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JURISPRUDENCIA

Cobro de salarios. Calidad de socio. Sociedad de responsabilidad limitada. Relación laboral. Testigos. Socio empleado. Relación de dependencia

 

Se confirma la sentencia que rechazó la demanda por cobro de salarios incoada por quien invocó el carácter de socio empleado de una sociedad de responsabilidad limitada, al quedar claro que el actor cumplía diversas actividades relacionadas con el objeto social de la sociedad en su carácter de socio y que por ello percibía dividendos, honorarios y reintegro de gastos, pero no se encontró acreditado por ningún medio que la actividad por él desarrollada se hubiera llevado a cabo con sujeción a una potestad jurídica ajena a cargo de la demandada.

 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 18 días del mes de SETIEMBRE de 2019 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y LA DOCTORA BEATRIZ E. FERDMAN dijo:

I.- La sentencia definitiva de primera instancia (fs. 610/614) ha sido apelada por la parte actora a tenor del memorial que luce anejado a fs. 615/624. La demandada contestó agravios (v. fs. 628/629 vta.).

II.- Se queja el accionante porque el señor juez a quo rechazó la pretensión al considerar que el actor era socio de la SRL demandada y que conformaba la voluntad social. Afirma que se desempeñó como socio gerente suplente y que no tenía las responsabilidades inherentes al cargo de gerente. Sostiene que está probada la existencia de una relación laboral en los términos del art. 27 LCT. Cuestiona la valoración que efectuó el sentenciante de la prueba testimonial rendida. Por último, se agravia por la imposición de costas y los honorarios regulados a los profesionales y peritos intervinientes por considerarlos elevados. Mantiene la apelación respecto de la denegatoria de la prueba informativa al Correo Argentino.

III.- No se encuentra discutido el carácter de socio del actor de la sociedad de responsabilidad limita demandada aunque el recurrente sostiene que resulta de aplicación la figura del socio empleado prevista en el art. 27 LCT.

Sin embargo, de la lectura del escrito de inicio surge que el actor no accionó en esos términos pues no denunció, en dicha oportunidad, que revestía el carácter de socio de la sociedad de responsabilidad limitada demandada sino que simplemente alegó que comenzó a trabajar bajo la relación de dependencia de la demandada -empresa de servicios profesionales dedicada al gerenciamiento y construcción de obras de arquitectura- y reclamó salarios adeudados desde septiembre de 2013 hasta septiembre de 2014 así como SAC y vacaciones desde el ingreso (v. fs.5/12 y liquidación de fs. 11/ vta.).

Fue la demandada, al contestar la acción, quien expresamente señaló que el actor fue socio de la sociedad demandada, poseedor del 50% de las cuotas partes de EPMG SRL y que fue designado gerente suplente en todos los ejercicios desde la constitución acaecida el 3/9/10 y hasta ese momento (v. fs. 146 vta.). Dio cuenta, además, de un conflicto societario interno y aclaró que se repartieron dividendos en partes iguales entre los dos socios en razón de la participación 50/50 de la sociedad (v. fs. 146 vta./147).

Del informe brindado por la Inspección General de Justicia surge que efectivamente el día 3 de septiembre de 2010 el señor Hernán Martín Franco y el aquí actor constituyeron la sociedad de responsabilidad limitada “Empresa de Proyectos Management y Gerencia EPMG SRL”, que el capital social se fijó en la suma de $ 20.000 dividido en 2.000 cuotas de $ 10 valor nominal cada una y con derecho a un voto cada una. Asimismo, se pactó que el capital social se integraba de la siguiente forma: el Sr. Hernán Martín Franco suscribió 1000 cuotas de $ 10 de valor nominal cada una y con derecho a un voto cada una, o sea la suma de $ 10.000.y Miguel Turdo suscribió 1000 cuotas de $ 10 valor nominal cada una y con derecho a un voto cada una, o sea, la suma de $ 10.000” (v. prueba informativa, fs. 260/263). En dicha oportunidad se designó gerente titular y presidente al señor Franco y gerente suplente al señor Turdó.

