro sitio de Internet, sólo puede actuar sobre los archivos que conforman el sitio. La referencia es administrada por Google en forma “automática”. Sin embargo, como el lapso de tiempo entre dos visitas del robot puede ser prolongado, Google ofrece un procedimiento para eliminar páginas en forma manual de los resultados de búsqueda.

Agregó que en la página https: //support.google.com/webmasters/answer/1663416, Google indica: “Al eliminar una página de tu sitio, esta se eliminará de forma natural de los resultados de búsqueda de Google cuando volvamos a rastrear tu sitio y actualizar el índice. No obstante, si necesitas eliminar tu sitio de forma urgente de los resultados de búsqueda (por ejemplo, si se ha mostrado por error información confidencial), puedes utilizar la herramienta de solicitud de eliminación de URL, brindado en la página https: //support.google.com/webmasters/answer/1663419 las instrucciones sobre como eliminar una página por completo.

Adviértase, en este sentido, que tal como lo remarcará la anterior magistrado, “vivavisos” eliminó definitivamente el aviso publicado.

Si ello no fuera suficiente como para confirmar la decisión de grado en cuanto a la responsabilidad de los accionados, agréguese que además la codemandada no aplicaba-según los dichos del experto en la materia- controles fehacientes para verificar la identidad de los registrantes, siendo el alta de un aviso totalmente libre sin exigencia de identificación fehaciente de la persona que realiza dicha operación.

Teniendo en cuenta la índole del contenido del sitio web y en el que se efectúo la publicación que motivó estas actuaciones, resulta evidente la obligación del titular de la página de tomar los mínimos recaudos tendientes a evitar posibles daños que puedan generar quienes, aprovechando la posibilidad de anonimato que brinda Internet, realicen publicaciones brindando datos personales de otras personas sin su consentimiento. Más aún teniendo en cuenta que el titular del sitio Web en cuestión obtiene un beneficio económico mediante la actividad publicitaria que lleva a cabo a través de dicha página (conf. CNCiv., Sala “F”, en autos “P.,M..M c/ O.C, C.P. s/ Ds y Ps, exp n° 67.710/09 de fecha 21/08/2012).

La demora en concretar la baja solicitada por la accionante también pone de manifiesto una actitud negligente de las demandadas con aptitud suficiente para perjudicar a la demandante

Por estos fundamentos, propicio al acuerdo se confirme el fallo de grado en cuanto atribuyó responsabilidad a los demandados por los daños generados a la actora a raíz de la publicación antes referida en el sitio web www.adoos.com.ar y por la demora en eliminar la referida publicación una vez solicitada por la reclamante (conf. arts. 512 y 1109 del Código Civil vigente al momento del hecho), con costas de alzada a las vencidas (art. 68 de CPCCN).

2) Parciales Indemnizatorios.

a- Daño moral:

El resarcimiento que corresponde por daño moral está destinado a reparar al individuo cuando se lesionan sentimientos o afecciones legítimas como persona, es decir cuando se le ocasionan perjuicios que se traducen en padecimientos físicos, o cuando de una manera u otra se ha perturbado su tranquilidad y el ritmo normal de su vida.

Se ha decidido en distintos pronunciamientos de esta Cámara que, es tarea delicada la cuantificación de este concepto pues no se puede pretender dar un equivalente y reponer las cosas a su estado anterior, como en principio debe hacerse de acuerdo al artículo 1083 del Código Civil.

El dinero no cumple una función valorativa exacta, el dolor no puede medirse o tasarse, sino que se trata solamente de dar algunos medios de satisfacción, que no es igual a la equivalencia. La dificultad en calcular dolores no impide apreciarlos en su intensidad y grado por lo que cabe sostener que es posible justipreciar la satisfacción que procede para resarcir dentro de lo humanamente posible, las angustias, inquietudes, miedos, dolor físico, padecimientos propios de las curaciones y malestares subsistentes.

En primera instancia, la sentenciante accedió a una partida de $50.000 por este ítem.

Los recurrentes se quejan de tal suma pretendiendo su sensible reducción a tenor de las quejas estipuladas.

Tomando en cuenta las pautas señaladas, y a la luz de las pruebas rendidas en autos, especialmente que la accionante debió soportar ver su nombre relacionado a servicios sexuales como asimismo que recibió llamados de personas desconocidas a su teléfono celular solicitándole ampliar información respecto de las prestaciones promocionadas, opino que la suma establecida en concepto de compensación del daño moral resulta reducida, pero ante la inexistencia de quejas que me permitan conceder una suma superior, propongo al acuerdo el rechazo de los reclamos vertidos a su respecto.

b) Lucro Cesante:

El lucro cesante o privación de las ganancias esperadas en razón de la ocurrencia del hecho ilícito, para poder ser indemnizado requiere la prueba concreta de su existencia, no bastando la mera posibilidad de frustración como para hacer aplicación de lo dispuesto por el art. 165 del C. Procesal (CNCiv. Sala K, 13/5/97, “Del Favero Silvana y otro c/Laria Fernando D y otro s/daños y perjuicios”).

