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Animal Suelto En La Ruta Accidente De Transito Muerte Del Acompanante Transporte Benevolo Atribucion De Responsabilidad

Animal suelto en la ruta. Accidente de tránsito. Muerte del acompañante. Transporte benévolo. Atribución de responsabilidad

Se atribuye el 70% de la responsabilidad por un accidente fatal de tránsito al conductor del vehículo que colisionó contra un equino en la ruta provincial, en tanto si bien de las pericias surgía la presencia intempestiva del caballo como factor decisivo en el impacto, sin embargo existieron discrepancias entre los expertos en orden a cuál era la velocidad de circulación del vehículo, y en especial en orden a la posibilidad de realizar una maniobra exitosa de esquive. Asimismo, se atribuye responsabilidad también a la empresa que entregó en comodato el vehículo siniestrado, en carácter de guardiana de la cosa riesgosa.

En la Ciudad de Córdoba a los diecisiete días del mes de Setiembre de dos mil diecinueve, siendo las once y treinta (11:30) horas se reunieron en Audiencia Pública los señores vocales de esta Cámara Quinta de Apelaciones en lo Civil y Comercial, en presencia de la secretaria autorizante, a los fines de dictar sentencia en estos autos caratulados: “TOMASI, CLAUDIA ALEJANDRA C/ MONTI, LEONARDO Y OTRO - ORDINARIO - DAÑOS Y PERJUICIOS - ACCIDENTES DE TRÁNSITO- Expte. N° 6004997” venidos en apelación del Juzgado Civil, Comercial, de Conciliación y Familia de Rio Segundo a cargo de la Dra. Susana Martínez Gavier, en cuanto a que mediante sentencia número 699 del 10 de noviembre de 2014 (fs. 2280/2316) se resolvió: “...I) Rechazar la demanda promovida por los Sres. Claudia Alejandra Tomasi, A. P., Leonardo Sebastián Priotti y Delia Ercolina Raineri (hoy sus sucesores) en contra de Centro Motor S.A..- II) Hacer lugar parcialmente a demanda promovida por los Sres. Claudia Alejandra Tomasi y A. Priotti en contra de los señores Leonardo Monti y Fernando Eduardo Faya, y en consecuencia condenar a estos últimos a abonar a los primeros, el cincuenta por ciento (50%) de la suma de Pesos quinientos cuarenta y cuatro mil ciento dieciséis con cuarenta y nueve centavos ($ 544.116,49) correspondiendo la suma de $ 283.070,22 en concepto de Lucro Cesante a favor de la Sra. Claudia Alejandra Tomasi; $ 111.046,27 en concepto de lucro cesante a favor del Sr. A. P.; $ 50.000 en concepto de Frustración de chance para ambos; $100.000 en concepto de daño moral, correspondiendo $50.000 a cada uno; con más los intereses establecidos precedentemente, desde la fecha consignada en cada caso en los considerandos respectivos, en el término de diez días bajo apercibimiento de ejecución.- III) Hacer lugar a la demanda promovida por los Sres. Delia Ercolina Ranieri (hoy sus sucesores) y Leonardo Sebastián Priotti en contra de los señores Leonardo Monti y Fernando Eduardo Faya, y en consecuencia condenar a estos últimos a abonar a los primeros, el cincuenta por ciento (50%) de la suma de Pesos Ciento cuatro mil ($ 104.000.-) correspondiendo la suma de $ 20.000.- en concepto de pérdida de ayuda alimentaria; la suma de $ 4.000.- en concepto de gastos médicos, farmacológicos, terapéuticos, de traslado y movilidad; ambos rubros a favor de los dos progenitores y la suma de $ 80.000.- en concepto de daño moral, correspondiendo $ 40.000.- a cada uno; con más los intereses también establecidos precedentemente, desde la fecha consignada en cada caso en los considerandos respectivos, en el término de diez días bajo apercibimiento de ejecución.- IV) Hacer extensivas las condenas a la citada en garantía Berkley International Seguros S.A., en los términos del artículo 118 de la ley 17.418 y en la medida del seguro.- V) Costas: 50% a cargo de la parte demandada.- VI) Regular los honorarios profesionales de los Dres. Juan Fernando Pitton, Alejandro Reale, Ignacio González Achaval y Alejandro Rojas Jones, en conjunto y proporción de ley, en la suma de Pesos cuatrocientos mil seiscientos diez ($ 400.610.-).- VII) Regular los honorarios profesionales de los apoderados de Centro Motor S.A., Dres. Rafael Fernando Dávila; Eduardo García Flores; Juan Antonio Picca, Marcos Daher, Luis Santiago Casenave y Roberto Marcelo Galván, en conjunto y proporción de ley, en la suma de Pesos ciento treinta y cinco mil doscientos cinco ($ 135.205.-).- VII) Regular los honorarios de los peritos oficiales Psiquiatra Agustín Marcó del Pont; mecánico Lucio Abel Michelli; Ing. Especialista en Transporte y Seguridad Vial Augusto Edgardo Nievas; contadora Lidia González Aguirre y contador José Alejandro Ruiz Tatur, en la suma de Pesos seis mil ciento tres ($ 6.103.-) para cada uno.- VII) Regular los honorarios de los peritos de control: Ing. Miguel Ledesma; Florencia Pavan y contador Daniel Pérez, en el ... por ciento de lo regulado a los peritos oficiales (art. 49 inc. 2° de la Ley Arancelaria), los que son a cargo de las partes que los propusieron.- PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y DESE COPIA.”. -

Realizado el sorteo de ley, la emisión de los votos resultó de la siguiente manera: Sres. Vocales Claudia E. Zalazar, Rafael Aranda y Jorge A. Barbará.-

Este Tribunal en presencia de la Actuaria, se planteó las siguientes cuestiones a resolver: 1°) ¿Procede el recurso de apelación de la parte actora? 2º) ¿Procede el recurso de apelación del demandado Leonardo Monti? 3) Procede el recurso de apelación del demandado Fernando Eduardo Faya? 4) ¿Procede el recurso de apelación de Berkley Internacional Seguros? 5) En su caso, ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?.-

LA SEÑORA VOCAL CLAUDIA ZALAZAR A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA DIJO:

I) Contra la sentencia de primera instancia, cuya parte resolutiva ha sido transcripta precedentemente, los actores interponen recurso de apelación, el que concedido, hizo radicar la causa en esta instancia. Cumplimentados los trámites de ley, firme y consentido el decreto de autos queda la causa en estado de ser resuelta.

II) La sentencia apelada contiene una relación de causa que satisface las exigencias del art. 329 del C. de P.C., por lo que a la misma me remito, en homenaje a la brevedad. III) Al expresar agravios los letrados apoderados de los actores refieren como un primer agravio que el Tribunal omitió valorar esencial prueba en la causa que acreditaba mayores ingresos del accionante, cometiendo un error al fijar el ingreso base para calcular el lucro cesante futuro y equivocándose en el método empleado para el cómputo. En este sentido mencionan que, tal como lo expresaron en demanda, el extinto Rubén Eduardo Priotti era el jefe de mecánicos de la empresa R. y M. Competición SRL, que conduce la escudería Honda Racing Petrobras, que se dedicaba a preparar y explotar deportiva y comercialmente automóviles para competir en carreras nacionales (TC 2000 Y TC), que trabajó por más de nueve años con el Sr. Rosso en los automóviles de competición y que viajaban a distintos puntos del país donde se realizaban las competencias, preparando y poniendo a punto la mecánica de los vehículos. Añaden que además el actor tenía injerencia en la parte comercial y deportiva de las escuderías, generando traslados y reuniones en distintos lugares del territorio nacional y en Capital Federal (sábados, domingos, días festivos y en distintos horarios etc.). Comentan que incluso el día del accidente que le costó la vida al Sr. Priotti el Sr. Monti y Rosso se dirigían a Capital Federal, indicando que lo pasaron a buscar a su domicilio en Villa Carlos Paz. Refieren que la hora, la forma, la compañía (los representantes de la firma, dueños, etc) revelan que la víctima no era un empleado más. Aducen que si bien este fue un accidente in-itinere, el actor era jefe de mecánicos de los equipos de competición y estaba involucrado comercialmente con la empresa, asesorando y representando a la misma con las distintas escuderías y con una íntima relación con los dueños de la firma. Destacan que viajaba con ellos y que lo buscaban por su domicilio. Remarcan que todos estos actos acreditan la relevancia laboral que tenía la víctima para los codemandados.

