Accion De Amparo Objeto Requisitos Arbitrariedad Manifiesta Aduana Despachante De Aduana Inscripcion En El Registro

JURISPRUDENCIA

Acción de amparo. Objeto. Requisitos. Arbitrariedad manifiesta. Aduana. Despachante de aduana. Inscripción en el registro

 

Se admite la acción de amparo intentada y se ordena a la demandada que permita al aquí actor acreditar, mediante el procedimiento previsto por el régimen de transición (resoluciones generales AFIP 3771/2015 y 3974/2016), tanto el reconocimiento de sus conocimientos teóricos, como el de los exámenes prácticos rendidos de conformidad con la normativa anterior a la modificación del régimen por la resolución general AFIP 3710/2015, a los efectos de la tramitación y el otorgamiento del “Certificado de Capacitación Aduanera” e inscripción como despachante de aduana en los Registros Especiales Aduaneros.

 

 

Buenos Aires, 19 de junio de 2018.-

Y VISTOS: estos autos caratulados “Sola, Edgar Alejandro c/ EN-AFIP-DGA s/ amparo ley 16.986”, y

CONSIDERANDO:

1°) Que a fs. 67/72, la Sra. jueza de la instancia de origen rechazó la acción de amparo intentada por el Sr. Edgardo Alejandro Sola contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (Dirección General de Aduanas) a los efectos de que se declarara la inconstitucionalidad de las resoluciones generales AFIP N° 3710/2015 y 3771/2015 y, en consecuencia, se ordenara a la demandada que, a los efectos de la tramitación y el otorgamiento del “Certificado de Capacitación Aduanera” e inscripción como despachante de aduana en los Registros Especiales Aduaneros, se lo eximiera de rendir los exámenes teóricos y prácticos establecidos en la primera de las resoluciones generales antes mencionada. Impuso las costas al vencido.

Para así decidir, luego de referir a los lineamientos de la acción de amparo, a las postulaciones de las partes, a la normativa aplicable y a los extremos fácticos del presente caso, recalcó que con el dictado de las resoluciones generales AFIP N° 3710/2015 y 3771/2015 se previó un sistema que eximía a los egresados de las carreras vinculadas al comercio exterior de rendir -por ante el organismo demandado- los contenidos teóricos.

Precisó que no se encontraba en discusión la facultad de la AFIP para el dictado de las mencionadas resoluciones, la cual surgía del art. 41 del Código Aduanero y del art. 5° de su decreto reglamentario, y contaba con un razonable margen de selección de opciones a los fines de la reglamentación de los procedimientos y trámites a que se debían sujetar aquellas personas que pretendieran obtener la inscripción en los registros pertinentes, y que, por otro lado, comportaba una potestad dotada de una libertad de apreciación que había de ser ejercida y objeto de escrutinio del marco general del ordenamiento jurídico.

Recordó que para la procedencia de la presente acción, no sólo era necesario que concurriera un supuesto de arbitrariedad o de ilegalidad, sino que se requería, además, que ello resultara de manera manifiesta, tal cual lo exigía el art. 43 de la Constitución Nacional.

Consideró que dichas circunstancias no concurrían en el presente caso, toda vez que el actor no había acreditado el daño que le ocasionaría adecuar su reclamo a la normativa vigente, ni tampoco que las normas cuestionadas hubieran causado un grave detrimento en sus derechos.

En punto a las costas, sostuvo que no encontraba motivos para apartarse del principio objetivo de la derrota.

2°) Que contra dicho pronunciamiento, el actor interpuso el recurso de apelación de fs. 73/80, el que fundó en ese mismo acto.

A fs. 84/88, la demandada contestó el pertinente traslado, conferido a fs. 83.

3°) Que el actor se agravia por cuanto la Sra. jueza de grado consideró que no surgía con nitidez la ilegalidad o arbitrariedad planteadas.

Señala que de acuerdo a los motivos en los que se funda la acción, la AFIP-DGA realizó una aplicación retroactiva de la R.G. (AFIP) N° 3710/2015, que se encuentra prohibida por el art. 7° del Código Civil y Comercial de la Nación.

Destaca que la aludida resolución general, fue dictada luego de que su parte aprobara los exámenes prácticos ante los funcionarios de la AFIP y se expidiera el título correspondiente.

Puntualiza que la demandada no invocó razón alguna para desconocer los resultados de los exámenes prácticos realizados bajo la vigencia de las resoluciones 429/1992 y 2554/1994, y tampoco planteó que el programa de estudio bajo el cual fueron realizados aquéllos deviniera en obsoleto.

Recuerda que las eximiciones de los exámenes teóricos eran otorgadas por la AFIP con la condición de que el plan de estudio de la repartición privada se ajustara al plan de materias establecido por dicha repartición en la resolución 429/1992. Añade que en el caso de los exámenes prácticos, la eximición era únicamente de rendir en las dependencias de la AFIP, dado que el examen era rendido igual, ante funcionarios veedores del organismo fiscal.

