Danos Y Perjuicios Muerte Por Inhalacion De Monoxido De Carbono Responsabilidad Del Locador Exoneracion Del Consorcio

JURISPRUDENCIA

Daños y perjuicios. Muerte por inhalación de monóxido de carbono. Responsabilidad del locador. Exoneración del consorcio

 

Se confirma el fallo que condenó al locador codemandado a resarcir los daños sufridos por los actores a raíz de la muerte de madre e hija producto de una intoxicación aguda con monóxido de carbono causada por la deficiente y antirreglamentaria canalización de gases del conducto evacuador del calefón.

 

 

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los 15 días del mes de marzo de dos mil diecinueve, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala I de la Cámara Civil para conocer en los recursos interpuestos en los autos “VAZQUEZ AMERICO ENRIQUE Y OTRO C/ YEDVAB MARCELO JAVIER Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS” y “ALMADA RODOLFO FABIAN C/ YEDVAB MARCELO JAVIER Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS” respecto de la sentencia de grado el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía hacerse en el orden siguiente: Dres. RODRIGUEZ, CASTRO y GUISADO.

A la cuestión planteada el Doctor Rodríguez dijo:

I. En la sentencia única dictada por el Sr. Juez de primera instancia a fs. 1127/1166 vta. del expediente nº 21.192/2010, cuya copia obra a fs. 1127/66 vta., del expediente nº 71.013/2010, respecto del primero 1) hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por Ariel Eduardo Yedvab y Elisa Andrea Yedvab, 2) rechazó la pretensión interpuesta contra el Consorcio de Copropietarios Sánchez 22143 y Metrogas, 3) admitió la demanda deducida contra Marcelo Javier Yedvab y Matías Hernán Di Vito, a quienes condenó a abonar a Américo Enrique Vázquez y a Andrea Silvia Cacciabue la suma de $ 160.000 a cada uno, con más los intereses e impuso las costas de la forma que surgen del considerando XIV. En lo que hace a la otra causa mencionada, hizo lugar a la demanda interpuesta contra Marcelo Javier Yedvab y Matías Hernán Di Vito y, en consecuencia, los condenó a abonar al actor Rodolfo Fabián Almada, la suma de $ 393.840, con más los intereses, con costas.

Contra dicho decisorio, en el primer juicio indicado se alzan los actores, y los accionados Ariel Eduardo Yedvab y Marcelo Javier Yedvab, quienes expresaron sus agravios a fs. 1227/34 vta., 1236/7 vta. y 1239/52, cuyos traslados fueron respondidos a fs. 1254/55 vta. y 1257/65, por los accionantes, y a fs. 1267/70 por Marcelo Javier Yedvab y a fs. 1272/75 vta., por Elisa Andrea Yedvab conjuntamente con Ariel Eduardo Yedvab.

En el otro proceso mencionado, apelaron el accionante Rodolfo Fabián Almada y el demandado Marcelo Javier Yedvab, cuyos agravios fueron expuestos a fs. 685/9 y a fs. 691/706 vta., respondidos a fs. 708/19 y a fs. 721/5 vta. por actor y demandado en ese orden.

Viene firme a esta alzada, lo que decidiera el juez de grado con acertado criterio en torno a la aplicación de la ley con relación al tiempo, razón por la cual, tratándose de hechos anteriores a la entrada en vigencia del nuevo ordenamiento, el recurso debe ser examinado bajo las normas del Código de Vélez (art. 7mo del Código Civil y comercial de la Nación).

Aclarado ello, para decidir de la manera ya indicada, el juzgador primero precisó que en ambos procesos se reclaman los daños y perjuicios que el fallecimiento de M L Vázquez y A M Arrarás les ocasionó a los actores, con la aclaración que Almada también reclama los perjuicios padecidos a consecuencia de la intoxicación sufrida al inhalar, como los occisos, monóxido de carbono en la vivienda compartida, en razón de la deficiente instalación del conducto de evacuación de gases.

Hizo referencia al sobreseimiento recaído en la causa penal, para luego señalar que nada impide evaluar la responsabilidad que los actores les endilgan a los accionados por el hecho ocurrido el 3 de septiembre de 2008 en el inmueble sito en la calle Sánchez .... PB “B” de esta ciudad.

En función de los antecedentes probatorios con que cuenta la causa penal tuvo por comprobado que el fallecimiento de las nombradas M L Vázquez, hija de los actores Américo Enrique Vázquez y Adriana Silvia Cacciabue, como de A M Vázquez, hija de M L Vázquez y de Roberto Oscar Arrarás y nieta de los nombrados, fue producto de una intoxicación aguda con monóxio de carbono causada por la deficiente y antirreglamentaria canalización de gases del conducto evacuador, que no cumplía con las especificaciones previstas en los puntos 7.4 y 7.6, del Capítulo VII, del Reglamento para la instalación de artefactos alimentados a gas natural” dictado por la antigua empresa nacional “Gas del estado”, hoy reemplazada por “ENERGAS” quien identificó al Reglamento como NAG 200.

Asimismo, que a causa del mismo hecho el actor Rodolfo Fabián Almada resultó intoxicado con un 20.1 % de monóxido de carbono en sangre, por lo que debió ser trasladado al Hospital Gral. de Agudos Teodoro Álvarez y luego al Instituto Dupuytren.

Todo ello, sobre la base de lo que surge del informe del Cuerpo Médico Forense de fs. 168/173 y 174/178, y la autopsia de fs. 323 y 326, y respecto del otro accionante, se remite a lo informado por el citado organismo a fs. 331/332.

El colega de grado analiza con minuciosidad una prueba obrante en el expediente penal de vital importancia para la resolución del conflicto, constituida por el informe técnico concretado por la “Policía Federal Argentina Superintendencia Federal de Bomberos Departamento Técnico Investigativo de la División de Siniestro (conf. 104/122), del cual emana que en la cocina se comprobó la existencia de un artefacto a gas natural, ubicado sobre la pared izquierda. Respecto del conducto evacuador de gases de la combustión, se encontró materializado con zinguería, que inicia directamente la salida del calefón, con una curva y contra curva ambas a 90º, contraviniendo los puntos, 7.6, b de la reglamentación en vigencia. A continuación se dispone fijado a la pared que linda el ambiente cocina con el palier de acceso a la unidad, un tramo horizontal con pendiente positiva, con elevación en sentido de escurrimiento del fluido gaseoso. Luego se observa una curva de 90º, prosiguiendo con el otro tramo horizontal en pendiente positiva, finalizando con su ingreso a la pared con un codo a 90º. Trasponiendo dicha pared, saliente de la cocina, el dispositivo ingresa a un recinto cerrado, patio cubierto, para trasponer un cerramiento vidriado hacia el exterior del inmueble, denotando a simple vista una pendiente positiva en ese sector del conducto. Coronando el conducto evacuador de gases de la combustión se dispone un sombrerete ni bien se traspone el cerramiento vidriado, no rematando como dispone la reglamentación vigente a los cuatro vientos.

Al constatarse el funcionamiento de los quemadores del calefón, se realizaron los preparativos tendientes a establecer posibles concentraciones de monóxido de carbono emanadas del artefacto, y ante la presencia de 1207 ppm, se determinó en función del tiempo de ensayo una atmósfera peligrosa en cuanto a una acumulación rápida y progresiva de concentración de monóxido de carbono, con el consiguiente riesgo para la salud y la vidas de las personas que habiten el departamento, tanto en el ambiente consignado, como en los demás recintos de la unidad funcional. Se concluyó el ensayo estableciendo positivamente la presencia de monóxido de carbono emanado del artefacto calentador de agua.

En el ensayo con polvo fumígeno para establecer la forma de evacuación del gas hacia el interior del departamento, se concluyó que si bien parte de los gases salen al exterior, un gran porcentaje no, por lo que en función del tiempo, fue colmado volumétricametne la totalidad de los ambientes, con el consiguiente peligro que ello implica para la vida y la salud de las personas.

En las consideraciones finales, lo destaca el magistrado, se señaló que el siniestro en estudio (fallecimiento de M y A) se relaciona con la existencia de monóxido de carbono en la atmósfera del ambiente liberado a partir del artefacto calentador de agua allí instalado al estar encendido. Así, al no existir una adecuada canalización de los gases del referido artefacto (entre los que se encuentra el monóxido de carbón) por medio del conducto evacuador hacia el exterior, los mismos se acumulan en el interior del ambiente, circunstancia que permitió una paulatina y creciente acumulación, conformando de esa manera una atmósfera cada vez más nociva, por lo que se concluyó: a) que los gases de combustión generados por el calefón cuando está en funcionamiento salen parcialmente al exterior, b) que la evacuación de gases no guarda relación con la reglamentación vigente, c) que la combustión de gas natural, ante la carencia de oxigeno por falta de ventilación posibilitó la generación de monóxido de carbono, d) que debido a esa situación , toda persona que inhalara la concentración allí formada resultaría víctima de una intoxicación.

Se refirió también al informe complementario de Metrogas de fs. 123, y tuvo en cuenta asimismo, que a fs. 436/443, la “División de Siniestros de la Policía federal Argentina Superintendencia Federal de Bomberos”, amplió el informe oportunamente confeccionado, y refirió que con las únicas llaves de paso de los únicos artefactos de la vivienda (calefón y cocina) se dio comienzo al ensayo, el que arrojó como resultado una diferencia de nivel que indicaría la existencia de un pérdida en la cañería interna sin poder apreciar la procedencia por ser cañerías empotradas en la pared. Luego, efectúa la prueba con las llaves de paso de los artefactos abiertas, con el fin de comprobar si las conexiones internas tenían alguna pérdida, la misma arrojo resultados positivos, tanto en el calefón como en la cocina.

