Accidente De Transito Compania De Seguros Multa Por Temeridad O Malicia

JURISPRUDENCIA

Accidente de tránsito. Compañía de seguros. Multa por temeridad o malicia

 

Se confirma la sentencia que hizo lugar a la demanda por indemnización de daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito.

 

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los 28 días del mes de febrero de 2019 reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “Filmar SA c/ Wierna, Alberto Enrique y ot. s/ daños y perjuicios”, habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.

El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes

CUESTIONES

1ª) ¿Debe declararse desierto el recurso de apelación interpuesto por el demandado Alberto Enrique Wierna el 05/09/2018?

2ª) ¿Es justa la sentencia dictada el 17 de agosto de 2018 y que obra glosada a fs. 271/7?

3ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:

Contra la sentencia definitiva de fojas 271/7 el demandado Alberto Enrique Wierna interpuso recurso de apelación mediante la presentación electrónica depositada en el servidor del Poder Judicial el 5 de septiembre de 2018 a las 02:01 p.m. El remedio fue concedido libremente a fs. 284.

El 02 de noviembre de 2018, mediante la providencia que obra glosada a fs. 285, este Tribunal llamó a expresar agravios a la parte apelante por el plazo de cinco días. Conforme surge de los registros informáticos, la cédula electrónica se depositó en el casillero virtual del Dr. Carmelo Angel D´Antoni (20087084192@notificaciones.scba.gov.ar) el 06 de noviembre de 2018 a las 13:45 horas, por lo que el efecto notificatorio se produjo el día de nota viernes 09 de noviembre de 2018 de conformidad con lo normado por los artículos 40, 41 y 133 del CPCCBA, 1 y 3 del Anexo I del Ac. 3845/17 de la SCBA.

Teniendo en consideración los feriados de los días 16, 19 y 22 de noviembre de 2018, el último día que tuvo para presentar los fundamentos del recurso fue el miércoles 21 de noviembre dentro de las primeras cuatro horas de despacho (art. 124 del CPCC), y no lo hizo, habiéndose vencido el término que tenía para ello (arts. cit. y 261 del CPCC; Ibañez Frocham, “Tratado de los Recursos”, 3° ed., pág. 191/2; Podetti, “Tratado de los Recursos”, Bs. As., 1958, pág. 168).

Es por ello que corresponde declarar desierto el recurso interpuesto mediante presentación electrónica del 05 de septiembre de 2018 a las 02:01 p.m. (art. 261 del CPCCBA).

ASI LO VOTO

El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:

I. La sentencia dictada el 17 de agosto de 2018 -y que obra glosada a fs. 271/7- viene a conocimiento de este Tribunal de Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la citada en garantía mediante su presentación del 27/08/18.

En lo que aquí interesa destacar, la Sra. Jueza a quo hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios que promovió Filmar S.A. contra Alberto Enrique Wierna y condenó a este último -conjuntamente con la citada en garantía Paraná S.A. de Seguros- a pagar la suma de $43.127 con más intereses y costas. Asimismo, aplicó una multa por temeridad y malicia equivalente al 8% del monto total del juicio.

Para así decidirlo, consideró demostrado que el 9 de julio de 2016 a las 19 horas existió una colisión entre un vehículo Renault Traffic dominio DOG... conducido por el demandado Wierna y un vehículo Suzuki Gran Vitara HDI 2.0 dominio EDL... que se encontraba estacionado, hecho del cual se generaron diversos daños.

Señaló que la prueba producida da cuenta de que los hechos ocurrieron en la forma en que fuera relatada por la actora y que no fue demostrada ninguna eximente de responsabilidad. Agregó que la versión de los hechos invocada por la compañía de seguros no se compadece con la expuesta con su propio asegurado.

En cuanto a los daños, hizo lugar a los siguientes parciales: (a) Daño emergente por costos de reparación del vehículo: $35.200 y (b) Pérdida de valor venal, $7.927. Asimismo, hizo lugar al pedido formulado por la actora a fs. 138 y aplicó una sanción a la compañía aseguradora por brindar una versión falsa de los hechos, y que fue cuantificada en el 8% del monto total del juicio.

