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JURISPRUDENCIA

Daños y perjuicios. Policía. Publicación injuriosa. Derecho a la imagen. Libertad de prensa. Fotografía

 

Se confirma la sentencia que acogió la demanda de daños y perjuicios entablada por un policía con motivo de la publicación de su fotografía en una nota realizada en un periódico, al concluirse que el evento por el cual se reclamaba se tornó una injerencia indebida en la vida privada que varios tratados internacionales protegían, cuando el rostro del actor era perfectamente visible y en atención a que se lo usó para ilustrar el mal desempeño de la fuerza policial por los hechos señalados en la publicación, por lo que era lógico que su persona fuera vinculada con ese obrar reprobado socialmente.

 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 9 días del mes de octubre de 2019, hallándose reunidos los Señores Vocales de la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de entender en los recursos de apelación interpuestos por las partes en los autos caratulados: “C., J. G. contra ‘E. L. P. S.A.' sobre DAÑOS Y PERJUICIOS”, habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden del sorteo de estudio la Dra. Silvia Patricia Bermejo dijo:

I- Vienen los autos a este Tribunal con motivo de las apelaciones interpuestas por el demandado (fs. 137) y el actor (fs. 138) contra la sentencia de primera instancia (fs. 132/136). Oportunamente se fundaron (fs. 160/161vta. y 144/145, respectivamente) y recibieron réplica (fs. 165/166, 168/169). A continuación, se llamó autos para sentencia (fs. 174).

II- Los antecedentes del caso.

El señor J. G. C., quien al momento del hecho se desempañaba como policía de la Ciudad -ex Metropolitana-, reclamó los daños y perjuicios que le habría ocasionado la publicación realizada por el periódico -en formato papel y web- “P. 12” de “E. L. P. S.A.”, el día 10 de septiembre de 2011.

Relató que la contraria difundió en su tapa principal del diario una fotografía donde se ve con claridad su rostro, junto al título “Licencia para matar” y otra en su portal web titulada “Asesinos sin miramientos”, donde también él aparece. Manifestó que la noticia se relacionaba con una persona de esa fuerza imputada por el delito de homicidio. Añade que la accionada no tuvo reparos en averiguar si era de su misma seccional o sector.

Considera que la editorial ha ensuciado su imagen y su honra al publicar su foto con esas leyendas, lo que le ocasionó daños en tanto se sintió humillado, descalificado y mal anímicamente. Refirió que sus familiares y amigos lo llamaron constantemente, ya que pensaban que estaba implicado en la investigación. Atribuyó responsabilidad a la “E. L. P. S.A.” (fs. 1/9; arts. 330 y conc. CPCC).

La accionada no contestó la demanda y luego se presentó, a partir de la notificación del traslado de la pericia psicológica. Planteó la nulidad de todo lo actuado, la que se rechazó in limine (fs. 99/101, 101 y vta., 103/104).

Sustanciadas las actuaciones, se dictó el fallo (fs. 132/136).

III- La sentencia.

El juez de grado hizo lugar al reclamo por los daños y perjuicios entablado por el señor J. G. C. y condenó a la “E. L. P. S.A.” a abonarle la suma de $200.900, con más intereses y costas (fs. 132/136).

IV- Los agravios.

El actor cuestiona que el a quo haya considerado los dichos vertidos por la legitimada pasiva en sus alegatos, en tanto no contestó la demanda ni ofreció prueba.

Asimismo, solicita se eleve la suma otorgada y se fije el monto correspondiente al tratamiento psicológico indicado por la perito.

Por su parte, la legitimada pasiva requiere el rechazo de la pretensión. Alega que no se le imputó delito alguno al accionante, que se sacó una foto en la puerta de una comisaría y que los rostros no eran totalmente visibles, por lo que argumenta que es imposible alguna identificación.

A su vez, refiere que no se contempló que la nota periodística versa sobre hechos de interés público. Agrega que no se encuentra acreditado el daño moral y que el perjuicio psicológico llega a conclusiones que no se le pueden atribuir al obrar de la editorial.

Por consiguiente, solicita se revoque el pronunciamiento atacado con costas. Hace reserva del caso federal.