Esgrime que es aquí donde se encuentra demostrada en forma cabal y expresa la arbitrariedad e ilegalidad manifiesta del actuar de la AFIP- DGA, al dictar una nueva reglamentación con aplicación retroactiva para aquellas personas que ya habían rendido los exámenes teóricos y prácticos en reparticiones privadas, conforme los planes de estudios aprobados por el propio organismo.

Postula que el desconocimiento respecto de la aprobación de los exámenes mediante el procedimiento establecido en la antigua reglamentación, provoca una lesión a los principios de legalidad, certeza, seguridad jurídica, razonabilidad y buena fe, además de que al día de la fecha impide a su parte ejercer la profesión que por el título alcanzado le corresponde, lo que provoca, además, una violación al derecho de propiedad.

Sostiene que en el presente caso han quedado demostrados los requisitos que hacen a la admisibilidad del amparo en el propio escrito de inicio, siendo que lo resuelto por la Sra. jueza implica otorgar legalidad a una resolución de la AFIP viciada de nulidad absoluta.

Se queja, asimismo, por cuanto la Sra. jueza de grado consideró que su parte no acreditó que las normas cuestionadas le causaban un grave detrimento en sus derechos.

Afirma que la Sra. magistrada soslayó por completo que su parte rindió los exámenes teóricos, ya que egresó como Técnico Superior en Aduanas y Comercio Exterior, y aprobó los exámenes prácticos ante los funcionarios de la AFIP-DGA.

Dice que la imposibilidad de obtener el Certificado de Capacitación Aduanera conculcó derechos adquiridos por el actor en el régimen anterior.

Señala que los nuevos extremos requeridos por la R.G. (AFIP) N° 3710/2015 provocan un perjuicio a su parte, dado que implican desconocer los efectos del título obtenido bajo las normas que regían en ese momento.

En tercer lugar, se agravia por -lo que entiende- es un reduccionismo y minimización del conflicto planteado, lo que se aprecia en los puntos VI y VII de la sentencia apelada.

Aduce que fue la propia AFIP la que sostuvo que la única consecuencia derivada de los actos impugnados resultaría ser la obligación de rendir nuevamente los exámenes. Destaca que, entonces, mal puede considerarse a este caso como uno en los que se intenta amparizar el acceso a la justicia. Agrega que la sentencia recurrida soslaya por completo que el actor necesita inscribirse como despachante de aduana para poder trabajar y ejercer su profesión.

Se queja, por otra parte, por cuanto la Sra. magistrada omitió considerar los antecedentes jurisprudenciales que resolvieron una situación idéntica a la aquí planteada. En tal sentido, cita las causas “Picchioni, Héctor Luis c/ EN-AFIP-DGA s/ amparo ley 16.986”, expte. N° 23.675/2016 y “Balbuena, Claudio Ariel c/ EN-AFIP-DGA s/ amparo ley 16.986”, expte. N° 23.676/2016.

Por último, se agravia de la imposición de las costas.

Alega que, al margen de la decisión en cuanto al fondo del asunto, lo cierto es que su parte no contaba con ninguna otra herramienta para intentar solucionar la cuestión. Añade que los hechos acaecidos impusieron el inicio de la presente acción de amparo.

Señala que, aun cuando la Sra. jueza hubiera interpretado la improcedencia de la vía elegida, debió haber eximido al actor de cualquier imposición de costas, tal como lo habilita el segundo párrafo del art. 68 del C.P.C.C.N..

4°) Que a fs. 80/93, el Sr. Fiscal General opinó que correspondía admitir la acción de amparo intentada, y previo pago del arancel actualizado, ordenar a la Dirección General de Aduanas (D.G.A.) que validase el título del actor a los fines de la posterior matriculación.

Luego de hacer referencia a la normativa aplicable, advirtió que al aprobar el régimen de transición, la Aduana expuso que existían sujetos que, habiendo completado carreras vinculadas al comercio exterior en instituciones universitarias y terciarias, no habían solicitado el reconocimiento de conocimientos de conformidad a lo previsto en la anterior reglamentación. Añadió que, por ello, la D.G.A. consideró que correspondía permitirles a tales sujetos acreditar sus conocimientos teóricos a los fines de obtener el certificado pertinente.

Consideró que los motivos expresados por el organismo aduanero al regular el régimen transitorio establecido para la comprobación de conocimientos teóricos, resultaban aplicables a quienes hubiesen aprobado los exámenes prácticos con anterioridad a la entrada en vigencia de la reglamentación actual, en tanto se trataba de situaciones que, en los hechos, resultaban análogas.

Puso de resalto que la D.G.A. no alegó la existencia de motivos que permitieran aseverar que la diferenciación dispuesta por la norma contemplaba situaciones disímiles y que, por ello, resultaba irrazonable denegar la posibilidad de acreditar las evaluaciones prácticas rendidas bajo el régimen anterior.

Citó la doctrina del Alto Tribunal de Fallos: 338:1455.