II. Falta de legitimacion pasiva (Ariel Eduardo Yedvab y Elisa Andrea Yedvab).

Por una cuestión de orden lógico, primero voy a dar tratamiento a los agravios vertidos por los accionantes de lo que se desprende del considerando VII), del pronunciamiento recurrido, en cuanto se hizo lugar a la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por Ariel Eduardo Yedvab y Elisa Andrea Yedvab, con sustento en que éstos habían cedido los derechos que les correspondían sobre el inmueble a Marcelo Yedvab, cuando ocurrió el hecho luctuoso, situación que se ventila sólo en la causa 21.192/2010 citada.

Postulan, que esa circunstancia no los libera de responsabilidad, ya que sus obligaciones subsisten en virtud del contrato de locación que suscribieron como locadores (y propietarios), hasta tanto finalice éste mediante la restitución de la cosa dada en locación, salvo que se efectúe una novación subjetiva del contrato, por escrito y con aceptación de la contraparte, lo que no ocurrió en el sub lite.

Abundan, que si el contrato de locación fue prorrogado tácitamente entre las partes hasta el acaecimiento del siniestro, los derechos y obligaciones emergentes del mismo continúan en cabeza de quienes lo suscribieron hasta su finalización, independientemente de las modificaciones operadas a nivel registral, máxime si éstas no fueron puestas en conocimiento de la contraparte.

Dejan entrever una suerte de autocontradicción que entienden configurada en la sentencia, cuando afirman que es el mismo sentenciante el que al analizar la situación del hermano Marcelo afirma: “...existe una continuación de la locación en los mismos términos contratados, hasta que cualquiera de las partes de por concluido el contrato mediante comunicación fehaciente...” (ver considerando VII, 3er párrafo).

Agregan que si ello es así, hay una prolongación del primigenio contrato en todas sus partes, y respecto de todos los que lo firmaron y se obligaron por él, y que la transferencia en cuestión no es suficiente, porque la responsabilidad del locador no nace del derecho real, sino de las obligaciones asumidas por este al celebrar el contrato de arrendamiento y que emanan de los arts. 1515 y 1516 del Código Civil.

Rematan que si la transferencia de los derechos reales tuvo lugar el 1ro de diciembre de 2006 -incurren en un evidente error de tipeo al consignar 2016-, las excepcionantes junto a su hermano revestían el carácter de copropietarios y locadores no solo cuando venció el contrato de locación original, sino también cuando éste último llevó a cabo -junto con Di Vito- las modificaciones en el conducto de evacuación de gases del calefón ubicado en el inmueble. De donde extraen que ambos consintieron la continuación tácita de la locación y la reforma cuestionada, razón por la cual consideran absurdo e infundado sostener que ninguna responsabilidad poseen en el hecho debatido en estos actuados. Por ello, piden que se revoque la sentencia en este punto y se los condene con los otros demandados, con costas.

El Magistrado señala, y las partes no lo discuten, que del informe del dominio acompañado por los incidentistas surge que ellos transmitieron los derechos que les correspondían sobre el inmueble en cuestión, tal como surge el asiento 7.1), mediante cesión de acciones y derechos hereditarios, el 1ro de diciembre de 2006.

Agregó que no se encuentra controvertido que los nombrados alquilaron el bien inmueble involucrado en la causa y que el contrato de locación tenía originalmente vigencia por dos años, desde el 5 de marzo de 2003 al 5 de marzo de 2005. Asimismo, que no obstante el vencimiento, la nombrada siguió en la tenencia de la propiedad hasta el día del siniestro.

El tema no está exento de dudas. Aunque se trate de una cesión o transmisión de derechos hereditarios que involucran en última instancia las porciones ideales que los cedentes tenían sobre el bien, aplica por vía analógica el art. 1498 del ordenamiento civil, que ha extendido su radio de acción hasta albergar en su seno no solo la venta de la finca arrendada, sino también otras transferencias de dominio sustentadas en títulos o causas diferentes.

El efecto principal de esta figura, es mantener, durante la vigencia el contrato, los derechos y obligaciones originarios, que entonces vinculan al locatario con el adquirente del inmueble locado. Lo que se discute, es precisamente si el primitivo locador queda o no liberado de sus obligaciones frente al locatario, en cuanto a ser mantenido en el uso y goce pacífico de la cosa (conf. Llambías - Alterini: “Código Civil Anotado, Doctrina y Jurisprudencia”, t. III-A, p. 140).

Un sector de opinión considera que la interpretación literal de la norma conduce a sostener que el locador no se libera de las obligaciones asumidas. En la misma dirección se cita como argumento la ausencia de consentimiento del locatario, ya que el art. 814, en materia de delegación de deudas, requiere manifestación expresa del acreedor (ver Código Civil de la República Argentina Explicado, Doctrina, jurisprudencia bibliografía, Rubinzal -Culzoni editores, t. IV, p.803).

En el caso sometido a revisión, el dato que mueve a la adopción del criterio contrario al recién descrito, como el adoptado en la sentencia, está constituido por la circunstancia de que cuando se operó la transferencia, el plazo previsto en el contrato de locación ya estaba vencido, de manera que a partir de allí la renovación era mes a mes, y como lógica consecuencia la tenencia de la locataria era precaria, ya que estaba supeditada a que el aquí accionado Marcelo Javier Yedvab consintiera mensualmente esa continuidad y no le reclamara la restitución.

Por ello, no cabe sino concordar con todo cuanto se argumenta en la decisión en crisis, cuando se señala que al estar el contrato de locación vencido, no puede hablarse de oponibilidad al nuevo adquirente, en todo caso que se le cedieron los mismos derechos que tenían los antiguos propietarios, quienes podían continuar tolerando la ocupación de M o requerirle, en atención a la conclusión de la relación contractual, la devolución de la tenencia. En la especie, este nuevo adquirente no era ni más ni menos que un copropietario y también locador, quien decidió seguir permitiendo la permanencia de M y su grupo de convivientes en la unidad.

Y continúa, que tal proceder en cabeza del nombrado, no puede alcanzar a los vendedores - cedentes. En efecto, es que ellos al vender o ceder su porción indivisa sobre la propiedad transmitieron al nuevo adquirente - cesionario todos los derechos derivados de su relación de poder con la cosa. Luego, el deber de garantizar al locatario el debido y pacífico uso y goce se trasladó al cesionario - adquirente, liberando de esta forma a los enajenantes por la sencilla razón de que es éste y no aquéllos, el que tiene en sus manos el medio para cumplir lo que es la relación jurídica con la cosa, con cita del “Código Civil y Comercial de la Nación. Tratado exegético”, dir. Alterini, Jorge H, La Ley, 2015, t. VI, p. 242).

En función de estos razonamientos, entiendo que el agravio sobre el punto debe ser rechazado. En cuanto a las costas, sin perjuicio de los argumentos que en lo pertinente se desarrollan en el punto VII, considero que no deben serles impuestas al demandado Marcelo Javier Yedvab, quien resulta en este sentido ajeno a la materia debatida en orden a la aludida legitimación pasiva entre los actores y estos emplazados, que es por ello exclusivamente entre quienes debe dirimirse este tema.

En ese esquema, considero que por tratarse de una cuestión dudosa de derecho, que puedo llevar a los accionantes a creerse razonablemente con derecho a dirigir su acción también contra ellos, resulta justificado hacer excepción al principio objetivo de la derrota, y que los gastos causídicos por la intervención de estos contendientes debe imponerse en el orden causado. Si bien ello torna abstracto el planteo efectuado por Ariel Eduardo Yedvab, en rigor, desde el punto de vista jurídico, éste merece ser rechazado por carencia de interés o perjuicio cierto y concreto para dar por configurado el agravio. Por ello, dada la inexistencia de interés, imprescindible en todo acto procesal, considero que las quejas del nombrado deben ser objeto de un pronunciamiento negativo expreso.

III. Responsabilidad del condenado

En punto a la responsabilidad de Marcelo Javier Yedvab y Matías Hernán Di Vito, destacó que en ambos expedientes acumulados se los demandó por participar activamente en la producción del siniestro, al haber sido los responsables del conducto de evacuación de gases. Y, relativo al primero de los nombrados, puso énfasis en que también se lo demandó por su calidad de propietario y locador.

Al respecto, entre otras consideraciones indicó a modo de anticipo que pese a las contradicciones que denuncia Yedvab en las declaraciones de Américo Vázquez, L Vázquez y Silvia Caccciabue en sede punitiva, en lo principal que aquí interesa, resultan verosímiles, concordantes y coherentes entere sí. Y destacó en esa senda, que los dichos de L no sólo se ven respaldados con las declaraciones de los otros parientes mencionados a los que suma Rodolfo Almada, en sede criminal, sino con el contrato de locación en el que el propio Marcelo Yedvab busca exculparse. “En efecto, allí justamente se establece que “el locatario no podrá, a) introducir modificaciones en el inmueble locado sin autorización escrita del locador (cláusula 13ra). Luego, si es el propio contrato el que impone a la locataria la obligación de pedir autorización al locador para efectuar arreglos y modificaciones, no se entiende porque tachar de mendaz el testimonio que justamente corrobora ello al decir que siempre que debía efectuarse algún tipo de reparación su hermana llamaba al propietario”.

Agregó, “Por lo demás, que era Matías con quien concurría el propietario a efectuar arreglos también encuentra sustento en los dichos del propio Di Vito quien en su conteste reconoce haber concurrió en el año 2003 a efectuar arreglos en el piso de la unidad, en coincidencia con L, reconociendo también su presencia en el lugar. Luego, no puede negarse que Marcelo Yedvab contrataba a Matías para efectuar trabajos en el departamento alquilado por M. No puede decir que no se conocían y que todo le es ajeno, cuando el propio Di Vitolo reconoce en plena sintonía con L”.

Citó también la declaración concretada en aquella sede por Oscar Adolfo Escudero, y sobre esa base dijo arribar a la convicción de que ante cualquier deterioro o desperfecto en la unidad, previo a realizar cualquier arreglo, la locataria debía comunicarse con el propietario -Marcelo Yedvab- y que éste junto con Matías Di Vito, se encargaban de llevarlo cabo. Por esa vía, tuvo por comprobado que ello fue lo que ocurrió con el tiraje del artefacto calentador de agua situado en la cocina del inmueble de la calle Sánchez ..., ..., “...”, de esta Ciudad, para luego continuar con el desarrollo de la declaración citada de L sobre el punto.