Señalan que conforme la abundante prueba colectada, los ingresos del extinto Rubén Priotti ascendían a la fecha del hecho -enero del 2004- a la suma de $3500, pese a que en el recibo de haberes figurara solo la suma de $1416, monto que califican de absurdo por la jerarquía del Sr. Priotti, por su prestigio, tareas especializadas, viajes y posición en la empresa. Detallan que este ingreso se conformaba por el sueldo básico de $1.100, un suplemento en negro entre $2.000 y $2.100 mensuales, más $400 o $500 por acompañar a distintas escuderías al TC 2000, TC pista y fórmula Renault con su trabajo en la competencia. Apuntan que estos mayores ingresos también quedaron probados con diversas declaraciones testimoniales. Transcriben párrafos de lo manifestado por los siguientes testigos: Mauro Lazcano (fs. 628/629), Miguel Ángel Gatti (fs. 849), Marcelo D. Marques (fs. 1.044 cuerpo VI), Gerardo Arnaldo Altamirano (fs. 1.045cuerpo VI), Carina Daer (fs. 1.046 cuerpo VI), Mariana Collura (fs. 1.047 cuerpo VI), Mercedes del C. Zuvise (fs. 1.069 cuerpo VI), Héctor E. Spiteri (fs. 1.070 cuerpo VI), Lenta Luciana del Valle (fs. 1.071 cuerpo VI) y Gabriela Marcioni (fs. 1.093 cuerpo VI). Concluyen que el Inferior no ha valorado prueba sustancial -testimonial y documental- e importantes relatos de testigos que desde distintos ángulos han revelado que Priotti percibía muy buenos ingresos que le permitían tener un vehículo Mercedes Benz, vacacionar en el extranjero, mantener en forma acomodada a su familia (a punto tal que su esposa nunca había trabajado hasta la muerte de Priotti) e incluso ayudar económicamente a sus padres.

Continuando con el fundamento de su recurso, como segundo agravio aducen que se ha fijado una errónea base de cálculo para la determinación del lucro cesante. Al respecto precisan que les agravia el ingreso tomado por el Tribunal ($1.416) para el cómputo del lucro cesante, no solo porque, como se ha dicho y probado, sus ingresos al momento del deceso eran muy superiores, sino porque es inadmisible considerar a la época del dictado de sentencia (año 2014) para el cómputo del lucro cesante futuro (porque no considera el lucro pasado) los ingresos que tenía la víctima una década atrás (año 2004) sin ningún tipo de ajuste, actualización o equivalencia con el Salario Mínimo Vital y Móvil. Exponen que para el cálculo del lucro cesante futuro, el A quo se remonta a los ingresos económicos nominales de la víctima al momento de su deceso diez años atrás -fecha del hecho año 2004- cuando una seria y objetiva aplicación de la sana crítica exigían tomar al momento del dictado de la sentencia año 2014 el equivalente en salario mínimo vital y móvil que representaban los ingresos de la víctima al momento del deceso. Resaltan que los ingresos de la víctima en aquella época representaban o equivalían a diez salarios mínimos. Afirman que esta referencia se debió considerar a la fecha del dictado de la sentencia, para establecer el lucro cesante futuro. Aluden que subsidiariamente y en última instancia, debía contemplarse un piso mínimo de ingresos económicos, que implicaba aplicar la fórmula Marshall sobre una base conformada por al menos dos (2) salarios mínimos vital y móvil a la fecha del dictado de la sentencia para el cálculo del lucro cesante futuro. Postulan que esta afirmación no es caprichosa ni arbitraria, en tanto tiene variados fundamentos que la Juzgadora ha omitido valorar. Manifiestan que, aun cuando se considerara solo el ingreso en blanco del recibo de la víctima al momento del deceso -como lo ha hecho la Sentenciante- este monto representaba casi cinco veces un salario mínimo vital y móvil en aquella época -año 2004- por lo que es ilógico e irrazonable tomar ese monto nominal para el cálculo del lucro futuro para una década después.

Como tercer agravio advierten que el método de cálculo empleado por el juzgador también es equivocado e injusto, toda vez que no discrimina -siguiendo la doctrina y jurisprudencia mayoritaria- entre lucro cesante pasado (desde el hecho y hasta el dictado de la sentencia) y lucro cesante futuro (desde la resolución en adelante). Comentan que el judicante en forma arbitraria y sin ninguna justificación, para el cómputo del lucro cesante (únicamente futuro) toma el ingreso nominal de hace diez años atrás -$1.416- en forma nominal (sin ningún tipo de ajustes o intereses), luego lo trae a la fecha de la resolución y le aplica Marshall aclarando que los intereses se toman desde la resolución. Esgrimen que esto vulnera desde todos los ángulos el principio de reparación plena e integral. Juzgan que este método carece de toda lógica y congruencia, es injustificado y arbitrario. Opinan que o se consideraba y discriminaba como se peticiona lucro pasado y futuro (tomando el ingreso base para lucro pasado y su equivalente en SMVM que representarían a la fecha del dictado de sentencia para el lucro futuro) o se tomaba el ingreso base, se le aplicaba la fórmula Marshall y se le aplicaba intereses desde la fecha del hecho; pero en ningún caso lo resuelto por el inferior, quien omitió diez años de reparación y tomó como ingreso un monto nominal grotesco por lo exiguo de hace diez años, sin ninguna actualización ni equivalencia con el presente.

En referencia al dies aquo del cómputo de los intereses peticionan que atento que en el fallo no se ha discriminado lucro cesante pasado y futuro corresponde se determine el mismo al momento en que ocurriera el siniestro, por tratarse de un supuesto de mora ex re. Sostienen que los daños han tenido su génesis con el hecho lesivo, en ese preciso momento nace el crédito indemnizatorio y a partir de allí también se computan las consecuencias de la mora. Explican que se trata de un supuesto de responsabilidad extra contractual donde el interés moratorio se debe desde la fecha del evento dañoso, aún cuando el órgano jurisdiccional lo determine a posteriori. Explicitan que, circunscriptos a la cuantificación del lucro cesante, debía tomarse el último ingreso percibido por el actor $3.500 según sus agravios y el siguiente método acogido por la jurisprudencia mayoritaria: a) desde la fecha del hecho -enero del 2004- y hasta el dictado de la sentencia, lucro cesante pasado, cálculo lineal más intereses, aplicarse el denominado “cómputo lineal de las ganancias perdidas” por el número de períodos temporales útiles transcurridos entre el hecho y la fecha de la sentencia, con más intereses; b) Desde Noviembre del año 2014 (sentencia) y para el futuro, lucro cesante futuro su equivalente a la cantidad de salarios mínimos vital y móvil que representaban los ingresos de la víctima en vida, casi cinco veces el SMVM; c) subsidiariamente y en última instancia, dos salarios mínimos a la fecha de la sentencia -noviembre de 2014- $8.800 porque esta base es la menor suma con la cual se podía indemnizar al actor en forma prudencial, teniendo en cuenta la trayectoria de Priotti, su profesionalidad, su cargo, su edad, el poder adquisitivo de su salario y su grado de equivalencia con el salario mínimo vital y móvil a la fecha del hecho (fórmula Marshall).

Seguidamente como cuarto agravio cuestionan la mecánica del accidente y la atribución de responsabilidad. En este orden relatan que el decisorio cuestionado, menciona dictámenes contradictorios de los expertos y la preferencia que debe darse a las conclusiones del perito oficial. Hacen presente que también se señaló que la actora ha cuestionado las pericias celebradas en la causa penal, afirmación esta que no se corresponde con las constancias de autos, toda vez que su parte -contrariamente a lo sostenido por el A quo- ha resaltado y tomado como base para la atribución de responsabilidad del demandado Monti el informe técnico de Accidentología Vial n° 443-345 (fs. 908/911 de autos, realizado por el ing. Vignoli adscripto a la sección de accidentología vial de la Dirección de Policía Judicial). Reseña párrafos del dictamen citado, analizando detenidamente lo manifestado por el experto Vignoli. Ponen de relieve que lo que sí han cuestionado con firmeza en la causa penal fue todo el accionar escandalosamente irregular desplegado por el ex Fiscal de Instrucción de Río II “Nazar” (quien renunciara evitando los numerosos pedidos de destitución), solicitando el sobreseimiento del imputado, basándose en las conclusiones del perito de parte del imputado Ing. Ledesma y en las conclusiones de una perito cuya designación -única en su especialidad- fue peticionada por la defensa del imputado, todo ello desechando el informe accidentológico realizado por el gabinete científico de Policía Judicial ya mencionado (fs. 908/911). Destacan que el pedido de sobreseimiento del imputado por parte del ex Fiscal Nazar, derivó en una resolución viciada por arbitraria que generó la oposición y discrepancia no solo del juez de control de la sede, sino también del Fiscal de Cámaras.

Luego de realizadas estas aclaraciones, describen detalladamente el hecho que dio origen a la presente causa. En este aspecto, apuntan que en el pleito todos (partes, peritos, informes, policía científica) están de acuerdo en el lugar, la hora, las personas involucradas, que el Sr. Monti es el conductor, que los acompañantes son Priotti y Rosso, quienes además son las víctimas. Dicen que -sin embargo- pese a esto el Tribunal, en una resolución incoherente, inconexa y errada interpreta o confunde la mecánica del accidente y la atribución de responsabilidad en forma inexplicable. Advierten que el judicante asigna 50% de culpa en la producción del hecho a la actora, cuando los actores son la viuda, hijo y padres de la víctima (Rubén Eduardo Priotti fallecido). Aditan que el otro 50% no se puede determinar a quien se le asigna, toda vez que pareciera imputarse al equino al cual se colisiona, pero seguidamente se menciona el caso fortuito, fuerza mayor, pero sin dejar de lado la imprudencia del conductor Monti por la velocidad y falta de dominio. Consideran que el fallo es confuso e inentendible, transcribiendo párrafos de la sentencia impugnada. Aclaran que Monti conducía y es demandado en autos, Priotti es la víctima que era transportada y fallece en el asiento del acompañante, los actores son su viuda, hijo y padre. Indican que en ningún párrafo del expediente civil y/o penal ninguna parte negó o se opuso respecto a quien conducía y quienes acompañaban. Dicen que los propios demandados han admitido esto y que las fotografías obrantes en la causa penal revelan que el cuerpo de Priotti quedó en el asiento del acompañante con el cinturón colocado. Se quejan que aun así el Inferior le haya atribuido un 50% de responsabilidad al actor. Señalan que si bien esto podría interpretarse como un error de transcripción al analizar los hechos, confundiendo al conductor -demandado Monti- con la víctima del accidente -Priotti- (transportado). Resaltan que este grosero yerro es aplicado y trasladado en idéntico porcentual a todos los rubros indemnizatorios e incluso a las costas, al reducirlos en un 50%. Transcriben párrafos del resuelvo de la decisión cuestionada (apartados II y III).