II. Síntesis de los agravios.

El apoderado de la citada en garantía Paraná S.A. de seguros presentó su expresión de agravios mediante escrito electrónico de fecha 27/08/18, mereciendo la réplica de la contraria el 23/11/18. Los puntos de disconformidad pueden sintetizarse de la siguiente manera:

(a) Que la factura obrante a fs. 21 fue abonada personalmente por el Sr. Juan Angel Marzoni y no por la sociedad actora. Por esta razón, la firma carece de legitimación para solicitar el recupero de esa erogación.

(b) Que no está acreditado que el monto de la factura $35.200 fue aceptado o reconocido por el perito, quien -dice- estableció que el valor de los trabajos ascendieron a $32.120. Este último, y no aquél, es el valor que debe tomarse para el rubro.

(c) Que fue incluido como daño al levanta vidrios no obstante en el acta notarial de fs. 19 no se describe esa rotura. Destaca que la factura de fs. 21 tampoco contiene el arreglo de dicho dispositivo y que fue el propio perito el que lo mencionó como una hipótesis que no fue acreditada. Solicita se descuenten $4800 del monto correspondiente al rubro de costos de reparación.

(d) Que ha sido incorrectamente cuantificado el parcial de desvalorización venal. Critica las variables utilizadas por el perito -partiendo de los valores que ya fueron objeto de impugnación- y concluye que la condena en este punto debe modificarse y reducirse en un 26%.

(e) Que no se encuentran reunidos los recaudos que justifican la aplicación de una multa por temeridad o por malicia. Dice que dar una versión de los hechos no conlleva ninguna de esas conductas, máxime cuando ha sido descartada y no se produjo perjuicio procesal o daño al actor o a sus derechos.

III. Tratamiento del recurso.

Adelanto que el recurso no prospera.

III.1. En su primer agravio la recurrente cuestiona la legitimación de la actora para reclamar los gastos de reparación del vehículo.

El planteo no es fundado.

La factura de fs. 21 fue emitida a nombre de FILMAR S.A. y no del Sr. Marzoni. Es la sociedad comercial y no este último la que estuvo obligada a entregar la suma de dinero allí consignada como precio del servicio de reparación. No hay ningún motivo válido para considerar que la persona física que realizó la gestión se obligó personalmente o que el dinero entregado era el suyo propio y no el de la entidad propietaria del rodado.

Nada quita y nada agrega el hecho de que la Sra. Filomena Faustino haya declarado como representante legal de la firma accionante y haya dicho que los gastos de reparación los abonó Juan Angel Marzoni.

He observado con atención el video de la audiencia de vista de causa y no me queda ninguna duda de que la deponente -que a ese momento todavía lucía confundida por la capciosa redacción de la primera posición- estaba refiriéndose a la persona física que realizó el desembolso monetario para pagar la factura que obra glosada a fs. 21. Es decir: quiso explicar que fue su esposo quien entregó el dinero al taller para pagar los costos de la reparación.

De ninguna manera ello puede llevar afirmar que la Sra. Faustino quiso decir que el costo de las reparaciones fue abonado personalmente por el Sr. Marzoni de su propio peculio y no, en cambio, haciéndolo en nombre y representación de la firma actora (FILMAR S.A.) utilizando dinero de la sociedad.

Debo insistir en este punto: es a nombre de la firma que fue expresamente emitida la factura N°... de fecha 15/09/2016 en el comercio que gira bajo el nombre “Sprint Car” (fs. 21) y la vinculación societaria de Marzoni con FILMAR S.A. queda verificada con el tenor del acta de constatación realizada por la escribana Torres Rojas (fs. 19) y -aunque de fecha posterior- también con el poder general de administración glosado a fs. 241/5.

La interpretación que propone la recurrente -haciéndole decir a Faustino algo que, en verdad, nunca dijo- se sostiene en la confusa redacción de la tercera posición del pliego que obra glosado a fs. 246, y en la que nada se aclaraba sobre el tipo de actuación personal de Marzoni. Es decir, la aseguradora no precisó si el hecho contenido en la posición refería a una actuación personal de Marzoni o versaba sobre un pago hecho a nombre y cuenta de la sociedad comercial.

Es inadmisible que la parte pretenda tomar provecho de la ambigüedad de una respuesta de la absolvente que ha estado motivada por la capciosa redacción de su propio pliego de posiciones (arg. 409 del CPCCBA).

En suma, la prueba producida permite afirmar que el pago que Marzoni hizo para cubrir la factura de fs. 21 fue hecho a nombre y cuenta de la accionante. El agravio, por este este motivo, debe ser desestimado (art. 242, 409 y cctes. del CPCCBA).

