Ciudadania Renuncia Nacionalidad Principio De Reserva

JURISPRUDENCIA

Ciudadanía. Renuncia. Nacionalidad. Principio de reserva

 

Se hace lugar a la solicitud de renuncia de ciudadanía solicitada por el actor, quien era nativo de Republica Dominicana pero había adquirido la nacionalidad argentina por naturalización. Para decidir así, el Tribunal dijo que ante la falta de norma expresa que permita la renuncia a la ciudadanía, el principio constitucional de reserva opera en el caso en forma permisiva habilitando al sujeto interesado a obtener la renuncia que, sin lugar a dudas, operará en favor de su derecho a la libertad.

 

La Plata, 4 de abril de 2019

AUTOS Y VISTOS:

Este Expte. FLP 44102485/2009, caratulado “Fernández Ramos, Gerson s/ Ciudadanía”, de trámite por ante la Secretaría de Ejecuciones Fiscales, del que

RESULTA:

I. Que a fs. 87 obra la presentación efectuada por el Sr. Gerson Fernández Ramos, recibida en el juzgado por correo, quien denunció estar cumpliendo una pena privativa de la libertad en la Unidad Penal N° 9 de la ciudad de La Plata, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense, y a disposición del Juzgado de Ejecución Penal N° 1 de la ciudad de La Plata.

Relató que se encuentra detenido por pena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de la ciudad de La Plata, con condena de prisión, por el término de 14 años.

Que habiendo cumplido 7 años de prisión, la Sra. Jueza del Juzgado de Ejecución Penal N° 1 de esta ciudad ordenó su extrañamiento, encomendándole a la Dirección Nacional de Migraciones arbitrar los medios conducentes para hacer efectiva la expulsión.

Dijo, que por expediente administrativo de la Dirección Nacional de Migraciones N° 555054/2008, por Disposición 45087, canceló su residencia permanente y dispuso su expulsión del territorio nacional argentino.

Relató que con fecha 1 de noviembre de 2018, fue notificado de la imposibilidad de efectivizar la expulsión por su condición de ciudadano argentino naturalizado.

Refirió que su deseo es renunciar expresamente a la ciudadanía argentina con el fin de que se cumpla la resolución de extrañamiento y efectivice su expulsión a su país de origen República Dominicana.

II. Que dicha presentación cuenta -en su anverso- con el sello de certificación respectivo acreditando que el Sr. Gerson Fernández Ramos ha puesto su firma por ante el Jefe de Despacho de la Oficina Judicial de la Procuración General SCJBA Dr. José Luis Villegas, en la Oficina Judicial Unidad N° 9 de La Plata.

III. Que, a fs. 88, se dio intervención a la Defensoría Pública Oficial N° 2 ante los Tribunales Federales de esta ciudad para que el peticionante cuente con la debida asistencia técnico jurídica.

IV. Que a fs. 89/90 el Sr. Gerson Fernández Ramos, con el patrocinio letrado del Defensor Público Oficial Subrogante de la Defensoría Pública Oficial N° 2, ratificó su presentación de fs. 87.

Reiteró su libre voluntad de renunciar a la ciudadanía argentina otorgada en este expediente a fin de efectivizar la medida de extrañamiento, prevista en el art. 64 de la Ley 25.871, ordenada por la juez de ejecución penal y, por ende, su deseo de acceder a la libertad ambulatoria para regresar al país de origen.

Expresó haber sido informado por el Ministerio Público de la Defensa de los alcances y consecuencias de su petición, en el orden migratorio como ejecutorio de la condena.

Reiteró su solicitud de renuncia expresa a la ciudadanía argentina.

V. Que a fs. 91, se dio intervención al Ministerio Público Fiscal para que dictaminara respecto del planteo formulado por el ciudadano Fernández Ramos.

Que el Sr. Fiscal Federal a cargo de la Fiscalía Federal N° 2 de La Plata, Dr. Guillermo Héctor Ferrara, en su dictamen de fs. 92, consideró que corresponde denegar el pedido de renuncia a la ciudadanía argentina.

Apoyándose en pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Cámara Nacional Electoral, sostuvo que en el orden normativo interno no se encuentra prevista la posibilidad de renunciar a la ciudadanía argentina circunstancia que, a su juicio, se desprende de lo normado por los arts. 8 de la Ley 364 y 16 del Decreto Reglamentario 3213/1984.

VI. Teniendo en cuenta que el Estado Nacional debe tomar intervención -a los fines de expresar conformidad o disconformidad con el mantenimiento de la ciudadanía argentina- a fs. 94/97 se requirió informe a la Procuración del Tesoro de la Nación para que se expida sobre el interés público comprometido. También se pidió al Sr. Fernández Ramos que manifieste si en la actualidad conserva su nacionalidad dominicana de origen.