Precisó que, así las cosas, el trato diferenciado dispuesto por la norma para la comprobación de los conocimientos teóricos y prácticos, instaurando un régimen de transición que sólo posibilitaba eximirse de rendir los exámenes teóricos, resultaba irrazonable, motivo por el cual, en tal aspecto, debía admitirse la acción intentada.

Entendió que, sobre tales bases, debía permitirse al actor acreditar mediante el procedimiento previsto en el régimen de transición no sólo el reconocimiento de los conocimientos teóricos, sino también el de los exámenes prácticos rendidos según la anterior reglamentación.

5°) Que a los efectos de adentrarse en el estudio de la cuestión planteada en autos, corresponde referir a la normativa involucrada.

El art. 41 del Código Aduanero, establece que no podrán desempeñarse como despachantes de aduana quienes no estuvieren inscriptos en el Registro de Despachantes de Aduana. Entre los requisitos previstos para tal inscripción, el inciso b) prevé el de “haber aprobado estudios secundarios completos y acreditar conocimientos específicos en materia aduanera en los exámenes teóricos y prácticos que a tal fin se establecieren”.

El art. 5°, inc. c) del decreto reglamentario del Código Aduanero, dispone que a los fines de la inscripción en el Registro de Despachantes de Aduana, los interesados deberán: “c) acompañar certificado de capacitación aduanera extendido por la Administración Nacional de Aduanas” (hoy, la Dirección General de Aduanas).

La resolución ANA N° 429/1992, establecía en su anexo V, que: “[l]os postulantes a Despachante de aduana, egresados como licenciados en Comercio Exterior o carreras similares cursadas en universidades nacionales o privadas o en instituciones terciarias que emiten títulos reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación y que deseen ser exceptuados de los exámenes teóricos previstos por la presente Resolución en su anexo II, a efectos de su inscripción en el Registro de Despachante de Aduana, presentarán la respectiva solicitud (OM-2074 ), la documentación complementaria y la constancia del pago del arancel en la forma que se determine, ante la Aduana más próxima a su domicilio, la que será remitida por ésta a la División Capacitación dentro de las setenta y dos (72) horas de su recepción. Quienes residan las proximidades de los Departamentos Aduana de Buenos Aires y Aduana de Ezeiza presentarán la aludida solicitud y la documentación complementaria, directamente ante la División Capacitación”.

Por otra parte, la resolución ANA N° 2554/1994, disponía que: “[a] los fines del cumplimiento de la Resolución N° 429/92, Anexo V, las instituciones terciarias o universitarias reconocidas oficialmente por el Ministerio de Educación, que dicten carreras vinculadas al comercio exterior y que los contenidos de los programas de estudio respondan a los fijados en la referida resolución y modificatorias, podrán solicitar la asistencia de funcionarios de esta Administración Nacional en calidad de veedores, en oportunidad de la realización de los exámenes prácticos finales ...”.

La resolución ANA N° 1139/1992 fijaba los aranceles para la inscripción o eximición del examen teórico para postularse a despachante de aduana.

La R.G. AFIP N° 2570/2009, implementó el “Sistema Registral”, y creo los “Registros Especiales Aduaneros”, compuestos por los operadores de comercio exterior, “... entendiéndose por tales a los Importadores y Exportadores, Auxiliares del Comercio y del Servicio Aduanero, sus apoderados generales y dependientes y los otros sujetos comprendidos en el Título IV de la Sección I de la Ley N° 22.415 y sus modificaciones (art. 4°). Estableció los requisitos de la solicitud de inscripción, entre los que se encontraba, para el caso de los despachantes de aduana, el “Certificado de Capacitación (Título)” -sic- (ver anexo Manual del Usuario del Sistema Registral. Registros Especiales, punto 10. Requisitos particulares).

Mediante la R.G. AFIP N° 3710/2015, titulada “Exámenes y certificaciones para postulantes a Despachante de Aduana, Agente de Transporte Aduanero o Apoderados Generales. Programa de formación continua en comercio exterior. Adecuación de importes”, el Administrador Federal de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en lo que aquí interesa:

- estableció las condiciones y los criterios generales aplicables para la emisión de los certificados que acreditan los conocimientos técnicos para desempeñarse como despachante de aduana (art. 1° y anexo I);

- creó el “Programa de Formación Continua en Materia de Comercio Exterior”, cuya ejecución sería responsabilidad primaria de la Dirección de Academia de Entrenamiento Fiscal, dependiente de la Subdirección General de Recursos Humanos de esta Administración Federal (art. 2);

- dispuso que “[l]os interesados en rendir los exámenes para postularse como Despachante de Aduana, Apoderado General de Despachante de Aduana, Agente de Transporte Aduanero y Apoderado General de Agente de Transporte Aduanero deberán abonar los importes que se consignan en el Anexo III” (art. 3°);.

- dejó sin efecto, a partir de la entrada en vigencia de la propia resolución general, las resoluciones ANA N° 429/1992, 1.139/1992 y 2.554/1994.

En los considerados de la resolución citada en último término, se señaló que, en el marco del proceso de transformación que se llevaba adelante para que los auxiliares del servicio aduanero ajustasen su accionar al nuevo contexto internacional, resultaba adecuado crear un programa de formación continua destinado a quienes intervinieran en las actividades propias del comercio exterior.