III.2. Igual suerte debe correr la queja vinculada a los costos de reparación del vehículo.

Es incorrecto afirmar, como hace el apelante, que la jueza determinó la indemnización sobre la base de una lectura parcial del dictamen pericial.

El énfasis que la recurrente pone en la diferencia entre el monto del presupuesto y el consignado en la factura no brinda soporte a ningún argumento atendible. La actora no reclamó el total presupuestado a fs. 20 ($37.000.-) sino que solicitó el recupero de lo efectivamente pagado y que motivó la emisión de la factura glosada a fs. 21 por $35.200. Tal es la suma que es objeto de reclamo de conformidad con los párrafos que corren en el apartado «V.1.1.» del escrito de demanda (fs. 39/vta).

Tampoco tiene razón la aseguradora al cuestionar el monto de la condena sobre la base del cálculo estimativo realizado por el Ing. Asato.

La accionante no pretende en este pleito que la demandada le cubra el costo de una reparación aún no efectuada (escenario en el que correspondería estarse al cálculo pericial sobre cuánto se estima que cuesta reparar un vehículo que posee una serie de daños determinados), sino que lo que busca es recuperar lo ya erogado para costear un arreglo realizado hace más de dos años (donde a los jueces nos interesa que el experto dictamine si lo pagado luce razonable de acuerdo al trabajo contratado y los valores que regían en la época; art. 384 del CPCCBA). 

Es bajo esta lupa de análisis que debe interpretarse la pericia: lo que el experto expresamente calificó como una “estimación” (v. cuadro de fs. 235) difiere solo en $3080.- con el precio de la factura de fs. 21. La diferencia es mínima y permite concluir -como correctamente lo ha hecho el juez- que el costo asumido por Filmar S.A. para arreglar el vehículo fue razonable y tiene derecho a que le sea íntegramente indemnizado (arts. 1737, 1738 y cctes. del CCyC, 375 y 384 del CPCCBA).

No resulta relevante que la estimación del perito Asato contenga un ítem que, al decir de la citada en garantía, no está mencionado en la factura de fs. 21.

Dos razones explican la inadmisibilidad de este argumento.

En primer lugar, el experto afirmó en el último párrafo de fs. 233 (punto de pericia N°1) que “[l]a abolladura en la puerta delantera pudo provocar la rotura o desalineado del sistema elevacristal”.

Admito que el giro «A pudo provocar B» es ambiguo y puede motivar dos posibles interpretaciones. Por un lado, puede leerse en el sentido de que A es un hecho que efectivamente ocurrió y que es posible que haya ocasionado B (hecho que, a su vez, es meramente hipotético o probable). Por el otro, puede interpretarse que el carácter hipotético y probable solo se predica de la relación causal entre uno y otro suceso; o sea: que es posible o probable que A (hecho que efectivamente ocurrió) haya sido la causa de B (hecho que también ocurrió).

Esta última es la lectura que, en mi parecer, es la correcta. El Ingeniero Asato no plantea al daño en el sistema elevacristal como un hecho probable, sino que lo que ensaya en el último párrafo de fs. 233 es una posible hipótesis vinculada a cuál fue la razón por la que ese elemento resultó dañado. Es decir, la conjetura solo se efectúa con relación al vínculo de causa y efecto entre dos sucesos que el experto considera como efectivamente acaecidos.

Digo más: es esta última la interpretación que se desprende del pedido de explicaciones que la propia recurrente formuló a fs. 257/vta, donde pidió que el perito explique si la rotura del sistema de elevacristal pudo haber sido producida por otro motivo. Contrariamente a la posición que ahora asume en su memorial, la aseguradora allí consideró que el daño al sistema de elevación del cristal efectivamente ocurrió y quería indagar únicamente sobre cuál fue la causa -física, mecánica- que lo generó.

El perito respondió a fs. 264 que no hay elementos en el expediente que lleven a considerar que la rotura del sistema elevacristal pudo deberse a otro motivo. En este apartado se despeja cualquier duda interpretativa: la respuesta del ingeniero deja en claro que la rotura a la que hace referencia no es hipotética sino cierta y comprobada, y lo que es motivo de consideraciones probabilísticas es la causa física de ese daño (es decir, qué pudo haber ocasionado la rotura de ese dispositivo).