Narran que si este yerro ya era inadmisible, grave e ilógico, a continuación la Inferior, realizó otro análisis enredado e incomprensible para interpretar la mecánica del accidente. Reseñan párrafos de la resolución atacada en el afán de dejar en evidencia su afirmación precedente. Refieren que estas graves equivocaciones y yerros (culpas concurrentes asignadas en forma errada al actor y no se sabe a quién el resto, luego imputadas al conductor Monti, entremezclado con caso fortuito o fuerza mayor) ocasionan gravamen irreparable a su parte, toda vez que -tal como consta en autos y se detallara en los alegatos- las conclusiones del gabinete científico de Policía Judicial, compartidas por el Ing. Michelli fueron categóricas en cuanto a la mecánica del hecho, velocidad y circunstancias en que ocurrió. Resalta que de ello se puede atribuir sin lugar a dudas la responsabilidad del evento al conductor Sr. Monti, quien conduciendo a excesiva velocidad, sin la atención y los recaudos necesarios, pierde el control del rodado impactando al equino que invade la ruta, lo que ocasionó la muerte instantánea de su acompañante el Sr. Rubén Priotti.

Luego de esto, con el fin de describir una quinta queja exponen que la responsabilidad solidaria de los autores de un cuasidelito -pese a la imposición legal consagrada en los arts. 1.081, 1.109 y siguientes del Código Civil- no ha tenido acogida ni recepción en el decisorio cuestionado. Afirman que esto les ocasiona un gravamen irreparable. Indican que la víctima -Sr. Priotti- era un tercero transportado que ninguna intervención tuvo en el resultado, por lo que correspondía la aplicación solidaria de la obligación con los derechohabientes. Citan jurisprudencia y transcriben lo normado en el art. 1.081 y art. 1.109 primer párrafo del Código Civil. Explican que la solidaridad no deriva del carácter doloso del hecho, sino de su naturaleza de ilícito. Argumentan que, con independencia de las acciones de regreso que podría intentar quien afronte el pago de una porción mayor de la que causalmente ha contribuido, frente a las víctimas cualquiera de los intervinientes en el siniestro como agentes resulta susceptible de ser ejecutado por el total de condena. Finaliza señalando que por esto, debe hacerse lugar a las pretensiones y condenar a los demandados Falla y Centro Motor a responder solidariamente y por ende, indistintamente ante las víctimas por el total de la indemnización, con prescindencia de la contribución causal de las conductas respectivas de cada uno de ellos.

Por otra parte, en calidad de sexto agravio atacan el monto fijado en concepto de daño moral. En relación a ello, primeramente describen lo reclamado por su parte y lo decidido por el Tribunal al respecto, para luego precisar que la Juzgadora no expresó desde cuando corren los intereses por este rubro. Aducen que les ocasiona gravamen irreparable la desproporcionada e infundada reducción del monto por daño moral, aminorando la pretensión a la mitad sin ningún análisis, justificación o motivación. Hacen notar que de hecho, ni siquiera se ha valorado la edad del menor al momento de perder a su padre -13 años- ni en las circunstancias y pérdidas de esta familia joven (Claudia saliendo a buscar trabajo, ambos con secuelas psíquicas crónicas, etc). Aluden que, aun cuando el daño psíquico pueda considerarse como integrante del daño moral y no como rubro autónomo, el Inferior no valoró, no analizó ni se detuvo en las conclusiones del perito psiquiatra oficial Dr. Marco del Pont. Transcribe lo que el experto señaló en relación a la viuda Sra. Claudia Tomasi a fs. 1.102 y lo que manifestó respecto a A. P. (único hijo menor del difunto de solo trece años al momento del deceso). Agrega que también las testimoniales fueron categóricas y aun así el Tribunal disminuyó a la mitad la pretensión de $100.000 para cada uno con más intereses desde la fecha del hecho. Esgrimen que el fallo es confuso, arbitrario y viciado de carencias y yerros. Repiten que no surge de la decisión desde cuando corren los intereses de este rubro, porque el Tribunal no los fija al tratar el mismo y, por cuanto en la parte resolutiva al referirse a los intereses, remite al considerando. Aseveran que similar situación se produce al tratar el daño moral de los progenitores de Rubén Priotti -Delia Ranieri y Leonardo Priotti- ya que el Juez no consideró ni tomó en cuenta la ampliación de la demanda por este ítem, por el cual el monto total de la pretensión ascendía a la suma de $55.000 para cada uno. Dicen que en este punto, otra vez son solo expresiones generales, vagas sin la más mínima referencia a las pruebas obrantes en la causa (testimoniales, pericial psiquiátrica, etc.). Hace presente que tanto en el caso de la viuda e hijo como de los progenitores las testimoniales, además de la pericial fueron categóricas en cuanto al derrumbe anímico, espiritual y afectivo por la muerte de Rubén Prioti, relatando varios testigos que luego del fallecimiento de su hijo sus padres y en especial la Sra. Ranieri entró en una depresión severa hasta el fallecimiento de la misma. Comenta que el padre de Priotti también fue diagnosticado con trastorno de estrés pos traumático (crónico e inmodificable) con una incapacidad del 20% de la T.O., agregando que también se le recetó terapia individual y familiar, medicación, etc. Por último indican que se disminuyó el monto pretendido de $55.000 cada uno a $40.000 para cada uno sin ningún tipo de consideración, valoración ni fundamento, quedando asimismo sin determinar a partir de cuándo se devengan los intereses por tal rubro.

Como séptimo agravio critican que en el fallo atacado, se haya eximido de responsabilidad a Centro Motor S.A. Cuestiona que se le otorgue entidad probatoria y suficiente para liberar de toda responsabilidad a Centro Motor S.A. al contrato privado de comodato (fs. 1.759) sin timbrado, sin fecha cierta, sin certificación de firma y que fuera reconocido por un empleado de la misma empresa (fs. 1.515) al cual lógicamente le comprende las generales de la ley. Exponen que el Juzgador incurre en una contradicción manifiesta, porque mientras da por probado la entrega del vehículo de Falla a Centro Motor en parte de pago y extiende los efectos de la condena a la aseguradora Berkley Internacional Seguros S.A., luego con un fundamento absurdo - contrato de comodato aportado por la misma guardadora- libera a esta firma de todo tipo de responsabilidad. Destacan que de la prueba aportada sobre esta cuestión (recibo n° 938 fs. 42, expedido por Centro Motor S.A. y comprobante de compra fs. 43 de Centro Motor al Sr. Falla), queda categóricamente demostrado que Centro Motor tenía la guarda material en su poder aun cuando lo prestara a un tercero. Aditan que tenía la guarda provecho (le fue entregado en consignación por lo que aprovechaba y obtenía beneficios) y tenía la guarda jurídica (comprobante y recibo de compra formulario 08). Indican que incluso la empresa como guardadora de vehículos en consignación había contratado una póliza de seguros, por lo que un comodato precario sin ningún requisito formal, mal puede alterar la naturaleza o vínculo que tenía la firma con el vehículo guardián de la cosa. Refiere que la responsabilidad del dueño o guardián resulta plena o “in totum”. Resalta que además está claro que el comodato podría invocarse entre los firmantes, pero de ningún modo oponerse a terceros (víctimas actores) para eximirse de responsabilidad.

Seguidamente, en calidad de octavo agravio cuestionan el interés aplicado en el primer tramo de devengamiento en que se divide el período a computar (1%), como así también del cómputo de intereses segmentado que realiza el Tribunal sin fundamento o motivación alguna. Arguyen que la Jueza, contraviniendo la pacífica jurisprudencia del TSJ en “Hernández, Juan Carlos c/ Matricería Austral S.A. demanda Rec. Casación (Sala Laboral)” (sentencia n° 39 de fecha 25/06/2002), fijó una tasa reducida del 1% y recién en el año 2010 (no justificando ni motivando la fecha de corte ni la disminución arbitraria a la mitad del interés) un interés del 2% lo que produce un gravamen irreparable. Opina que esta aplicación de intereses muy inferior a la establecida por el TSJ causa gravamen a su parte por diversos motivos, enumerando a continuación cada uno de ellos.

