Despido Acoso Sexual Violencia Laboral Violencia De Genero Dano Moral Deber De Prevision Y De Seguridad Psicologa

JURISPRUDENCIA

Despido. Acoso sexual. Violencia laboral. Violencia de género. Daño moral. Deber de previsión y de seguridad. Psicóloga

 

Se hace lugar a la demanda por daño moral contra la empresa empleadora, al acreditarse que había sido puesta en conocimiento del estado y padecimiento de la trabajadora por parte de un gerente de la demandada y, sin embargo, obró con negligencia y violó el deber de previsión y de seguridad, pues permitió que el jerárquico denunciado efectuara maltratos a la actora e, inclusive, puesto en conocimiento de estas situaciones despidió a la trabajadora sin expresión de causa. Así, se encuadró el supuesto dentro de las disposiciones de la ley 26485 y su decreto reglamentario 1011/2010 de Protección Integral a las Mujeres, normas que encuentran sustento en el artículo 1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y en el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

 

 

En la Ciudad de Mendoza a los diecinueve días del mes de junio de dos mil diecinueve se hace presente en la Sala Unipersonal del Tribunal el Señor Juez de la Excma. Cámara Cuarta del Trabajo - Dr. FERNANDO JAIME NICOLAU, con el objeto de dictar sentencia definitiva en autos Nº 154.700, caratulados “C.S.G. C/ Y. M.S.A. P / DESPIDO”, de los que

RESULTA:

Que a fs. 32/40 comparece la Sra. S.G.C., por intermedio de apoderado, y promueve acción contra Y. M.SA, por el cobro de $154.230,18 o lo que resulte de la prueba a rendirse, con más intereses y costas, en concepto de daño moral, reintegro de lo retenido como impuesto al cheque de la liquidación final oportunamente abonada y retenciones indebidas realizadas en el año 2.015, con más intereses legales y costas.

Relata la actora que ingresó a trabajar el 02/12/2009 en la empresa Y. M.SA, desempeñándose en un principio en el call center y desde mediados del año 2011 como vendedora. Que en el año 2013 comenzó a sufrir problemas laborales, por los que comienza un tratamiento psiquiátrico. Ese año además, fue trasladada y quedó bajo la dependencia del Gerente de Planes Sr. Fernando S.

Que la situación se agravó y su médico tratante le sugirió el apoyo de tratamiento psicológico, el que inició a mediados del año 2014. Que no obstante, el hostigamiento por parte de su superior jerárquico Sr. Suárez, se fue incrementando llegando a sufrir insinuaciones y planteos desubicados de índole sexual.

Todo ello afectó su tratamiento por lo que su médico psiquiatra le prescribió licencia laboral por 30 días.

Que al reintegrarse a su lugar de trabajo las situaciones de acoso avanzan y decidió poner en conocimiento al Gerente General, Sr. S M, la difícil situación en la que se veía involuntariamente involucrada, solicitándole que tome las medidas necesarias a fin de que el Sr. Suárez deponga su actitud. Que lejos de solucionar el problema, el Gerente le manifestó que “trate de mantener un buen ambiente laboral”.

Expone que después del reclamo efectuado por el permanente acoso sufrido, el Sr. M le comunicó a la actora una sanción de suspensión por “cometer la falta de contestar en forma inapropiada al Gerente de Planes”. Que la actora la rechazó dejando plasmado por escrito en dicha sanción su disconformidad.

Que posteriormente la empresa procedió a despedirla sin causa en fecha 22/08/2015.

Que envió TCL rechazando el despido, denunciando la situación de acoso padecida, reclamando indemnización por daño moral, vacaciones no gozadas del año 2014 y descuentos improcedentes en liquidación final; a lo que la patronal le contestó negando y rechazando lo expuesto por la actora.

Denuncia además que el acoso y perjuicio causado no cesaron con el despido ya que tomó conocimiento que su ex empleadora se comunicaba con empresas del rubro para que no le otorgaran trabajo.

Practica liquidación. Ofrece prueba. Funda en derecho. Peticiona condena.

A fs. 97/104 se presenta Y. M.SA, mediante apoderado y contesta demanda. Efectúa negativas genéricas y específicas de los hechos expuestos por la actora en la demanda.

Niega existencia de acoso laboral que determinara que la actora concurra a tratamiento psiquiátrico o psicológico. Alega que no existe un solo certificado médico presentado a la empresa que logre acreditar algún problema o acoso de índole laboral.