Después también fundó la responsabilidad del apelante en el art. 1113, segundo párrafo, segunda parte, del Código Civil, dada su condición de titular de dominio del inmueble, así como en la obligación de seguridad inherente a su carácter de locador, en virtud de la cual es responsable de todo daño sufrido por el locatario por vicios o defectos de la cosa locada.

Y, en esa frondosa y bien estructurada argumentación, filtra lo decidido en el fallo de la Sala C, de esta Cámara, en cuanto a que si el vicio del calefón ocasiona el siniestro, y ello fue la causa de la emanación de monóxido de carbono por deficiencia en la instalación del mismo, ya sea que se trate de vicios de la construcción como de mantenimiento, corresponde atribuir responsabilidad al locador en tanto la obligación de mantener la cosa en buen estado pesaba sobre él. Ello, hasta cuando el defecto fuese posterior a la entrega del inmueble -como en el caso-, ya que su responsabilidad de todos modos quedaría comprometida, aún si la obligación de mantenimiento alcanzaba el defecto que proviniera del efecto natural del uso y goce estipulado desde que el mantenimiento del calefón excede los deterioros menores o mejoras locativas a cargo del locatario.

Finalmente, respecto de esta cuestión, y luego de otros desarrollos, descartó que en la especie se configure un hecho de la víctima que genere a su favor o de Matías Di Vito la ruptura del nexo causal y coherente con ello reforzó, que el accionado aquí apelante, pese a su esfuerzo argumental, nada probó para trasladar la responsabilidad que le pesa en cabeza de M o sus padres.

Para dar respuesta al agravio del demandado que desarrolla alrededor del art. 427 del Código Procesal, corresponde en primer término definir que la exclusión en esa norma prevista tiene su origen en razones de solidaridad familiar, la que puede verse alterada al ser llamados por las partes para testimoniar en su favor, ya que en tales casos se los colocaría en una situación de violencia (conf. Varela, Casimiro A: “Valoración de la prueba”, p. 267).

El testimonio de L del que tanto se queja el demandado, fue rendido en sede penal, expediente caratulado “Yedvab, Marcelo Javier y Di Vito, Matías s/ homicidio culposo” (expediente nº 38.882/08), donde rige en la materia el art. 242 del Código Procesal Penal de la Nación, el cual prohíbe declarar al cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos en contra del imputado.

Ello así, ningún obstáculo existe en el orden civil para que una prueba de esa naturaleza, recogida en aquélla sede con todas los requisitos y garantías que la ley prescribe, sea libremente valorada por el juez, si se aprecia que no vulnera lo dispuesto en el art. 378 del Código Procesal, está al margen de la exclusión que contempla el citado art. 427 indicado y tampoco es susceptible de lesionar los intereses que este último dispositivo se propone tutelar.

El resto de los argumentos esgrimidos por el demandado en derredor de este tema de la responsabilidad que se le atribuye, constituyen en general una mera remisión a lo ya volcado en los alegatos, y dejan en pie los argumentos principales ya detallados y los restantes que alimentan la contundente decisión que se ataca, todo lo cual me lleva a proponer su deserción en los términos del art. 266 del Código Procesal.

La presentación de una fundamentación adecuada del recurso de apelación -es decir, aquella que puede ser entendida como una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que se consideran equivocadas de acuerdo a la terminología que emplea el art. 265 - configura un requisito cuyo incumplimiento impide la apertura de la instancia revisora y consecuentemente frustra el juicio de procedencia o de fundabilidad. Y en este sentido es claro que la fundamentación es inidónea, y la expresión de agravios insuficiente si no se ataca concretamente y frontalmente los verdaderos fundamentos del fallo (conf. Fassi-Yáñez: “Código Procesal Civil y Comercial de la nación, Comentado, Anotado y Concordado”, t. 2, ps. 483/5).

IV. Responsabilidad del consorcio

En lo que hace al tratamiento de la responsabilidad del consorcio demandado sólo en el primer proceso citado, amén de lo ya detallado, en el decisorio atacado, siempre en relación a la mencionada ampliación de la pericia realizada por la “División Siniestros” de la “Superintendencia Federal de Bomberos”, de la “Policía federal Argentina”, se detalla que a fs. 442 se informa que según las apreciaciones vistas, se pudo detectar parte de las posibles pérdidas de fluido gaseoso de la cañería interna de la unidad siniestrada, dos de ellas en las conexiones de los dos únicos artefactos alimentados a gas de la vivienda, y la tercera (no visible) dentro del recorrido desde el medidor hasta las llaves de paso del calefón y la cocina. Esto, al evaluar de manera específica la responsabilidad endilgada al ente consorcial, mereció la reflexión del juez, por cierto correcta, de que esa cañería se presume común, pero no se pudo establecer la relación causal de tal pérdida con el luctuoso hecho.

Y en línea con ello, consideró que aún cuando se hubiese probado la existencia del defecto, deviene insuficiente para responsabilizar al consorcio. Abundó, de modo coherente con ese desarrollo argumental, que las pericias, si bien dan cuenta de la existencia de la pérdida de fluido gaseoso en el conducto que podría calificarse como común (el que une al medidor con las llaves de paso del calefón y cocina de la unidad), la causa fatal del lamentable hecho cabe situarla en la deficiente canalización de gases por medio del conducto evacuador hacia el exterior, en clara violación de la reglamentación vigente (NAG 200), que hizo que éstos se liberasen sólo parcialmente, lo que provocó que parte de los gases emitidos por el aparato calentador de agua se acumulen dentro del ambiente y ante la falta de oxígeno, genere un espacio nocivo para cualquiera que inhale la concentración allí formada, resultando víctima de una intoxicación.

En base a todo ello, y después de otras disquisiciones que en general danzan en derredor del mismo centro argumental, concluye con toda lógica que la causa del daño se debe situar en la deficiente construcción el conducto evacuador de gases del calefón, el que contaba con codos y contra codos rematando en el patio interno del edificio, en contravención con las disposiciones del “Reglamento para las instalaciones de artefactos alimentados a gas natural”, sin que se hubiera probado la incidencia que las deficiencias detectadas en la conexión entre el medidor y las llaves de paso con el calefón y cocina pudieron tener en el fatal desenlace. No obstante, se precisa en dicho trabajo y el juez lo contempla, que la liberación de gas se situaba principalmente en las uniones roscadas de los artefactos, situación factible en equipos donde no es común un mantenimiento cotidiano. Y, por ello, por tratarse de conexiones internas y privativas de la unidad funcional, liberó de responsabilidad al consorcio.

Los actores en el expediente 21.192/2010, se agravian de esta parte de la decisión, porque de acuerdo a lo que ya señalaran en los alegatos, esa que menciona la sentencia no fue la única causa de la intoxicación y posterior resultado mortal.

Aducen en este sentido, que esa acumulación gaseosa en el ambiente originada de la manera ya explicada, a la que se refieren las pericias practicadas por la Superintendencia de Bomberos de la PFA de fs. 104/56 y 436/43, sumada a la escasés de oxígeno por ausencia de rejillas compensadoras de aire, posibilitó la generación y concentración rápida de monóxido de carbono, que al ser inhalado por las occisas produjo la intoxicación aguda y el posterior deceso.

Citan jurisprudencia en abono de su postura, y explican que las rejillas de ventilación que implican hacer una perforación de 20 cm x 20 cm en las paredes de la cocina y del estar, a los efectos que cumpliesen con la finalidad de ventilación, debieron llevarse a cabo sobe los muros que diesen al exterior, y no en los tabiques divisorios en el mismo departamento.

Y en base a este curioso derrotero, concluyen que si la obras debieron efectuarse sobre muros comunes que afectan la estructura material del edificio, pesaba sobre el consorcio como guardián de los mismos la obligación de realizarlas, lo cual justifica su responsabilidad en el caso, por no haber implementado esa instalación que pudo haber influido en retardar la contaminación del ambiente que provocó la muerte de las víctimas.

Llegado a este punto, vale resaltar que uno de los elementos que necesariamente debe estar presente para que opere la responsabilidad es la relación de causalidad. En nuestro sistema, dicho presupuesto sirve para satisfacer una doble finalidad: la determinación de la autoría por un lado, y por el otro para definir la extensión del daño resarcible (arts. 906, ahora 1726 y 1727 del Código Civil y Comercial de la Nación). En este último aspecto, precisa la vinculación que existe entre el acto y sus consecuencias, con el objeto de fijar el alcance de la obligación de indemnizar que nace para el agente de la comisión del hecho ilícito; vale decir, la extensión del resarcimiento encuentra su medida y límite en la relación causal.

En cuanto al criterio de apreciación que permite saber cuándo existe relación de causalidad entre un hecho y un daño, nuestra legislación recepta la teoría de la causación adecuada (art. 906 del Código Civil, 1726 CCyC), según la cual, la relación de causalidad jurídicamente relevante es la que vincula a un hecho antecedente con otro consecuente, cuando aquél tiene la virtualidad de producir a éste según el curso natural y ordinario de las cosas, sea por sí sólo, sea por la conexión con otro hecho que invariablemente acompaña al primero.