De otro costado, en carácter de novena queja critican la distribución de las costas realizada en la sentencia. Recuerdan que, como ya lo expresaron al analizar la mecánica del accidente, el A quo en un yerro grave confunde al conductor del Renault Laguna -Monti- denominándole actor; luego le atribuye 50% de responsabilidad en el evento por haber excedido la velocidad, no tener dominio del rodado, etc. y, sin embargo en un nuevo giro en la parte resolutiva se lo vuelve a imputar a los actores, quedando el otro 50% indeterminado y sin atribución de responsables. Afirman que el primer yerro -confundir al conductor Monti con la víctima Priotti- pudo haber pasado como un error de redacción sin mayores consecuencias, a no ser que ese gravísimo error -como ocurrió en el decisorio apelado- se hubiere trasladado a la condena de los rubros indemnizatorios, costas y demás efectos de la sentencia. Argumentan que, con este razonamiento basado en yerros e indeterminaciones, los actores, herederos de una víctima que fallece siendo transportada en el vehículo conducido por el demandado y que no tuvo ninguna intervención en la producción del siniestro, encuentran disminuidos todos los rubros condenados en un 50% por vicios y confusiones de la resolución dictada en primera instancia. Señalan que los actores han resultado triunfantes al haberse admitido la demanda y condenado a los accionados a abonarle la indemnización correspondiente. Hacen notar que una diferencia matemática entre lo pretendido y peticionado en demanda y lo establecido en la sentencia, no altera el principio objetivo de la derrota. Reseña doctrina y jurisprudencia en sustento de su postulado. Agrega que el principio general en los procesos por indemnización de daños y perjuicios es que las costas integran el resarcimiento aunque la demanda no prospere íntegramente, ya se trate de daños y perjuicios emanados de hechos ilícitos o cuasidelitos o los provenientes de la culpa contractual. Citan doctrina y jurisprudencia al respecto.

Finalmente, en calidad de décimo agravio atacan lo decidido en referencia al daño psíquico y los gastos terapéuticos. En este sentido manifiestan que independientemente que este rubro se pueda considerar como integrando el daño moral o como daño autónomo, lo cierto es que el mismo, de acuerdo a las probanzas obrantes en autos -en especial testimoniales y pericial psiquiátrica-, se encontraba probado acabadamente. Ponen de relieve que pese a esto el Tribunal lo rechazó, no recogiendo ni siquiera los montos para tratamientos terapéuticos determinados por el perito psiquiatra para la viuda e hijo de la víctima. Alegan que las testimoniales de Daer (fs. 1.046), Collura (fs. 1047), Zuvise (fs. 1.069), Spiteri (fs. 1.070), Lenta (fs. 1.071) y Marcioni (fs. 1.093), dan cuenta de los trastornos psicológicos de Claudia y su hijo, entre los que describen insomnio, caída de cabello, angustia, derrumbe anímico, etc, informando los testigos que ambos se encontraban en tratamiento y con medicación. Hacen notar que las conclusiones del perito Marco del Pont también fueron contundentes, transcribiendo lo expuesto por el profesional respecto a las secuelas psíquicas en Claudia y A. P. Reseñan nuevamente párrafos de la resolución opugnada. Refieren que lo resuelto es ilógico y falaz, toda vez que el monto pretendido por daño moral fue reducido a la mitad sin ningún tipo de consideración, omitiendo valorar importantísima prueba dirimente como son las testimoniales y la pericia psiquiátrica oficial. Añaden que tampoco es acertado -como lo señala la Inferior- sostener que es necesario probar el detrimento que tal afección genera en el patrimonio, porque al momento del deceso de su padre, su hijo solo tenía trece años y su esposa Claudia era ama de casa. Resaltan que es innegable que esta afección psíquica de ambos repercutirá en el plano laboral y social y con ello, en los posibles ingresos económicos que pudieran obtener a futuro. Destacan que además la incapacidad computable en materia resarcitoria, no es solamente la laboral sino que alcanza a todas las actividades de una persona disminuidas por una incapacidad. Citan doctrina y jurisprudencia sobre el tema. Aluden que resultan desconcertantes los parámetros que la Jueza aporta para justificar el rechazo del rubro, como asimismo los gastos terapéuticos necesarios para el tratamiento. Advierten que el juzgador no solo rechaza el daño psíquico, tampoco lo valora ni lo estima al tratar el daño moral, ya que lo reduce a la mitad y no menciona la prueba correspondiente. Puntualiza que omite estimar y condenar a indemnizar los gastos de tratamiento indicados por el perito oficial Dr. Marco del Pont. Transcriben párrafos del dictamen mencionado en refuerzo de su postura. Concluyen que se deberá rectificar el decisorio cuestionado y ordenar abonar dichos gastos desde la fecha del hecho, no solo para cubrir el costo del tratamiento pasado, sino también porque los daños han tenido su génesis con el hecho lesivo. Precisan que en ese momento nace el crédito indemnizatorio y a partir de allí también se computan las consecuencias de la mora, en tanto se trata de un supuesto de responsabilidad extra contractual donde el interés moratorio se debe desde la fecha del evento dañoso, aun cuando el órgano jurisdiccional lo determine a posteriori. Sostienen que igual razonamiento debe aplicarse al cómputo de los intereses vinculados con gastos por tratamiento terapéutico, porque la pericia vino a determinar simplemente el costo del tratamiento que debió comenzar a partir del mismo momento del hecho lesivo. Arguyen que nadie puede ignorar, por la envergadura de las consecuencias la necesidad de tratamiento terapéutico inmediato a partir de aquel momento, aún cuando la pericia refiera a pagos por tratamientos a realizar, por no haberse efectuado a esa fecha terapia alguna. Apuntan que el hecho de que no se haya realizado aún el tratamiento, no autoriza a considerar que la demora en el resarcimiento surge a partir de la pericia. Dicen que esto es confundir determinación del daño con su exigibilidad.

En cuanto a los progenitores de la víctima -Delia Rameri y Leonardo Priotti- el juez de forma simplista, infundada y caprichosa fijó un monto de $4.000. Hacen presente que también les agravia esta reducción injustificada como el rechazo del daño psíquico, porque en autos se ha acreditado que ambos se derrumbaron anímicamente, pero en especial la madre quien murió literalmente de tristeza (ver testimoniales de fs.847/848, fs. 849, fs. 850 y fs. 851). Agregan que además el dictamen del perito psiquiatra fue esclarecedor, transcribiendo párrafos de lo manifestado por el experto. Finalizan exponiendo que, por lo expuesto respecto a la viuda e hijo, debe rectificarse el decisorio cuestionado ordenando resarcir y abonar el daño psíquico como asimismo el tratamiento que debieron efectuarse desde la fecha del hecho y hasta su deceso, con más intereses desde la fecha del hecho. Peticionan, en definitiva, se haga lugar al recurso de apelación impetrado.

IV) Corrido traslado del recurso a la contraria, a fs. 2380/2385 contesta los agravios el codemandado Sr. Monti, a través de su apoderado. A fs. 2395/2400 hace lo propio el apoderado del codemandado Sr. Faya y a fs. 2410/2411 la aseguradora Berkley.

V) Ingresando al análisis del recurso de apelación incoado advertimos que el mismo critica diversos aspectos del pronunciamiento recaído. Por razones de orden lógico y metodológico, procederé en primer lugar al tratamiento de los agravios expuestos en quinto y sexto lugar, ya que los mismos versan sobre la mecánica del accidente y la atribución de responsabilidad de los demandados.

VI) Mecánica del Accidente. Atribución de responsabilidad.

Cuestiona el recurrente que en el decisorio se haya atribuido solo un cincuenta por ciento de responsabilidad al conductor. Se queja puntualmente de la valoración de la prueba realizada por el A quo, en especial de las pericias obrantes en la causa. Puntualmente critica que se haya omitido dar prioridad al Dictamen del Ingeniero Vignoli, técnico de Accidentología Vial de la Dirección de Policía Judicial. Afirma que no puede extraerse del resolutorio a quien asigna el 50% restante de la responsabilidad. Consideran que el fallo es confuso e inentendible, transcribiendo párrafos de la sentencia impugnada. Esgrimen, en definitiva, que la responsabilidad del evento la tuvo exclusivamente el conductor Sr. Monti quien conduciendo a excesiva velocidad, sin la atención y los recaudos necesarios, pierde el control del rodado impactando al equino que invade la ruta, lo que ocasionó la muerte instantánea de su acompañante, el Sr. Rubén Priotti.

Debo señalar asimismo que el codemandado Monti, al expresar agravios en contra de la resolución cuestionada, también critica la atribución de responsabilidad efectuada por el A quo. Se queja de que la Magistrada le haya dado valor a pericias diametralmente opuestas para arribar a una solución que califica de salomónica. Destaca que el animal apareció en forma sorpresiva e imprevista sin que el conductor pueda preverlo.

En este contexto, a la luz de los agravios vertidos y la prueba obrante en la causa, procede ingresar a examinar la responsabilidad atribuida por la Magistrada.

Debemos comenzar señalando que no hay controversias en relación al día, la hora y las características generales del siniestro, así como tampoco de su consecuencia fatal para el Sr. Priotti. Nadie ha cuestionado que el hecho tuvo lugar en instantes en que el vehículo Renault Laguna transitaba una Ruta Provincial, cuando se cruzó en su caminó un equino. La propia accionante reconoce en la demanda que “un equino invade la ruta”.

La cuestión sobre lo que las partes discrepan es si esa aparición intempestiva resultó para el conductor un obstáculo absolutamente inevitable o si, por el contrario, la manera en que venía conduciendo el vehículo fue lo que imposibilitó cualquier maniobra exitosa de esquive.