Que el certificado expedido por el médico psiquiatra de fecha 20/8/2015 refiere a que “cuando se reintegra a sus funciones habituales y al participar de las reuniones sociales del grupo comienza a percibir por parte de su jefe actitudes compatibles con acoso, desvalorizadoras y de hostigamiento continuo hacia ella”, resultando incongruente y contradictorio con el relato de la actora, referido a un acoso sexual laboral.

Que sería imposible por parte de la empresa controlar la vida privada de sus empleados fuera del ámbito laboral.

Contesta planteo sobre retención al impuesto a las ganancias y devolución del impuesto al cheque, solicitando el rechazo de dichos rubros.

Impugna liquidación. Ofrece prueba. Funda en derecho. Peticiona.

A fs. 107 la parte actora contesta traslado del artículo 47 C.P.L.

A fs. 110 obra auto de admisión sobre las pruebas ofrecidas.

A fs. 124 y 179 obra oficio informado por AFIP.

A fs. 127/130 se incorpora pericial contable, observada por la parte actora a fs. 164, contestadas las observaciones a fs. 166/167.

A fs. 132/136 se incorpora pericial médica psiquiátrica, impugnada por la parte demandada a fs. 138/141, contestadas las mismas por el perito a fs. 145/147.

A fs. 154 obra oficio informado por Banco Patagonia.

A fs. 185 se realiza la audiencia de vista de causa; se rinden testimoniales y alegatos por las partes.

A fs. 187 se llaman autos para dictar sentencia.

PRIMERA CUESTION: Relación Laboral.

SEGUNDA CUESTION: Rubros reclamados.

TERCERA CUESTION: Costas.

Y CONSIDERANDO:

A LA PRIMERA CUESTION EL DR. FERNANDO J. NICOLAU DIJO:

El vínculo de trabajo, extensión y categoría profesional que revistió la actora, son extremos de la litis que deben ser probados por la accionante. En el caso de autos, la demandada ha reconocido expresamente los mismos, por lo que, ello, unido a la prueba instrumental arrimada a la causa, en especial los recibos de remuneraciones, e informe pericial contable, me permiten concluir razonadamente sobre la existencia del vínculo de trabajo entre la actora y la accionada, por el cual la trabajadora se desempeñó en la categoría “vendedor”, desde el 02/12/2009 hasta el 22/08/2015, regulado en el marco de la ley 20.744 t.o.

ASI VOTO.

A LA SEGUNDA CUESTION EL DR. FERNANDO J. NICOLAU DIJO:

Acreditada la existencia del vínculo laboral entre las partes, paso a analizar la procedencia de los reclamos integrativos de la liquidación de fs. 38.

Es menester aclarar que la actora en sus alegatos, reformula el objeto de la demanda y desiste del rubro Retención de Impuesto a las Ganancias no ingresado, atento a que del informe pericial contable surge que sí se depositaron los importes retenidos. Solicita imposición de costas en orden causado. Asimismo, solicita se amplíe el objeto de la demanda y se incluya el rubro indemnización por incapacidad parcial y permanente, según lo informado por la pericia médica rendida.

La demandada resiste las pretensiones de la actora, por ser las mismas extemporáneas. Solicita costas.

Paso a analizar los rubros reclamados.

1- La accionante reclama indemnización por daño moral.

Manifiesta que en el año 2013 comenzó a sufrir problemas laborales, por los que debió comenzar un tratamiento psiquiátrico, y psicológico en 2014. Que sufrió hostigamiento por parte de su superior jerárquico, el Gerente de Planes Sr. Fernando S, los que se fueron incrementando llegando a sufrir insinuaciones y planteos desubicados de índole sexual.

Que la situación descripta fue puesta en conocimiento del Gerente General, Sr. S M, a fin de que cese el acoso sufrido. Que como consecuencia del reclamo efectuado, el Sr. M le comunicó a la actora una sanción de suspensión por “cometer la falta de contest ar en forma inapropiada al Gerente de Planes”, sanción que no fue consentida y fue firmada en disconformidad. Y que posteriormente la empresa procedió a despedirla sin causa en fecha 22/08/2015.

Que rechazó el despido, denunciando la situación de acoso padecida, reclamando indemnización por daño moral.

Asimismo, denuncia que el acoso y perjuicio causado no cesaron con el despido ya que tomó conocimiento que su ex empleadora se comunicaba con empresas del rubro para que no le otorgaran trabajo.