Parte de la base que solo puede considerarse jurídicamente “causa” de un resultado el hecho que, de acuerdo a lo que suele suceder, en función de las reglas de la experiencia, produce normalmente aquel resultado. Es necesario, que este aparezca como una consecuencia previsible del hecho. Esta previsibilidad se mide en abstracto, teniendo en cuenta lo que habría previsto un “hombre medio”, (una persona de previsión norma) puesto hipotéticamente en el momento del hecho

Como principio general en esta materia, integran el resarcimiento, los daños que son consecuencia inmediata, identificadas como aquellas que acostumbran suceder según el curso normal y ordinario de las cosas (art. 901 del Código Civil y 1727 del Código Civil y Comercial de la Nación), y mediatas, que son las que resultan de la conexión de un hecho originario con un acontecimiento distinto. Cuando este segundo acontecimiento es previsible, la consecuencia también lo es, y se imputa al responsable. En tanto que las consecuencias mediatas que no pueden preverse se llaman “consecuencias casuales”, y como tales quedan fuera del resarcimiento. En este último caso ya no puede predicarse la existencia de una relación de causalidad adecuada, precisamente porque entre el hecho originario y el daño se interpone otro u otros hechos que no son previsibles de acuerdo al curso normal de los acontecimientos.

Debemos entonces partiendo de los hechos probados, evaluar si ellos conducen, conforme al curso natural u ordinario de las cosas a un determinado resultado final, teniendo especialmente en cuenta la previsibilidad del mismo, bajo el prisma de su capacitación profesional, que lo obliga a tratar de eliminar los factores de riesgo, o reducirlos a su máxima expresión.

Se ha de plantear la cuestión en abstracto, teniendo en consideración lo que ordinariamente sucede. La diligencia objetiva ha de determinarse según la clase de actividad de que se trate, y que puede esperarse de una persona normalmente razonable y sensata, perteneciente a la esfera técnica del caso (conf. Borda, “Tratado de Derecho Civil Argentino”, t. II, pág. 242).

Explicado ello, es cierto como se sostiene en los agravios que en el informe conjunto de Metrogas de fs. 161, entre otras anomalías detectadas, se consignó la falta de rejillas compensadoras de aire. Del mismo modo, es verdad que Pablo LLario Zárate, empleado de la empresa recién nombrada, declaró que, amén de las otras irregularidades que menciona, también detectó faltante de rejillas compensadoras de aire en el ambiente donde se hallaban instalados los artefactos de gas -en la cocina- siendo ello reglamentario (fs. 138/vta.).

Sin embargo, ni de esas probanzas, ni de ninguna otra, surge acreditado de manera idónea y suficiente, que ese faltante guarde con el lamentable deceso de la madre y su hija, relación de causalidad adecuada, de acuerdo con los lineamientos desarrollados precedentemente. Ello, pese a que sobre los actores recaía el peso de comprobar dicho extremo, en un todo de acuerdo con las reglas que gobiernan la carga de la prueba en nuestro sistema (art. 377 del Código Procesal). Tal como ahora lo establece a modo de principio general el art. 1736 del Código Civil y Comercial de la Nación, utilizable como pauta interpretativa.

A todo evento, vale destacar que si bien en el escrito introductorio de la instancia se hace alusión a esta irregularidad, cuando se funda la responsabilidad del consorcio, luego de distinguir entre partes comunes y propias, solo se alega que en las pericias efectuadas en la causa penal, se han podido detectar pérdidas de fluido gaseoso de la cañería interna de la unidad siniestrada dentro del recorrido que se extiende desde el medidor instalado en partes comunes en cuanto a su propiedad (art. 2, de la ley 13.512), y que por esa condición están bajo la guarda del consorcio, pesan sobre el ente los deberes de administración, reparación, buen funcionamiento, correcto servicio y seguridad, lo cual no fue cumplimentado por el consorcio, y en virtud de esa circunstancia evalúa que debe responder.

Ello así, esa falta de rejilla constituye un hecho no propuesto al juez de primera instancia para fundar la responsabilidad de la mencionada persona jurídica, por lo que su introducción en los alegatos, y ahora en los agravios, constituye una alegación tardía, con entidad para violentar el principio de congruencia que los jueces estamos obligados a respetar (arts. 34, inc. 4º y 163, inc. 6º del Código Procesal), destacado vehículo para afectar el derecho de defensa del órgano en cuestión. Por tanto, considero que también en este tema las quejas no deben tener favorable recepción.

“Vázquez, Américo Enrique y otro c/ Yedvab, Marcelo Javier y otros s/ ds. y ps” (expediente nº 21.192/2010).

V. Daño Moral. Legitimacion de los abuelos.Monto.

El daño moral se halla configurado por la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimiento, inquietud espiritual o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos comprendiendo también las molestias en la seguridad personal de la víctima o en el goce de sus bienes.

Mediante la indemnización peticionada se procura reparar la lesión ocasionada a la persona en alguno de aquellos bienes que tienen un valor principal en su vida, y que son la paz, la integridad física, la tranquilidad de espíritu, el honor, y los demás sagrados afectos que se resumen en los conceptos de seguridad personal y afección legítima; y cuya violación determina la modificación disvaliosa del espíritu en su capacidad de entender, querer o sentir, que resulta anímicamente perjudicial.

Sentado ello, cabe precisar ahora que de acuerdo a lo normado por el art. 1078 del Código Civil, la acción para reclamar por daño moral en el supuesto de muerte de la víctima sólo incumbe a los herederos forzosos.

La cuestión que plantea la norma, radica en determinar si corresponde a todos los herederos forzosos o solo a los de mejor grado. Ello fue decidido en el fallo plenario dictado por la Excma. Cámara Civil, en los autos “Ruiz, Nicanor c/ Russo, Pascual”, del 28 de febrero de 1994, al resolverse que “cuando del hecho resulta la muerte de la víctima, los herederos forzosos legitimados para reclamar la indemnización por daño moral según lo previsto por el art. 1078 del Código Civil, no son sólo los de grado preferente de acuerdo al orden sucesorio”.

En ese mismo sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "G.O.de G.F y ot. c/Pcia. de Buenos Aires y ot.- Fallos 136:2894” con fecha 9/12/1993 resolvió en el marco de su competencia originaria que la abuela de la víctima tiene derecho al cobro de la indemnización por daño moral y dijo..."La co-actora G.O. de G. -abuela del menor fallecido- se encuentra legitimada para reclamar el resarcimiento del agravio moral. Ello es así, pues corresponde asignar una interpretación amplia a la mención "herederos forzosos" que hace el art. 1078, de modo que alcance a todos aquellos que son "legitimados potenciales", aunque -de hecho-pudieran quedar desplazados de la sucesión por la concurrencia de otros herederos de mejor grado, comprensión que -por otra parte- se compadece con el carácter "iure proprio" de esta pretensión resarcitoria"

Para conferir legitimación a los abuelos respecto del daño moral generado por el fallecimiento de su nieta, en la sentencia de grado se siguieron estos claros lineamientos, lo cual me conduce a proponer la deserción del recurso en este aspecto, por similares argumentos a los ya expuestos, dado que los agravios no son más que una reiteración de la argumentación esgrimida a la hora de alegar, circunstancia que los torna inidóneos para satisfacer el recaudo de la fundamentación adecuada (arts. 265 y 266 del Código Procesal). Ello, en la medida en que quedaron sin rebatir los pilares en los que el pronunciamiento apelado se asienta para conferir la legitimación con el alcance señalado.

En cuanto al monto, ambas partes, actores y demandado lo cuestionan. Los primeros por considerar ínfima la suma fijada en la sentencia de grado, y éste último por considerarla improcedente o excesiva.

Es claro que lo no patrimonial no tiene traducción dineraria. Y que toda fijación de un monto resarcitorio por daño moral tiene algo de caprichoso o arbitrario. Aún admitiendo que el derecho es una ciencia blanda. En este derrotero, Lafaille, predicaba, como criterio a la hora de cuantificar el mencionado perjuicio de índole extrapatrimonial, atender al costo de las necesidades a satisfacer con ese dinero, a los “placeres complementarios” (ver Rubinzal- Culzoni Editories: “Código Civil de la república Argentina, Explicado”, t. III, ps. 625/6).

Esta opinión, se encuentra en línea con lo que al respecto ahora propone el art. 1741, última parte, del Código Civil y Comercial de la Nación, utilizable como pauta interpretativa. Se ha dicho así, que queda superado ahora el criterio que sostenía que en el daño moral se indemnizaba el “precio al dolor” para aceptarse que lo resarcible es el “precio del consuelo”, que procura “la mitigación del dolor de la víctima a través de bienes deleitables que conjugan la tristeza, la desazón o las penurias. Se trata de proporcionarle a la víctima recursos aptos para menguar el detrimento causado y por esa vía facilitar el acceso a gratificaciones viables, confrontando el padecimiento con bienes idóneos para consolarlo, o sea, proporcionarle alegría, gozo, alivio, descanso de la pena (ver Lorenzetti, Ricardo Luis: “Código Civil y Comercial de la Nación, Comentado”, t. VIII, p. 1741).

Si bien el cálculo del dolor se presenta como una tarea de dificultosa realización, nada impide apreciarlo, con criterios de razonabilidad y justicia, en su intensidad y grado, para de esa manera estar en condiciones de definir una cuantía que resulte idónea o suficiente para compensar las angustias, tristezas y toda clase de padecimientos derivados del evento dañoso, con la adquisición de bienes y contratación de actividades sociales, culturales y de esparcimiento o recreación en general, aptos para posibilitarle al damnificado situaciones de disfrute, distracción y deleites suficientes para alcanzar los objetivos que expresa el dispositivo.

No se necesita ir demasiado lejos en el análisis para presumir, la profundidad del dolor que debieron experimentar los actores con el fallecimiento de su hija y de la nieta, en tan drásticas como incomprensibles circunstancias. Máxime cuando de las pruebas colectados todo conduce a pensar que era una familia muy unida, y de condición humilde, extracto en el que las relaciones familiares suelen ser más intensas y solidarias que en los sectores acomodados.

Ello no obsta a señalar que se trata de perjuicios donde a la hora de la apreciación económica, a diferencia de lo que ocurre con el daño patrimonial, la subjetividad tiene un rol destacado, porque nadie más que el damnificado está en mejores condiciones de definir la intensidad de su padecimiento y lo que pecuniariamente necesita para adquirir bienes o acceder a actividades que razonablemente lo compensen. De ahí que, salvo aquellos casos donde sobrevienen consecuencias que lo agravan y que se desconocían cuando fue cuantificado, resulta difícil como regla, sin violentar el principio de congruencia, exceder la propia estimación o precio de consuelo definido por el mismo afectado en la demanda.