Por otra parte, y a mayor abundamiento, no puedo dejar de insistir en que el cuadro confeccionado por el experto a fs. 235 no pasa de ser una simple estimación del costo del arreglo efectuado por la actora. Aun cuando se considerase que contiene un ítem indebido (es decir, aceptando por hipótesis que la inclusión del elevacristal fuese objetable), lo cierto es que ello no demuestra que la conclusión a la que arribó el a quo es en alguna forma equivocada. La lectura de la pericia en su totalidad sigue permitiendo afirmar que la factura de fs. 21 contiene un valor razonable para los trabajos efectivamente realizados por el taller.

Por este motivo, reitero, entiendo que la solución adoptada en el fallo es justa y debe ser confirmada (arts. 1737, 1738 y cctes. del CCyC, 375 y 384 del CPCCBA).

III.4. No correrán mejor suerte las críticas vinculadas a la indemnización por desvalorización.

El apelante dice que los daños no requirieron “la reparación integral del vehículo”. Si lo que pretendió alegar la compañía de seguros es que la destrucción del rodado no fue total (y por lo tanto el arreglo no fue integral), es claro que ha mal interpretado -una vez más- los dichos del perito. Lo que el experto quiso afirmar es que la reparación realizada en el taller fue integral, entendiéndose por tal a la reparación de todas y cada una de las roturas que el automóvil tenía (aunque ellas no necesariamente implicaban la destrucción absoluta o general del rodado).

Las restantes críticas que formula sobre las variables computadas para calcular la depreciación son inadmisibles, sea porque se sustentan en aspectos que ya fueron objeto de tratamiento (monto reclamado y valor de eleva cristal; v. supra) o bien porque, como ocurre con la cuarta variable -mencionada en el lacónico anteúltimo párrafo del punto 2 del memorial-, el apelante no presenta una argumentación que abastezca los recaudos técnicos contemplados en el art. 260 del CPCCBA.

El agravio, por todo lo dicho, debe ser desestimado (arts. 242, 260 y cctes. del CPCCBA).

III.5. El último punto de disconformidad -aquel que se dirige a cuestionar la imposición de la multa- tampoco puede prosperar.

El Código de Procedimientos Civil y Comercial regula el deber de los magistrados, al momento de dictar la sentencia definitiva, de declarar la temeridad o la malicia en que hubieren incurrido los litigantes o profesionales intervinientes (arts. 34 inc. 6 y 163. inc. 8 in fine del CPC).

Por temeridad se entiende, en principio, la conducta del actor o del demandado que saben a ciencia cierta que no tienen razón valedera, que no están asistidos de razón, no obstante lo cual, abusando de la jurisdicción, componen un proceso del que se ha de generar un daño a la otra parte (Morello-Sosa-Berizonce, “Códigos...”, p. 456, v. I, Librería Editora Platense, Buenos Aires, 1984). La malicia, en cambio, se perfila en la actuación -u omisión- durante el desarrollo del trámite, es decir, cuando cualquiera de las partes obstaculiza, retarda, provoca articulaciones manifiestamente improcedentes, mañosas con el solo propósito de dilatar la tramitación del proceso (Morello-Sosa-Berizonce, ob. cit., p. 456; esta Sala, causa 154.013 en autos “Morelli...”, del 27/11/2014).

He recorrido la totalidad de las páginas que componen el presente legajo y he llegado a la conclusión de que la decisión adoptada por la jueza es justa y debe ser confirmada. La colega ha advertido y sancionado correctamente una conducta ostensiblemente temeraria de la compañía aseguradora.

En efecto, la mecánica general del accidente de tránsito que motivó este pleito resulto virtualmente incontrovertida y fue el propio demandado asegurado quien terminó por reconocer que la colisión se produjo en la modalidad y las circunstancias narradas por la actora (v. fs. 34/vta apartado III -«Hechos»- y fs. 67/vta apartado 2). Una y otra parte coincidieron que el accidente se produjo entre un vehículo en movimiento (la Traffic conducida por el asegurado) y un vehículo estacionado, sin motor en marcha y carente de ocupantes (la Suzuki propiedad de Filmar S.A.).

Esta narrativa común contrastó notablemente con el relato que introdujo la compañía aseguradora para resistir la pretensión y en el que hace referencia a una Suzuki conducida por Marzoni a exceso de velocidad y sin dominio del rodado, asumiendo el rol de embistente con relación al de su asegurado (v. fs. 120 apartado VI -«Realidad de los hechos»-).