V- Suficiencia del recurso.

Habré de analizar, en primer término, las consideraciones vertidas por ambas partes al contestar los respectivos agravios (fs. 165/166 y 168/169), en cuanto a la solicitud de deserción por insuficiencia de esos embates.

Conforme lo dispone el artículo 265 del Código Procesal Civil y Comercial, los ataques deben contener una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que se consideren equivocadas. Así, con una amplitud de criterio facilitadora de la vía revisora, se aprecia que las impugnaciones cuestionadas son hábiles, respetando su desarrollo las consignas establecidas en esa norma del Código ritual, por lo que deviene admisible su tratamiento (art. 265, cit.).

VI- Ley aplicable.

Al igual que lo decidido en primera instancia y que no fue debatido, la presente acción se analizará desde la perspectiva del Código Civil anterior, por ser la ley aplicable al momento de sucederse el evento por el cual se reclama (arts. 3, CC; 7, CCCN).

VII- Responsabilidad

Se impone tratar lo referido a la existencia del daño por el obrar de la editorial y, de tal manera, definir lo relativo a la responsabilidad que la sentencia en crisis le atribuye.

Cabe señalar que no está cuestionada la existencia del hecho. No se ha objetado la autenticidad del periodico “P. 12”, de fecha 10 de septiembre de 2011 (sobre de fs. 119), las reproducciones certificadas del 4 de septiembre de 2015 (fs. 14/20) y las copias adjuntas al acta de comprobacion notarial de fecha 7 de mayo de 2012 (fs. 21/26), referidas a las publicaciones en internet, lo que llega firme a esta instancia.

En la primera plana del diario “P. 12” citado, se lee en letras destacadas “Licencia para matar”. El detalle, en letras capitales dice: “Otro policia de la Metropolitana mato de un tiro en la cabeza a un joven alcoholizado que intento asaltarlo con una pistola de juguete. Los testigos aseguran que le disparo cuando estaba reducido en el piso. Es el tercer muerto en menos de un mes. Los vecinos apedrearon la sede policial y la madre reclama justicia”, con una foto que la ilustra, de aproximadamente la mitad de la página. Esa imagen se tomó en la calle, en la puerta de una Comisaría, en la cual se aprecia a cinco efectivos de la fuerza, con uniforme y un patrullero detrás. El señor C. es una de esas personas.

En la copia de la publicación digital del mismo diario se ve otra foto, con dos efectivos parados de frente, con el titulo de “Asesinos sin miramientos”, en la cual también se ve claramente y de cuerpo entero al señor C. (fs. 15). La otra publicación digital, con foto, es la repetición de la aparecida en el diario impreso (fs. 14). En síntesis, en todas ellas el señor C. se ve con nitidez. La propia percepción de la prueba documental adjunta me lleva a descartar el argumento de la legitimada pasiva en cuanto a que el rostro del actor no sea visible (ver ejemplar del diario a fs. 119 y fotos de fs. 14 y 15; arts. 386, CPCC).

Acreditada la existencia del evento por el cual se reclama, habrá que analizar el resto de las alegaciones. Anticipo que la circunstancia que la accionada haya comparecido al proceso con posterioridad a la traba de la litis, no la inhabilita para alegar, en tanto corresponde a la etapa del proceso en la cual se presentó y hace al debido derecho de defensa en juicio, lo que tampoco implica retrotraer la causa y realizar argumentaciones impropias a esa oportunidad (arts. 262, CPCC; 18, C.N.).

Cabe precisar que el ejercicio de la libertad de prensa es uno de los baluartes de cualquier sociedad democrática. La Corte de la Nación lo destacó en varios de sus fallos. Ha señalado, en forma reiterada “...el lugar eminente que ella tiene en un régimen republicano. En este sentido ha dicho desde antiguo que `...entre las libertades que la Constitución nacional consagra, la de prensa es una de las que posee más entidad, al extremo de que sin su debido resguardo existiría tan solo una democracia desmadrada o puramente nominal... (Fallos 248:291, 325)” (CSJN, in re: “Kemelmajer de Carlucci, Aida Rosa c/ Lanata, Jorge y otros s/daños y perjuicios”, K. 7. XLVI. REX, sent. del 30-IX-2014, Fallos: 337:1052, del dictamen del Procurador).