En consecuencia, al ponderar las restantes circunstancias explicitadas en la sentencia recurrida que hago mías, propongo elevar la cifra y otorgar por este concepto el monto total de $ 375.000 reclamado en la demanda a valores de esa fecha, a razón de $ 125.000 por el fallecimiento de su hija M L Vázquez y $ 250.000 por el deceso de su nieta A M Arrarás.

VI. Indemnización por muerte

La vida humana no tiene valor económico en sí mismo, porque no está en el comercio y no tiene por lo tanto valor de uso o de cambio. Marginada de la especulación, no puede ser vendida, permutada o alquilada. Vale sí cuando puesta en relación con otras personas o con las cosas, produce bienes y éstos sí son apreciables económicamente, pero en consideración a sí misma, sin referirla al bien que produce o puede producir, no puede cotizarse en dinero (Bustamante Alsina, Jorge: “Teoría general de la responsabilidad civil”, pág. 234).

Así concebida, no obstante la apuntada carencia de valor, es claro que la muerte puede producir perjuicios a terceros, porque la privación de los beneficios actuales o futuros que la vida de un ser humano reportaba a otros, constituye un daño cierto, que merece la protección del derecho y que debe definirse en su cuantía, no por un supuesto valor económico de la vida, sino por el concreto daño generado.

En otros términos, la muerte debe resarcirse en función del efectivo detrimento que se irroga a los damnificados por la falta de aporte material que produce la desaparición de quien debía prodigarle tales beneficios (conf. CNCiv., Sala A, votos de la Dra. Ana María Luaces en L. nº 126.487 del 30/9/93; del Dr. Jorge Escuti Pizarro en L. nº 166.838 del 22/9/95 y votos del Dr. Molteni en L. nº 59.437 del 12/6/91, entre muchos otros).

En este sentido, se ha dicho con acierto, que el fallecimiento nunca produce en el patrimonio del damnificado un daño emergente, desde que no se traduce en un empobrecimiento o en una disminución de los bienes que lo componen, excepción hecha de los gastos de asistencia y funerarios que se hubieran efectuado, cuyo pago el recordado art. 1084 del Código Civil coloca en cabeza del responsable (Bustamante Alsina: “ob. cit.”, pág. 235).

En realidad, el menoscabo no puede consistir en otra cosa que no sea un lucro cesante, configurado por la pérdida de los beneficios que el damnificado recibía del difunto, o bien, como se alega en el caso, en la extinción de una chance, cuando la muerte viene a frustrar la posibilidad de recibirlos en el futuro.

Lo que daría al daño el carácter de eventual sería la probabilidad de obtener la ganancia o de evitar el perjuicio, pero hay una circunstancia cierta, que es lo que justifica el resarcimiento: la oportunidad de obtener la ganancia o de evitarse el perjuicio, y esa oportunidad cierta se ha perdido por le hecho de un tercero. Si la probabilidad hubiese tenido bastante fundamento, la pérdida de ella debe indemnizarse. Ahora bien, la indemnización deberá ser de la chance misma, y no de la ganancia, por lo que aquélla debe ser apreciada por el juez según el mayor o menor grado de posibilidad de convertirse en cierta; el valor de la frustración estará dado por el grado de probabilidad (conf. Bustamante Alsina, Jorge: “ob. cit.”, pág. 179).

Tuvo en cuenta el sentenciante que con la demanda, se aportó la partida de nacimiento de la hija de los actores, que da cuenta que a la fecha de su deceso contaba con 30 años de edad, también que se acompañó la liquidación final del sueldo, de donde surge que comenzó a trabajar para la empresa Telefónica de Argentina S.A. el 11 de enero de 2002 hasta su deceso, y además se agregan folletos de zapatillas con luces y la nota con la que se pretende acreditar la adquisición de 9 de ellas a un costo de $ 70 cada una ( fs. 18/22, 32 a 35 a fs. 353/4 de la causa penal la constancia de seguro colectivo de vida a favor de M L Vázquez cuyo tomador es la nombrada empresa). También se mencionan los testimonios reunidos en el expediente de Mariano Martín Vázquez y Fabián Hugo Montepeloso. El primero de los nombrados, entre otras cuestiones, reconoció ser amigo y compañero de secundaria del hijo de los actores, y relató que conocía a M desde hacía unos 29 años y a A desde el nacimiento, que aquélla era empleada de la compañía telefónica y adicional a eso tenía un emprendimiento donde vendía calzado deportivo y para chicos, actividad en la que le iba bien. Agregó que trabajaba mucho y podía mantener muy bien a su familia.

Explicó también que sabía que la difunta hija ayudaba económicamente a sus padres, lo que se materializaba con dinero o con su tarjeta de crédito, que la mamá era ama de casa y el papá antes del hecho era mecánico y después conductor de un taxi. En esta línea abundó que eran cuatro hermanos, pero sólo ella los asistía, porque era la que en mejor posición económica se encontraba en su momento, a diferencia el resto de los hijos que tenían empleos que no permitían esa contribución (fs. 105/vta.).

El otro testigo nombrado, si bien manifestó no recordar si M colaboraba económicamente con sus progenitores, sí afirmó que trabajaba en Telefónica, y que hacía trabajos personales, que vendía zapatillas, estaba emprendiendo algo (fs. 1017).

Los dichos de los testigos y el mismo interrogatorio a que responden, son cuestiones que deberán ser apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica y dárseles el valor correspondiente según los motivos y circunstancias que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones (art. 456 del Código procesal y CNCiv, Sala B, 10/3/77, LL, 1977-C-581).

La prueba testimonial resulta una de las más difíciles de evaluar, pues son múltiples las circunstancias y los motivos que pueden llevar a corroborar o disminuir su fuerza o eficacia probatoria (conf. Varela Casimiro A.: Valoración de la prueba ,p. 269). ̈ ̈

A la luz de estas pautas, analizados de acuerdo con las reglas de la sana crítica y con un criterio rigurosos en razón de la relación que mantienen con los actores y su familia, más allá de la contradicción que se marca en el decisorio en crisis, considero que los testimonios en cuestión, no impugnados en los términos del citado dispositivo, en particular el primero, detentan una alta confiabilidad, porque por la frecuencia de trato, es verosímil que conocieran los detalles que parecen haber volcado con sinceridad, sin que pueda extraerse de la causa algún antecedente probatorio apto para poner en tela de juicio la veracidad de sus declaraciones. En suma, se expresaron con soltura, en general no rehuyeron las respuestas, dieron razón de sus dichos, y encuentran aval en otros elementos de juicio, todo lo cual aunado, me lleva a la convicción que contaron lo que conocían y que fueron sinceros al expresarse.

Ello así, difiero con la conclusión a la que arriba mi colega de grado sobre el punto, porque entiendo que del material probatorio mencionado, puede extraerse como razonablemente demostrado el mencionado trabajo estable que desempeñaba M antes del lamentable suceso, y ese emprendimiento al que aluden los actores, quizás endeble o incipiente, pero suficiente para vislumbrar en esa mujer fallecida, un personalidad inquieta y activa, con ansias de superación, y solidaria con su familia.

En consecuencia, considero que se justifica la procedencia de la indemnización tanto a título de lucro cesante como de pérdida de chance, porque se les ha quitado a los actores la oportunidad de que en el futuro, de vivir su hija, se hubiera concretado la posibilidad de una ayuda o sostén económico, que corresponde calificar como un daño futuro, pero cierto, que como tal, merece la solución que propicio. Y en ese sentido, a partir del mencionado perfil de M, es posible trazar una evolución que autorice suponer que por las edades de los involucrados (30 años al fallecer y 60 y 53 el padre y la madre al promover demanda), en el natural declive de sus progenitores, sumidos ya de por sí en una precaria situación, ella se encontraría en el pico de su rendimiento, lo cual aumenta la verosimilitud de que aquella se convirtiera en cierta.

En base a estos antecedentes, edades de la hija y de los padres al momento del hecho, elementos probatorios mencionados, y datos de conocimiento general, considero equitativo conceder la suma de $ 150.000 por este concepto (art. 165 el Código Procesal).

VII. Costas (Consorcio, Metrogas, Mapfre y La Meridional).

En lo que hace a las costas, es sabido que el ordenamiento procesal vigente adhiere a un principio generalmente aceptado en la legislación nacional y extranjera y cuyo fundamento reside básicamente en el hecho objetivo de la derrota, con prescindencia de la buena o mala fe con que la parte vencida pueda haber actuado durante la tramitación del proceso, como base de la imposición de la condena en costas, puesto que quien promueve una demanda lo hace por su cuenta y riesgo (Fassi-Yañes: “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado , Anotado y Concordado”, t. 1, p. 411 y art. 68 del Código Procesal).

La teoría de acuerdo con la cual, cuando son varios los que han intervenido en la producción del hecho, la víctima puede demandarlos a todos sin riesgos de correr con las costas por el rechazo de la acción contra alguno de ellos, puede ser aplicada, sólo cuando con posterioridad a la deducción de la demanda y durante la tramitación del proceso pudo conocerse la irresponsabilidad de alguno de ellos.

En el caso sub examine, cuando la demanda fue promovida (ver cargo de fs. 45 vta.), ya se encontraban producidas en la causa penal el Informe Técnico concretado por “Policía federal Argentina Superintendencia Federal de Bomberos Departamento Técnico Investigativo de la División de Siniestros”, de fs 104/22, y su ampliatorio de fs. 436/443, el Informe Complementario de METROGAS de fs. 123, la declaración de L Natalia Vázquez y restantes testimonios, así como los Informes del Cuerpo Médico Forense de fs. 168/73, 174/78 y 331/32 y por supuesto también el contrato de locación que ligara a las partes sobre el inmueble donde se produjo el fatídico desenlace, entre otras probanzas.