Tal como lo mencionan los recurrentes existen en la causa diversas pericias tendientes a contribuir con la dilucidación de lo ocurrido.

En un repaso por las mismas, podemos mencionar que el perito oficial mecánico en sede civil, Ingeniero Lucio Abel Michelli, ha reconocido en su informe obrante a fs. 709/719 “la aparición imprevista en su línea de marcha...” del equino “todo lo cual derivó en un inevitable embestimiento semifrontal...” (fs. 710). Pese a ello, al ser preguntado por las causas de producción del siniestro, el perito ha sido contundente en señalar “...el suscripto concluye con carácter de dictamen irreversible que la causa principal del desencadenamiento siniestral, lo fue la elevada velocidad dispuesta por el vehículo Renault Laguna, la cual a todas luces resulta ser no acorde y en principio al estado de la pavimentación....” (resaltado agregado, fs. 716). Agregó a continuación que a la velocidad cabía sumarle como causas la oscuridad reinante a la hora del siniestro, la que limitaba y restringía la visualización del cuadrúpedo. En relación a la posibilidad de alguna maniobra evasiva, el perito sostuvo que “existe un alto grado de posibilidad de llevar a cabo maniobras elusivas a posteriori de ensayar previamente un trabajo de frenado de emergencia” bajo condiciones de conductividad normales, a velocidad reglamentaria de 110 km/h. (fs. 716).

En sentido similar el Ingeniero Adolfo Vignoli, de la Sección de Accidentologia Vial de la Dirección General de Policía Judicial, establece una velocidad de circulación del vehículo previo al impacto de 144 km/h, concluyendo “... la velocidad del auto le permitía ver al conductor un caballo aunque éste hubiera ido galopando hacia la ruta, pero debido a la oscuridad, la vegetación y la distancia requerida, justamente por esa velocidad, para eludir un obstáculo, es que existía la posibilidad de no detectar con antelación la presencia del animal, o bien de advertirla, no hacerlo con el tiempo y distancia suficiente para esquivarlo o detener la marcha...” (resaltado agregado, fs. 917).

El perito Ingeniero Civil Nieva, designado como perito en Accidentología Vial, por su parte, presenta dictamen a fs. 1457/1466, concluyendo - a contrario de los anteriores- que la velocidad de circulación del rodado era de 101,87 km/h, esto es, dentro de los parámetros reglamentarios. Considera que “la causa del accidente es la irrupción de un elemento móvil (caballo) extraño a las alternativas ordinarias de circulación que se interpone a la trayectoria del vehículo” expresando “se tiende a pensar que la velocidad es la causante de muchos accidentes, pero la realidad física es que la velocidad, si están garantizadas las condiciones ordinarias de circulación, no produce accidentes por si mismos....” (fs. 1461). Concluye señalando, tras diversas explicaciones y cálculos vinculados con el punto de percepción y el punto de impacto, que el siniestro era inevitable (fs. 1466).

La perito Berardo, por su parte, designada como perito oficial en sede penal, señala que la velocidad de circulación era de 101,5 Km/h, finiquitando a partir de cálculos muy similares a los realizados por el perito Nieva que “el caso analizado constituye un accidente físicamente inevitable, ya que ninguna acción realizada por el protagonista podría haber impedido el hecho nefasto...” (fs. 936).

Sin embargo, el perito oficial Micheli al ampliar su dictamen a fs. 1003/1006, cuestiona tal conclusión exponiendo“...en razón de haberse incorporado en las presentes actuaciones, a solicitud del suscripto, el correspondiente SUMARIO PENAL, el cual me permitió tomar conocimiento de similares pericias realizadas y precediendo a la similar de quien suscribe; advierto que la presentada oportunamente en la etapa de instrucción con el método requerido (PDI; PSS; PPP) en su desarrollo técnico no se contempló ni se calculó la “velocidad disipada en el impacto” entre ambas masas físicas, con lo cual, a más de las causas enumeradas con anterioridad, se arriba a resultados totalmente erróneos...” (fs. 1006).

Del repaso efectuado puede advertirse que mientras dos de los peritos asignan una mayor responsabilidad en el siniestro al vehículo, otros lo hacen a la interrupción sorpresiva del equino. No asiste razón a los accionantes cuando señalan que el Ingeniero Vignoli, que consideran debió ser priorizado, asigna responsabilidad exclusiva al conductor. Por el contrario, considero que una atenta lectura de su informe, en especial de los párrafos transcriptos, permiten visualizar que el mismo asigna valor a otros elementos tales como la oscuridad y la vegetación. De igual modo el perito Micheli, si bien establece como causa principal la velocidad, también menciona a la oscuridad reinante a la hora del siniestro, la que limitaba y restringía la visualización del cuadrúpedo.

En el caso de autos, la responsabilidad del conductor debe ser fijada a partir de lo dispuesto por el art. 1113 del CCVS (atento la fecha de ocurrencia del siniestro) del que resulta, para el caso de un siniestro acaecido con la intervención de vehículos, una presunción de responsabilidad derivada del riesgo de la cosa, trasladándose -en consecuencia- la carga de la prueba de alguno de los eximentes previstos por la ley: culpa de la víctima, de un tercero por el que no debe responder o caso fortuito o fuerza mayor. De este modo y bajo este encuadre legal (responsabilidad objetiva, art. 1113 del Código Civil) si se pretendía la desestimación de la demanda, debía surgir de la prueba rendida la existencia de alguno de los eximentes que la norma consagra, lo que en este caso se remite a determinar si medió o no un factor ajeno por el que el conductor no debía responder en la producción del evento dañoso. “Cuando hay un régimen de inversión probatoria sobre causalidad -como el establecido por el art. 1113, segundo párrafo, segundo supuesto Código Civil- el demandante no se ve constreñido a acreditar que el factor imputable al accionado ha sido causa única del resultado sino que, al contrario, es éste quien soporta la carga de probar la causa o la concausa extraña y el grado de causalidad que posibilite una liberación de responsabilidad...” (cfr. Zavala de González, Matilde. “Doctrina Judicial. Solución de casos.7” Edit Alveroni, pág 253).

En el caso de autos, el conductor ha invocado y procurado acreditar la existencia de un eximente: la aparición sorpresiva de un equino por la ruta en la que se venía desplazando de un modo que impidió cualquier maniobra elusiva.

Invocado este eximente, y a tenor de lo expuesto anteriormente, le correspondía acreditar que tal aparición tuvo una trascendencia tal que determinó la ruptura del nexo de causalidad adecuado, parámetro fijado por nuestra ley para mensurar si la conducta atribuida era por si misma apta para ocasionar el daño, de acuerdo al curso ordinario de las cosas. Lo decisivo de la eximente es que la intervención causal de la víctima, del tercero o del factor ajeno en el evento, haya tenido en un grado tal que o bien queda excluido el riesgo como causa adecuada de él o bien concurre con él en una medida que permite sostener que la intervención causal de este eximente coadyuvó, junto con el riesgo, a la producción del hecho dañoso.

Considero que de las pericias obrantes anteriormente transcriptas ha quedado acreditada la existencia un factor (el equino) que pudo razonablemente haber contribuido causalmente a la ocurrencia del hecho. Debemos tener presente que en algunas ocasiones la ocurrencia de un siniestro no responde a una única causa, sino que se produce a partir de la confluencia de diversos factores que concurren. Esta sería la situación de autos.

En efecto, considero que el demandado ha sido parcialmente exitoso en acreditar la influencia del eximente invocado en la ocurrencia del hecho. Ello, ya que si bien las pruebas rendidas no han sido suficientes para probar que ha quedado excluido el riesgo como causa adecuada, si ha logrado probar que concurre con él un factor externo por el que no debe responder.

Coincido que, conforme resulta de las pericias relacionadas, la presencia intempestiva del caballo ha tenido un factor decisivo en el impacto. Sin embargo, no considero acreditado que la misma sirva como un eximente absoluto de la responsabilidad del conductor. Por el contrario, al existir discrepancias entre las pericias en orden a cuál era la velocidad de circulación del vehículo y en especial, en orden a la posibilidad de realizar una maniobra exitosa de esquive, considero que no ha logrado el demandado acreditar que el eximente invocado haya tenido una virtualidad tal que habilite a eximir de toda responsabilidad a su parte.

Considero, en cambio, que tal irrupción ha funcionado como una concausa del siniestro, y en tal sentido, ha contribuido causalmente a su producción.

Dicho esto, corresponde analizar si los porcentajes de tal contribución establecidos por la Magistrada resultan ajustados a derecho. Una revisión de la resolución recaída no permite visualizar con claridad cuáles fueron las razones tenidas en vista por la sentenciante para establecer un cincuenta por ciento (50%) de responsabilidad al conductor y un cincuenta por ciento (50%) a otras causas. A ello cabe aditar que no comparto que tal distribución resulte de la prueba rendida en la causa.

Por el contrario, considero que -tal como lo expresé- incumbía al conductor acreditar la existencia y alcance del eximente. En esta tarea, las pericias aportadas logran convencerme de que la aparición sorpresiva del equino contribuyó causalmente en el siniestro, pero no comparto que la prueba sea contundente en acreditar que tal colaboración lo fue en el orden del cincuenta por ciento.

