Fiscal De Estado Juicio Politico Enjuiciamiento De Magistrados Derecho Al Honor Libertad De Expresion Expresiones Injuriantes

JURISPRUDENCIA

Fiscal de Estado. Juicio político. Enjuiciamiento de magistrados. Derecho al honor. Libertad de expresión. Expresiones injuriantes

 

Se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada, rechazándose la demanda de indemnización del daño moral entablada por un Fiscal de Estado contra un director de un instituto provincial de seguridad social, al concluirse que, aunque pudieron resultar expresiones perturbadoras e incluso hirientes para el actor, en el sentido de que el demandado conocía irregularidades e ilegalidades que no investigó -respecto de las cuales habría prestado anuencia-, que era un defensor del gobierno de turno, de grandes intereses corporativos y económicos -de los cuales sería cómplice en el marco de un pacto de impunidad- y que habría estafado a los trabajadores, no constituían insultos o vejaciones gratuitas aptas para generar responsabilidad en los términos de la jurisprudencia de la Corte Federal. En sentido contrario, se trató de formulaciones que guardaban relación directa con el juicio crítico que el accionado tenía acerca del actor y que debían ser protegidas. Obviamente, qué era lo que podía representar la figura de un funcionario público para cada ciudadano era algo que dependía en forma exclusiva de la valoración de cada persona y respecto de lo cual no era posible efectuar juicios de verdad o falsedad empíricamente verificables que no se refieran a los estados mentales del emisor.

 

 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2019.-

Vistos los autos: "Martínez de Sucre, Virgilio Juan c/ Martínez, José Carlos s/ daños y perjuicios".

Considerando:

1°) Que Virgilio Juan Martínez de Sucre -Fiscal de Estado de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur- dedujo demanda contra José Carlos Martínez -uno de. los directores del Instituto Provincial Autárquico Unificado de la Seguridad Social (IPAUSS)- por indemnización del daño moral derivado del pedido de juicio político que fuera rechazado por la legislatura local y de las declaraciones efectuadas' en diferentes medios periodísticos consideradas lesivas de su honor. El magistrado de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó al demandado a abonar la suma de $ 20.000 más intereses y costas como consecuencia de las declaraciones formuladas. Por su parte, rechazó la demanda por los alegados daños sufridos como consecuencia del pedido de juicio político con fundamento en que dicho pedido "no es una conducta reprochable jurídicamente [...] por tratarse del uso pleno de un derecho político o de (sic) ciudadano y que de su rechazo no se deriva 'per se' derecho indemnizatorio alguno" (fs. 1396).

Esta sentencia fue confirmada por la Sala Civil, Comercial y del Trabajo de la Cámara de Apelaciones de la provincia (fs. 1455/1473) y por el Superior Tribunal de Justicia (fs. 1570/1575).

La corte local después de precisar que la controversia giraba entre la protección del honor del actor y el ejercicio de la libertad de expresión del demandado, y de formular algunos principios generales atinentes al derecho al honor, el superior tribunal afirmó que si bien la atribución de un deficiente desempeño en el ejercicio de la función pública -que implicaba una apreciación negativa para el afectado- no lesionaba su honor, la situación cambiaba si tal imputación iba acompañada de expresiones menoscabantes respecto a las condiciones morales del funcionario cuestionado. Señaló que el funcionario público era ante todo un ser humano que, como tal, disponía de un ámbito personal íntimamente enraizado en su condición moral e imagen ante la sociedad y los seres cercanos.

En ese razonamiento entendió que -en el caso- las expresiones del demandado aludían al conocimiento por parte del Fiscal de Estado de irregularidades que no había investigado, utilizando términos como "anuencia" y "defensa del gobierno de turno"; asimismo, se había vinculado al actor con la defensa de grandes intereses corporativos, políticos y económicos mediante el empleo de términos como "cómplice", "pacto de impunidad" y "estafa a los trabajadores". Dichas expresiones resultaban ajenas a la órbita de la libertad de expresión y desnaturalizaban su esencia, pues no se habían dirigido al desempeño del funcionario sino que lo habían afectado en su órbita personalísima.

Por último, el superior tribunal concluyó que los dichos del demandado tenían suficiente idoneidad dañosa y quedaban fuera de la causal de justificación establecida en la doctrina de la real malicia, pues tal proceder no guardaba relación con el fin que guiaba la tutela del derecho de libre expresión en el marco democrático, en el cual los derechos no se ejercitaban en forma omnímoda sino en equilibrio con los deberes que surgían de la alteridad como factor que enhebraba y daba sentido al entramado social.