Entonces, si por prueba conducente en los términos de la doctrina elaborada en torno al art. 364 del ordenamiento ritual se entiende la que es esencial y decisiva para la solución de la causa, esa condición le cabe a las mencionadas en el párrafo precedente, las que en lo sustancial tomó en cuenta el juez de grado para dirimir la responsabilidad en estos autos, conforme a los hechos expuestos en la demanda y en la contestación.

Ello me convence de hacer lugar a los agravios en este punto y de proponer que las costas de primera instancia por la intervención del consorcio y de la empresa Metrogas S.A., y las citadas en garantía “Mapfre Argentina de Seguros S.A.” y “La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A.”, sean impuestas a los accionantes, porque un examen atento y cuidadoso de los elementos de juicio existentes al momento de iniciar el proceso y de los hechos fundantes de la responsabilidad, hubiera permitido seleccionar a los verdaderos responsables.

“Almada, Rodolfo Fabián c/ Yedvab, Marcelo Javier (expediente: 71013/2010).

VIII. Daño moral. Legitimacion del conviviente. Art. 1078 CC: Inconstitucinalidad. Monto.

El Sr. Magistrado tuvo por probada la convivencia del actor con M “...no sólo de los testimonios obrantes a fs. 408 y 447, sino de las actuaciones penales las que dan cuenta de las peticiones realizadas por el actor para recuperar sus pertenencias del inmueble donde ocurrió el siniestro, como de los dichos del propio emplazado, quien reconoció que Almada era quien concurría a su domicilio a pagar el alquiler..., hecho que no puede más que demostrar la convivencia con M L Vázquez, locataria del inmueble”.

Luego, optó por declarar la inconstitucionalidad del art. 1078 del Código Civil y rechazar la excepción de falta de legitimación activa opuesta por el accionado. Para así decidir, luego de un clara y pormenorizado desarrollo, al que me remito para evitar reiteraciones desmedidas, arribó a la conclusión “...de que, en el caso, el precepto legal no contradice una cláusula determinada de nuestra Ley Fundamental, sino, antes bien, una serie de principios y postulados con raigambre constitucional, a saber: aterum non laedere consagrado en el art. 19, ya que no se advierte razón suficiente para ordenar un trato desigual...el derecho reconocido por los pactos internacionales citados en virtud de los cuales toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; y a una indemnización justa (arts. 5 y 21 del Pacto de San José de Costa Rica)...”.

Sentado ello, cabe precisar ahora que de acuerdo con el art. 265 del Código Procesal “El escrito de expresión de agravios deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. No bastará remitirse a presentaciones anterior”.

La satisfacción de una fundamentación adecuada del recurso de apelación -es decir, aquella que puede ser entendida como una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que se consideran equivocadas de acuerdo a la terminología que emplea el art. 265 - configura un requisito cuyo incumplimiento impide la apertura de la instancia revisora y consecuentemente frustra el juicio de procedencia o de fundabilidad.

"No puede menos de exigirse, a quien intenta que se revise un fallo, que diga por qué esa decisión judicial no lo conforma, poniendo de manifiesto lo que considera errores de hecho o de derecho, omisiones, defectos, vicios o excesos. Cuando así procede, cumple con los deberes de colaboración y de respeto a la justicia y al adversario, facilitando al tribunal de alzada el examen de la sentencia sometida a recurso y al adversario su contestación, y limita el ámbito de su reclamo (Podetti, "Tratado de los Recursos", cit. p. 222).

En función de lo reseñado, y de que la argumentación no pasa de ser una mera disconformidad con lo decidido en la sentencia al respecto, por similares fundamentos al tratar el tema de la legitimación activa respecto del mismo rubro en el expediente acumulado, si se aprecia que también aquí los agravios no pasan de ser una simple reiteración de la argumentación esgrimida a la hora de alegar, circunstancia que tornan al recurso inidóneo para satisfacer el recaudo de la fundamentación adecuada (arts. 265 y 266 del Código Procesal), propongo declarar la deserción (art. 266 de la ley formal). Ello, dado que no fueron rebatidos los argumentos centrales en los que el fallo recurrido se asienta para conferir la legitimación con el alcance señalado.

En cuanto a la cifra, que motiva el agravio de ambas partes, es válido dar por reproducida en esta parte, las reflexiones ya volcadas al tratar la similar cuestión en la causa acumulada.

En el caso, el luctuoso día, al ingresar a la vivienda en cuestión, el actor advirtió que M, se encontraba tirada en el living, y la menor A, recostada en la cama del dormitorio, ambas sin vida.

A su vez, el accionante, a raíz de la inhalación de monóxido de carbono se desvaneció, con pérdida de conocimiento, isquemia cardíaca y con un Glasgow de 4/15, siendo trasladado por SAME al Hospital General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez, donde ingresó estuporoso, con elevación de las enzimas cardíacas, rosado, con isquemia cardíaca, por lo que se procedió a intubarlo y se le colocó una vía central y sonda vesical (fs. 6 a 17 y fs. 537/58 y fs. 102 y 331 de la causa penal).

Por su parte, luego de un preciso informe de la Resonancia Nuclear Magnética de Cerebro con Difusión sin y con Gadolinio que se le practicara, en la constancia del Centro Médico Deragopyan de fs. 60, se concluye: “RMI de encéfalo con visibles daños de variada complejidad coincidentes con exposición a CO (monóxido de carbono)”. A su vez, en la peritación médica de autos, tal como se lo destaca en la sentencia sujeta a recurso, se concluyó que el accionante padece secuelas compatibles con el síndrome neurológico tardío en la actualidad vinculado a la intoxicación con monóxido de carbono, teniendo en cuenta asimismo que presenta intercurrencias clínicas propias de sus variables de salud que no permiten adjudicar completamente el estado de salud integral al mismo hecho. Estima una incapacidad parcial y permanente del 25 % con una depresión en período de estado moderado, con daño psíquico del 25 % conforme psicodiagnóstico que obra a fs. 433/444.

En base a ello, aún cuando con arreglo a esa aclaración que se realiza en la pericia se efectúe una fuerte reducción del porcentual de incapacidad, lo cierto es que el desvanecimiento, con pérdida del conocimiento, el traslado de urgencia, la internación e intubación, restantes tratamientos a los que fuera y deberá ser sometido a raíz del hecho y la secuelas que habrán de mortificarlo hasta el final de sus días, constituyen antecedentes por demás suficientes para hacer lugar al agravio del actor, rechazar el del demandado, y concederle el total de la suma reclamada de $ 100.000 a valores vigentes al momento de interposición de la demanda

A la misma conclusión arribo, al ponderar las características que rodearon el hecho, la imborrable impresión al encontrarse con el dramático cuadro descripto en el regreso al hogar, la abrupta y traumática interrupción del proyecto familiar y de vida en común que había iniciado con M y su pequeña hija, que de acuerdo a lo que se puede inferir de los mencionados testimonios, que confieren verosimilitud a las misivas y fotografías de fs. 47 a 58, se hallaba en proceso de franca consolidación. En función de ello, propongo elevar a los $ 350.000 solicitados, calculados a valores vigentes al momento de la demanda, la suma para enjugar el daño moral padecido por el fallecimiento de M y Ailén.

IX. Incapacidad sobreviniente

Se queja el demandado por la procedencia y monto de este concepto, pero a ese fin, en general repite lo que ya había sostenido en los alegatos sin mostrar el error en que supuestamente incurriera el perito y luego el juez al receptar su criterio, y sin desvirtuar las restantes constancias a las que alude la sentencia para cimentar su decisión, entre ellas, el examen médico legal realizado por la Policía Federal Argentina, división “Medicina Legal”, constancias de la historia clínica que cita y dictamen del Cuerpo Médico Forense. Por ello, dado que quedaron si rebatir los principales argumentos que nutren el decisorio, considero que también este costado del recurso debe declararse desierto, no sin señalar que la cifra concedida por esta partida no puede calificarse como elevada, dadas las secuelas dejadas por el evento, aún cuando se operara una reducción en el porcentaje de incapacidad de índole física, en función de lo informado por el experto al respecto, ya mencionado al tratar el daño moral.

X. Intereses (ambos expedientes).

En lo atinente a la tasa de interés aplicable cabe señalar que de conformidad con la doctrina establecida por la Cámara en pleno en los autos “Samudio de Martínez, Ladislaa c/ Transportes Doscientos Setenta S.A. s/ daños y perjuicios” en los acuerdos del 14 de octubre y 11 de noviembre de 2008 y la inteligencia atribuida a esa doctrina por esta Sala en casos como el presente (cfr. “Aguirre Lourdes Antonia c/ Transporte Automotores Lanús Este S.A. s/ daños y perjuicios” del 17 de marzo de 2009 y sus citas; “Martínez, Eladio Felipe c/Díaz, Hernán Reinaldo s/ daños y perjuicios” del 15 de marzo del año 2013, entre otros), comparto el criterio mantenido por este Tribunal en cuanto a que desde la producción del perjuicio hasta el pronunciamiento apelado se fije la tasa del 8% anual, como tasa pura dado que resulta suficientemente compensatoria pues se está ante una deuda de valor cuya entidad se fija a valores actuales y a partir de allí la tasa activa ya referida. Esa interpretación ha sido recientemente sostenida en doctrina (cfr. Lorenzetti, Código Civil y Comercial de la Nación, t. V, pág. 158, Rubinzal Culzoni Editores, Bs. As., 2015).

En función de ello, salvo con relación a los montos fijados en ambos expedientes acumulados por daño moral, que desde la fecha de interposición de la demanda deberán correr a la tasa activa, con este alcance, propongo hacer lugar a los agravios del accionado en ambas causas.

