Danos Y Perjuicios Intoxicacion Con Monoxido De Carbono Responsabilidad Del Locador Y De La Empresa De Gas Cuantificacion

JURISPRUDENCIA

Daños y perjuicios. Intoxicación con monóxido de carbono. Responsabilidad del locador y de la empresa de gas. Cuantificación

 

Se revoca el fallo en cuanto había exonerado a la empresa de gas por la exposición de las actoras a un escape de monóxido de carbono, pues la codemandada había efectuado una supervisión en el domicilio y no intimó a las actoras para que realizaran las mejoras necesarias ni cortó el suministro, por lo que corresponde que asuma las consecuencias por la falta de evitación de ese riesgo.

 

 

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 2 días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala “I” de la Cámara Civil, para conocer de los recursos interpuestos en los autos:“P, M A c/ S, D E y otro s/ daños y perjuicios” respecto de la sentencia corriente a fs. 711/724 de estos autos, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse en el orden siguiente: Dres. GUISADO y RODRIGUEZ.

Sobre la cuestión propuesta la Dra. GUISADO dijo:

I.- Que contra la sentencia de fs. 711/724 que hizo lugar a la demanda entablada por M A P y sus hijos menores M F P, M A P contra D E S, condenándolo a abonar la suma global de de Pesos Doscientos Setenta y Cuatro Mil Cuatrocientos ($ 274.400) con más sus intereses y costas, y rechazó el reclamo a Metrogas S.A., se alzan la parte actora, el demandado S y el Defensor de Menores, en representación de D P a quién no se le ha reconocido reclamo alguno. La parte actora expresó agravios a fs. 843/846 los que fueron respondidos a fs. 860/864. El demandado, lo hizo a fs. 827/841 contestados a fs. 850/855 y 857/858. La Defensora de Menores de Cámara presentó su dictamen a fs. 868/870 el que obtuvo respuesta a fs. 872/874.

La actora relató que en abril del año 2004 ella -que se encontraba cursando el embarazo de D- y sus hijos, M y M F, sufrieron fuertes malestares con síntomas como dolor de cabeza, estómago, vómitos y que a causa de una descompensación que sufrió su hija fueron asistidos por una ambulancia. En el Hospital “Dr. Ricardo Gutiérrez” le explicaron que sus hijos presentaban un cuadro de intoxicación por ingesta de monóxido de carbono. A su vez, se le dijo a la madre que habría sufrido una exposición intraútero por lo que su embarazo se tornó delicado y debió ser internada durante una semana en el Sanatorio Franchin. Adujo que sufrió un desprendimiento de la placenta y, por ello, el parto debió realizarse por cesárea.

Tales malestares tendrían causa en una pérdida dentro del inmueble que alquilaba. Endilgó la responsabilidad de tales padecimientos a Metrogas S.A. dado que unos meses antes había inspeccionado el departamento sin advertir que hubiese algún inconveniente y también, al dueño del departamento quien una vez notificado de la situación -dice- no le ofreció respuesta alguna.

La sentencia de primera instancia, admitió la pretensión contra el dueño del departamento porque consideró que había inclumplido las obligaciones que emanan de los artículos 1514, 1515, 1516 y 1517 del Código Civil dado que la fuga de monóxido de carbono se habría producido por un defecto en la instalación del calefón. En cambio, desestimó el reclamo contra Metrogas ya que la actora no acreditó que el personal de la empresa hubiese errado en la inspección realizada en septiembre de 2003.

La pretensora se queja por el rechazo de la demanda contra la empresa y por la imposición de costas a su parte. El demandado S, solicita el rechazo de la demanda y se agravia de la cuantía de las partidas indemnizatorias. La defensora de menores, sustancialmente adhiere a la expresión de agravios de la parte, sin referirse particularmente al reclamo de su defendida que -reitero- no fue reconocido.