Asimismo, se hizo alusión a que:

“... tal programa contribuirá a proveer herramientas de conocimiento que permitirán a los aludidos sujetos optimizar la resolución de situaciones encuadradas en las problemáticas centrales que afectan a las operaciones aduaneras.”;

“... asimismo resulta conveniente adecuar los procesos para la acreditación de conocimientos específicos en materia aduanera por parte de quienes pretendan desempeñarse como Despachante de Aduana, Agente de Transporte Aduanero o sus Apoderados Generales.”;

“ ... en el marco de lo dispuesto por el inciso b) del Apartado 2 del Artículo 41 y el inciso b) del Apartado 2 del Artículo 76 del Código Aduanero, la Resolución N° 1.139 (ANA) del 14 de julio de 1992 aprobó los importes a abonar para rendir los exámenes para Despachante de Aduana y Apoderado General de Despachante de Aduana.”

“... la Resolución General N° 3.032 dispuso el procedimiento para el pago de aranceles o ingreso de conceptos no tributarios, entre los que se encuentran los importes referidos en los párrafos que anteceden.”;

“... en atención al tiempo transcurrido desde que se establecieron tales importes, resulta pertinente proceder a adecuar los mismos.”.

Por medio de la R.G. AFIP N° 3771/2015, se dispuso:

“Establecer un régimen transitorio mediante el cual se admita, por única vez, una excepción de contenidos teóricos para los exámenes de los postulantes a Despachante de Aduana, Apoderado General de Despachante de Aduana, Agente de Transporte Aduanero y Apoderado General de Agente de Transporte Aduanero regulados por la Resolución General N° 3.710.” (art. 1°).

“A los fines dispuestos en el Artículo 1° los postulantes deberán acreditar haber egresado de carreras universitarias o terciarias reconocidas oficialmente por el Ministerio de Educación con anterioridad a la vigencia de la mencionada resolución general y manifestar su voluntad de acogimiento al régimen transitorio hasta el día 15 de junio de 2015, a través del sitio “web” del Organismo...” (art. 2°).

En sus considerandos, la R.G. AFIP N° 3771/2015, destacó que:

- mediante la citada R.G. AFIP N° 3710/2015, “... se establecieron los procesos para la acreditación de conocimientos específicos en materia aduanera por parte de quienes pretendan desempeñarse como Despachante de Aduana, Agente de Transporte Aduanero o sus Apoderados Generales.”;

- “... se ha detectado la existencia de un universo de sujetos que habiendo completado carreras vinculadas al comercio exterior en instituciones universitarias o terciarias, con anterioridad a la vigencia de dicha normativa no iniciaron el procedimiento de reconocimiento de conocimientos conforme lo previsto en la anterior reglamentación.”;

- “... a fin de contemplar la situación de estos sujetos procede establecer un régimen transitorio que les permita acreditar el reconocimiento de sus conocimientos teóricos a los fines de obtener el pertinente certificado de auxiliar del servicio aduanero en las condiciones anteriormente reguladas.”.

Finalmente, la R.G. AFIP N° 3974/2016, dispuso:

“Establécese un régimen transitorio mediante el cual los postulantes a Despachante de Aduana, Agente de Transporte Aduanero y sus respectivos apoderados generales que se presenten a rendir en el primer turno programado a partir de la entrada en vigencia de la presente y acrediten haber egresado de carreras vinculadas al comercio exterior de nivel universitario o terciario reconocidas por el entonces Ministerio de Educación dentro de los CINCO (5) años anteriores a la vigencia de la Resolución General N° 3.710, podrán rendir solamente los contenidos prácticos de los exámenes contemplados en el Apartado VII del Anexo I de la citada norma. A tal fin los interesados deberán completar al momento de la inscripción el Formulario OM 1759 en el sitio “web” institucional, dejando constancia en el campo “Observaciones” de su condición de egresado de la carrera de que se trate y adjuntar en un archivo en formato “.pdf” la documentación que en él se indica.

De resultar reprobados podrán presentarse en la instancia recuperatoria en los términos previstos en el punto 2.2. del Apartado VII del Anexo I de la Resolución General N° 3.710, de acuerdo con la modificación dispuesta por la presente.” (art. 2°).

