Amparo De Salud Adiccion A Las Drogas Hospital De Dia Obras Sociales Cobertura Medica Principio De Ejecucion

JURISPRUDENCIA

Amparo de salud. Adicción a las drogas. Hospital de día. Obras sociales. Cobertura médica. Principio de ejecución

 

Se confirma la resolución que ordenó cautelarmente a la obra social demandada arbitrar los medios pertinentes para proveer a una persona adicta a las drogas la cobertura del tratamiento en hospital de día en una institución no incluida en la cartilla, junto con las terapias sugeridas por el médico tratante. Ello es así porque se valoró que la prestación había tenido principio de ejecución, circunstancia esta que ponía de manifiesto la necesidad de asegurar -de forma precautoria- la permanencia y continuidad del tratamiento médico recibido por el amparista, no siendo aconsejable introducir cambios en el sistema terapéutico en cuestión, al menos hasta que se decidiese la cuestión de fondo.

 

 

Buenos Aires, 21 de junio de 2019.

VISTO: el recurso de apelación interpuesto por la emplazada a fs. 36/7 vta. -fundado en la misma presentación y replicado a fs. 81/vta. - contra la resolución de fs. 31/33; y

CONSIDERANDO:

I.- En el pronunciamiento cuestionado, el magistrado de grado hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el señor F. y ordenó a OBRA SOCIAL DE LA UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN arbitrar los medios pertinentes para proveer la cobertura del tratamiento en hospital de día, jornada simple en Valorarte -de lunes a viernes- con terapia individual semanal; terapia familiar mensual y grupo terapéutico semanal junto a las familias para abordar la problemática que presenta (consumo de sustancias), con atención psiquiátrica, clínica y nutricional conforme fuera indicado por los profesionales que atienden al actor.

II.- Contra esta decisión, la parte emplazada interpuso el recurso detallado en el visto. En sus agravios, esencialmente, sostiene que la institución Valorarte no se encuentra incluida en su cartilla de prestadores. Expone que su parte cuenta con centros especializados contratados para brindar la atención que el afiliado necesita. Afirma que jamás negó la cobertura que el amparista requiere. Refiere que, desde septiembre de 2016, su mandante derivó al actor a Nomed -prestador de salud mental contratado-y que, por excepción, fue brindando la prestación hospital de día, en el centro Valorarte. Y agrega que desde octubre de 2017 la entidad informó al actor que había cubierto el período de cobertura de dicha modalidad de prestación -hospital de día- debiendo continuar su tratamiento bajo la modalidad ambulatoria en Nomed. Alega que lo pretendido excede las obligaciones de su parte de acuerdo a lo previsto en el Programa Médico Obligatorio.

Corrido el pertinente traslado, el actor lo contesta de conformidad con los fundamentos expuestos en la presentación de fs. 81.

III.- Así planteada la cuestión a decidir, cabe señalar que las medidas cautelares están destinadas a dar tiempo a la Justicia para cumplir eficazmente su obra (conf. Di Iorio, J., “Nociones sobre la teoría general de las medidas cautelares”, LL 1978-B-826; esta Sala, causa nº 2433/15 del 22.12.15 y sus citas). De allí que para decretarlas no se requiera una prueba acabada de la procedencia del derecho invocado -extremo sólo definible en la sentencia final- (esta Sala, causas nº 1.934/01 del 5.04.01; 4.007/07 del 20.11.08; 7.504/09 del 13.10.09; 4.189/08 del 28.08.08; 210/10 del 31.03.11; 2657/12 del 5.7.12 y sus citas, entre muchas otras), sino tan sólo un examen prudente por medio del cual sea dado percibir en el peticionario un “humo de buen derecho” (fumus boni iuris).

Esto es así pues la verosimilitud del derecho equivale, más que a una incontestable realidad, a la probabilidad del derecho en cuestión (conf. esta Sala, causa nº 1.934/01, ut supra mencionada y sus citas).