Solo una deliberada intención de faltar a la verdad o una injustificada [e igualmente reprochable] desatención con las características específicas del caso puede explicar que la recurrente haya postulado un relato completamente incompatible con aquel que fuera narrado por la accionante y, peor aún, incoherente con lo que su propio cliente expuso al contestar la demanda.

La actora ofreció como prueba documental en poder de terceros a la denuncia de siniestro formulada por Wierna ante Paraná S.A. de Seguros (v. fs. 42/vta punto «VIII.b»), lo que así fue proveído por el juez a fs. 147/vta.

La recurrente jamás cumplió la intimación que le fuera efectuada y las excusas brindadas a fs. 167 resultan por demás vagas e imprecisas. La resistencia de la compañía no pareciera ser casual: ese documento hubiera permitido verificar la coherencia y la sinceridad del relato opuesto al resistir la pretensión.

Agrego a ello que Paraná S.A. de Seguros no brindó en su memorial ninguna forma de explicación que permita entender -y, eventualmente, justificar- la insólita circunstancia en la que su versión de los hechos resultó radicalmente distinta e incompatible con la narrativa formulada por su asegurado.

Las genéricas referencias que la citada efectúa en su memorial y que se vinculan con el ejercicio del derecho de defensa en juicio no logran conmover lo resuelto en el fallo impugnado.

En este punto parece necesario recordar que ningún derecho es absoluto y el derecho de defensa, como toda otra potestad que rige el ámbito de un pleito, se ejerce conforme a las leyes procesales que reglamentan su ejercicio (art. 14 de la CN).

Las partes no pueden invocar el derecho de defensa como una regla genérica de la cual emerge una suerte de potestad para hacer o decir lo que sea en el ámbito de un proceso judicial. La parte no puede esgrimir una garantía constitucional como pretexto para inventar hechos, ocultar documentos o faltar intencionalmente a la verdad.

En tal sentido, se ha dicho que “[u]no de los principales deberes éticos de los litigantes es el de expresarse y actuar con buena fe, resulta evidente que el demandado debe manifestar sus defensas con claridad y lealtad, sustentándolas en hechos y documentos, que al menos para su íntimo convencimiento sean exactos y auténticos”(Cám.2da.Civ.Com. de La Plata, Sala III, causa n° 105525, “Bonilla Roque, Beatriz E. c/Paredes Avila, Elmer Guillermo s/Cobro ejecutivo” del 22/09/2005)

La conducta asumida por la compañía de seguros excedió holgadamente los límites del derecho de defensa en juicio (art. 18 de la CN). Falsear el relato de los hechos y negarse a cumplir intimaciones judiciales direccionadas a aportar documentos ofrecidos como prueba (y que, además, permitirían juzgar la sinceridad de su relato), no solo no se revela como el ejercicio legítimo y razonable de una esencial garantía constitucional sino que expone una grosera violación a la regla de la buena fe procesal y una ostensible voluntad de tomar provecho del proceso judicial con fines pérfidos.

En mi voto en la causa “Curry, Paula V. c/ Transportes Automotores Plusmar S.A. s/ Daños y Perjuicios” (esta sala, causa n° 162.615, del 27/04/2017) señalé que los magistrados no somos ajenos al hecho de que los tiempos que normalmente insume todo pleito judicial, sumado a la tasa de interés moratoria fijada por nuestra Casación provincial (de por sí insuficiente para cubrir la depreciación de la moneda), la imposibilidad legal de indexar o repotenciar deudas dinerarias (art. 7 y 10 de la Ley 23928 y 4 de la 25.561) y la inflación acuciante que aqueja a nuestra economía desde hace más de una década (que supone, en los hechos, la pérdida del valor adquisitivo de la moneda), conforman un estado de cosas en el que el deudor malicioso optará siempre por dilatar el pago de lo debido -yendo a juicio, si fuese necesario- antes que cumplir en forma oportuna.

Han transcurrido casi tres años desde la fecha en que se produjo el accidente y han pasado poco más de dos años desde que FILMAR S.A. se vio en la necesidad de llevar su reclamo ante los estrados judiciales.

El valor del dólar se ubicaba en aquella época en $16 para la venta (fuente: www.bna.com.ar; fecha de consulta: 11/02/2019), cotizando hoy a $38,70 (fuente: www.bna.com.ar, última fecha de consulta: 11/02/2019), lo que significa que desde aquel entonces a la fecha la moneda nacional se ha depreciado con relación a la divisa extranjera en más del 141%. Los $35.200 correspondientes al pago de la factura de fs. 21 representaban a ese momento 2.200 dólares estadounidenses en tanto que en la actualidad alcanzan para adquirir poco más de 900 dólares.