Por su parte, la empleadora niega la existencia de acoso laboral. Alega que no existe un solo certificado médico presentado a la empresa que logre acreditar algún problema o acoso de índole laboral. Que el certificado expedido por el médico psiquiatra de fecha 20/8/2015 refiere a situaciones que ocurrieron en reuniones sociales, y que es imposible por parte de la empresa controlar la vida privada de sus empleados fuera del ámbito laboral.

Es menester aclarara que para que se configure daño moral, es necesario que exista una conducta adicional del empleador ajena al contrato, de naturaleza dolosa, es decir, un acto ilícito adicional al despido. La ilicitud se refiere a la antijuridicidad de la conducta que se califica de injuriante, oprobiosa y, por ende, nociva para el trabajador (Derecho del Trabajo, Grisolía, T. II, pág.1071, 12a ed.).

De las declaraciones testimoniales rendidas en la Audiencia de Vista de Causa y que obran digitalizadas en autos, conforme surge de la constancia de audio y video que obra a fs. 185, surge que el Sr. Fernando S fue Gerente de Planes de Ahorro en la empresa demandada, que fue jefe de la actora.

Que su trato hacia la accionante no era el trato común, que le cambiaba los horarios y turnos, que le exigía cosas que al resto no le exigía. Que en asados que organizó la empresa como premios, S le tocó la cola a la actora. Que esto fue visto en dos oportunidades del el testigo M. Que en otra oportunidad el Sr. S se bajó los pantalones y le mostró el pene, que esta situación no fue presenciadas, pero sí que se vio a la trabajadora contar el episodio. Que la actora se ponía mal e iba al psicólogo por estas situaciones. Que se han escuchado los gritos cuando se peleaban actora y S (conforme lo declarado por el Sr. J M M).

Que el trato de S con la actora era con exceso de confianza hacia ella, con comentarios fuera de lugar, refiriéndose a su cuerpo. Que esta situación fue puesta en conocimiento de la encargada administrativa de la empresa y del gerente Sr. S M. Que se la ha visto llorar y sufrir a la accionante por estas situaciones, y como le impactaban en la vida cotidiana (conforme la declaración de la Sra. M F S).

Mientras que la testigo Massacesi, manifestó no haber visto malos tratos del Sr. S hacia su persona, ni con el resto de los empleados (conforme declaración de la Sra. Luciana Valeria Massacesi).

A su turno, la testigo Lic. La Rocca refirió haber sido psicóloga de la actora, por derivación del Dr. Padín, y haberla atendido en virtud de una situación de acoso laboral por cambios de lugar y horarios de trabajo, que luego se agravó a una situación de acoso sexual, producida en la empresa Y por parte de un superior jerárquico de la trabajadora. Refiere que estas situaciones le generaban a la accionante angustia e insomnio, por lo que tuvo que reforzar las sesiones de una a dos veces por semana. Que lo expuesto fue en el año 2014.

Que la testigo constató el constató el cuadro de la actora a través de las herramientas que utilizó en las entrevistas (conforme declaración de la Sra. Cinthia Paola La Rocca).

Si bien los testimonios de los Sres. M y La Rocca fueron objeto de tachas por parte de la demandada, del cotejo de las declaraciones entre sí y con la restante prueba en autos (testimonial, documental y pericial psiquiátrica), no surge que los mismos hayan tratado de ocultar la verdad o beneficiar a alguna de las partes, por lo que las tachas formuladas deben ser rechazadas. Lo expuesto, sin perjuicio de la facultad del Tribunal de apreciar y examinar las declaraciones respuestas con mayor rigor crítico al aplicarse las reglas de la sana crítica, a la vez que un especial cotejo entre sus conclusiones y las que surjan de las demás pruebas sobre el particular incorporadas a la causa.

De las pruebas instrumentales incorporadas a autos, surge que la trabajadora estuvo en tratamiento psiquiátrico desde mayo de 2013, por un cuadro depresivo a raíz de problemas en su medio laboral, prescribiéndole licencia laboral por 30 días en fecha 20/08/2015 (conforme certificado de Dr. Padín de fs. 7); licencia laboral por 30 días en fecha 13/12/2014 (conforme certificado de Dr. Padín de fs. 25). Y que luego estuvo en tratamiento psicológico con la Lic. La Rocca, por un cuadro de angustia y ansiedad reactivo a su situación laboral (conforme certificado de la Lic. La Rocca de fs. 5/6).