Por ello, el juzgamiento actual de la pretensión es posible sólo mediante una limitada aproximación al tema planteado, dado los estrechos márgenes cognitivos del ámbito cautelar (esta Sala, causa nº 3.912/02 del 20.8.02).

IV.- Sentado lo anterior, cabe señalar que no está controvertida la afiliación de P. A. F. a la OBRA SOCIAL DE LA UNIÓN DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACIÓN (cfr. copia carnet agregado a fs.2); ni la patología que lo aqueja -adicción al uso de estupefacientes-; como tampoco la pertinencia del tratamiento indicado que, además, lleva adelante desde septiembre de 2016 (cfr. informes y certificados médicos obrantes a fs. 3/6 y 29); ni que la cobertura de aquél se encuentre a cargo de la apelante.

Lo que se encuentra discutido por la demandada, en cambio, es su obligación de brindar cobertura del tratamiento con prestadores que no pertenezcan a su cartilla.

En la especie, la demandada afirmó que brindó por un año, desde septiembre de 2016 hasta octubre de 2017, la cobertura de la prestación hospital de día en el centro Valorarte a modo de excepción pero señaló que se había cumplido el período de tal modalidad.

En ese orden, la prestación ha tenido principio de ejecución por parte de la entidad requerida; circunstancia ésta que pone de manifiesto la necesidad de asegurar -de forma precautoria- la permanencia y continuidad del tratamiento médico recibido por el amparista (CSJN, Fallos: 327:5373). Lo expresado permite concluir que resulta acertado lo decidido por el juzgador, en tanto es aconsejable no introducir cambios en el sistema terapéutico en cuestión, al menos, hasta que se decida la cuestión de fondo (esta Sala, causas nº 2700/17 del 19.12.18; 3306/18 del 5.4.19 y sus citas, entre otras). Máxime cuando así lo consideró el médico en psiquiatría, doctor Julio C. Cupeta (M. N. 37649), en atención a los logros alcanzados por el amparista y su permanencia al tratamiento. No es posible soslayar la incidencia que -en principio- puede tener a fin de solucionar la problemática por consumo de sustancias el vínculo desarrollado con los profesionales y los respectivos grupos terapéuticos, pues, es de público conocimiento que en la mayoría de los casos la adherencia al tratamiento se torna dificultosa.

Por otra parte, a mayor abundamiento, es necesario destacar que no existe -hasta el momento- elemento alguno que permita vislumbrar la entidad del gravamen alegado entre proveer la continuidad de la modalidad hospital de día en la institución Valorarte y la atención ambulatoria en Nomed ofrecida por aquella para atender la enfermedad del actor.

V.- Antes de finalizar, dable es recordar que las decisiones sobre medidas cautelares no causan estado, ni son definitivas, ni preclusivas, pueden reverse siempre que se aporten nuevos elementos. En general, tienen carácter eminentemente mutable, de manera que la resolución que recae sobre ellas de acuerdo con las particularidades de cada caso es siempre provisional (confr. esta Sala, doctr. causas nº 7990/15 del 18.4.17; 2028/05 del 14.4.16 y sus citas; entre muchas otras). Por ende, éstas se dictan sin perjuicio de lo que se pudiera decidir en el futuro ante la existencia de nuevas probanzas, dado el carácter mutable propio de las medidas precautorias. (arts. 202 y 203 del CPCCN).

Por los fundamentos expuestos, sin perjuicio de lo que se pudiera decidir al momento de dictarse el pronunciamiento definitivo, esta Sala RESUELVE: confirmar la resolución apelada, con costas (conf. art. 68 del Código Procesal de la Nación).

Difiérase la regulación de los honorarios profesionales para el momento en que se dicte la sentencia definitiva.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

 

ALFREDO SILVERIO GUSMAN

EDUARDO DANIEL GOTTARDI

RICARDO VÍCTOR GUARINONI

 

  Correlaciones:

E. M. P. c/INSSJP s/amparo de salud - Cám. Nac. Civ. y Com. Fed. - Sala I - 30/04/2015 - Cita digital IUSJU003568E

 

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