VII. Que según se refiere en el escrito de fs.100, el Sr. Gerson Fernández Ramos en presencia de la Defensora Pública Coadyuvante de la Defensoría Oficial N° 2 por ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de La Plata, Dra. Sonia Marcela Lagoa, ha manifestado y ha declarado -bajo juramento- que conserva la nacionalidad dominicana de origen.

VIII. Que a fs. 122/123, el Dr. Jerónimo M. Muzzio Lozano, en su condición de Abogado Asistente del Cuerpo de Abogados del Estado, Delegado de la Procuración del Tesoro de la Nación, representante del Estado Nacional, evacuó el informe requerido

Dijo que devolvió el oficio que se le cursara a su mandante por cuanto no surge del mismo el motivo por la cual se le da intervención a la Procuración del Tesoro.

Manifestó que la intervención de la Procuración del Tesoro reviste carácter de excepción; citó las circunstancias que delimitan la órbita de competencia de la Procuración del Tesoro, y concluyó que ninguno de los presupuestos se da en la presente controversia.

Arguyó que carece de competencia para intervenir en la presente y peticionó que se disponga la notificación al organismo estatal que resulte competente.

IX. Que, con la finalidad de contar con los elementos requeridos por auto de fecha 10 de enero de 2019, y en consideración a la respuesta efectuada por la Procuración del Tesoro de la Nación, a fs. 126 se requirió informe de igual tenor al Ministerio de Justicia de la Nación.

X. Que a fs. 130/134 se presentó la Dra. Cecilia Mabel Ezcurra y el Dr. Juan Enrique Abre, en representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En respuesta al oficio que se cursara a su mandante consideraron que no existe un caso judicial o contencioso que torne procedente la intervención del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Manifestaron que resulta de imposible cumplimiento evacuar el informe requerido, por cuanto consideran que la materia sujeta a examen, es ajena a la incumbencia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Plantearon la falta de legitimación pasiva, por inexistencia de vínculo jurídico entre el pedido de informe requerido en virtud de la solicitud de renuncia a la ciudadanía formulada por el actor y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Y CONSIDERANDO:

I. Que, de las constancias de autos, el día 14 de julio de 2010 -fs.78-, surge que el Sr. Gerson Fernández Ramos, previo cumplimiento de las condiciones y requisitos previstos por la ley 346, según texto actualizado con las reformas de las leyes 16.801, 20835, 23059, y cctes; obtuvo la nacionalidad argentina por naturalización.

Que en autos se presenta el nombrado a renunciar a la ciudadanía argentina, a fin de facilitar la medida de extrañamiento ordenada por la Sra. Jueza del Juzgado de Ejecución Penal N° 1 de esta ciudad, solicitando se encomiende a la Dirección Nacional de Migraciones arbitrar los medios conducentes para hacer efectiva la expulsión.

Que el peticionante ha exteriorizado -libre y voluntariamente- su expresa voluntad y deseo de ser extrañado a su país de nacionalidad de origen -República Dominica-, y ha contado para ello con el debido y suficiente asesoramiento del Ministerio Público de la Defensa, sobre los alcances y consecuencias de su petición en el orden migratorio, así como ejecutorio de la condena.

Que habiéndose dado intervención a la Procuración del Tesoro de la Nación y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, ambos organismos estatales no han formulado oposición, ni alegado reparo jurídico alguno, que obste a la petición del ciudadano Fernández Ramos, habiéndose limitado, únicamente, a efectuar manifestaciones vinculadas a su falta de incumbencia en el asunto o la falta legitimación por inexistencia de vínculo jurídico.

II. Llegados a este punto, corresponde que me expida acerca de los reparos que sí opuso el Ministerio Público Fiscal al pedido de renuncia formulado por Fernández Ramos.

Al respecto, considero del caso reiterar los argumentos que expresara en la resolución de fecha 10 de enero de 2019. Abundaré en el distinto criterio que tengo, respecto del que esgrimiera sobre el particular, el Sr. Fiscal Federal en el dictamen de fs. 92/93.

Con relación a la jurisprudencia citada por el representante del Ministerio Público, adelanté que el precedente de la Cámara Nacional Electoral “Simoliunas, Christian David y Federico Javier” (AR/JUR/494/2009) se refiere a un supuesto de renuncia de ciudadanía argentina nativa, en tanto que en el caso de autos el peticionante obtuvo la ciudadanía por naturalización.