II.- Ante todo cabe destacar que por imperio del art. 7 del nuevo Código, la normativa aplicable para el tratamiento de las quejas relativas a la responsabilidad resulta aquella vigente al tiempo de la ocurrencia del hecho. Ello es así porque es en esa ocasión en la que se reúnen los presupuestos de la responsabilidad civil, discutidos en esta instancia (conf. Aída Kemelmajer de Carlucci, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”, ed. Rubinzal Culzoni, doctrina y jurisprudencia allí citada).

III.- Me referiré en primer término a las cuestiones relativas a la responsabilidad, dado que de ellas dependerá la suerte de los restantes agravios. Para ello cabe en primer lugar destacar que no me encuentro obligada a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (CSJN Fallos 258:304; 262:222; 265:301, 271:225, entre otros). En sentido análogo tampoco es obligatorio para el juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el mismo (CSJN Fallos 274:113; 280:320; 144:611).

De las constancias de la causa se desprende que el día 29 de abril de 2004 ocurrió un incidente en el domicilio de la actora vinculado a una pérdida de gas. Tal extremo se desprende de los testimonios de fs. 44/445, 446/447 y 450 brindados por personas que trabajan en la galería o el edificio donde vivían los reclamantes. Si bien es cierto que no todos ellos percibieron a través de sus propios sentidos la secuencia de hechos que culminó con la ambulancia atendiendo a los actores, al presentarse sus dichos sin contradicciones y concordantes, entiendo que puede tenerse por acreditada la ocurrencia de un hecho no habitual.

Por otro lado, considero que con el acta notarial de fs. 170/192 puede establecerse que el calefón del domicilio estaba mal conectado. Esta incluye el acta de fs. 170 del día 29 de abril de 2004 efectuada por personal de Metrogas. De ella se desprende que el conducto de evacuación de gases de combustión era deficiente y que se había observado el escape de cañería interna. Además faltaban las rejillas compensadoras reglamentarias y correspondía verificar la instalación reglamentaria de artefactos. El Sr. Portarrollo informó que el conducto de chapa para la ventilación no era el que correspondía al artefacto sino que era más angosto. Además presentaba un desperfecto que producía mala combustión, halló fuga de gas en las llaves de paso y observó también la ausencia de rejillas compensadoras. El 17 mayo de 2004 fue efectuada una segunda constatación estado presente el Sr. S se dejó constancia de que el gasista matriculado Walter Torres efectuó las reparaciones requeridas por la empresa proveedora del servicio.

Ello me convence de que el demandado S incumplió su deber de conservar la cosa en buen estado para su uso y goce en los términos de los artículos 1515 y 1516 del Código Civil. No lo exime la cláusula octava del contrato de locación ya que de conformidad con el principio de buena fe con que deben de ser interpretados los contratos conforme el art. 1198 del Código Civil no cabe interpretar que una de las partes acepte una cláusula que ponga en riesgo su integridad o su salud cuando los vicios no son de fácil observación. (En este sentido se han pronunciado este tribunal con otra integración en “S.B.A. c/ Aenlle, Elizabeth del 18/07/2003 en la ley 203- F, 593, la Sala “E” en “Arnsdorf, Mario Arturo c/ Vignale de Clérici Eugenia s/ ds. y ps. del 12/05/1994, la sala “G” Fernando de Gerbasi c/ Leyro Diaz de Nogues, del 14/03/1990; Sala F en “B.L.A c/ L.M.A s/ ds. y ps. del 22/10/2013).

Ahora bien, en relación a la empresa Metrogas, esta sala tiene dicho que la responsabilidad de la prestadora del servicio de gas por daños a terceros puede resultar de la supervisión que exige ejercer una razonable vigilancia de las condiciones en que el servicio se proporciona (en Villalba, Mirta c/ Metrogas S.A. y otros s/ daños y perjuicios del 6/8/2009 C.N.Civ., también Sala "E", L.364.188 del 6/5/2003 y sus citas). En el caso se encuentra acreditado que la actora había realizado reclamos en virtud de un aumento en la facturación que consideró excesivo (ver fs. 85/91). La propia empresa reconoce en su responde que el día 3 de septiembre de 2003 concurrió a realizar una verificación a raíz de tal denuncia y que un mes después se cambió el medidor. Dice que en tal momento se verificó que la cañería interna no causaba pérdida y que el anafe y el calefón se hallaban en condiciones reglamentarias.