Asimismo, la documentación adjuntada con dicho informe da cuenta de la celebración de asambleas (el 27/12/10 donde concurrieron ambos socios y modificaron diversos artículos del estatuto social (fs. 265/267) y el 26/12/11 en donde se decidió nuevamente la designación como gerente titular del señor Franco y al actor como gerente suplente.

Asimismo se trató la distribución de dividendos (v. fs.272/273) y el 7/12/2012 donde se mantienen los cargos de gerente titular y suplente (fs. 278/279).

El perito contador informó que la demandada no posee registrados empleados en relación de dependencia en el periodo reclamado por el actor “conforme surge de los Formularios 931 de aportes y contribuciones al SUSS” y agregó que del Libro Diario surge que el actor percibía un sueldo gerencial, sin aportes a la seguridad social y viáticos desde el inicio de actividades de la sociedad, es decir septiembre de 2010 (v. peritaje contable, fs. 309/314). Agregó que el actor no percibía remuneraciones como dependiente de la demandada y que no se realizaron aportes ni contribuciones a la Seguridad social.

En este sentido, el actor no invocó y menos aún demostró que la constitución de la sociedad -inscripta en la IGJ- y las asambleas en las cuales se decidió la distribución de dividendos fueran fraudulentas o simuladas.

A su vez, coincido con la valoración que efectuó el magistrado de grado de la prueba testimonial rendida que permite concluir que el actor formaba la voluntad social y que su actuación respondía precisamente a ese carácter en tanto tenía poder de dirección y control y se manejaba en los hechos como dueño.

El testigo Curra (fs. 357/358) -quien dijo desempeñarse para la demanda realizando tareas generales de arquitecto- declaró que conoce al actor porque era socio gerente de la empresa y que por eso era su jefe y que el otro jefe era Hernán Franco.

Aclaró que tanto Franco como Turdo eran socios de la empresa, con funciones distintas pero ambos eran socios. En ese sentido, aclaró que el actor tenía una función más técnica como gerente de proyecto de encargos aunque aclaró que él respondía a los dos por igual. No sabe cuánto cobraba el actor y dio cuenta de desacuerdos en la sociedad.

Es decir de su testimonio no se infiere que el actor cumpliera funciones en relación de dependencia para la sociedad que integraba pues el testigo señaló que Franco y Turdo eran socios y que él, en su carácter de arquitecto, reportaba a los dos en tanto se evidencia de su declaración que ambos socios tenían repartidas las tareas dentro de la explotación ya que el actor se encargaba de la parte de proyectos y técnica y el señor Franco a la parte administrativa.

La testigo Lascala (fs. 360/362) dijo ser contadora externa de la empresa y señaló que el actor realizó la preparación de toda la información financiera de los movimientos bancarios en todo lo atinente a la situación financiera de la empresa para realizar la contabilidad y también afirmó que el actor hacía tareas relativas a los proyectos de la empresa, lo que hacía al objeto social de la empresa. Explicó que la sociedad le reintegraba gastos al actor y explicó que hubo un conflicto societario y que, a partir de allí, el actor no fue más a la empresa. Sostuvo que los socios tenían varias clases de retribución “se votaban honorarios en la reunión de socios, se distribuían sumas fijas mensuales para los dos por igual y había reembolso de gastos que eran variables en función de los gastos de viáticos, fundamentalmente de viáticos y retiros eventuales a veces de socios y también había distribución de los dividendos con la aprobación de los balances”. Aclaró que el actor percibía sumas fijas y que eran habituales las transferencias bancarias. Dio detalles sobre una reunión mantenida entre los socios -en la cual estaba presente- en la que se habló de reconfigurar los porcentajes societarios que hasta ese momento eran 50% para cada uno y que a partir de allí el actor no fue más a la empresa y que ella intuyó que no habían llegado a un acuerdo.