Es de destacar que para que proceda la indemnización por este rubro se requiere la demostración concreta y fehaciente de los frustados ingresos.

Ahora bien, el lucro cesante no puede concebirse como un ítem hipotético o eventual, ya que por su naturaleza es un daño cierto que sólo puede ser reconocido cuando se acredita, por prueba directa, su existencia y cuantía. Si bien en algunos casos puede hacerse valer la prueba presuncional y estimárselo en los términos del art. 165 del C.P.C.C.N., dicha prueba ha de conducir a la certeza de su real producción, lo cual se logra demostrando la imposibilidad de realizar una determinada actividad rentada, o su disminución transitoria, o una real merma de ingresos -de cualquier origen lícito-, como consecuencia de la falta imputada al responsable (cfr. CNCiv., Sala H, 8-6-95, "Valls, José R. c/ Cons. Prop. Agüero 2335/41/49 s/ Ds. Ps.", Base CDS Microisis, sumario Nº 6493,J.A.1999-IV-síntesis).

Ahora bien, en autos ninguna prueba fehaciente ha aportado la actora tendiente a acreditar la merma de ganancias sobrellevada a raíz del evento de autos, por lo que el presente rubro será desestimado y las quejas vertidas por ante la alzada receptadas.

Nótese que aunque quedó abonado con las declaraciones testimoniales en autos el daño producido a la Sra. A. como asimismo que la accionante experimentó una disminución en las ventas respecto del año 2008- sin perjuicio de que destacar que la demandante no lleva libros de comercio sino solamente tiene registradas las facturas que emite-, entiendo que no ha quedado probado la relación de causalidad existente entre ambas situaciones, por lo que la actora deberá soportar las consecuencias de la orfandad probatoria desplegada sobre el presente.

3) Tasa de Interés:

a) La sentenciante de la anterior instancia dispuso que los intereses correspondientes se devengarán desde la producción del evento dañoso (4 de febrero de 2009) y hasta el efectivo pago a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina por aplicación de lo establecido en la decisión plenaria adoptada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil , el 20 de abril de 2009, en los autos “Samudio de Martínez Ladislaa c. Transportes Doscientos Setenta S.A s. ds y ps”, cuyos fundamentos compartió sin perjuicio de señalar la derogación del art. 303 del CPCCN.

Por encontrarse discordantes con la tesitura adoptada por la anterior magistrado, los quejosos requieren se modifique parcialmente el fallo cuestionado.- El Sr. Lionel B., por su lado, solicita que los intereses comiencen a computarse desde que la sentencia quede firme y hasta el efectivo pago.-

b) Cabe destacar que esta Cámara ha resuelto que en el supuesto de indemnizaciones derivadas de delitos o cuasidelitos los intereses deben liquidarse desde el día en que se produjo cada perjuicio objeto de reparación -en el caso, la primera publicación en la web del día 4- 2-09- y hasta su efectivo pago, de conformidad con lo establecido en la doctrina plenaria "Gómez, Esteban c. Empresa Nacional de Transporte", de fecha 16 de diciembre de 1958 (CNCiv, sala H 13/02/2006 Fernández, Ceferino D. c. Grubber, Gabriel · La Ley Online).-

Teniendo en cuenta los datos objetivos de la causa, la fecha de la primera publicación en Internet (4/2/2009), en base a los fundamentos vertidos en mi voto, en los autos Expediente Nº 81.687/2004 “PEZZOLLA, Andrea Verónica c/ Empresa de Transportes Santa Fe SACEI y otros s/ daños y perjuicios” y su acumulado Expte. Nº 81.683/2004 “PEZZOLLA, José c/ Transportes Santa Fe SACI s/ daños y perjuicios ” del 27/11/2017, a los que en honor a la brevedad me remito, propongo que los intereses correspondientes se liquiden desde la fecha del hecho y hasta el efectivo pago, a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina. En su virtud, se rechazan las quejas vertidas a su respecto.-

IV) Conclusión

Por todo ello y si mi distinguido colega compartiera mi opinión, propicio: 1) Se haga lugar parcialmente a las quejas vertidas por los recurrentes, y en su virtud, se deje sin efecto la indemnización otorgada a la accionante en concepto de “Lucro Cesante”; 2) Se confirme la sentencia en todo lo demás que fuera materia de apelación y agravios; 3) Se impongan las costas de esta alzada a las recurrentes sustancialmente vencidas (art. 68 C.P.C.C.N.); 4) Se conozca sobre los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes y determinen los correspondientes a esta instancia; 5) Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida lo dispuesto por el artículo 164 párrafo segundo del ritual y artículo 64 del Reglamento para la Justicia Nacional.-

Así mi voto.-

El señor juez de Cámara doctor Osvaldo Onofre Álvarez, por análogas razones a las aducidas por la señora juez de Cámara doctora Patricia Barbieri, votó en el mismo sentido a la cuestión propuesta.