Resulta llamativo entonces, que 6 meses después, ante un nuevo reclamo -en esta ocasión derivado de la denuncia por el malestar de los actores-, la misma empresa advirtiera, no sólo errores en la instalación del artefacto en cuestión, sino también otras condiciones antirreglametarias como la ausencia de rejillas de evacuación o las pérdidas en ambas llaves de paso, como surge del acta de fs. 170 ya reseñada. No puedo en estas condiciones compartir el razonamiento de la magistrada de grado en cuanto a la responsabilidad que le cabe. La empresa habiendo tenido oportunidad de tomar medidas pertinentes para evitar el riesgo -realizar una intimación para que se realicen las mejoras necesarias y cortar el suministro- no lo hizo. Por ende corresponde que asuma las consecuencias por la falta de evitación de ese riesgo, por lo que entiendo que en este punto asiste razón a la actora, en su reclamos.

Ahora bien, corresponde preguntarnos entonces cuales fueron esas consecuencias si las hubo y si reúnen los requisitos del daño resarcible, ya que el demandado S, postuló que este presupuesto de la responsabilidad civil no se encuentra acreditado. En igual sentido, se pronuncia Metrogas en su contestación de fs. 850/855.-

IV.- La sentencia de grado tuvo por acreditado que la señora P presentaba como secuela del evento un trastorno por estrés postraumático que le representaba una incapacidad de entre el 8 y 10%, y que tanto ella como sus hijos M F y M A, padecieron durante 6 meses una incapacidad física transitoria. Adelanto que disiento con ambas afirmaciones.

En cuanto al aspecto físico a la fecha en que fueron evaluados los actores no presentaban secuela alguna de la exposición a monóxido de carbono y esta conclusión no ha sido controvertida. El perito expresa que habrían presentado una incapacidad total transitoria de entre 20 y 30 días y una incapacidad parcial transitoria durante un lapso aproximado de 6 meses (fs. 518/540). Sin embargo, no encuentro en las constancias de autos apoyatura a aquellos dichos. Ninguno de los informes médicos presentados da cuenta del diagnóstico invocado por los actores.

A fs. 510 obra el informe de la unidad de toxicología del Hospital de niños “Ricardo Gutierrez” que expresa que los entonces menores fueron atendidos por primera vez el día 4 de mayo de 2004 refiriendo que según dichos de su madre 6 días antes habrían experimentado síntomas compatibles con exposición a monóxido de carbono, pero al momento del examen se encontraban asintomáticos. Es decir, si sólo seis días después de la exposición los niños no presentaban síntomas es difícil comprender - y el perito no explica - los motivos por los que afirma que habrían padecido una incapacidad transitoria. No ha sido agregada en autos la constancia de la atención recibida el día del incidente.

En cuanto a la Sra. P, a fs. 479 luce el informe de su ginecólogo obstetra. Si bien expresa las vicisitudes del embarazo en ningún pasaje indica que alguna de ellas haya tenido origen en ningún tipo de intoxicación.

El mero hecho de que determinados valores en los estudios de laboratorio que acompañaron las partes hayan sido diferentes a los estimados normales (única circunstancia en la que el experto basa su dictamen) no puede considerarse una anomalía física o secuela si no se explica su trascendencia en el sentir de los afectados ni sus consecuencias a futuro.

En cuanto a la faz psíquica quedó establecido que M F y M A no padecen incapacidad alguna. Sin embargo, de la lectura de los informes psicodiagnósticos se desprende el recuerdo de la situación experimentada, especialmente por el joven quien narró la impresión derivada de ver a su hermana desvanecida (fs. 514). La madre presentaría un trastorno por estrés postraumático derivado del hecho y asociado con la exposición al riesgo. En el psicodiagnóstico la incapacidad se estima entre el 8% y el 10%, mientras que el experto la valora en un 20%.