Siendo que la carga de la prueba del eximente correspondía al demandado que la invocó, lo cierto es que esta falta de acreditación suficiente perjudica principalmente al accionado. En este contexto, considero que la distribución de la responsabilidad en el hecho no debe efectuarse en un cincuenta por ciento a cada parte, sino en un setenta por ciento en cabeza del conductor y en un treinta por ciento a la aparición sorpresiva del caballo. Ello, porque si bien se ha acreditado que la intempestividad con la que el caballo se hizo visible, atento la oscuridad reinante en el lugar, ha contribuido a la ocurrencia del hecho, no se ha logrado probar que tal circunstancia hubiera tenido una incidencia principal o igual al riesgo presunto derivado de la aplicación del art. 1113 del C.C.V.S..

Por todo ello, se estima que el quiebre del nexo de causalidad por la aparición sorpresiva del caballo se encuentra configurado en autos, el cual se valora que importa el treinta por ciento de la condena que resulte en definitiva (30%).

Conforme lo hasta aquí expuesto, corresponde responsabilizar al conductor del vehículo en el accidente que nos ocupa en un setenta por ciento (70%), guarismo al cual se limita su obligación de pago indemnizatorio.

En este contexto, el recurso de la parte actora en cuanto cuestiona el porcentaje de responsabilidad atribuido resulta parcialmente admisible, debiendo modificarse la distribución de responsabilidad efectuada por la Juez A quo y establecer que el setenta por ciento de la responsabilidad recae sobre el codemandado Monti, en su carácter de conductor y el restante en la aparición del caballo que es un eximente por la que los demandados no deben responder.

VII) Solidaridad de la condena. Como un quinto agravio critica el recurrente que no se haya receptado la responsabilidad solidaria de los autores, pese a la imposición legal consagrada en los arts. 1.081, 1.109 y siguientes del Código Civil. Invoca que ello se justifica en que la víctima -Sr. Priotti- era un tercero transportado que ninguna intervención tuvo en el resultado, por lo que correspondía la aplicación solidaria de la obligación con los derechohabientes. Alegan que frente a las víctimas cualquiera de los intervinientes en el siniestro como agentes resulta susceptible de ser ejecutado por el total de condena. Concluye que debe condenarse a los codemandados Faya y Centro Motor a responder solidariamente.

En relación a las consideraciones efectuadas en este agravio debo señalar primeramente que la invocación de que el Sr. Priotti era un tercero transportado no ha sido formulada por los accionantes en primera instancia. Por el contrario, los mismos se encargaron de enfatizar en la demanda el carácter laboral del traslado. En este contexto, si tenemos en cuenta que el transporte benévolo se configura cuando el conductor, dueño o guardián de un vehículo consiente llevar a otro por mera cortesía, con la intención de hacerle un favor, sin contraprestación alguna; claramente advertimos que el caso de autos no encuadraría en tal hipótesis. No se ha tratado de un traslado de favor, sino que, por el contrario, según resulta de las pruebas arrimadas constituía parte de sus propias obligaciones laborales, lo que ha dado a las correspondientes indemnizaciones en dicho fuero.-

Ha señalado Félix Trigo Represas que “... existe transporte benévolo cuando el conductor -dueño o guardián- del vehículo consiente en llevar a otra persona por acto de mera cortesía, con la intención de hacer un favor y sin que el viajero se encuentre obligado a efectuar en cambio contraprestación alguna. De manera que para que exista transporte benévolo será necesaria la concurrencia de los siguientes recaudos: a. Manifestación de voluntad del conductor, dueño o guardián del vehículo, en el sentido de admitir en el mismo a un tercero, (5) sin que interese que la invitación haya partido del transportador o que éste hubiese accedido a un requerimiento formulado por el viajero u otra persona; (6) b. La razón de la realización del viaje no debe surgir como una necesidad impuesta por una relación jurídica que vincule a transportador y transportado, caso, por ejemplo, de quien, en cumplimiento de sus funciones o tareas, es llevado de un sitio a otro por su patrón o superior; c. La aceptación por el conductor de compartir el viaje con otra persona debe ser hecha como un acto de cortesía o con el propósito de hacer un favor, vale decir que debe haber de su parte un "animus benifacendi", en tanto que como contrapartida debe mediar un interés preponderante de parte del tercero transportado; lo que no sucede, verbigracia, si el transportista tuviera el propósito de obtener una ventaja para sí, como sería conseguir quién le maneje el coche o se alterne con él en la conducción, etc.; y d. El viajero no debe estar obligado a abonar un precio o a efectuar cualquier otra prestación, como retribución por el transporte. ...” (resaltado agregado, cfr. Trigo Represas, Félix A. Responsabilidad extracontractual por daños en un transporte benévolo. ublicado en: LA LEY 18/06/2012 , 9 * LA LEY 2012-D , 12). En este contexto, no resulta admisible su cuestionamiento de que no se valoró su calidad de transportada.

En relación a la solidaridad derivada de los cuasidelitos, no se advierte en donde radica el agravio de los apelantes, ya que de ninguna parte del pronunciamiento puede extraerse que la condena impuesta no lo haya sido de forma solidaria.

En este contexto, el agravio expresado no resulta procedente.

VIII) Responsabilidad de Centro Motor S.A.

Los accionantes cuestionan como séptimo agravio que se haya eximido de responsabilidad a Centro Motor S.A. Se quejan de que se otorgue entidad probatoria y suficiente para liberar de toda responsabilidad a un contrato privado de comodato (fs. 1.759) sin timbrado, sin fecha cierta, sin certificación de firma y que fuera reconocido por un empleado de la misma empresa (fs. 1.515) al cual lógicamente le comprende las generales de la ley. Destacan que de la prueba aportada (recibo n° 938 fs. 42 expedido por Centro Motor S.A. y comprobante de compra fs. 43 de Centro Motor al Sr. Faya) queda categóricamente demostrado que Centro Motor tenía la guarda material en su poder aun cuando lo prestara a un tercero. Agregan que tenía la guarda provecho (le fue entregado en consignación por lo que aprovechaba y obtenía beneficios) y tenía la guarda jurídica (comprobante y recibo de compra formulario 08). Resaltan que incluso la empresa como guardadora de vehículos en consignación había contratado una póliza de seguros.

Ingresando al análisis del agravio se advierte que resulta crucial para su dilucidación determinar el carácter de guardián de Centro Motor del vehículo interviniente en el siniestro al momento de la ocurrencia de éste

El artículo 1113 del C.C.V.S. establecía la responsabilidad objetiva del guardián de la cosa riesgosa, disponiendo que en los supuestos de daños causados con las cosas, el dueño o guardián, para eximirse de responsabilidad, debía demostrar que de su parte no hubo culpa; pero si el daño hubiere sido causado por el riesgo o vicio de la cosa, sólo se eximiría total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder.

Ha invocado el codemandado Faya que con fecha 28/08/2003 entregó el vehículo a Centro Motor como parte de pago de uno nuevo. Para probar tal invocación acompaña un “comprobante de compra de bienes usados a consumidor final” (Nº ...). En dicho instrumento figura claramente detallado el nombre del Sr. Faya y la descripción del vehículo involucrado en el siniestro. Asimismo se adjunta una factura Nº ... donde se indica “ACREDITAMOS en su cuenta su entrega de una unidad usada. Marca: RENAULT. Modelo: Laguna RXE TDI. Añó 1998. Dominio .... Color Azul...” (Fs. 97). Aporta también el demandado la factura del nuevo vehículo adquirido (fs. 99). A fs. 1789, por su parte, obra declaración testimonial del Sr. Elvio Lucero, empleado de Centro Motor, quien reconoce toda esta documentación. Agrega textualmente que “en el mismo acto el Ing. Faya le entregó en propiedad a CENTRO MOTOR S.A. el automotor LAGUNA ya relacionado, asumiendo la concesionaria la propiedad completa de la unidad a partir del día 28 de agosto de 2003 según surge del comprobante de fs. 96”.

Considero que ha quedado acreditado mediante estas probanzas que el vehículo fue entregado a una concesionaria como parte de pago de un nuevo automotor. Ello conforma una práctica usual en el mercado de compraventa automotriz. En esta entrega, se transmitió la guarda del bien. Esta circunstancia también fue reconocida por Centro Motor en su responde, al reconocer expresamente “...el Ing. Faya había entregado el vehículo a Centro Motor y por un tiempo fue el guardián” (resaltado agregado. fs. 155vta). No cabe duda que la propia concesionaria ha reconocido haber recibido la guarda del vehículo del Sr. Faya.

Sin embargo, pese a reconocer expresamente que recibió la guarda, Centro Motor invoca como eximente que perdió la misma en virtud de un contrato de comodato gratuito celebrado con el codemandado Sr. Moya, cuya copia obra a fs. 1759/1760.

Debemos advertir que tal instrumento, como bien refiere el recurrente, no cuenta con firmas certificadas, ni con fecha cierta. El único reconocimiento que se ha efectuado es de un empleado de Centro Motor, lo que claramente es insuficiente para su oponibilidad a un tercero ajeno al mismo. Considero que tal contrato, atento tratarse de un instrumento privado sin firma certificada, resulta insuficiente para acreditar el eximente contenido en la parte final del art. 1113 del C.C.V.S. Esto es, que al momento del siniestro, Centro Motor había transferido la guarda del vehículo. La ausencia de fecha cierta impide tener por probado que un día antes del suceso se transmitió la guarda a un tercero. Tampoco sirve para acreditar que Moya es un tercero por el que no debe responder.