En definitiva, está claro que el actor cumplía diversas actividades relacionadas con el objeto social de la sociedad en su carácter de socio y que por ello percibía dividendos, honorarios y reintegro de gastos -lo que coincide con lo que surge de la prueba informativa remitida por la IGJ-.

No obsta a lo expuesto, el testimonio de Alvarez (fs. 354/355) pues el testigo dijo haber ingresado a trabajar en octubre de 2012 y coincidió con los restantes testigos en que el actor supervisaba precisamente el trabajo del testigo pues se ocupaba de las obras. Luego, al referirse a las retribuciones del actor basa su declaración en comentarios del propio accionante, lo que le resta valor probatorio (conf. art. 90 L.O.).

Además, también coincidió con los restantes testigos en que el actor “se peleó con el socio” lo que da cuenta de desavenencias en la sociedad. Explicó la división de tareas entre los socios pues dijo que el actor daba las órdenes en lo referente a las obras y el señor Franco en las cuestiones generales. Finalmente el testigo ratificó que los dueños de la empresa eran Turdo y Franco aunque no sabe en qué proporciones.

Es decir, el testigo da cuenta de que el actor era dueño y se desempeñaba como tal en virtud de su carácter de socio de la sociedad demandada pero de su testimonio no se infiere que esa designación fuera simulada ni menos aún que hubiera prestado servicios en carácter de dependiente.

Consecuentemente, el vínculo que une al actor con la sociedad no es de carácter laboral pues no se encuentran los elementos tipificantes del contrato de trabajo como son la subordinación, ajenidad, exclusividad, estabilidad, continuidad y profesionalidad, lo que, en el caso de autos, excluye al accionante del supuesto contemplado por el art. 27 de la LCT, el cual se ocupa del socio empleado, que, aun siendo parte integrante de una sociedad, ya sea en carácter de socio o accionista, presta a ésta su actividad en forma principal y habitual con sujeción a las instrucciones o directivas que se le impartan, lo que, reitero, no es el caso del demandante.

Al respecto es dable señalar que no se encuentra acreditado por ningún medio que la actividad desarrollada por el actor se haya llevado a cabo con sujeción a una potestad jurídica ajena a cargo de la demandada pues, es evidente que su voluntad, era constitutiva del poder de dirección y organización bajo el cual se desenvolvía la actividad de la sociedad. La prestación de servicios susceptible de ser considerada como objeto de un contrato de trabajo, consiste únicamente en la puesta a disposición de la capacidad de trabajo de una persona en favor y en beneficio de una organización empresaria ajena; y de allí que nuestra doctrina, utilizando la distinción efectuada por calificados autores españoles, la haya caracterizado en función de la “ajenidad en los frutos” o de la “ajenidad en los riesgos”.

En la especie, no se verifica ninguna de estas características esenciales de una relación subordinada porque es evidente que el actor no puso únicamente su capacidad personal de trabajo a disposición de la demandada para la realización de una actividad empresaria de la cual ésta resultara única beneficiaria. Por el contrario, su desempeño personal tuvo por causa una relación en virtud de la cual, en su carácter de socio, también resultó beneficiario indirecto a través de las retribuciones relacionadas con las utilidades provenientes de la actividad de la sociedad demandada.

Y sobre esto último, debo señalar que los integrantes de los órganos de dirección de una persona jurídica pueden percibir válidamente sumas de dinero en concepto de honorarios relacionados con las ganancias de cada ejercicio, pero estos no constituyen de modo alguno una “remuneración”, en el sentido técnico jurídico que corresponde a la retribución de un servicio prestado en relación de dependencia (cfr. “Nissen Ricardo A.” Ley de Sociedades Comerciales” T. IV pág. 276, Edición 1998; y art. 261 L.S.).