Al contestar el traslado de la experticia y en su contestación de agravios, Metrogas expresó que no se tuvo en cuenta la personalidad de base de la actora, pero lo cierto es que la experta relacionó los padecimientos señalados al evento que aquí se trata y ellos no han acompañado la opinión de otro experto que contradiga tal afirmación.

Debo recordar que no cualquier daño es resarcible, sino que este debe reunir los requisitos del daño considerado jurídico o reparable. Para que esto ocurra el daño debe ser cierto, es decir, objetivamente probable; subsistente, propio o personal y afectar un interés legítimo (Conf. Alterini - Ameal - Lopez Cabana “Derecho de obligaciones civiles y comerciales”, Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 1996)

En virtud de lo expresado precedentemente, entiendo que este requisito, que es presupuesto de la responsabilidad, ha quedado demostrado respecto de la Sra. P y sus hijos M F P y M A (evaluaremos seguidamente con qué alcance) en tanto obra prueba suficiente de que han atravesado una situación disvaliosa producto del accionar omisivo de los emPdos, por lo tanto entiendo que debe confirmarse la responsabilidad atribuida al Sr. S, así como corresponde además a la empresa Metrogas únicamente en cuanto a su reclamo, haciendo lugar parcialmente a la queja de la parte actora.

Entiendo, en cambio que la demanda entablada por M F P y M debe ser rechazada por cuanto no se probó la responsabilidad jurídica de los demandados, y en este sentido, debe hacerle lugar a la queja del demandado S.

En relación al reclamo de D P que no fue reconocido no habiéndose esgrimido argumento alguno a favor de su pretensión, nada corresponde expresar sobre la cuestión.

V.- Corresponde entonces valorar la cuantía del resarcimiento. La juez de primera instancia reconoció la suma de Pesos Ciento Treinta y Cinco Mil ($135.000) en concepto de daño psicológico y la de Pesos Catorce Mil Cuatrocientos ($14.400) en concepto de tratamiento psicoterapéutico. Los demandados sostienen que las sumas resultan excesivas en tanto superan ampliamente las reclamadas en la demanda. Observan además que los temores de la madre no se fundan en la realidad de lo que ocurrió ya que ellos no resultaron perjudicados.

La psicóloga indica que el trastorno por estrés postraumático que experimenta a través de: recuerdos del acontecimiento que presentan malestar, trastornos en el dormir, temores e inhibiciones asociadas a la posibilidad de que su hija se vea afectada con secuelas neurológicas, e hipervigilancia ante todo hecho relacionado con monóxido de carbono. Aconsejó la realización de un tratamiento durante 12 meses de frecuencia bisemanal (fs. 534) y indicó que estos síntomas podrían mejorar con la intervención, aunque persistiría un cuadro ansioso asociado al temor vigilante a que su hija se vea afectada en el futuro.

De la lectura de la pericia se desprende que la Sra. P teme por la salud de su hija mayor ya que según sus dichos profesionales de la salud le habrían expresado que los perjuicios por intoxicación con monóxido de carbono podrían presentarse hasta 20 años después de la exposición (ver fs. 529). Ahora bien, no existe en autos una sola constancia ni de tal diagnóstico ni una opinión científica sobre el punto, la invocación que hizo la actora frente a la psicóloga y que llevó a la profesional a afirmar que su cuadro persistirá a pesar del tratamiento psicológico no tiene asidero alguno, más de que - sin dudas- el relato sobre su padecimiento sea considerado al tartarse el daño moral. Ello me lleva a concluir que corresponde admitir la queja de los emPdos sobre el particular, desestimado el resarcimiento por daño psíquico, pero confirmando el correspondiente al tratamiento psicológico en tanto no hubo agravio sobre el punto en cuestión.-

VI.- La magistrada admitió la suma de Pesos Ochenta Mil ($80.000) en concepto de “daño moral” a favor de M A P y la de Pesos Veinte Mil ($20.000). El codemando S se queja porque la suma es superior a la reclamada en la demanda que asciende a Pesos  Treinta Mil ($30.000) sin distinguir entre coactores y sujeta a lo que en más o en menos surgiera de las probanzas de autos.