Por su parte, de la pericia médica psiquiátrica de fs. 132/136 y 145/147, surge que la actora presenta una Reacción Vivencial Anormal Neurótica con manifestaciones Fóbicas grado II, determinándole una incapacidad del 10%, y por adición de factores de ponderación eleva al 15% de incapacidad laborativa parcial y permanente. Refiere que es resultante de una disfunción laborativa derivada de la actividad laboral que desarrollaba.

De acuerdo al principio de la unidad de la prueba se ha dicho que: “Para una concreta y correcta apreciación, no basta tener en cuenta cada medio aisladamente, ni siquiera darle el sentido y alcance que realmente le corresponda, porque la prueba es el resultado de los múltiples elementos probatorios reunidos en el proceso, tomados en su conjunto, como una “masa de pruebas” según la expresión de los juristas ingleses. Es indispensable analizar las varias pruebas referentes a cada hecho y luego estudiar globalmente los diversos hechos, es decir “el tejido probatorio que surge de la investigación” (Micheli “Carga de la prueba” fs. 136 y Gorplie fs. 53, citados por Hernando Devis Echandía “Teoría General de la Prueba Judicial”, Tº I, fs.306).

La fuerza probatoria material que se determina mediante la crítica material del testimonio, depende de que el juez encuentre o no en cada uno y en su conjunto, argumentos de prueba que le sirvan para formar su convencimiento sobre los hechos que interesen al proceso (cfs.TºI, nums.64 y 81-85)(Hernando Devis Echandia, Teoría General de la prueba Judicial, pag. 249).

Además, los magistrados del fuero laboral -donde rige el sistema de “apreciación en conciencia” están autorizados a seleccionar y jerarquizar las fuentes y medios probatorios pudiendo preferir unos elementos de tal naturaleza a otros, sin que se encuentren obligados a referirse a todos los que se pongan a su consideración.

Se ha señalado que la violencia en el ámbito de las relaciones laborales se manifiesta en diferentes formas de maltrato, se relaciona con la utilización abusiva del poder para obtener un resultado concreto, mediante toda acción, conducta o inactividad ejercida o tolerada en el ámbito laboral por la parte empleadora, superiores jerárquicos o terceros que restringen la esfera de la libertad y constituyen un atentado a la dignidad, la integridad física, moral o sexual de la persona trabajadora. Asimismo, la Organización Internacional del Trabajo ha definido la violencia en el lugar de trabajo como toda acción incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable mediante el cual la persona es agredida, amenazada , humillada o lesionada por otra en el ejercicio de su actividad profesional o como consecuencia directa de la misma, (CNAT Sala I, in re Von Pieschel Marcos Alejandro c/ Teletech Argentina S.A. s/ despido” y “Alais Andrea Karina c/Ekekens S.A.y otro s/ despido”).

Por su parte, el empleador debe velar por la integridad psicofísica de sus dependientes mientras se encuentren dentro del establecimiento y/o cumpliendo sus tareas, obligaciones que dimanan del deber genérico de seguridad y del principio de indemnidad (arts. 75 LCT y 4 apartado 1 LRT) y como contrapartida de los poderes de organización y dirección que la ley le otorga; tales obligaciones se complementan con el deber de previsión que surge de la relación contractual y que se convierte en una obligación legal de seguridad (Krotoschin,1968, Instituciones de Derecho del Trabajo, Buenos Aires: De Palma), de allí, que debe preservar la dignidad de la persona trabajadora cuyo fundamento no es otro que el dispositivo constitucional que garantiza “condiciones dignas y equitativas de labor” (art. 14 bis C.N.), por ello, no sólo se encuentra legitimado para tomar medidas en resguardo de la integridad de sus dependientes sino que constituye una exigencia derivada del principio de indemnidad citado y de la buena fe exigible al buen empleador y lo esperable de éste (arts. 62, 63, 75 y concordantes de la LCT).

Conforme las declaraciones testimoniales de los Sres M y S, y de certificados médicos de fs. 7 y 25, surge que la empleadora y el Gerente fueron puestos en conocimiento del estado y padecimiento de la trabajadora. Por lo que tengo por acreditado que la empleadora obró con negligencia y violó el deber de previsión y de seguridad, pues permitió que el Sr. S, efectuara maltratos a la actora, e inclusive puesto en conocimiento de estas situaciones, despidió a la trabajadora sin expresión de causa. Esta conducta da cuenta de que la empresa no tuvo intención de adoptar las medidas necesarias de seguridad que todo empleador debe proveer a sus dependientes, a fin de que cesaran los malos tratos.