En los considerandos de la mencionada resolución se destacó que:

- mediante la R.G. AFIP N° 3710/2015 “... se establecieron las condiciones y los criterios generales para la emisión de los certificados de acreditación de conocimientos técnicos para desempeñarse como Despachante de Aduana, Apoderado General de Despachante de Aduana, Agente de Transporte Aduanero y Apoderado General de Agente de Transporte Aduanero.”;

-“... la Resolución General N° 3.771 posibilitó que los sujetos que hubieran egresado de carreras universitarias y terciarias reconocidas por el entonces Ministerio de Educación con anterioridad a la vigencia de la Resolución General N° 3.710, y manifestaran su voluntad de acogimiento al régimen que instituyó, quedaran exceptuados de rendir los contenidos teóricos de los aludidos exámenes.”;

- “... ponderando la experiencia obtenida por esta Administración Federal desde la aplicación de la Resolución General N° 3.710 y su complementaria, se estima oportuno adecuar y complementar sus previsiones.”;

-“... en tal sentido, en función del alto nivel de exigencia académica de las evaluaciones a rendir, así como del volumen y diversidad de sus contenidos, se entiende oportuno incorporar una instancia de exámenes recuperatorios para cada tipo de postulante.”;

- “ ... asimismo, se considera apropiado establecer que los postulantes que acrediten haber egresado de carreras vinculadas al comercio exterior de nivel universitario o terciario reconocidas por el entonces Ministerio de Educación dentro de los CINCO (5) años anteriores a la fecha de entrada en vigencia de la Resolución General N° 3.710 puedan rendir, en el primer turno de exámenes programado por la presente, solamente los contenidos prácticos de los exámenes para Despachante de Aduana, Apoderado General de Despachante de Aduana, Agente de Transporte Aduanero y Apoderado General de Agente de Transporte Aduanero.”.

6°) Que a esta altura, debe recordarse que el amparo es un remedio procesal excepcional, sólo utilizable en las delicadas y extremas situaciones en las que, por carencia de otras vías legales aptas, peligra la salvaguardia de derechos fundamentales, requiriéndose para su apertura circunstancias de muy definida excepción, tipificadas por la presencia de arbitrariedad, irrazonabilidad o ilegalidad manifiestas que configuren la existencia de un daño concreto y grave, sólo eventualmente reparable por esta acción urgente y expedita (Fallos: 297:93; 298:329; 299:185; 306:1253; CNACAF Sala IV in re Expte. n° 11.153/2011 "Gómez González Diego Germán c/EN - M° Defensa - Ejército- Dto. 1104/05 751/09 s/amparo ley 16.986", del 5/07/11).

Interesa puntualizar, asimismo, que el art. 43 de la Constitución Nacional dispone que “toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo. De este modo, no resulta admisible la vía intentada cuando los perjuicios que pueden ocasionar su rechazo no son otra cosa que la situación común de toda persona que peticiona el reconocimiento judicial de sus derechos por los procedimientos ordinarios (Fallos 297:93), ni cuando existen otras vías judiciales más aptas (Fallos 300:642; 307:562, entre otros). Es así que la acción de amparo constituye una vía excepcional que sólo procede en ausencia de otro medio adecuado o cuando la inminencia del daño haría ilusoria su reparación (Fallos: 296:708).

7°) Que, a la luz de los parámetros expuestos, cabe recordar que en las presentes actuaciones, el actor pretende, por la vía del amparo, que se declare la inconstitucionalidad de las resoluciones generales de la AFIP N° 3710/2015 y 3771/2015 y, en consecuencia, que se ordene a la AFIP-DGA que, a los efectos de la tramitación y otorgamiento del Certificado de Capacitación Aduanera e inscripción como despachante de aduana en los Registros Especiales Aduaneros, se lo exima de rendir los exámenes teóricos y prácticos establecidos en la primera de las resoluciones citadas.

Relata que inició la carrera terciaria de Técnico Superior en Aduanas y Comercio Exterior en el Instituto de Capacitación Aduanera (ICA), y que culminó sus estudios en febrero de 2012.

Señala que se cumplieron todos los requisitos exigidos por las resoluciones 419/1992 y 2554/1994 para obtener el Certificado de Capacitación Aduanera: - el ICA fue incorporado a la enseñanza oficial por la Dirección Nacional de la Enseñanza Privada por resoluciones 1708/1991 y 1381/1992; - el acta N° 1849/2011, de donde se desprende que rindió el examen final de Práctica Profesional Aduanera de Exportación ante los veedores designados por la AFIP-DGA; - el actor aprobó los exámenes conforme los requisitos exigidos, lo que se acredita con el Certificado de Materias Aprobadas emitido por el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; - el ICA otorgó a su parte el Certificado de Técnico en Régimen Aduanero, por haber completado los estudios correspondientes al Plan de Técnico Superior en Aduanas y Comercio Exterior, aprobado por la RFG N° 833/2000, con vigencia nacional.

Esgrime que las resoluciones generales (AFIP) N° 3710/2015 y 3771/2015 afectan derechos adquiridos por el actor y vulneran garantías constitucionales, en tanto desconocen la aprobación de los exámenes prácticos realizados ante los funcionarios de la AFIP e imponen que el actor pague un arancel de $ 12.000 a los fines de la inscripción como despachante de aduana.

Puntualiza que exigir al accionante rendir nuevos exámenes teóricos y prácticos, implicaría un claro acto de arbitrariedad, dado que la AFIP-DGA no invocó en la resolución cuestionada fundamento alguno que demuestre que los cronogramas de estudios aprobados por las resoluciones bajo las cuales obtuvo el título de Técnico en Régimen Aduanero, resultaban inadecuados.