Sin perjuicio del encuadre jurídico de la cuestión traída a debate, el “daño moral” padecido por los actores ha quedado acreditado por los motivos que expuse en el punto IV del presente voto.

He de señalar que el mismo se configura por todo sufrimiento o dolor que se padece, independientemente de cualquier reparación de orden patrimonial. Es el menoscabo en los sentimientos, consistente en los padecimientos físicos, la pena moral, las inquietudes o cualesquiera otras dificultades o molestias que puedan ser consecuencia del hecho perjudicial (conf. LLAMBIAS, J. J., Tratado de Derecho Civil - Obligaciones, t. I, págs. 297/298, n° 243).

Al fijarse el daño moral deben tenerse en cuenta las circunstancias del caso vinculadas con las características del accidente, la naturaleza de las lesiones, el lapso de incapacidad y término que demandó la curación de ellas, los presuntos padecimientos y molestias naturales que de todo esto cabe inferir. (conf. CNCiv., Sala C, 6/11/73, LL, 156-862).

En el caso corresponde valorar las circunstancias subjetivas de la víctimas, así como las objetivas del episodio en cuestión. Los niños, ambos menores de edad a la fecha del evento padecieron una descomposición producto del escape de gas y, como ya se señaló, M debió auxiliar a su hermana que se hallaba desvanecida. Por su parte, la Sra. P se encontraba cursando un embarazo de 5 meses al momento del hecho y - aunque no se probó que hubiera un daño físico derivado de la exposición al monóxido de carbono - debió someterse a diversos controles en función del riesgo. Cómo se valoró al tratar el daño psíquico la damnificada teme aún por la salud de su hija, más allá de que no se acreditó que estos temores sean fundados en datos científicos.

Es por ello, que considero que corresponde confirmar la suma reconocida a M F y a M A, en tanto no resulta - a mi criterio- elevada. En cambio, entiendo de conformidad con el art. 165 del ritual que corresponde reducir a la de Pesos Cuarenta Mil ($40.000) la otorgada a M A P, admitiendo con este alcance la queja.

En cuanto a lo sostenido por el demandando a que el monto resulta superior al reclamado en la demanda, cabe señalar que las dudas en cuanto a la interpretación del monto reclamado debieron ser en su caso planteadas en la oportunidad procesal correspondiente en los términos de excepción de defecto legal y que - como el mismo advierte - los montos reclamados fueron sujetos a lo que en más o en menos surgiera de la prueba producida en autos.-

En virtud de lo expuesto si mi postura fuera compartida corresponderá: 1) Revocar la sentencia en cuanto rechazó la demanda entablada por M A P contra Metrogas S.A. que se admite imponiéndole a este último las costas de primera instancia en forma conjunta con el codemandado S. Ello torna abstracto el agravio de la Defensora de Menores de Cámara esbozado en el punto IV.2 de su expresión de agravios 2) Modificarla en cuanto al monto otorgado a la Sra. P en concepto de “daño psicológico” que se desestima y el de daño moral que se reduce a la suma de Pesos Cuarenta Mil ($40.000). 3) Confirmarla en todo lo demás que decide, manda y fue motivo de no atendibles quejas. 4) Imponer las costas de alzada en un 30% a la parte actora y en un 70% a los demandados, en partes iguales.-

Por razones análogas, el DR. RODRIGUEZ adhiere al voto que antecede. La DRA. CASTRO no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 14 RL)

Con lo que terminó el acto.