En lo que respecta a las estadísticas oficiales, la compulsa de los archivos históricos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos permite corroborar que la Canasta Básica Total (comprensiva de la canasta básica alimentaria más los bienes y servicios no alimentarios) de un adulto a noviembre de 2016 ascendía a $4.247,99 y una familia tipo de (cuatro miembros) necesitaba $13.126,29 para no superar la línea de la pobreza (CBT por adulto y CBT para hogar tipo 2, noviembre de 2016, fuente: INDEC: www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_12_16.pdf, última fecha de consulta: 11/02/2019). En diciembre de 2018 la CBT de un adulto fue de $8250,42 y una familia tipo necesitó $25493,80.- para no perforar la línea de la pobreza (datos: datos: CBT por adulto y CBT hogar tipo 2, respectivamente, a diciembre de 2018; fuente: INDEC; link www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_01_19.pdf, última fecha de consulta: 11/02/2019).

Así entonces, desde la interposición de la demanda y a la actualidad el poder adquisitivo del crédito del actor se devaluó más del 94%.

Previsiblemente, esa devaluación del peso -unidad en la que se expresa el crédito de la víctima- en forma alguna puede verse suficientemente compensada con los intereses moratorios calculados a la tasa pasiva que ordena aplicar nuestra Suprema Corte bonaerense. Acudiendo al sistema de cálculo de intereses en línea que provee nuestra Casación en su página web y utilizando el índice “Tasa Pasiva - Plazo Fijo digital” (la “más alta” en los términos de la doctrina legal fijada en causas 62.488 -”Ubertalli...”- del 18/05/2016, c. 119176 -”Cabrera...”-, del 15/06/2016 y c.116.930 -”Padín”- del 10/08/2016, entre otras) se advierte que la tasa acumulada desde el 15 de septiembre de 2016 al 31 de enero de 2019 es tan solo del 57,63% (ello computando únicamente el crédito por costo de reparación, que representa el porcentaje mayor del total de condena).

Por último, no debe perderse de vista que durante todo el tiempo que duró este pleito -y en el que la aseguradora se negó y aún se niega a pagar la indemnización- ha tenido la posibilidad de invertir el capital que le adeuda a la víctima, procurándose un beneficio económico complementario: ya sea colocándolo en un plazo fijo y procurándose una renta a una tasa igual a la que se devenga a favor del actor en concepto de intereses moratorios o incluso alguna más favorable, si es que acude a formas de inversión más redituables.

La injustificada posición asumida por la aseguradora y la indisimulable intención de utilizar al proceso como herramienta de licuación de un crédito es lo único que puede explicar que la actora y el propio asegurado hayan tenido que transitar dos años de juicio para dirimir la suerte de un reclamo económico de escasa cuantía motivado por un accidente de tránsito en el que no hubo víctimas fatales ni lesionados y cuya mecánica resultó incontrovertida.

En suma, la sanción aplicada por la jueza es justa y debe ser confirmada. El recurso -en lo que a este punto refiere- debe ser rechazado (arts. 34 inc. 6 y 163. inc. 8 in fine del CPCCBA).

ASI LO VOTO

El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

A la tercera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:

Corresponde: I) Declarar desierto el recurso interpuesto por el demandado Alberto Enrique Wierna mediante la presentación electrónica del 05 de septiembre de 2018 a las 02:01 p.m. (art. 261 del CPCCBA); II) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la citada en garantía Paraná S.A. de Seguros mediante su presentación del 27/08/18, con costas a la recurrente; III) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).

ASI LO VOTO

El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

En consecuencia, se dicta la siguiente

SENTENCIA:

Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo se resuelve: I) Declarar desierto el recurso interpuesto por el demandado Alberto Enrique Wierna mediante la presentación electrónica del 05 de septiembre de 2018 a las 02:01 p.m. (art. 261 del CPCCBA); II) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la citada en garantía Paraná S.A. de Seguros mediante su presentación del 27/08/18, con costas a la recurrente (art. 68 del CPCCBA); III) Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967). IV) Regístrese y notifíquese personalmente o por cédula (art. 135, inc. 12 del CPC). Devuélvase.

 

038227E