Respecto de la cita de la Corte Federal, en la causa “Padilla, Miguel M. s/ Presentación” -del 10/4/2007- (Fallos 330:1436), considero que se vincula con los efectos jurídicos propios de la adopción de una ciudadanía distinta a la de origen, y si bien trata exhaustivamente cuestiones que resultan atinentes a la adquisición y pérdida de derechos como consecuencia de la adopción de una nueva nacionalidad, no resulta sustancialmente análogo al presente, en el que se intenta renunciar a la ciudadanía por adopción.

III. En efecto, los fundamentos expuestos por el Sr. Fiscal y la Cámara Nacional Electoral, en el precedente citado se sustentan en la imposibilidad jurídica de revocar -por renuncia del interesado- la carta de ciudadanía oportunamente otorgada por el Estado a un individuo nacido en el extranjero, como consecuencia de la ausencia de previsión normativa expresa en el bloque legal y reglamentario que autorice el instituto en cuestión.

Se ha dicho, acertadamente, que la revocación de la ciudadanía fue posible durante el período en el que se encontró vigente la ley de facto Nº 21.759. No obstante, derogada la misma, no ha quedado en vigor ninguna disposición que establezca la pérdida de la nacionalidad argentina.

Sin embrago, a partir de la misma premise -inexistencia de norma que permita renunciar a la ciudadanía- arribo a la conclusión opuesta a la señalada, por cuanto el principio constitucional de reserva, opera en el caso en forma permisiva, habilitando al sujeto interesado a obtener la renuncia que, sin lugar a dudas, operará en favor de su derecho a la libertad.

Es que, el principio de reserva que emana del art. 19 de la Constitución Nacional sirve como medida de todos los derechos y deberes, de las acciones y de las omisiones y se complementa con el conocimiento generalizado del orden jurídico vigente. Impide así que, en materia de derechos personalísimos, pueda asignarse al silencio u omisión legal una interpretación restrictiva de un derecho. Es más, la conocida fórmula de hermenéutica pro homine, también establece el deber de toda autoridad estatal de aplicar la norma o la interpretación de ésta, que mayor amplitud de derechos otorgue al individuo.

La ley de ciudadanía Nº 346 (del año 1869) no puede ser interpretada sólo en su vigencia histórica, sin consideración a las nuevas condiciones y necesidades de la comunidad, porque toda ley, por naturaleza, tiene una visión de futuro y está predestinada a recoger y regir hechos posteriores a su sanción -Fallos: 333:2306-.

La perspectiva doctrinaria clásica en la que la nacionalidad se concibe como un atributo que el Estado otorga a sus súbditos, está vinculada con la idea de nacionalidad nativa. Así fue evolucionando hacia un concepto de nacionalidad que, junto a la competencia del Estado, reviste el carácter de un derecho de la persona humana.

Aparecería, en consecuencia, arbitraria y desaconsejable -incluso para el interés estatal- la restricción impuesta al individuo, al negarle por un lado, la posibilidad de renunciar a su derecho a la nacionalidad -adquirida alguna vez, de modo voluntario- cuando a partir de dicha renuncia, desea recuperar sólo la de origen nativo, a la vez que puede obtener una maximización de otros derechos humanos fundamentales, como es en el caso, el de recobrar la libertad ambulatoria. Pero por otro lado, cabe entender que el Estado -que no expresó oposición a tal solicitud- considera satisfecho su derecho de ius puniendi contra dicho individuo, a la vez que liberado de la obligación constitucional de proveerle los medios adecuados para la subsistencia y seguridad en prisión, hasta el cumplimiento total de la pena impuesta.

En el caso, no puede sustentarse la negativa al pedido de renuncia en el silencio de la ley 364 y la disposición contenida en el art. 16 del Decreto 3213/84, en tanto esta última norma se refiere a los efectos -restrictivos- que produce la sanción prevista en el art. 8 de la ley de ciudadanía. La inteligencia de aquellas previsiones se orienta a determinar el alcance del dispositivo contenido en la Ley de Ciudadanía, aclarando en forma expresa que la suspensión del ejercicio de los derechos políticos nunca implica la pérdida de los derechos, ni exime de las obligaciones inherentes a la nacionalidad argentina, sea ésta nativa o adquirida.

Como ya lo expresara, en el sub lite, la pérdida de la ciudadanía argentina no operará como sanción -lo cual violentaría elementales normas constitucionales- sino que ha sido solicitada por el interesado, en su propio beneficio. De allí que resulte impropia la aplicación -aún por vía analógica- de las normas invocadas, en tanto se encuentran dirigidas a regular un supuesto diverso al examinado.

La omisión normativa de nuestro derecho interno aparece salvada, entonces, por el principio de reserva, que dispone desde la redacción de la Constitución originaria que “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe” (art. 19).