Se deja constancia de que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de Informática Judicial a los fines previstos por las Acordadas 15/13 y 24/13 de la C.S.J.N..-

 

MARIA BELEN PUEBLA

SECRETARIA

 

Buenos Aires, 2de mayo de 2019.-

Por lo que resulta de la votación que instruye el Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 1) Revocar la sentencia en cuanto rechazó la demanda entablada por M A P contra Metrogas S.A. que se admite imponiéndole a este último las costas de primera instancia en forma conjunta con el codemandado S. 2) Modificarla en cuanto al monto otorgado a la Sra. P en concepto de “daño psicológico” que se desestima y el de daño moral que se reduce a la suma de Pesos Cuarenta Mil ($40.000). 3) Confirmarla en todo lo demás que decide, manda y fue motivo de no atendibles quejas. 4) Imponer las costas de alzada en un 30% a la parte actora y en un 70% a los demandados, en partes iguales. 5) En atención a lo precedentemente decidido y de conformidad con lo dispuesto por el art.279 del Código Procesal y el art.30 de la ley 27.423, déjanse sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas a fs.711/724.

En consecuencia, atento lo que surge de las constancias de autos, cabe ponderar la labor profesional desarrollada apreciada en su calidad, eficacia y extensión, la naturaleza del asunto, el monto comprometido, las etapas cumplidas, el resultado obtenido y las demás pautas establecidas en los arts. 1, 16, 20, 21, 22, 24, 29 y concordantes de la ley de arancel 27.423. Teniendo ello en cuenta, regúlense en conjunto los honorarios de la dirección letrada de la parte actora Dres. Julián Videla y Débora Candia en la cantidad de cuarenta y ocho con veinte UMA (48,20) equivalentes a la fecha a la suma de cien mil pesos ($100.000).

Asimismo, regúlense en forma conjunta los honorarios de los letrados apoderados de la parte demanda Metrogas S.A., Dres. Laura A. Noailles y Carlos A. Maris en la cantidad de veinticuatro con diez UMA (24,10) equivalentes a hoy a la suma de cincuenta mil pesos ($50.000). Regúlense los honorarios de los Dres. Mariana A Gómez, Débora M. Mansi y Paola Viviana Sarago en la cantidad de cero con noventa y siete UMA (0,97) que representan al día de hoy la suma de dos mil pesos ($2.000) para cada uno de ellos.

Regúlense los honorarios de los letrados patrocinantes de la parte demandada Dres. Jorge Carlos Krawiecki y Mirta Graciela Kleinbort, en conjunto, en la cantidad de diecinueve con veintiocho UMA (19,28) que representan la asuma de cuarenta mil pesos ($40.000).

Considerando los trabajos efectuados por el experto, las pautas de la ley de arancel precedentemente citada y el art.478 del Código Procesal, regúlense los honorarios del perito médico Juan Enrique Perea en la cantidad de nueve con sesenta y cuatro UMA (9,64) equivalentes al día de hoy a la suma de veinte mil pesos ($20.000).

Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 2536/15 y lo dispuesto en el punto f), del art.2°) del anexo III) del Decreto 1467/11, fíjanse los honorarios de la mediadora Dra. Graciela D. Argiz de Mortola en la suma de diez mil pesos ($10.000).

Por la actuación en la alzada, atento el interés debatido en ella y las pautas del art.30 de la ley 27.423, regúlense los honorarios del Dr. Julián Videla en la cantidad de catorce con cuarenta y seis UMA (14,46) que representan al día de la fecha la suma de treinta mil pesos ($30.000), en conjunto los de los Dres. Jorge Carlos Krawiecki y Mirta Graciela Kleinbort en la cantidad de cinco con setenta y nueve UMA (5,79) equivalentes a la fecha a la suma de doce mil pesos (12.000) y los de la Dra. Laura A. Noailles en la cantidad de ocho con diez UMA (8,10), que representan al día de hoy la suma de dieciséis mil ochocientos pesos ($16.800).

 

PAOLA M. GUISADO

JUAN PABLO RODRÌGUEZ

 

041121E