No resulta idóneo a los fines de demostrar que el accionante se hubiera desempeñado en relación de dependencia con la sociedad que integraba el informe remitido por la AFIP (v. fs.322/329) pues si bien el actor figura denunciado ante dicho organismo con fecha de ingreso 19/11/2012, ello no coincide con la fecha de ingreso denunciada en el escrito de inicio y, además, teniendo en cuenta que el accionante formaba la voluntad social y que tenía el 50% de las cuotas sociales con igual derecho a voto que el otro socio, esa inscripción se trata únicamente de una cuestión formal que no se encuentra corroborada con su actuación conforme los testimonios rendidos y, por el contrario, coincide con el momento en que los testigos dan cuenta de desaveniencias societarias. En definitiva, no resulta suficiente para acreditar que el accionante se desempeñó bajo subordinación de la sociedad.

Repárese que la contadora de la sociedad demandada da cuenta de la percepción de dividendos, honorarios y reintegro de gastos por parte de los socios lo que justifica las transferencias bancarias a nombre del actor.

En concreto, a los fines de demostrar la relación de dependencia invocada, el actor debía probar que su labor en la sociedad excedió la natural y necesaria para cumplir su cometido de socio y, al respecto, no produjo prueba alguna. Por el contrario, debe tenerse en cuenta que en el escrito de inicio el accionante no denunció su carácter de socio ni invocó la figura del socio empleado sino que directamente dirigió la pretensión como un trabajador dependiente, lo que quedó controvertido por toda la prueba obrante en autos.

En definitiva no hay prueba alguna que demuestre que la designación de socio y la constitución de la sociedad hubiera sido fraudulenta sino todo lo contrario los testigos son coincidentes en señalar que ambos eran dueños, que revestían la calidad de socios y que tenían distribuidas las tareas y que percibían dividendos u honorarios en virtud de la distribución societaria en tanto también dan cuenta de una pelea entre los socios.

Por todo lo expuesto propongo se confirme lo decidido en origen pues no está demostrado que el señor Turdo hubiera sido dependiente de la sociedad que integró como socio.

IV.- No encuentro mérito para apartarme del principio general contenido en el art. 68 CPCCN según el cual quien resulte vencido debe cargar con los gastos causídicos en que incurrió la contraria para el reconocimiento de su derecho, por lo que debe mantenerse la imposición de costas dispuesta en origen.

Teniendo en cuenta la naturaleza, alcance, tiempo, calidad y resultado de la tarea realizada, y el valor económico del litigio, estimo que los honorarios regulados al patrocinio y representación letrada de las partes y al perito contador no son elevados (cfr. art. 38 L.O., 6, 7, 9, 11, 19, 37 y 39 de la ley 21.839; art. 13 ley 24.432 y arts. 3 inc. b) y g) y 12 dcto-ley 16.638/57).

En virtud del resultado obtenido en esta instancia, corresponde imponer las costas de alzada a cargo de la parte actora (conf. art. 68 CPCCN) y regular al patrocinio y representación letrada de la parte actora y de la demandada, por su actuación en la alzada, el (%) de lo que a cada uno le corresponda percibir por la labor desplegada en primera instancia (conf. ley de aranceles profesionales).

EL DOCTOR ENRIQUE NÉSTOR ARIAS GIBERT manifestó:

Que por análogos fundamentos adhiere al voto de la señora jueza preopinante.

En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el TRIBUNAL RESUELVE: 1) Confirmar la sentencia apelada en todo lo que ha sido materia de recursos y agravios; 2) Costas y honorarios de alzada conforme lo propuesto en el apartado IV del primer voto de este acuerdo. 3) Regístrese, notifíquese, cúmplase con el art. 1 de la ley 26.856 Acordadas C.S.J.N. 15/13 punto 4) y 24/13 y devuélvase. Con lo que terminó el acto, firmando los señores jueces por ante mí, que doy fe. Se deja constancia que la vocalía 1 se encuentra vacante (art. 109 RJN).

 

Beatriz E. Ferdman - Juez de Cámara

Enrique Néstor Arias Gibert - Juez de Cámara

  

   

 

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