También se señaló que “...la investigacion periodistica sobre los asuntos publicos desempena un rol importante en la transparencia que exige un sistema republicano. El excesivo rigor y la intolerancia del error llevarian a la autocensura lo que privaria a la ciudadania de informacion imprescindible para tomar decisiones sobre sus representantes." Y citando a la Corte Suprema de los Estados Unidos en su sentencia en el celebre caso "New York Times v. Sullivan", agrego "Las afirmaciones erroneas son inevitables en un debate libre, y este debe ser protegido si la libertad de expresion ha de tener el espacio que ella necesita para sobrevivir" (Fallos: 331:1530, cons. 8°) (conf. tambien Fallos: 331:2079, entre muchos otros)” (ídem. causa citada).

Sin embargo, ha reconocido que, bajo ciertas circunstancias, el derecho a manifestarse libremente no ampara a quienes cometen ilícitos civiles en perjuicio de la reputación de terceros (Fallos 308:789; 310:508)” (CSJN in re: “Patitó, José Angel y otro c. Diario La Nación y otros”, sent. del 24-VI-2008, Fallos 331:1530).

Ese derecho a informar y a la libertad de prensa tiene límites. En la resolución de los casos, se debe garantizar la tutela de todos los derechos fundamentales en juego. El concepto de proporcionalidad surge del mismo texto del Tratado Europeo de Derechos Humanos, instrumento en el cual algunos de aquéllos estan acompanados de clausulas restrictivas especificas (v. gr. arts. 8, 9, 10, 11, Trat. cit.; Barak, Aharon, “Proporcionalidad. Los derechos fundamentales y sus restricciones”, Editorial Palestra, Lima 2017, pag. 213), como tambien en nuestra Convencion Americana de Derechos Humanos (v. gr. arts. 4 inc. 2, 7 incs. 5 y 7, 12 inc. 3, entre otros). El acatamiento a la proporcionalidad en el respeto de todos los derechos fundamentales es una guia a observar tambien por el Poder Judicial (autor cit., pag. 418). La interpretacion absoluta de un derecho no puede excusar la vulneracion de otros (Cám. Nac. Civ., Sala K, in re: “Viviendas Personal civil de la Nación Sociedad Civil c. Huaranca, Héctor Humberto s. Resolución de contrato”, sent. del 21-II-2019).

En este caso debe sopesarse la libertad de información y prensa frente al derecho a la imagen. Nuestro derecho positivo reconoce a este último como un derecho personalísimo con raigambre constitucional y convencional. El art. 31 de la ley 11.723 determina que el retrato fotográfico no puede comercializarse sin autorización. Define también que es libre la publicación del retrato cuando se relacione con fines científicos, didácticos y en general culturales o con hechos o acontecimientos de interés público o que se hubieran desarrollado en público. Ese concepto de retrato fotográfico se extiende por analogía a cualquier forma de reproducción de la imagen de las personas, tales como videos, por cine o televisión, los dibujos, las esculturas y las caricaturas, en tanto sea posible identificar a la persona (CNCiv., sala L, “L., V. G. c. Telearte S.A. Empresa de Radio y Televisión y otro”, sent. del 14-IX-2010, DJ 19/10/2011, 19 con nota de Guillermo J. Borda y Carlos Pereira (h.), AR/JUR/61670/2010).

Incluso, el haberse hecho la foto en un lugar público tampoco exime de responsabilidad. “La sola circunstancia de que una fotografía haya sido tomada en público no la convierte en lícita ni autoriza su difusión de manera irrestricta, pues debe tenerse en cuenta la finalidad y el marco de captación para establecer los límites.” (CNCiv., sala A, F., L. É. c. Asociación Mutual de Conductores de automotores s/ daños y perjuicios”, sent., del 10-IV-2013, RCyS 2013-X, 104, AR/JUR/15410/2013).