Los malos tratos a los que alude la actora, no se limitan únicamente al acoso sexual, sino que de conformidad a los lineamientos de la Ley Nº 26.485, encuentran recepción en el concepto de violencia que la norma define, entendida como toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afectan su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial y su seguridad personal, conceptos que en el ámbito laboral aparecen descriptos como un supuesto de hostigamiento psicológico que puede provenir de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores.(arts.4° y 6° inc.c) Ley Nº 26485).

Por lo expuesto, en el caso de autos surge acreditado el ejercicio abusivo de poder por parte del Sr. F S, gerente de planes de ahorro de la demandada y superior jerárquico de la actora, el que se materializó mediante cambios de horarios y lugares de trabajo, trato con exceso de confianza hacia la trabajadora, llegando inclusive al contacto físico que aludieron los testigos, de allí que el caso encuadra en las disposiciones de la Ley Nº 26485 y su Decreto Reglamentario 1011/2010 de Protección integral a las Mujeres, norma que encuentra sustento en el art. 1º de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y en el art. 2º de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la Mujer, dirigida a garantizar fundamentalmente el derecho de la mujer a vivir una vida sin violencia y cuya protección se activa ante situaciones como la aquí analizadas.

La conducta de la empleadora, permitiendo estas situaciones de violencia laboral acreditadas en autos, resulta reprochable a la luz de lo dispuesto en los arts. 62, 63 y 68 in fine de la L.C.T., en tanto han afectado a la dignidad de la persona de la trabajadora, y por ende se encuentra acreditado el obrar antijurídico, y ante la existencia de un acto ilícito corresponde acceder a la indemnización por daño moral.

El daño moral no necesita prueba exhaustiva, como enseñan Brebbia y Orgáz, menos en casos como el presente donde el mismo es evidente, por lo que debe admitirse la pretensión de la actora. Respecto de la cuantía de ésta indemnización, teniendo en cuenta todos los elementos que surgen de la causa, como así también las circunstancias personales de las partes, me parece razonable la suma reclamada de PESOS CIEN MIL ($100.000).

2. Reclama la actora, diferencia por retención de impuesto al cheque.

Refiere que acaecido el despido directo e incausado, la empleadora le abonó la liquidación final mediante cheque, viéndose perjudicada por el descuento del impuesto que este medio de pago genera.

Por su parte la demandada, reconoce que abonó a la accionante la suma de $322.886, mediante la entrega de un cheque no a la orden pero sin cruzar. Que si la actora depositó dicho cheque en su cuenta y la institución bancaria efectuó el descuento por el impuesto al cheque, su parte no resulta responsable.

Conforme lo expuesto por las partes, y de acuerdo a lo informado por el Banco Patagonia a fs. 154, la entidad bancaria procedió a aplicar sobre la gestión de cobranza del cheque, la alícuota del 1,2% ($3.874,63).

Es menester recordar que el cheque en sí mismo es un instrumento de pago que no equivale al dinero, sino que es una orden de pago impartida al banco contra el cual se emite el giro, y recién se efectiviza en oportunidad de acreditarse el cobro del mismo, produciendo en dicho momento los efectos cancelatorios del pago.

Lo expuesto, implica que si al momento de la percepción por parte del trabajador, el pago de salario o indemnización mediante cheque sufriere algún tipo de detrimento patrimonial (al cual el trabajador es ajeno), se estaría en presencia de una afectación a la premisa de intangilibilidad, por cuanto el monto final de percepción sería inferior al devengado y adeudado. Con lo cual el pago dejaría de ser exacto y cancelatorio.

Conforme las constancias de autos, habiéndose acreditado que la trabajadora sufrió una disminución de $3.874,63 en concepto de impuesto a las transacciones bancarias de débitos y créditos (impuesto al cheque), es que debe trasladarse al empleador emisor del giro la carga del costo impositivo, por lo que corresponde hacer lugar al reclamo efectuado por dicho monto.

3. En relación al reclamo por retención de impuesto a las ganancias no ingresadas por la empleadora, y atento al expreso desistimiento efectuado por la actora en sus alegatos, corresponde tener por desistido el rubro.

4. Reclama la actora, en momento de formular sus alegatos, la indemnización por incapacidad laboral permanente parcial y definitiva, conforme lo informado por el perito médico psiquiatra en su dictamen de fs. 132/136.

Tal reclamo, resulta ser extemporáneo, por cuanto se ha introducido al momento de alegar, precluida la etada probatoria, y no formando parte del objeto de la demanda impetrada en autos.