Con lo que terminó el acto. PATRICIA BARBIERI-OSVALDO ONOFRE ÁLVAREZ.

Este Acuerdo obra en las páginas n° n° del Libro de Acuerdos de la Sala “D”, de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Buenos Aires, de diciembre de 2017.

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 1) Hacer lugar parcialmente a las quejas vertidas por los recurrentes, y en su virtud, dejar sin efecto la indemnización otorgada a la accionante en concepto de “Lucro Cesante”; 2) confirmar la sentencia en todo lo demás que fuera materia de apelación y agravios; 3) imponer las costas de esta alzada a las recurrentes sustancialmente vencidas.-

De conformidad con el presente pronunciamiento y en atención a lo dispuesto por el art. 279 del Código Procesal, teniendo en cuenta la naturaleza, importancia y extensión de los trabajos realizados en autos; las etapas cumplidas; el monto de condena más sus intereses; lo dispuesto por los arts. 1, 6, 7, 9, 10, 19, 37 y 38 del arancel y ley modificatoria 24.432; la proporción que deben guardar los honorarios de los peritos con los de los letrados y la incidencia de su labor en el resultado del pleito, se adecuan los regulados a fs. 825 vta., fijándose los correspondientes al Dr. Claudio Daniel Greni Rueda, letrado apoderado de la parte actora durante las tres etapas, en pesos treinta mil ($ 30.000); los del Dr. Claudio Aníbal Coco, letrado patrocinante del codemandado B. hasta fs. 720, en pesos diez mil ($ 10.000); los del Dr. Jorge Daniel Núñez, por su actuación en el mismo carácter de fs. 720, en el final de la segunda etapa, en pesos un mil ($ 1.000); los del Dr. Ezequiel Paganini, letrado patrocinante de los codemandados N. y Adoos Network, por dos etapas, en pesos once mil ($ 11.000); los del Dr. Arnaldo Cisilino, letrado apoderado del tercero citado Google Inc., en pesos veintiséis mil ($ 26.000); los de la Dra. María Eugenia Videla, por su intervención en el mismo carácter en la audiencia de fs. 559, en pesos quinientos ($ 500); los del perito en informática Silverio González, en pesos seis mil ($ 6.000), y los de la perito contadora María Gorgone, en pesos seis mil ($ 6.000).

En lo que respecta a los honorarios de los mediadores Dres. Pablo E. Gamba y Liliana Irene Fonti, el honorario correspondiente, que asciende a $ 6.240 más un adicional de $ 780 por las audiencias cuarta y quinta (conf. art. 2°, inciso g), del Anexo III del Decreto 1467/11, modificado por Decreto 2536/15, y valor de la unidad retributiva del SINEP vigente al día de la fecha), debe ser distribuido entre ambas. Se atribuye, en función de la extensión de la labor de cada una de ellas, la cantidad de pesos cinco mil seiscientos dieciséis ($ 5.616) al Dr. Gamba y la de pesos un mil cuatrocientos cuatro ($ 1.404) a la Dra. Fonti (conf. art. 28, inc. d), del Anexo I del Decreto 1467/11, modificado por Decreto 2536/15).

En relación con el planteo formulado a fojas 828 y 883 y vta., referido a la limitación de la responsabilidad por las costas establecida en el art. 730 del Código Civil y Comercial, debe señalarse que los autos regulatorios sólo deciden sobre el monto de las retribuciones a fijarse, no así sobre el derecho a esos honorarios, ni anticipan la procedencia y forma de su cobro, cuestiones éstas que deberán sustanciarse y resolverse en la etapa procesal oportuna.

Por la actuación ante esta alzada, se regula el honorario del Dr. Claudio Daniel Greni Rueda en pesos ocho mil cuatrocientos ($ 8.400); el del Dr. Ezequiel Paganini, en pesos cuatro mil setecientos ($ 4.700), y el del Dr. Jorge Daniel Núñez, en pesos cuatro mil setecientos ($ 4.700) (art. 14, ley de arancel 21.839).

Se deja constancia que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. Notifíquese por Secretaría y devuélvase. (Res. 1567/17).

 

Patricia Barbieri

Osvaldo Onofre Álvarez

 

 

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