También resulta relevante que la publicacion de esa imagen no era necesaria a los fines de ejercer libremente la actividad de informacion (CSJN in re: “Franco, Julio César c/ Diario La Mañana y/u otros s/Daños y perjuicios”, sent. del 30-X-2007; Fallos: 330:4615, sent. del 30-X-2007, dictamen del 5-VII-2005, del voto de la Dra Carmen Argibay).

Así, en este caso, no hubo ninguna vinculación directa entre el hecho informado y el señor Cari, por lo que se hubiera podido dar la noticia sin necesidad de publicar esa vista, la cual se hizo sólo a modo de ilustración. Ello vulnero el sentir del señor Cari, pues al salir en esa foto sus amistades les preguntaron si tenía relación con los hechos investigados.

Se infiere de lo acontecido que el evento por el cual se reclama se tornó una injerencia indebida en la vida privada que varios tratados internacionales protegen. El artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que "Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación" (inc. 2). Asimismo, regula que “Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques" (inc. 3). Por su lado, el art. 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos las proscribe, las que, claro está, como en este caso, pueden acontecer en un lugar público, cuando es contra su voluntad y, además, como ejemplo de una situación reñida con el derecho, como es el destacar el obrar delictuoso de otros numerarios de la fuerza. En este mismo sentido se expide el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Esos conceptos se coordinan con las pautas que brinda la jurisprudencia, en tanto la Corte de la Nación expuso que “El derecho a la privacidad comprende no sólo a la esfera domestica y al círculo familiar y de amistad, sino a otros aspectos de la personalidad espiritual o física de las personas tales como la integridad corporal o la imagen, nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento o el de sus familiares autorizados para ello y sólo por ley podrá justificarse la intromisión, siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen (CSJN, in re: “Gutheim, Federico c/ Alemann, Juan”, sent. del 15-IV-1993, Fallos: 316:703).

La importancia de la representación de la propia persona hace que la ley 25326, sobre protección de los datos personales, la contemple. Queda abarcada en el hábeas data, instrumento multidireccional que tiende a resguardar la pluralidad de los derechos (ver Masciotra, Mario, “La voz y la imagen y el ámbito de aplicación de la ley de protección de datos personales”, publicado en: Jurisprudencia argentina, cita online: 0003/010494).

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que la confidencialidad de los datos personales, incluido en la noción de vida privada, comprende el derecho a la imagen (“Sciacca c. Italia, número 50774/99, Secc. 29, CEDH 2005-I, ver en Sudre, Frederic y otros, “Les grandes arrêts de la Cour européene des Droits de l´Homme”, Presses Universitaires de France, 2003, Paris, pág. 504, nota al pie 66).

El rostro del actor es perfectamente visible y en atención a que se lo usó para ilustrar el mal desempeño de la fuerza policial por los hechos señalados en la publicación, es lógico que su persona sea vinculada con ese obrar reprobado socialmente. Como explica Le Breton, el reconocimiento del rostro es el primer elemento de identificación de sí y del otro, es una operación que se realiza innumerables veces en una jornada y sin la cual la existencia social sería impensable (Le Breton, David, “Rostros. Ensayo de Antropología”, Editorial Letra Viva, Buenos Aires, 2010, pág. 170). El rostro hace a nuestra individualidad y nos distingue de los demás. Por ello, lo acontecido implica una vulneración de uno de los derechos personalísimos del señor Cari. Como se explicó en la sentencia atacada y que comparto, en tanto la imagen ilustra la nota sobre el asesinato de un joven que se habría cometido por una persona de la fuerza de seguridad metropolitana, en la cual se desempeñaba el actor, es factible la asociación de esa persona con alguien implicado en el hecho que la información relata (fs. 132/136, esp. fs. 135 vta.)

Por consiguiente, aprecio que la sentencia debe ser confirmada en este aspecto que fue motivo de agravio (arts. 1067/69, 1071 bis, 1078, 1109 y conc., CC).

VIII. Daño psicológico.

Ataca el actor que la sentencia no haya tratado la procedencia de este rubro.