Contra dicho pronunciamiento los herederos del demandado -quien falleció después de interponer el recurso de casación- dedujeron recurso extraordinario, que fue concedido por el a quo con sustento en que se encontraba en juego la inteligencia de cláusulas constitucionales referentes a la libertad de expresión y al honor de las personas, siendo rechazado en lo que respecta al pedido de nulidad derivada de la ausencia de intervención del Ministerio Pupilar (conf. fs. 1639/1641).

2°) Que a fin de comprender el asunto y decidir la controversia a la luz del contexto fáctico en el que se inserta, resulta conveniente efectuar un relato detallado de los antecedentes del caso.

En distintos medios de comunicación locales, José Carlos Martínez formuló variadas declaraciones críticas al desempeño público del Fiscal de Estado de la provincia con motivo del dictamen suscripto por este último, que había permitido el traspaso al Fondo Residual de Tierra del Fuego de la deuda que tenía el ex Banco Provincia de Tierra del Fuego con el Instituto Provincial Autárquico Unificado de la Seguridad Social (IPAUSS); asimismo, anunció que iba a promover juicio político por mal desempeño al mencionado funcionario. Señaló que dicho dictamen no solo perjudicaba los intereses del IPAUSS sino que revelaba un desconocimiento claro del Código Civil y que "existía una irregularidad muy grande y grave" (confr. fs. 56, Diario El Sureño del 16 de julio de 2002), remarcó que el autor del dictamen sabía "perfectamente que hay una irregularidad que nunca investigó y con este dictamen está inhabilitando la discusión del problema" y agregó que era su convicción "que estaban ante un hecho que es muy grave, y que es causal de juicio político" (confr. fs. 57/58, El diario del Fin del Mundo del 30 de julio de 2002).

Frente a la decisión mayoritaria del directorio del IPAUSS de rechazar la solicitud del demandado enderezada a que dicho organismo promoviera ante la legislatura local el pedido de juicio político, este último expresó que "nosotros solicitamos el juicio político contra el Fiscal de Estado, en virtud de la irregularidad que se produjo con la anuencia de éste, en ocasión que se sancionara la ley 286 -de transformación del BTF-, puesto que incluyeron, de manera ilegal 20 millones en títulos públicos y pesos que surgieron del acuerdo Nación - Provincia". Añadió que dicha irregularidad fue comunicada en su momento al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado y "nadie hizo absolutamente nada para revertirla, marcando a las claras que el pacto de impunidad sigue vigente" y que hay intereses de todos los poderes del Estado que actúan en complicidad para seguir estafando a los trabajadores (confr. fs. 59, El diario Digital del Fin del Mundo, del 2 de agosto de 2002).

3°) Que unos días después de lo narrado, el demandado efectuó nuevas declaraciones refiriéndose a la participación del Fiscal de Estado en la celebración de distintos acuerdos entre la Nación y la Provincia de Tierra del Fuego (de los cuales habrían derivado perjuicios millonarios para el Estado provincial) y a la supuesta inacción del referido funcionario en el reclamo de acreencias del Estado a empresas petroleras.

En ese marco y después de anunciar que por las irregularidades vinculadas con el Fondo Residual y con el banco de la provincia iba a instar -a título personal- el juicio político de Martínez de Sucre, se refirió al mencionado funcionario en estos términos: "Se jacta de defender a la provincia ¿Qué defiende? El descuento salarial a los trabajadores, el descuento de las pensiones graciables. Defiende perjudicando a la sociedad toda. Ahora cuando tiene que defender al Estado Provincial de los grandes intereses corporativos, de los grandes intereses políticos u económicos que han vaciado la Provincia no dice nada porque es cómplice" (confr. fs. 61 y 62, respectivamente, diarios Provincia 23 y Sur 54, del 15 de agosto de 2002).

En otro reportaje, el demandado aludió a las acreencias impagas que tenía el IPAUSS frente a distintos organismos públicos y al propio Estado provincial -aportes que se cobraban a los empleados pero no se derivaban al ente encargado de la seguridad social- y expresó que uno de los responsables de esa situación era el Fiscal de Estado, "porque siendo representante y defensor del Estado -y no del gobierno de turno- tiene que cumplir las leyes y hacerlas observar cuando los mismos funcionarios de gobierno causan un grave perjuicio fiscal como en este caso" (conf. fs. 63, Diario Tierra del Fuego, del 22 de agosto de 2002).