En este contexto, considero que a la luz de la prueba aportada, no es factible tener por probado que Centro Motor hubiera perdido la calidad de guardián del vehículo, que reconoció haber recibido de Faya. Refuerza mi convicción la circunstancia de que Centro Motors hubiera contratado un seguro para cubrir toda eventualidad (aunque según las constancias de autos lo haya hecho un día después del siniestro con cobertura desde el 19/01/2004, cfr. fs.119)

Otro elemento que considero relevante ponderar es que fue Centro Motor quien, a través de un empleado autorizado, retiró el vehículo de sede penal. No fue el codemandado Moya con el supuesto contrato, pese a que al momento del retiro el mismo estaba aún en vigencia (ver vigencia del contrato, fs. 1759/1760). En efecto, resulta de las constancias de fojas 479/480 que fue personal de Centro Motor el que, acompañando la cédula de identificación del automotor (fs. 480), concurrió a sede penal a retirar el vehículo secuestrado luego del siniestro. Tal proceder resulta claramente incompatible con sus alegaciones. No se han invocado ni probado razones por las cuales no hubiera concurrido el propio Moya, munido del contrato que en esta sede se acompaña, a retirar el vehículo.

En este marco considero que surge de las constancias de autos el carácter de guardián de Centro Motor respecto del vehículo involucrado en el siniestro al momento de su ocurrencia. Asimismo no se ha logrado acreditar la configuración de un eximente por el que no debe responder: ni la pérdida de su carácter de tal calidad ni que el auto hubiera sido usado contra su voluntad.

Por el contrario, es dable presumir que la utilización por el Sr. Monte se dio en un marco de acuerdo con Centro Motor, por lo que tampoco es factible atribuirle el carácter de un tercero por el que no debe responder.

A todo lo expuesto debo agregar algunas consideraciones que -a mi juicio- terminan de sellar la suerte del agravio. Es que la visualización de los hechos acaecidos permite señalar que Centro Motor, de reconocida trayectoria en el mercado de compraventa automotor, ha desplegado en las presentes una actitud reñida con la profesionalidad que cabe esperar de su actuación. En efecto, tras recibir un auto como parte de pago de un vehículo nuevo adquirido por un particular; y en lugar de transferir el mismo a su nombre, con los beneficios establecidos en el art. art. 9 del Decreto Ley 6582, mantiene durante cinco meses el automóvil en cabeza del anterior titular. A más de ello y conociendo esta circunstancia, autoriza al Sr. Moya para que lo utilice. Sea que tengamos por cierto que medio un contrato de comodato (lo que considero no acreditado) o no, no existen razones fundadas para justificar el proceder de la empresa, que sabiendo que el vehículo seguía bajo la titularidad de un tercero y sin hacer la transferencia, permitía su uso.

Este proceder totalmente incompatible con lo esperable, además de reprochable, tiene un efecto desvastador para la propia mercado automotriz, ya que mina la confianza general de la ciudadanía en una práctica que es usual (entregar un automóvil como parte de pago). Procurar liberarse de responsabilidad, cuando ha sido su propia negligencia la que ha determinado que no hiciera en tiempo la transferencia del auto entregado, agravada por la autorización del uso del vehículo para un fin ajeno al propio propósito para el cual el auto le fue dejado (venta), resulta una situación absolutamente abusiva, que no debe ser amparada.

En este contexto y a la luz de las razones expuestas, considero que este agravio debe ser acogido en este punto y, en consecuencia, que debe condenarse a Centro Motor en iguales términos que el Sr. Moya.

IX) Lucro Cesante

Cuestiona el recurrente en sus tres primeros agravios diversos aspectos vinculados a la indemnización acordada a título de Lucro Cesante (pérdida de ayuda económica).-

Por una parte se queja del salario tomado para los cálculos, por considerar que quedó acreditado que era un empleado importante de la empresa que percibía una gran parte de su sueldo “en negro”. Asimismo, en otro agravio, critica que se hubieran tomado para los cálculos en 2014, los valores del salario que percibía la víctima en 2004, siendo que en ese momento los mismos representaban varias veces el salario mínimo vital y móvil. Finalmente, en un tercer agravio, ataca el modo de cómputo empleado, en cuanto omite diferenciar entre lucro cesante pasado y lucro cesante futuro.

El codemandado Monti, por su parte, al expresar agravios también se queja de los cálculos efectuados, criticando tres aspectos. Por una parte, que no se hubiera deducido de los montos mandados a pagar los conceptos ya abonados por la ART. Por otra parte, que en la fórmula se indique que se iba a usar un interés del 8% pero se utiliza el coeficiente correspondiente al 6%. Finalmente, se queja de que no se haya deducido los montos correspondientes a gastos de consumo y personales del occiso.

La citada en garantía también deduce un agravio vinculado con este punto, al cuestionar -en consonancia con el codemandado Monti- que no se hubiera descontando de los montos mandados a pagar lo ya abonado por la ART.

Un repaso de la sentencia recaída en la causa me permite advertir que la Magistrada ha acogido el rubro reclamado y, a los fines de su cuantificación, ha procedido a utilizar la fórmula Marshall. Debemos advertir preliminarmente que la sentenciante ha procedido, a través de esta fórmula, a calcular la indemnización por este rubro a favor de la esposa y a favor del hijo de la víctima separadamente. Este punto no ha sido cuestionado por ninguna de las partes. Tampoco ha sido objeto de cuestionamiento que la Magistrada no haya efectuado los cálculos a título de chance de ayuda económica, sino como lucro cesante. Si bien ha sido criterio de este Tribunal que el perjuicio ocasionado por la muerte de un familiar, en términos económicos, debe indemnizarse a título de chance y no de lucro cesante, debiendo realizarse una disminución proporcional a la suma resultante de la indemnización que hubiera correspondido en concepto de lucro cesante, en atención a que lo que se está indemnizando es chances, no resulta posible modificar estos puntos por aplicación del principio de congruencia. En efecto, ninguna de las partes cuestiona ni que se haya indemnizado a título de Lucro Cesante, ni que se haya duplicado la indemnización acordándose por separado al hijo y a la cónyuge.

Efectuada estas aclaraciones y en relación a los agravios desarrollados, debo señalar primeramente que asiste razón a los actores apelantes cuando cuestionan que la Magistrada ha omitido diferenciar entre lucro cesante pasado y lucro cesante futuro para los cálculos del quantum de indemnización. Conforme al criterio reiterado de esta Cámara (cfr. entre otros “Fumero, Carolina Cecilia c/ Mana, Angel Ernesto - Ordinario- Daños y Perjuicios”, Sentencia del 23/06/2014), este agravio es de recibo.

Respecto de las críticas vinculadas al salario tomado como base para el cálculo de la fórmula Marshall, considero parcialmente admisibles los achaques que se formulan.

Por una parte, el cuestionamiento vinculado con el salario tomado como base, en cuanto critica que se haya considerado el adoptado para el cálculo de la indemnización por la ART (que es el resultante de los recibos oficiales acompañados) no merece recibo. En efecto, si bien existen numerosas testimoniales que dan cuenta del estilo de vida que desarrollaba el recurrente, también existen otras que refrendan los montos que figuran en el recibo de sueldo.

Es jurisprudencia constante de este Tribunal que cuando estamos ante testimonios contradictorios, debe prescindirse de los mismos si no existen razones fundadas para dar mayor prioridad a uno por sobre el otro.

La neutralización de los testimonios antagónicos es un criterio sostenido por la doctrina y jurisprudencia. En efecto, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E, ha señalado reiteradamente que “... dos testimonios que se contradicen entre sí acerca del hecho principal, se anulan recíprocamente. Ello por cuanto, conforme lo decidiera reiteradamente, cuando obran versiones contrapuestas entre los testigos y no existen motivos para hacer más creíble a uno que a otro, las reglas de la sana crítica (arts. 386 y 456 del Cód. Procesal) aconsejan prescindir de este medio probatorio (ver mis votos en causas 72.394 del 30/8/90, 84.195 del 12/9/91, 203.073 del 15/10/96, 304.569 del 24/10/00 y 524.473 del 7/4/09, entre muchas otras, con citas de PALACIO, Derecho Procesal Civil, t. IV p. 653 y de Peyrano, La neutralización de los testimonios antagónicos en sede civil, en LA LEY, 2000-E, 1258)....” (CFR. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala E C. G. S c. T. C. J. y otro s/ daños y perjuicios * 14/11/2013 Cita Online: AR/JUR/81156/2013).