El artículo 1068 del Código Civil al referirse al perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria, indirectamente por mal hecho a las facultades de la persona, permite emplazar allí todo detrimento económico a la salud del ser humano, comprensivo de sus aptitudes físicas y psíquicas que le permiten desarrollarse como tal entre ellos al denominado “daño psicológico” (SCBA, opinión personal del señor Juez doctor Pettigiani, causa C 58505, sent. del 28-IV-1998 y en C 90471, sent. del 24-V-2006), ello siempre está sujeto a que se reconozca su existencia, pues, caso contrario, se produciría un enriquecimiento injustificado en el patrimonio del reclamante (Cám. Civ. y Com. de La Plata, Sala II, causas 107.513 del 18-5-2010, RSD-667/2010).

Esta minusvalía incide en la plana capacidad de la persona, con repercusión patrimonial y más allá del desorden de orden espiritual que además pueda provocarle lo acontecido, lo que repercutirá en su faz anímica y, por ende, valorable como daño moral.

Dable es precisar que el dictamen debe valorarse de conformidad a las reglas de la sana crítica y con sujeción a las normas de aplicación al caso (SCBA, B 50984, sent. del 4-VII-1995, “Acuerdos y Sentencias” 1995-II-810; SCBA, B 52359, sent. Del 14-XI-2007).

Incluso, al apreciar las experticias los jueces ejercen facultades propias, no teniendo las conclusiones de los expertos eficacia vinculante (SCBA, Ac. 38915, sent. del 26-IV-1988, “La Ley” 1988-D-100, “Acuerdos y sentencias” 1988-I-720, D.J.B.A. 1988-134, 345; SCBA, Ac 49735, sent. del 26-X-1993; Ac 56166, sent. del 5-VII-1996; Ac. 61475, sent. del 3-III-1998).

Empero, para apartarse de la pericia suficientemente fundada, es necesario oponer argumentos científicos que pongan en duda su eficacia probatoria. Las meras opiniones en contrario, sin esgrimir razones fundadas, son insuficientes para soslayar las conclusiones vertidas por quien es experto en un área de la ciencia o técnica (arts. 386, 477, C.P.C.C.).

La pericia psicológica concluyó en que el señor C. padece una incapacidad en un 5% correspondiente a desarrollos no psicóticos. Detalla que el actor tiene una personalidad introversiva. Explica que “El conflicto se centra en su persona y le genera tensión y ansiedad a partir de la persistencia de un trauma (el hecho de autos: el impacto de la noticia del diario) que lo toma desprevenido y sin defensas, en la entrevista manifiesta que `fue de sorpresa ocasionándome malestar y enojo además por la trascendencia que tomó la misma´...” (fs. 62/71, esp. fs. 69; arts. 386, 477, CPCC).

Se explica que “Las secuelas psíquicas producidas disminuyeron las potencialidades para el trabajo, vida de relación y bienestar psicosocial. Situación que se agrava por la juventud del actor. La preocupación por su mala imagen trae aparejada una lesión psíquica con la consiguiente disminución de la autoestima, un incremento de la auto observación y la tendencia al aislamiento llevándolo a un estado ansioso” (fs. 62/71, esp. fs. 70, respuesta al punto “c”). Lo transcripto, al igual que el resto de las consideraciones que efectúa la experta en el dictamen, llevan a precisar en una incapacidad del 5% (fs. 62/71, esp. fs. 70, respuesta al punto “d”).

En tanto recomienda la realización de un tratamiento para evitar el progreso de la dolencia del actor y con el fin de mejorarla, encuentro que la dolencia es de carácter crónico, pues acorde interpreto de las conclusiones referidas, lo indicado del tratamiento para mejorarlo sería evitar el avance de la minusvalía descripta en tanto, sin señalarse que sea reversible (fs. 62/71, esp. fs. 70, respuesta al punto “e”).

Por ello, coincido con la crítica del actor a la sentencia en tanto el padecimiento de orden moral es distinto al de carácter psicológico y merecen un tratamiento diverso.

Cabe referir que si bien en la demanda se identificó al reclamo del daño moral, luego se solicitó la pericia psicológica a los fines de la determinación del monto, por lo que ambas peticiones integran la litis y su abordaje respeta al principio de congruencia (fs. 1/9, esp. fs. 8 y vta.; arts. 330, 356 inc. 1, CPCC).