Así descripta la pretensión actoral, cabe precisar, en primer lugar, que según se advierte de la lectura de la normativa citada en el considerando 5°), con anterioridad a la modificación introducida por la R.G. AFIP N° 3710/2015, las instituciones terciarias o universitarias reconocidas oficialmente por el Ministerio de Educación, que dictaban carreras vinculadas al comercio exterior y cuyos contenidos de los programas de estudio respondían a los fijados por la reglamentación, podían solicitar la asistencia de funcionarios de la Dirección General de Aduanas en calidad de veedores, en oportunidad de la realización de los exámenes prácticos finales.

La R.G. AFIP N° 3710/2015, implementó una nueva reglamentación en punto a los exámenes y certificaciones para postulantes a despachantes de aduana.

Con posterioridad, se estableció un régimen de transición, eximiendo a quienes habían egresado de carreras universitarias y terciaras reconocidas por el entonces Ministerio de Educación con anterioridad a la entrada en vigencia de la resolución mencionada en el párrafo que antecede, de rendir los contenidos teóricos de los exámenes -R.G. AFIP N° 3771/2015-.

Finalmente, se previó un régimen transitorio para los postulantes a despachante de aduana que acreditaran haber egresado de carreras vinculadas al comercio exterior de nivel universitario o terciario reconocidas por el entonces Ministerio de Educación, dentro de los cinco años anteriores a la vigencia de la R.G. AFIP N° 3710/2015, disponiendo que “... podrán rendir solamente los contenidos prácticos de los exámenes...” (sic).

El actor alega que se recibió en el año 2012. Acredita dicho extremo con la copia certificada del certificado analítico de materias aprobadas, que da cuenta que obtuvo el título de “Técnico Superior en Aduanas y Comercio Exterior” (sic) que se corresponde con Educación Superior Completa y que egresó el 24 de febrero de 2012 (ver documental reservada en sobre). Asimismo, acredita haber “... rendido y aprobado los exámenes finales de Práctica Profesional de Importación y Práctica Profesional de Exportación el día 30/09/2011 con la presencia de veedores de la Aduana” (sic), con la certificación expedida el 31 de julio de 2017 por el Instituto de Capacitación Aduanera (ver documental reservada en sobre).

Ahora bien, la normativa vigente a la fecha en que el accionante cursó y culminó sus estudios, permitía, a los efectos de la inscripción en el Registro de Despachantes de Aduana, que quienes hubieran egresado como licenciados en comercio exterior o carreras similares en universidades o instituciones terciarias o universitarias reconocidas oficialmente por el Ministerio de Educación, fueran eximidos de rendir los exámenes teóricos. Asimismo, permitía la realización de los exámenes prácticos en la institución educacional con la presencia de funcionarios del fisco.

La R.G. AFIP N° 3710/2015 (normativa impugnada por la actora), previó la modificación del sistema. Posteriormente, se estableció un régimen de transición para aquellos egresados que, en definitiva, acreditasen haber egresado de las carreras vinculadas al comercio exterior de nivel universitario o terciario reconocidas por el Ministerio de Educación dentro de los cinco años anteriores a la vigencia de la R.G. AFIP N° 3710/2015, eximiéndolos de rendir los contenidos teóricos (ver resoluciones generales Nros. 3771/2015 y 3974/2016).

Ello no obstante, la situación de quienes rindieron tanto los exámenes teóricos como los prácticos en la institución educacional de conformidad con las resoluciones ANA N° 429/1992 y 2554/1994, no se encuentra contemplada por el aludido régimen de transición.

Tal como se señalara más arriba, no debe perderse de vista que en los considerandos de la R.G. AFIP N° 3770/2015, que implementó el régimen de transición, se contempló la existencia de un universo de sujetos que habiendo completado carreras vinculadas al comercio exterior en instituciones universitarias o terciarias, con anterioridad a la vigencia de la R.G. AFIP N° 3710/2015 no iniciaron el procedimiento de reconocimiento de conocimientos conforme lo previsto en la anterior reglamentación.

En tales condiciones, en mérito a las razones expuestas por el Sr. Administrador General de la AFIP a los efectos de la implementar el régimen transitorio (existencia de un universo de sujetos que completaron las carreras en instituciones universidades o terciarias con anterioridad a la modificación del régimen pero que no iniciaron el procedimiento de reconocimiento de conocimientos), no se advierten motivos razonables para excluir de dicho régimen de transición a quienes, además, aprobaron los exámenes prácticos a la luz de la anterior reglamentación, y en forma previa a la entrada en vigencia de la normativa actual.

Es que, como bien señala el Sr. Fiscal General en su dictamen, los motivos expresados por el organismo recaudador al regular el régimen transitorio establecido para la comprobación de conocimientos teóricos, resultan aplicables a quienes hubiesen aprobado los exámenes prácticos con anterioridad a la entrada en vigencia de la reglamentación actual, en tanto se trata de situaciones que -en los hechos- resultan análogas.