Señala Peyrano en el artículo citado que “... cuando sobre un hecho central del litigio concurren declaraciones testificales frontal e irreductiblemente contradictorias (algunos dicen que un automóvil pasó el semáforo "en rojo" y otros "en verde"), corresponde, en ciertos casos, dispensar al magistrado de la pesada y poco seria tarea de adivinar quién miente y quién dice la verdad, descartando, por igual, todas las declaraciones en cuestión. ...”, aclarando sin embargo que “...no debe el órgano jurisdiccional recurrir a tal instituto si existen en las actuaciones judiciales respectivas, probanzas no testificales que contribuyan a ser más creíble una de las dos versiones testificales -parejamente fundadas- opuestas. Bien se ha destacado que "cuando los dichos de los testigos son contradictorios, hay que acordar eficacia a la declaración del sector que, en atención a otros elementos de juicio, resulte más objetiva. Y si no es posible acordar mayor credibilidad a un sector de testigos con relación al otro, los dichos se anulan recíprocamente y la prueba testimonial pierde virtualidad".... En principio, cuando los dichos de los testigos son contradictorios, se anulan recíprocamente y este género de prueba pierde virtualidad. Pero nada obsta a que el juzgador deseche la versión de algunos de los declarantes, acordando veracidad a otros, cuando estos reciben apoyo de elementos de convicción diferentes"” (cfr. Peyrano, Jorge W. La neutralización de los testimonios antagónicos en sede civil. Publicado en: LA LEY 2000-E , 1258. Cita Online: AR/DOC/12312/2001).

No advierto motivos para considerar que deba darse prioridad a los testigos que refieren de un salario mayor al que figuraba en el recibo de sueldo, por sobre los que respaldan lo que en estos se consignaba.

En este contexto, entiendo que resulta acertado el proceder de la Magistrada cuando toma como referencia válida el monto fijado en el recibo.

Sin perjuicio de ello, en lo que sí le asiste razón es en la indicación de que no es factible tomar ese monto sine die, sin considerar las mutaciones que el salario -con el tiempo- razonablemente hubiera tenido. En este contexto, su confrontación con el salario mínimo vital y móvil resulta un parámetro lo suficientemente objetivo para permitir un cálculo que se ajuste a la justicia del caso.

En esta tarea advertimos que a la fecha del siniestro, el salario mínimo vital y móvil ascendía a pesos trescientos cincuenta (Dec. Nº 1349/03 del PEN. (B.O. 06/01/04). Si confrontamos esta suma con el salario del actor a esa fecha ($ 1416,44) advertimos que el salario percibido equivalía a cuatro salarios mínimo vital y móvil. Este es el parámetro que debe tomarse para el cálculo de la indemnización.

De otro costado, también resulta de recibo el agravio expresado por el demandado y la citada respecto de que de las sumas resultantes debe detraerse los montos percibidos por la ART, aspecto sobre el que no hay oposición de los actores (cfr. fs. 2551)

Igual suerte corre el agravio relativo al coeficiente a aplicar en la Fórmula Marshall.

No habiendo cuestionado los accionantes que el interés escogido para aplicar la fórmula sea el del 8%, debe tomarse el coeficiente correspondiente a ese interés y no al del 6%.

Finalmente, debe acogerse también el agravio desplegado por la parte demandada relativo a que debe detraerse del salario, el porcentaje correspondiente a los gastos personales del difunto. Es criterio de este Tribunal que al fijar la indemnización por pérdida de ayuda económica tras la pérdida de un familiar deben detraerse de ese cómputo lo que presumiblemente iba a destinar para sus gastos personales. Considero que los mismos razonablemente deben fijarse en un veinte por ciento de sus ingresos (y no el 25% como ha solicitado el demandado Monti).-.

Sobre la base de estos parámetros procede ingresar a realizar el cálculo de la indemnización por lucro cesante.

Por las razones apuntadas anteriormente, debemos diferenciar entre la indemnización a acordar al hijo de la correspondiente a la esposa de la víctima.

a.- Indemnización correspondiente a A P.

Se ha acreditado que al momento del siniestro el menor tenía trece años (fecha nacimiento 21/06/1990, fs. 582).

Resulta de la resolución recaída en la causa, y no ha sido objeto de cuestionamiento, que al menor le correspondía la ayuda económica hasta que cumpliera la mayoría de edad. Sin embargo, sin tener en cuenta que al momento del dictado de la sentencia tal situación ocurría a los 18 años (conforme Ley Nº 26.579, promulgada en Diciembre de 2009), la Magistrada realizó los cálculos correspondientes hasta los veintiún años de A. P . Ello resulta claro si se tiene en cuenta los coeficientes de la Fórmula Marshall empleados (los correspondientes a 7 años). Como no se ha cuestionado por las partes la extensión acordada a la indemnización, no procede efectuar cambios en este punto. En este marco, en relación a A. P., corresponde calcular la indemnización por pérdida de ayuda económica, como lucro cesante, desde la fecha del siniestro y hasta que cumpliera los veintiún años, lo que ocurrió el 21 de junio de 2011. Teniendo en cuenta que tales períodos corresponden todos a fechas previas al dictado de la sentencia, la indemnización deberá calcularse tomando únicamente los parámetros del lucro cesante pasado.

A tal fin, siguiendo el criterio de este Tribunal, debemos efectuar el “cómputo lineal de las ganancias perdidas”, con los parámetros anteriormente expuestos en relación al salario a adoptar. En tal tarea tendremos en cuenta, las variaciones del Salario Mínimo Vital y Móvil a través del tiempo a partir de septiembre de 2004, primera fecha en que se modificó tal indicador con anterioridad al siniestro (datos suministrados por el Ministerio de Trabajo, disponibles en: http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/bel/belDisplayCuadro.asp?idCuadro=25&id Subseccion=2).

- del 20/01/2004 al 01/09/2004 un salario de $1416 (salario acreditado para la victima a enero 2004): $ 9912, con más 472 de proporcional de enero. Total: $ 10.384

- 01/09/2004 al 01/05/2005: $1.800 (SMVM $450; Resolución 02/04). Total período: $14.400

- 01/05/2005 al 01/06/2005: $2.040 (SMVM $510; Resolución 2/05): Total período: $ 2.040

-01/06/2005 al 01/07/2005: $ 2.280 (SMVM $570; Resolución 2/05):Total periodo $2.280

- 01/07/2005 al 01/08/2006: $2.520 (SMVM $630; Resolución 2/05). Total periodo $30.240

-01/08/2006 al 01/09/2006: $ 3.040 (SMVM $760; Resolución 2/06). Total período $3.040

- 01/09/2006 al 01/11/2006: $ 3.120 (SMVM $780; Resolución 2/06). Total período: $6240.

- 01/11/2006 al 01/08/2007: $ 3200 (SMVM $800; Resolución 2/06). Total período: $28.800

- 01/08/2007 al 01/10/2007: $ 3600 (SMVM $900; Resolución 2/07). Total período: $7.200

- 01/10/2007 al 01/12/2007: $3840 (SMVM $960; Resolución 2/07). Total período: $7.680

- 01/12/2007 al 01/08/2008: $3920 (SMVM $980; Resolución 2/07). Total período: $31.360

- 01/08/2008 al 01/12/2008: $4.800 (SMVM $ 1200; Resolución 3/08). Total período: $19.200

- 01/12/2008 al 01/08/2009: $ 4.960 (SMVM $ 1240; Resolución 3/08).- Total periodo: 39.680.

-01/08/2009 al 01/10/2009: $5.600 (SMVM $ 1400; Resolución 2/09).- Total periodo: $11.200.

-01/10/2009 al 01/01/2010: $5.760 (SMVM $ 1440; Resolución 2/09).- Total periodo: $17.280.

-01/01/2010 al 01/08/2010: $6.000 (SMVM $ 1500; Resolución 2/09).- Total periodo: $42.000

-01/08/2010 al 01/01/2011: $ 6.960 (SMVM $ 1740; Resolución 2/10).- Total periodo: $34.800

-01/01/2011 al 01/06/2011: $7.360 (SMVM $ 1840; Resolución 2/10).- Total periodo: $36.800.

-días proporcionales junio 2011 (21): $5151.99

La sumatoria de los períodos mencionados, determina que el ingreso del fallecido Sr. Priotti por dichos períodos asciende a $ 349.775,99. Hemos dicho que de esa suma corresponde detraer el veinte por ciento en concepto de gastos personales, por lo que la suma resultante es de $ 279.820,80. Reitero que es criterio reiterado de este Tribunal que la pérdida de ayuda económica debe calcularse a título de chances y no directamente como lucro cesante, pero no habiéndolo hecho así la jueza de primera instancia y no estando cuestionado por las partes, no resulta factible proceder a reducción alguna del monto resultante.

En este contexto, y por las razones apuntadas, la indemnización por pérdida de ayuda económica a favor del Sr. A. P., por el período que va desde la fecha del hecho (20.01.2004) hasta la fecha en que cumplió los veintiún años (21/06/2011), debe ser cuantificada en la suma de $ 279.820,80, con más los intereses desde que cada suma es debida la que se establecen en la tasa pasiva más el 2% mensual hasta su efectivo pago.

Sobre esta suma debe asimismo detraerse los montos percibidos de la ART, los que han sido reconocidos en la suma de $ 14.285,71 (fs. 1796). En consecuencia el lucro cesante a favor del Sr. A. P. asciende a $ 265.535,09.

b.- Indemnización correspondiente a la Sra. Claudia Tomasi

a.- Lucro cesante pasado.

Por idénticas razones a las ya apuntadas corresponde calcular la indemnización por pérdida de ayuda económica, como lucro cesante pasado desde la fecha del siniestro y hasta la fecha de la sentencia (10/11/2014). A tal fin, siguiendo el criterio de este Tribunal, debemos efectuar el “cómputo lineal de las ganancias perdidas”, con los parámetros anteriormente expuestos en relación al salario a adoptar.