IV. Que si bien la omisión legal y reglamentaria del ordenamiento nacional interno encuentra adecuada respuesta en la presente, mediante la aplicación del principio antes referido, la directa aplicación del derecho supranacional despeja toda duda respecto de la posibilidad de renunciar a la ciudadanía adquirida por naturalización, en los términos en que dicha petición es efectuada por el ciudadano Gerson Fernández Ramos.

En efecto, las disposiciones internas que regulan el instituto, deben sujetarse al control de convencionalidad, mecanismo entendido como una concordancia que realizan los jueces de las normas de derecho interno vigentes de cada país subscripto a la Convención Americana de Derechos Humanos y el mismo instrumento supranacional.

El control de convencionalidad desempeña un doble papel: por el primero, obliga a los jueces nacionales a no aplicar las normas internas (incluso las constitucionales) opuestas al referido Pacto, y a la interpretación que sobre dicho Pacto ha realizado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por el segundo, también los obliga a interpretar al derecho doméstico de conformidad al Pacto y a su interpretación por la Corte Interamericana. Ello conduce a desechar las interpretaciones del derecho nacional opuestas al referido Pacto y/o a la manera en que fue entendido por la Corte Interamericana -Sagüés, Néstor P., “Dificultades operativas del ‘Control de Convencionalidad' en el sistema interamericano”, La Ley, 2009-B, P. 1.

Así entonces, el art. 20.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, establece que “A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla” -el destacado me pertenece-.

En forma similar, dispone el art. 19 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre que “Toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le corresponda y el de cambiarla, si así lo desea, por la de cualquier otro país que esté dispuesto a otorgársela...”.

Finalmente, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el art. 15 reconoce que “...A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad”.

Los precitados son tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional conforme lo establece el art. 75 inc. 22 de nuestra Constitución Nacional, e integran el plexo de nuestro sistema de derechos.

De las normas antes transcriptas, se deduce que la posibilidad de renunciar a una nacionalidad determinada se encuentra expresamente habilitada por los referidos instrumentos, desde que el vocablo “cambiar” implica dejar una cosa o situación para tomar otra, no resultando posible abandonar la ciudadanía si no lo es por renuncia del titular del derecho, o revocación del Estado que la concedió.

Invariables pautas de hermenéutica sentadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación establecen que la letra de la ley -en este caso la Constitución misma- es su primera fuente de interpretación -Fallos 291:181; 293:528; 327:5649; 330:2892 entre tantos otros-.

El vacío normativo señalado -si ha de entenderse tal- debe interpretarse a la luz de las pautas y principios que establecen los instrumentos internacionales vigentes. La lectura de la Constitución, debe realizarse de modo que resulte un conjunto armónico de disposiciones con una unidad coherente. Para tal fin, cada una de sus normas debe considerarse de acuerdo al contenido de las demás, y la inteligencia de sus cláusulas debe cuidar de no alterar el equilibrio del conjunto (Fallos: 296:432).

V. Que, en función de lo expuesto, y habiéndose dado intervención en autos al Ministerio Público de la Defensa, al Ministerio Público Fiscal, y al departamento ejecutivo del Estado Nacional -Procuración del Tesoro de la Nación y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación- sobre el interés público que podría verse comprometido a través del acto de revocación por la solicitud de renuncia efectuada, por ello;

FALLO:

1. Haciendo lugar a la solicitud de renuncia a la ciudadanía argentina peticionada por Gerson Fernández Ramos, originario de la República Dominicana, pasaporte dominicano Nº SC ... - ..., Documento de Identidad ...-

2. Disponiendo que, una vez firme y consentida la presente, se cumplimente lo siguiente:

a) Se oficie a Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de la ciudad de La Plata, al Juzgado de Ejecución Penal N° 1 de la ciudad de La Plata, a la Cámara Nacional Electoral, a la Dirección Nacional de Migraciones, al Registro Nacional de las Personas, al Registro Nacional de Enrolados, a la Policía Federal Argentina y al Registro Nacional de Reincidencia, comunicando lo resuelto, a los fines correspondientes.

b) Se ordene al ciudadano renunciante Gerson Fernández Ramos que restituya y entregue al juzgado de ejecución penal interviniente toda aquella documentación identificatoria expedida por autoridad competente de la República Argentina y vinculada a la naturalización argentina obtenida originariamente en autos (Documento Nacional de Identidad, Pasaporte Argentino, Cédula de Identidad de la Policía Federal y/o Provincial, Licencia de Conducir, entre otras que posea).

Regístrese. Notifíquese a la Defensoría Oficial N° 2, a la Procuración del Tesoro de la Nación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación mediante cédula electrónica y al Sr. Fiscal Federal en su público despacho.

 

ALBERTO OSVALDO RECONDO

Juez Federal

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