En definitiva, en vista a la edad del señor C. al tiempo del hecho - aproximadamente 27 años-, de la incapacidad informada del 5% parcial y crónica, que ello incide en su aptitud laboral en tanto deviene en una minusvalía a su plena potencialidad, postulo a mis colegas admitir por este concepto la suma de $ 200.000 (pesos doscientos mil; arts. 3, 1068, CC; 7, CCCN; 330, 386, 477, CPCC).

IX- Tratamiento psicológico.

Critica el actor que la sentencia no analizó el tratamiento psicológico que aconseja la perito (fs. 144/145). Sin embargo, este ítem no se solicitó en el libelo de inicio (fs. 1/9), por lo que deviene tardía su incorporación luego de la sentencia, al expresar agravios.

La finalidad del principio de congruencia es conducir el proceso en términos de razonable equilibrio en la bilateralidad del litigio y exige que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa (SCBA, Ac 34286, sent. del 17-9-1985, “Acuerdos y Sentencias” 1985-II-687; entre muchos otros). De no ser así, se vulneraría el derecho de defensa en juicio de la contraria (art. 18, C.N.).

Por consiguiente, si no fue peticionado en la demanda, no puede introducirse extemporáneamente en ocasión de fundar el ataque al fallo de la instancia anterior (arts. 330, 356 inc. 1, CPCC).

X- Daño moral.

La accionada critica la suma admitida como daño moral. Explica que el padecimiento que sufrió el señor C. quedó en su esfera doméstica, familiar o sus amistades, por otro lado, el contrario solicita se eleve.

Cabe consignar que se define al daño moral, como "una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de su capacidad de entender, querer o sentirlo, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial", (Matilde Zabala de González, "Daños a las personas", T. 2°, pág. 49).

En el caso de autos, en vista a la incidencia en el ánimo y en la alteración de la armonía usual que puede provocar una publicación en la primera plana del diario y en la página de internet de la foto del actor en las condiciones referidas, estimo que la repercusión es de alcances globales. Por ello, postulo a mis colegas, en vista a la edad del señor C. -aproximadamente 27 años-, a que el medio de difusión de su foto lo torna de alcances amplios, mantener la suma admitida en la sentencia de primera instancia de $ 200.000 (arts. 3, 1078, CC; 330, 477, CPCC).

XI- Por las consideraciones vertidas propicio: 1) Hacer lugar al recurso del actor y admitir al daño psicológico por la suma de $ 200.000, la cual se deberá adicionar a la condena establecida en la sentencia de primera instancia; 2) Desestimar los restantes agravios de ambas partes; 3) Imponer las costas de la Alzada al recurrente en su esencial condición de vencido (art. 68, CPCC); 4) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.

Así lo voto.

El Dr. Ameal y Dr. Álvarez el por las consideraciones y razones aducidas por la Dra. Bermejo, votan en igual sentido a la cuestión propuesta.

 

SILVIA P. BERMEJO- OSCAR J. AMEAL- OSVALDO O. ALVAREZ-JULIO M. A. RAMOS VARDE (SEC.).

 

Buenos Aires, 9 de octubre de 2019.-

Y visto lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo trascripto precedentemente, el Tribunal por unanimidad decide 1) Hacer lugar al recurso del actor y admitir al daño psicológico por la suma de $ 200.000, la cual se deberá adicionar a la condena establecida en la sentencia de primera instancia; 2) Desestimar los restantes agravios de ambas partes; 3) Imponer las costas de la Alzada al recurrente en su esencial condición de vencido (art. 68, CPCC); 4) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad.

Regístrese de conformidad con lo establecido con el art. 1° de la ley 26.856, art. 1 de su Decreto Reglamentario 894/2013 y arts. 1, 2 y Anexo de la Acordada 24/13 de la CSJN.

La difusión de la presente sentencia se encuentra sometida a lo dispuesto por el art. 164, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y art. 64 del Reglamento para la Justicia Nacional. En caso de su publicación, quien la efectúe, asumirá la responsabilidad por la difusión de su contenido.

Notifíquese por Secretaría, cúmplase con la comunicación pública dispuesta en las Acordadas CSJN 15/2013 y 24/2013 y, oportunamente, devuélvase.

 

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