En tal sentido, la accionada no ha tenido la posibilidad de contestar y defenderse, de ofrecer y producir prueba en relación a dicho rubro, lo que vulnera la garantía constitucional de defensa.

Por lo expuesto, dicho rubro resulta improcedente.

Por todo lo expuesto, la demanda prospera en la suma de PESOS CIEN MIL ($100.000). Montos a los que les deberá adicionar los intereses legales desde la fecha de extinción de la relación laboral (22/08/2015) y hasta el momento del efectivo pago.

Sobre los intereses el Dr. Fernando Jaime Nicolau dijo:

Conforme el art. 82 del C.P.L. y art.90 inc. 6 del C.P.C., corresponde determinar los intereses a aplicar al capital de condena.

Deberá adicionársele intereses legales desde el 22/08/2015 y hasta la fecha de su efectivo pago, con aplicación de la tasa activa de acuerdo con lo expresado por nuestro Superior Tribunal en el Plenario “Aguirre” hasta el día 29/10/2017; a partir del 30/10/2017 de la tasa para la línea de préstamos personales del Banco de la Nación Argentina, denominados “Libre Destino” vigente, conforme Plenario del 30/10/2017, “CITIBANK N.A. EN J. '28144 LENCINAS, MARIANO C/CITIBANK N.A.P. P/DESPIDO 'P/REC. EXT. DE INCONSTIT-CASACION” hasta el día 01/01/2018; y finalmente, teniendo en cuenta la entrada en vigencia de la ley 9.041, a partir del día 02/01/2018 y hasta el día de su efectivo pago, corresponderá aplicar la tasa de interés moratoria equivalente a la evolución de la serie de la Unidad de Valor adquisitiva (U.V.A.) que publica el Banco Central de la República Argentina (art. 1).

ASI VOTO.

A LA TERCERA CUESTION DR. FERNANDO J. NICOLAU DIJO:

Las costas, conforme el principio chiovendano de la derrota, se imponen a cargo de la demandada por los rubros que prosperan (arts. 31 C.P.L., arts. 35 y 36 C.P.C.).

En relación al rubro retención de impuesto a las ganancias no ingresadas, habiendo el perito contador informado a fs. 128/130 que los mismos si bien se ingresaron, existen retenciones depositadas fuera de término, lo que pudo ocasionar en la actora una duda razonable sobre su procedencia, que me habilitan a apartarme del principio enunciado. Por lo que corresponde imponer por dicho rubro las costas en orden causado.

ASI VOTO.

Y VISTOS:

Mendoza, 21 de junio de 2.019.

El Tribunal en Sala Unipersonal,

RESUELVE:

I.- Hacer lugar parcialmente a la demanda condenando a Y. M.S.A. a pagar a la Sra. S.G.C. la suma de PESOS CIEN MIL ($103.874,63) en concepto de indemnización por daño moral y diferencia de indemnización, con más los intereses legales a calcularse según lo establecido en la Segunda Cuestión, en el plazo de CINCO DIAS de quedar firme y ejecutoriada la presente sentencia, CON COSTAS A CARGO DE LA DEMANDADA.

II.- Rechazar los rubros retención de impuesto a las ganancias e indemnización por incapacidad parcial y permanente, las que al solo efecto del cálculo de costas se establecen en la suma de $50.355,55, CON COSTAS EN ORDEN CAUSADO.

III.- Diferir la regulación de honorarios y determinación de los gastos causídicos para la oportunidad de practicarse liquidación definitiva.

IV.- Remítase la causa al Departamento Contable de las Cámaras del Trabajo a fin de que efectúe la liquidación respectiva.

V.- Emplazar a las partes en el término de término de DIEZ DIAS de quedar firme y ejecutoriada la presente sentencia, abonen los aportes correspondientes a Derecho Fijo, a los TREINTA DIAS la Tasa de Justicia y Aportes Ley 5059, bajo apercibimiento de ley.

VI.- Notifíquese la presente resolución a la Caja Forense, A.T.M. y Colegio de Abogados.

REGISTRESE, NOTIFIQUESE y CUMPLASE.

 

DR. FERNANDO JAIME NICOLAU

JUEZ DE CÁMARA

 

  Correlaciones:

Ley 26.485

Decreto 1011/2010

M. N. E. c/Carpas D'Angiola SRL y otros s/despido - Cám. Nac. Trab. - Sala I - 30/09/2013 - Cita digital IUSJU211539D

 

040035E