4°) Que los recurrentes sostienen que el superior tribunal ha desconocido el contenido y alcance del derecho a la libertad de expresión tutelado por el art. 14 de la Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 de la Carta Magna); que el fallo no se ajusta a los estándares establecidos en conocidos precedentes por la Corte Suprema y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que la condena importa una indebida restricción a la referida libertad.

Entienden que la sentencia es confusa al calificar las expresiones del demandado como imputaciones de hecho y, a su vez, como juicios de valor; que de ser opiniones correspondía eximir de responsabilidad a quien las efectuó por referirse a asuntos de interés público y atribuirse a un funcionario público, y de ser consideradas imputaciones fácticas, debieron juzgarse a la luz de la doctrina de la real malicia; en tal caso, correspondía al actor demostrar que los hechos considerados lesivos de su honor fueron expresados por el demandado con conocimiento de su falsedad o con notoria despreocupación acerca de su falsedad.

Aducen que la calificación de sus expresiones meramente críticas como insulto o degradantes se sustenta en meras afirmaciones dogmáticas; que el supuesto "abuso" invocado por el superior tribunal no estaría dado por la utilización de epítetos fuera de lugar sino por el hecho de que el demandado "habló de más" al no haberse limitado a presentar el pedido de juicio político y, en todo caso, mencionar los motivos y críticas coadyuvantes a tal presentación, sin necesidad de formular juicios morales sobre la persona del funcionario. Entienden que la necesidad o falta de necesidad de emplear ciertas locuciones en los debates públicos sienta una regla absolutamente autoritaria y lesiva del derecho a la libertad de expresión, que el demandado en ningún momento utilizó voces o locuciones claramente denigrantes o fuera de lugar, como tampoco expresiones que se refirieran a cuestiones íntimas o estrictamente personales.

Por último, plantean la nulidad de la sentencia con sustento en que al integrarse el proceso con los herederos del demandado, entre los que compareció a estar a derecho una menor, no se había dado la debida intervención al Ministerio Pupilar.

5°) Que el recurso extraordinario es admisible en tanto controvierte la inteligencia que el tribunal apelado ha dado a la cláusula constitucional que protege la libertad de expresión y la decisión ha sido contraria al derecho que el demandado fundara en ellas (art. 14, inc. 3°, ley 48).

Dado que el auto de concesión es suficientemente explícito en cuanto circunscribió la admisibilidad del recurso a la mencionada cuestión federal, no corresponde a esta Corte ingresar en el tratamiento del pedido de nulidad que fue rechazado sin que se hubiese deducido la correspondiente queja.

6°) Que de modo preliminar debe señalarse que la responsabilidad civil atribuida por los tribunales provinciales se funda en las manifestaciones realizadas por José Carlos Martínez a la prensa respecto del desempeño de Virgilio Martínez de Sucre como Fiscal de Estado. No está en cuestión, como se advierte, atribución de responsabilidad alguna en razón del pedido de juicio político formulado por el demandado contra Martínez de Sucre y que fuera desestimado por el órgano competente (fs. 1573).

7°) Que corresponde analizar ahora si las expresiones vertidas por José Carlos Martínez gozan de tutela constitucional o si, por el contrario, ellas se encuentran más allá del ámbito de protección que ha delineado la jurisprudencia de esta Corte y pueden, en consecuencia, dar base a la responsabilidad fijada por los tribunales fueguinos.

Debe recordarse que la libertad de expresión no es simplemente un derecho individual más. Es un derecho que goza de un lugar preeminente en el marco de nuestras libertades constitucionales (Fallos: 321:412), entre otras razones, por su importancia para el funcionamiento de una república democrática (Fallos: 320:1272) y para el ejercicio del autogobierno colectivo del modo establecido por nuestra Constitución (Fallos: 336:879; 340:1364). En virtud de la íntima relación que existe entre la libertad de expresión y la democracia republicana, la protección que esta Corte ha reconocido a ese derecho es especialmente intensa en materias de interés público, como sin duda lo son aquellas vinculadas con el desempeño de altas funciones públicas en el orden provincial.

Es verdad también, sin embargo, que esa posición preferencial que ocupa la libertad de expresión no la convierte en un derecho absoluto. Sus límites deben atender a la existencia de otros derechos constitucionales que pueden resultar afectados por su ejercicio -como el honor- y a la necesidad de satisfacer objetivos comunes constitucionalmente consagrados.