Por lo demás, tal como también lo destaca el Sr. Fiscal General, el Fisco Nacional no alegó la existencia de elementos que permitieran afirmar que la diferenciación dispuesta contempla situaciones disímiles, de modo de justificar la razonabilidad de denegar la posibilidad de acreditar las evaluaciones prácticas rendidas bajo el anterior régimen.

De tal modo, el trato disímil dispensado por la norma para la comprobación de los conocimientos teóricos -por un lado- y de los conocimientos prácticos -por el otro-, que conlleva la implementación de un sistema que permite, a quienes egresaron al amparo de la normativa anteriormente vigente únicamente eximirse de rendir los exámenes teóricos, y no así de rendir los contenidos prácticos -ya aprobados, de conformidad con el régimen vigente en su oportunidad-, resulta irrazonable en su aplicación al caso de autos.

Por tal motivo, la acción intentada resulta procedente, en tanto se vislumbra la irrazonabilidad manifiesta en los términos del art. 1° de la ley de amparo, con relación a la normativa aquí impugnada, que lesiona el derecho del actor a obtener el pertinente certificado de capacitación en materia aduanera a los efectos de su posterior matriculación como despachante de aduana.

8°) Que cabe apuntar, por lo demás, que la Sala III de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, se ha expedido sobre una cuestión sustancialmente análoga a la aquí planteada, al dictar la sentencia del 15 de noviembre de 2016, en la causa “Balbuena, Claudio Ariel c/ EN-AFIP-DGA s/ amparo ley 16.986”, expediente N° 23.676/2016, oportunidad en la que, al confirmar la sentencia de primera instancia por la que se había hecho parcialmente lugar a la acción de amparo deducida, señaló:

“Sobre la base de tales premisas, cabe concluir que los agravios articulados por la recurrente no se han ocupado de neutralizar, en los términos indicados, los fundamentos desarrollados en forma autónoma en la sentencia apelada, en particular, la sesuda valoración efectuada sobre las pruebas arrimadas”... “y la conclusión a la que se arribara acerca de la irrazonabilidad del trato desigual que brinda el régimen establecido por la RG 3771/15 (AFIP)...”.

Interesa poner de relieve que en la sentencia de grado recaída en la causa “Balbuena, Claudio Ángel”, más arriba citada, el Sr. juez de grado admitió parcialmente la acción de amparo intentada por el allí actor, ordenado a la demandada que, a los efectos de la tramitación y otorgamiento del certificado de capacitación y la inscripción en los Registros Especiales Aduaneros, se eximiera a dicha parte de rendir los exámenes teóricos y prácticos establecidos en la R.G. AFIP N° 3710/2015 (ver el considerando 3° de la sentencia del 21 de septiembre de 2016).

Para así decidir, el Sr. juez remitió a los argumentos expuestos por el Sr. Fiscal Federal.

Del aludido dictamen, pueden destacarse las siguientes consideraciones:

- en cuanto a la invocación de un derecho adquirido, señaló el Sr. Fiscal que si bien el actor había acreditado la aprobación de las materias correspondientes a la Tecnicatura Superior en Aduanas y Comercio Exterior y los exámenes de práctica profesional de importación y exportación con anterioridad a la vigencia de la nueva reglamentación, “... no surge del expediente que el amparista haya reunido la totalidad de los presupuestos exigidos por la norma para que se le impute, como prerrogativa jurídica individualizada, el derecho a obtener el certificado en cuestión” (sic);

- luego de referir a lo dispuesto por el art. 6° de la R.G. AFIP N° 2570/2009, que reglamentó el sistema informático a los fines de la inscripción en los registros aduaneros especiales (donde se incluía el certificado de capacitación), puso de relieve que, “[e]n tales condiciones, a los fines de determinar si existe un derecho adquirido afectado por la nueva reglamentación, debo señalar que no resulta del todo certero lo manifestado por el actor, en torno a que, una vez finalizada la carrera terciaria, y aprobado el examen práctico, se haya cumplido con la totalidad de los requisitos exigibles para adjudicarle el certificado, y que de esta manera, el paso final para obtener su inscripción quede exclusivamente en manos de la demandada, toda vez que la propia reglamentación pone en cabeza del interesado el deber de iniciar el trámite respectivo, por sistema informático, a los fines de obtener el Certificado e inscripción en el registro, no surgiendo de dicha normativa que la acreditación de requisitos se efectúe de manera automática sin intervención del interesado” (sic).