En consecuencia, si mi criterio fuera compartido, propongo al Acuerdo rechazar los agravios formulados por los apelantes en ambos juicios, declarar la deserción de los recursos en los aspectos individualizados en los considerandos precedentes, y confirmar la sentencia única dictada en los procesos acumulados en lo principal que decide, modificándola sólo en los siguientes aspectos:

1) expediente 21.192/2010; a) Imponer en el orden causado entre los actores y los demandados Ariel Eduardo Yedvab y Elisa Andrea Yedvab , las costas de primera instancia por la excepción de falta de legitimación pasiva para obrar deducidas por éstos últimos, haciendo lugar al agravio formulado por el demandado Marcelo Javier Yedvab, con este alcance; b) Hacer lugar a los agravios de éste último e imponer a la parte actora las costas por la intervención del “Consorcio de Propietarios Sánchez ...”, “Metrogas S.A.”, “Mapfre Argentina de Seguros S.A.” y “La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A.”; c) Hacer lugar a las quejas de los accionantes y admitir la procedencia del rubro “Valor Vida”, por el fallecimiento de la hija, por la $ 150.000 y elevar el monto del “daño moral” a $ 375.000 reclamado en la demanda a valores de esa fecha, a razón de $ 125.000 por el fallecimiento de su hija M L Vázquez y $ 250.000 por el deceso de su nieta A M Arrarás.

Atento a la naturaleza de los planteos, su entidad jurídica y conceptual, la forma como progresan y su incidencia económica global, las costas de alzada corresponde imponerlas a Marcelo Javier Yedvab en un 90 % y en el 10 % restante a los actores (art. 71 del Código Procesal), salvo las vinculadas con la intervención y falta de legitimación de Ariel Eduardo Yedvab y Elisa Andrea Yedvab, que se imponen en el orden causado por similares fundamentos al criterio de imposición de las de primera instancia. Las vinculadas con el tema del rechazo de la acción promovida contra el consorcio, corresponde ponerlas en cabeza de los actores, dada su condición de vencidos, aunque no medien en segunda instancia trabajos a resarcir de esta contraparte. Las costas de alzada por el recurso de Ariel Eduardo Yedvab, se deben cargar sobre el nombrado, perdidoso en su planteo.

2) expediente 17.013/2010; elevar la cifra concedida por “daño moral” a $450.000, a valores vigentes a la fecha de la deducción de la demanda.

Las costas de alzada corresponde que sean soportadas por el demandado, que resultó sustancialmente vencido (art. 68 del Código Procesal).

3) Establecer que los intereses se liquiden en ambos procesos de conformidad las tasas previstas en el considerando X.

La Dra. CASTRO dijo en su disidencia parcial:

Comparto el voto de mi distinguido colega el Dr. Rodríguez, con excepción de lo que se refiere a las quejas vinculadas a la admisión del daño moral del conviviente.

El Sr. Juez de grado admitió ese reclamo previa declaración de inconstitucionalidad del hoy derogado art. 1078 del Código Civil. Sostuvo a ese fin que parecía absurdo que se le reconociera al concubino legitimación para reclamar la reparación de daños materiales y no en cambio el moral; que ello violaba “la igualdad en la reparación de os daños”, que si hay un daño injusto debe ser reparado. Citó el precedente de la CSJN de Fallos 327:3753 -que se refiere a una cuestión claramente diversa, esto es, indemnización laboral- y tras reconocer la gravedad que entraña la declaración de inconstitucionalidad de una ley, señaló que en el caso la limitación contenida en la citada norma legal violaba el derecho a la reparación plena del daño injustamente sufrido, que revestía jerarquía constitucional.

Ello es materia de las quejas del demandado quien -más allá de sostener que el coactor no ha demostrado el invocado carácter de conviviente de la víctima del siniestro- en síntesis afirma que la cuestión de la legitimación activa para reclamar un daño es privativa del legislador y que aunque la norma sea discutible de ello no se sigue que exista una violación a la Constitución Nacional.

Y a mi juicio le asiste razón. Entiendo -como lo señalé en el Expte. n° 99.569/2004, sentencia del 2 de septiembre de 2017- que no corresponde hacer una suerte “expansión interpretativa del art. 1078 Cód. Civ.”. Tal método interpretativo -expansivo- no resulta a mi juicio adecuado. He dicho al votar en primer término en los expedientes acumulados nº 25625/07 y 17249/07 del de junio de 2012 que como resulta de la tradicional jurisprudencia de nuestra C.S.J.N. en la materia, la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir de su texto, y cuando ella no exige esfuerzo en su hermenéutica debe ser aplicada directamente, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (Fallos 329: 3470, dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema, entre muchísimos otros). De acuerdo al principio primario de sujeción de los jueces a la ley, éstos no deben sustituir al legislador para crear excepciones no admitidas por la norma ni efectuar una interpretación que equivalga a su prescindencia, en tanto no medie una concreta declaración de inconstitucionalidad (Fallos 329: 4688). Es que si bien el juez no es en nuestra cultura jurídica un órgano ciego y automático de aplicación de la ley, tampoco es el “señor del Derecho” en una sociedad libre e igualitaria. En las sociedades democráticas es central el papel de la ley; al sistema jurídico no le interesan las opiniones personales de quienes actúan como jueces, sino su capacidad para expresar las normas que la sociedad se ha dado a si misma y para hacerlas llegar a su efectividad última, lo que le impone operar necesariamente con sus principios - los de la ley- depurando y afinando su alcance (cfr. García de Enterría, Eduardo “La democracia y el lugar de la ley” en El derecho, la ley y el juez, Cuadernos Civitas, Madrid 1997, pág. 49 y sgtes.) (esta Sala en autos “Solis Rodolfo Jorge c/ La Prensa SA s/ daños y perjuicios”, expte. n° 97168/1995, de /04/2010). De allí que los jueces carezcan de facultades para excusar a los particulares de las disposiciones legales inequívocamente aplicables. Por lo demás -y tal como se indica en la sentencia recurrida- la declaración de inconstitucionalidad de un precepto de jerarquía legal constituye la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia y configura un acto de suma gravedad institucional, debe ser considerado como "última ratio" del orden jurídico (conf. C.S.J.N. Fallos 315:923). Se trata de una atribución que sólo debe utilizarse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional sea manifiesta y la incompatibilidad inconciliable (Fallos 316:2624), y en tanto no exista otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Ley Fundamental si no es a costa de remover el obstáculo que representan normas de menor jerarquía (C.S.J.N., noviembre 23-1989, Mitivie, Carlos M. c. Estado Argentino -M. de Defensa- Instituto de Ayuda Financiera para Pagos de Retiro y Pensiones Militares, Fallos 312:2315). Exige que la norma impugnada destruya la sustancia del derecho constitucional, debiendo resolverse cualquier duda a favor de la constitucionalidad (Fallos 209:337; 234:229; 235:548; 247:73; 244:309).

En este sentido, la C.S.J.N. dijo en el célebre caso “Russo” (Fallos 243:467) citando al juez Frankfurter, “es esencial que sean ejercidas con la reserva más rigurosa las facultades correspondientes al órgano menos representativo de nuestro gobierno”. El límite de la reglamentación de los derechos constitucionales es la razonabilidad: siendo las leyes razonables no son susceptibles de impugnación constitucional. La mera existencia de una limitación de los legitimados activos para demandar el daño moral no importa sin más la falta de razonabilidad de la norma. Es que debe tenerse en cuenta que cualquier reglamentación a los derechos reconocidos por la Constitución Nacional importa siempre una limitación y ello no la transforma automáticamente en inconstitucional.

Con particular referencia a la norma que nos ocupa se ha sostenido (Voto del Dr. Petracchi, Fallos 326:3961) que la disposición del art. 1078 del Código Civil que limita la legitimación activa para demandar la indemnización obedece a razones de política legislativa. Y como tales, más emparentadas con la oportunidad, mérito y conveniencia que con la razonabilidad; por tanto no justifican declaración alguna de inconstitucionalidad. Repárese que tanto la norma derogada como la actual contienen limitaciones de los sujetos legitimados; tal cuestión obedece con toda evidencia a aquellas razones de política legislativa. Es que nadie duda que la muerte o en su caso los padecimientos que sufre una persona a raíz de un evento dañoso pueden provocar un tremendo dolor no sólo en la víctima o en su caso en sus herederos forzosos -régimen derogado- o en los ascendientes, descendientes, cónyuge y “quienes convivían con aquél recibiendo trato familiar ostensible” -régimen actual, y en el caso de incapacidad siempre que eta sea susceptible de ser calificada de “gran” como reza la nueva disposición legal-, sino también en otras personas, como los amigos íntimos, las parejas no convivientes, los hermanos que tampoco convivan, los hijos convivientes del cónyuge, etc. Todos ellos podrían considerarse “familia” en la concepción particular de cada individuo, libre para elegir el sistema familiar que estime conveniente (art. 19 de la Constitución Nacional). Sin embargo, no parece razonable que ello se traduzca necesariamente en la inexistencia de limitaciones legales de los damnificados con derecho a obtener la indemnización o la inconstitucionalidad de las existentes. Por el contrario, entiendo que la elección del universo de los legitimados activos y la consecuente exclusión de aquellos que las normas dejan de lado importa una decisión legislativa que podrá ser criticada desde muchos puntos de vista, pero que constituye una valoración de la oportunidad, mérito y conveniencia ajena al ámbito de la revisión judicial su constitucionalidad.

Voto en consecuencia en igual sentido que Sr. vocal preopinante salvo respecto de los agravios vinculados reparación de daño moral deducido por Rodolfo Fabián Almada, aspecto de la demanda que propongo desestimar.

Por razones análogas, la Dra. GUISADO adhiere al voto del Dr. RODRIGUEZ.

Con lo que terminó el acto.

Se deja constancia de que la publicación de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164 2° párrafo del Código Procesal y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional, sin perjuicio de lo cual será remitida al Centro de Informática Judicial a los fines previstos por las Acordadas 15/13 y 24/13 de la C.S.J.N..