8°) Que en esta causa debemos juzgar expresiones vertidas por la recurrente en un debate de fuerte interés público, que involucra a dos figuras públicas -un Fiscal de Estado provincial y un director de un instituto provincial de seguridad social- y que tuvo lugar en torno al pedido de juicio político que Martínez formulara respecto del Fiscal de Estado, Martínez de Sucre. Estas expresiones constituyen manifestaciones críticas, opiniones y/o juicio de valor y es desde ese prisma que debe analizarse si resultan aptas para responsabilizar civilmente a su emisor.

9°) Que no caben dudas de que las manifestaciones de Martínez resultan críticas del desempeño de Martínez de Sucre. Tampoco hay dudas acerca de que esas expresiones pueden afectar no solo la sensibilidad del actor sino también su autoestima y la consideración y el respeto que toda persona de bien aspira a conseguir de sus semejantes. Sin embargo, estas consecuencias disvaliosas no pueden determinar per se la solución que debe darse al recurso planteado, pues lo determinante no es si dichas expresiones causan daño, sino si ellas resultan antijurídicas, esto es, si exceden o no el marco constitucional que, a los efectos de promocionar un debate público robusto, protege la expresión de opiniones en materias de interés público.

Es sabido que no todo daño es antijurídico, ni todo daño genera responsabilidad, como resulta evidente, en la materia que nos ocupa, de la existencia de las doctrinas "Campillay" (Fallos: 308:789) y de la "real malicia" (Fallos: 310:508) en lo que respecta a la expresión de hechos, y del estándar anunciado en el voto de los jueces Petracchi y Bossert en "Amarilla" (Fallos: 321:2558) -que fuera adoptado por una mayoría de esta Corte en diversos pronunciamientos (Fallos: 331:1530; 332:2559; 335:2150; entre otros)- en relación con las opiniones o juicios de valor.

De acuerdo a estas doctrinas la información falsa, es decir dañosa para el honor, podría no generar responsabilidad cuando se cumplen los recaudos allí desarrollados: en el supuesto de "Campillay", que quien propale la información la atribuya directamente a la fuente pertinente, utilice un tiempo de verbo potencial o deje en reserva la identidad del implicado; y en el caso de la "real malicia" cuando quien emite la información falsa no haya conocido su falsedad ni se haya comportado con una notoria despreocupación respecto de su veracidad o falsedad.

En relación con las opiniones, el estándar de responsabilidad que surge de la causa "Amarilla" también demuestra que pueden existir conductas dañosas que no son antijurídicas. Ello ocurre cuando las expresiones dañosas no resultan "estricta e indudablemente injuriantes" o un "insulto o vejación gratuita", ya que solo corresponde tomar como objeto de posible reproche jurídico la utilización de palabras inadecuadas, esto es, la forma de la expresión y no su contenido pues este, considerado en sí, en cuanto de opinión se trate, es absolutamente libre. Más aún, para algunos jueces de esta Corte las opiniones y juicios de valor, cualesquiera que fueran las formas en que sean expresadas, solo pueden restringirse mediante la imposición de responsabilidad ante la presencia de un "interés público imperativo" (Fallos: 331:1530, considerando 13 del voto de la jueza Highton de Nolasco; Fallos: 335:2150, considerando 18).

10) Que la distinción entre hechos y juicios de valor u opiniones se asienta sobre la base de que la veracidad o falsedad de las afirmaciones de hecho es susceptible de verificación empírica, mientras que la de las opiniones o juicios de valor no lo es, salvo en el sentido limitado de su correspondencia efectiva con los estados mentales de su autor. La distinción es jurisprudencialmente aceptada y resulta útil para la articulación de la protección constitucional de la libertad de expresión con la de otros derechos en situaciones donde lo que está en cuestión son las expresiones vertidas en el ámbito de un debate público que involucra a funcionarios o figuras públicas. Así, se ha dicho que no hay afectación del honor cuando se publican meras opiniones o juicios de valor, que carecen de un contenido informativo sobre hechos o circunstancias, más allá del conocimiento que aquellos brindan sobre las ideas propias del autor (Fallos: 334:1722, considerando 13, voto de los jueces Fayt, Petracchi y Argibay; CSJ 498/2012 (48-D)/CS1 "De Sanctis, Guillermo Horacio c/ López de Herrera, Ana María s/ daños y perjuicios", sentencia del 17 de octubre de 2019, voto de los jueces Rosenkrantz y Highton de Nolasco).