Puntualizó el Sr. Fiscal Federal, asimismo, que:

- “Sin perjuicio de ello, también se ha dicho que, en materia de retroactividad del acto administrativo, el concepto de ‘derecho adquirido', debe ser interpretado con amplitud, comprendiendo también la idea de ‘derecho a una situación', o de derecho a ser juzgado o de ser sometido a determinada ley, siempre que ello determinase un agravio efectivo y cierto a la garantía de inviolabilidad de la propiedad” ... “Desde esta perspectiva, habrá retroactividad cuando la regulación de situaciones previas al dictado del acto se traduce en una alteración de derechos consolidados con anterioridad ...” (sic);

- “Por ello, no puedo dejar de señalar que las consideraciones vertidas por la demandada, en oportunidad de aprobar el régimen transitorio que exceptúa a los postulantes del examen teórico, cuando hubieran aprobado sus carreras con anterioridad a la vigencia de la nueva reglamentación, y no hubieran iniciado el procedimiento de reconocimiento conforme la normativa anterior (Cfr. considerandos de la RG 3771/15), resultan plenamente aplicables, desde una perspectiva de razonabilidad técnica (anudada en la proporción y adecuación entre los medios empleados y los objetivos cuya realización procura la norma, o los fines que inspiran su sanción) y también axiológica (que permite descartar aquellas reglamentaciones de derechos que resultan notoriamente injustas o incurren en manifiesta inequidad (cfr. SAGÜES, Néstor Pedro, Elementos de Derecho Constitucional, Tomo 2, Ed. Astrea, Bs. As. 1993, pp. 401, 399 y ss. y doctrina de Fallos, 307:906, 311:1176, 247:121) a la situación de aquellos postulantes que hayan rendido también, con anterioridad a la entrada en vigor de la reglamentación vigente, los exámenes prácticos en sus respectivas instituciones educativas -con veeduría de los funcionarios de la AFIP-, conforme el régimen anterior, y tampoco hubiesen iniciado los respectivos procedimientos de acreditación. Ello así, pues la aludida necesidad de contemplar la situación descripta, es predicable también, a los fines de la excepción transitoria, respecto de aquellos que, en similar circunstancia, hayan rendido en sus respectivas instituciones de enseñanza superior los exámenes prácticos, máxime considerando que son las mismas instituciones universitarias o terciarias las que llevaban a cabo los referidos exámenes prácticos, bajo la reglamentación anterior” (sic);

- “De esta manera, discriminar el examen teórico del examen práctico, a los fines del régimen de eximición transitorio, redundaría, a mi juicio, en una irrazonable restricción de derechos entre situaciones de hecho análogas” (sic).

Las consideraciones expuestas, resultan plenamente aplicables al caso de autos, en que no se advierten motivos para diferenciar entre los exámenes teóricos y los prácticos rendidos por el actor para egresar en la carrera de Técnico Superior en Aduanas y Comercio Exterior, a los efectos de proceder a su matriculación (en sentido concordante, ver esta Sala in re “Yaworsky, Cynthia Jeanette s/ EN-AFIP s/ amparo ley 16.986”, expediente N° 79.591/2016, sentencia del 29 de agosto de 2017).

En consecuencia, corresponde revocar la sentencia apelada y admitir la acción de amparo intentada, ordenando a la demandada que permita al aquí actor acreditar, mediante el procedimiento previsto por el régimen de transición (resoluciones generales AFIP N° 3771/2015 y 3974/2016), tanto el reconocimiento de sus conocimientos teóricos, como el de los exámenes prácticos rendidos de conformidad con la normativa anterior a la modificación del régimen por la R.G. AFIP N° 3710/2015.

9°) Que el actor hizo alusión en la demanda, al arancel de $ 12.000 fijado por la reglamentación, como una de las exigencias implementadas por la AFIP-DGA mediante las resoluciones generales cuya inconstitucionalidad se plantea en autos.

Sin embargo, al definir su pretensión, solicitó que se hiciera lugar a la inconstitucionalidad de las resoluciones AFIP N° 3710/2015 y 3771/2015 y que se ordenara a la AFIP-DGA que, a los efectos de la tramitación y otorgamiento del Certificado de Capacitación Aduanera, e inscripción como despachante de aduana en los Registros Especiales Aduaneros, se lo eximiera de rendir los exámenes teóricos y prácticos establecidos por la R.G. 3710/2015 (ver fs. 2, 7, 8vta. y 10, punto 4) y nada solicitó en orden a la eximición del pago del arancel.

Tampoco planteó, de manera autónoma, argumento alguno tendiente a cuestionar el arancel señalado.

En tales condiciones, no corresponde pronunciarse sobre el arancel aludido.

10) Que en punto a las costas, en atención a la forma como se decide y a las particularidades del caso, puestas de manifiesto con el desarrollo que antecede, corresponde imponer las de ambas instancias en el orden causado (arts. 68 y 279 del C.P.C.C.N.).

Por lo hasta aquí expuesto, el Tribunal RESUELVE: a) hacer lugar a la apelación intentada, revocar la sentencia de grado y admitir la acción de amparo intentada, ordenando a la demandada que permita al aquí actor acreditar, mediante el procedimiento previsto por el régimen de transición (resoluciones generales AFIP N° 3771/2015 y 3974/2016), tanto el reconocimiento de sus conocimientos teóricos, como el de los exámenes prácticos rendidos de conformidad con la normativa anterior a la modificación del régimen por la R.G. AFIP N° 3710/2015; b) imponer las costas de ambas instancia por su orden, en atención a lo señalado en el considerando precedente.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

 

JOSE LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA

LUIS M. MARQUEZ

MARÍA CLAUDIA CAPUTI

 

038559E