 

PAOLA M. GUISADO

JUAN PABLO RODRIGUEZ

PATRICIA E. CASTRO

(Disidencia parcial)

MARIA BELEN PUEBLA

SECRETARIA

 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2019.

Por lo que resulta de la votación sobre la que instruye el acuerdo que antecede, el Tribunal resuelve por mayoría: rechazar los agravios formulados por los apelantes en ambos juicios, declarar la deserción de los recursos en los aspectos individualizados en los considerandos precedentes, y confirmar la sentencia única dictada en los procesos acumulados en lo principal que decide, y se la modifica sólo en los siguientes aspectos: 1) expediente 21.192/2010; a) Se imponen en el orden causado entre los actores y los demandados Ariel Eduardo Yedvab y Elisa Andrea Yedvab , las costas de primera instancia por la excepción de falta de legitimación pasiva para obrar deducidas por éstos últimos, haciendo lugar al agravio formulado por el demandado Marcelo Javier Yedvab, con este alcance; b) Se hace lugar a los agravios de éste último y se imponen a la parte actora las costas por la intervención del “Consorcio de Propietarios Sánchez ...”, “Metrogas S.A.”, “Mapfre Argentina de Seguros S.A.” y “La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A.”; c) Se admiten las quejas de los accionantes y la procedencia del rubro “Valor Vida”, por el fallecimiento de la hija, por la $150.000 y se eleva el monto del “daño moral” a $375.000 reclamado en la demanda a valores de esa fecha, a razón de $125.000 por el fallecimiento de su hija M L Vázquez y $250.000 por el deceso de su nieta A M Arrarás.

Atento a la naturaleza de los planteos, su entidad jurídica y conceptual, la forma como progresan y su incidencia económica global, las costas de alzada se imponen a Marcelo Javier Yedvab en un 90 % y en el 10 % restante a los actores (art. 71 del Código Procesal), salvo las vinculadas con la intervención y falta de legitimación de Ariel Eduardo Yedvab y Elisa Andrea Yedvab, que se imponen en el orden causado por similares fundamentos al criterio de imposición de las de primera instancia. Las vinculadas con el tema del rechazo de la acción promovida contra el consorcio, se asignan en cabeza de los actores, dada su condición de vencidos, aunque no medien en segunda instancia trabajos a resarcir de esta contraparte. Las costas de alzada por el recurso de Ariel Eduardo Yedvab, se cargan sobre el nombrado, perdidoso en su planteo.

2) expediente 17.013/2010; Se eleva la cifra concedida por “daño moral” a $450.000, a valores vigentes a la fecha de la deducción de la demanda.

Las costas de alzada se imponen al demandado, que resultó sustancialmente vencido (art. 68 del Código Procesal).

3) Los intereses se deberán liquiden en ambos procesos de conformidad con las tasas previstas en el considerando X.

En atención a lo precedentemente decidido y de conformidad con lo dispuesto por el art.279 del Código Procesal y el art.30 de la ley 27.423, déjanse sin efecto las regulaciones de honorarios practicadas en la sentencia dictada a fs.1127/1166.

En consecuencia, atento lo que surge de las constancias de las presentes actuaciones, cabe ponderar la labor profesional desarrollada apreciada en su calidad, eficacia y extensión, la naturaleza del asunto, el monto comprometido, las etapas cumplidas, el resultado obtenido y las demás pautas establecidas en los arts. 1, 16, 20, 21, 22, 24, 29 y concordantes de la ley de arancel 27.423. Teniendo ello en cuenta, regúlense los honorarios del letrado del consorcio demandado Dr. Gustavo Fabián Albandoz en la cantidad de treinta y seis con noventa y ocho UMA (36,98) equivalentes a la fecha a la suma de sesenta y nueve mil setecientos sesenta y ocho pesos ($69.768). Asimismo, regúlense en forma conjunta los honorarios de la dirección letrada de la demandada Metrogas y las citadas en garantía Mapfre y La Meridional Dres. Laura A. Noailles, Paola Viviana Sarago, Mariana Alejandra Gómez y Débora María Mansi en la cantidad de ochenta y dos con diecinueve UMA (82,19) equivalentes al día de hoy a la suma de ciento cincuenta y cinco mil setenta y ocho pesos ($155.078).

Regúlense los honorarios de la letrada patrocinante de los codemandados Elisa y Ariel Yedvab, Dra. Cecilia Lauferman -por lo actuado respecto de la cuestión principal que se decidió-, en la cantidad de treinta y seis con noventa y ocho UMA (36,98) equivalentes a la fecha a la suma de sesenta y nueve mil setecientos sesenta y ocho pesos ($69.768) y por lo decidido respecto del incidente de nulidad incoado por Ariel Yedvab, en la cantidad de siete con noventa y cinco UMA (7,95) equivalentes a hoy a la suma de quince mil pesos ($15.000). Regúlense también los honorarios del Dr. Diego Fernando Sznurewicz por su participación en representación de los codemandados Elisa y Ariel Yedvab en la cantidad de diecisiete con veintiséis UMA (17,26) equivalentes al día de la fecha a la suma de treinta y dos mil quinientos sesenta pesos ($32.560).

Regúlense los honorarios de la ex letrada de la parte actora Dra. Sandra A. Merlo, por la cuestión principal, en la cantidad de cuarenta y siete con setenta UMA (47,70) equivalentes al día de hoy a la suma de noventa mil pesos ($90.000) y por lo decidido en torno al rechazo del pedido de temeridad y malicia, en la cantidad de tres con setenta y un UMA (3,71) equivalentes a la suma de siete mil pesos ($7.000).

Asimismo, regúlense en conjunto los honorarios de la representación letrada de la parte actora Dres. Adrián Marcelo Tenca y Leandro Carlos Maccan en la cantidad de noventa y seis con cuarenta y cinco UMA (96,45) equivalentes a hoy a la suma de ciento ochenta y dos mil pesos ($182.000).

Regúlense los honorarios del Dr. Evaristo Pérez Virasoro, letrado patrocinante del demandado Di Vito, en la cantidad de setenta y uno con cincuenta y cinco UMA (71,55) equivalentes a la fecha a la cantidad de ciento treinta y cinco mil pesos ($135.000) y los de los Dres. Carlos Wiater y Diego Fernando Sznurewicz -en conjunto-, por la representación del demandado Marcelo Yedvab en la cantidad de ciento cinco con noventa y nueve UMA (105,99) equivalentes al día de hoy a la suma de doscientos mil pesos ($200.000).

Considerando los trabajos efectuados por el experto, las pautas de la ley de arancel precedentemente citada y el art.478 del Código Procesal, regúlense los honorarios del perito informático Rubén Oscar Porrazo en la cantidad de diez con sesenta UMA (10,60) equivalentes a hoy a la suma de veinte mil pesos ($20.000).

Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 2536/15 y lo dispuesto en los puntos g), del art.2°) del anexo III) del Decreto 1467/11, fíjense los honorarios de la mediadora Dra. Judith L. R. Chemaya en la suma de veinticuatro mil pesos ($24.000).

Por la actuación en la alzada, atento el interés debatido en ella y las pautas del art.30 de la ley 27.423, regúlense los honorarios del Dr. Adrián Marcelo Tenca y Leandro Carlos Maccan en la cantidad de cuarenta y siete con setenta UMA (47,70) equivalentes al día de hoy a la suma de noventa mil pesos ($90.000) y los del Dr. Diego Fernando Sznurewicz por la cuestión principal que se ventilo en la cantidad treinta y siete con sesenta y tres UMA (37,63) equivalentes al día de hoy a la suma de setenta y un mil pesos ($71.000) y por la cuestión en torno al recurso interpuesto por el demandado Ariel Eduardo Yedvab, en la cantidad de tres con cincuenta UMA (3,50) equivalentes a la suma de seis mil pesos ($6.000).

Asimismo, por la actuación profesional desarrollada en los autos acumulados, caratulados “Almada Rodolfo c/ Yedvab Marcelo y otro s/ ds y ps” n° 71.013/10, regúlense los honorarios del letrado apoderado de la parte actora Dr. Mario Enrique Dreossi en la cantidad de ciento cuarenta y ocho con treinta y nueve UMA (148,39) equivalentes al día de hoy a la suma de doscientos ochenta mil pesos ($280.000).

Regúlense en conjunto los honorarios de la representación letrada del demandado Marcelo Yedvab Dres. Carlos Wiater y Diego Fernando Sznurewicz en la cantidad de ciento veintisiete con diecinueve UMA (127,19) equivalentes al día de la fecha a la suma de doscientos cuarenta mil pesos ($240.000) y los del Dr. Evaristo Pérez Virasoro, por la representación del demandado Di Vito, en la cantidad de sesenta y seis con setenta y ocho UMA (66,78) equivalentes a la suma de ciento veintiséis mil pesos ($126.000).

Considerando los trabajos efectuados por el experto, las pautas de la ley de arancel precedentemente citada y el art.478 del Código Procesal, regúlense los honorarios del perito médico Javier Ureta Sáenz Peña en la cantidad de treinta y uno con ochenta UMA (31,80) equivalentes a hoy a la suma de sesenta mil pesos ($60.000).

Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 2536/15 y lo dispuesto en los puntos g), del art.2°) del anexo III) del Decreto 1467/11, fíjanse los honorarios de la mediador Dr. Miguel Ángel Brueño en la suma de treinta y un mil pesos ($31.000).

Por la actuación en la alzada, atento el interés debatido en ella y las pautas del art.30 de la ley 27.423, regúlense los honorarios del Dr. Mario Enrique Dreossi en la cantidad de cincuenta con treinta y cinco UMA (50,35) equivalentes al día de hoy a la suma de noventa y cin co mil pesos ($95.000) y los del Dr. Diego Fernando Sznurewicz en la cantidad de cuarenta y dos con cuarenta UMA (42,40) equivalentes a hoy a la suma de ochenta mil pesos ($80.000).

Notifíquese, regístrese y devuélvase.

 

MARIA BELEN PUEBLA

SECRETARIA

 

 

039693E