11) Que, como se señalara en el considerando 8°, las expresiones por las que el tribunal a quo condenó a José Carlos Martínez constituyen opiniones o juicios de valor y, por ello, deben ser evaluadas a la luz de la doctrina antes reseñada. Cabe anticipar que dichas expresiones no son "estricta e indudablemente injuriantes", ni carecen manifiestamente de relación con las ideas u opiniones contenidas en ellas, lo que las ubica dentro del marco general de protección que ha fijado esta Corte para las expresiones de esta naturaleza. En otras palabras, las manifestaciones en cuestión no constituyen un insulto o vejación gratuita e injustificada y, en virtud de ello, están sin duda protegidas por la Constitución Nacional.

Debe tenerse presente, asimismo, que la posibilidad de que los funcionarios públicos estén especialmente expuestos a la crítica, incluso ríspida, respecto del ejercicio de sus funciones, habilita un debate público robusto que resulta indispensable para el desarrollo de la vida republicana y democrática. Es por ello que la Constitución Nacional protege no solamente la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas, sino también aquellas formuladas en tono agresivo, con vehemencia excesiva, dureza o causticidad, o que apelan a expresiones irritantes, ásperas u hostiles, indudablemente molestas para los funcionarios (causa CSJ 755/2010 (46-S)/CS1 "Sujarchuk, Ariel Bernardo c/ Warley, Jorge Alberto s/ daños y perjuicios", sentencia del 1° de agosto de 2013; CSJ 498/2012 (48-D)/CS1 "De Sanctis, Guillermo Horacio c/ López de Herrera, Ana María s/ daños y perjuicios", sentencia del 17 de octubre de 2019, voto de los jueces Rosenkrantz y Highton de Nolasco).

En suma, y aunque puedan resultar expresiones perturbadoras e, incluso, hirientes para Martínez de Sucre, las manifestaciones realizadas por José Carlos Martínez en el sentido de que él conocía irregularidades e ilegalidades que no investigó -respecto de las cuales habría prestado "anuencia"-, que era un defensor del gobierno de turno, de grandes intereses corporativos y económicos -de los cuales sería "cómplice" en el marco de un "pacto de impunidad"- y que habría estafado a los trabajadores, no constituyen insultos o vejaciones gratuitas aptos para generar responsabilidad en los términos de la jurisprudencia de esta Corte. Se trata de formulaciones que guardan relación directa con el juicio crítico que José Carlos Martínez tenía acerca del actor y que deben ser protegidas. Obviamente, qué es lo que puede representar la figura de un funcionario público para cada ciudadano (si puede ser cómplice de grandes intereses, estafador de los trabajadores o, por el contrario, un defensor de los vulnerables y de la res publica) es algo que depende en forma exclusiva de la valoración de cada persona y respecto de lo cual no es posible efectuar juicios de verdad o falsedad empíricamente verificables que no se refieran a los estados mentales del emisor.

12) Que finalmente, si -como se sugiere en el dictamen de la señora Procuradora General- algunas de las manifestaciones en cuestión pudiesen ser consideradas como aseveraciones de hecho, cabe señalar que versaban sobre asuntos de indudable interés público, fueron dirigidas a un funcionario público y que de las constancias de la causa no surge que ellas sean falsas ni tampoco, en la hipótesis de que lo fueran, que el demandado las haya vertido con conocimiento de su falsedad o con total despreocupación a su respecto (Fallos: 310:508; 331:1530; entre otras).

13) Que con arreglo a los desarrollos argumentativos expresados en los votos de los jueces Rosenkrantz, Highton de Nolasco y Rosatti -que concurren a formar la decisión mayoritaria adoptada por el Tribunal en este pronunciamiento- se concuerda respecto de que en supuestos como los aquí examinados cuando las manifestaciones críticas, opiniones y/o juicios de valor se refieran al desempeño y/o conducta de un funcionario o figura pública en el marco de su actividad pública y se inserten en una cuestión de relevancia o interés público, en tanto no contengan epítetos denigrantes, insultos o locuciones injuriantes, o vejatorias y guarden relación con el sentido crítico del discurso deben ser tolerados por quienes voluntariamente se someten a un escrutinio riguroso sobre su comportamiento y actuación pública por parte de la sociedad y gozan de tutela constitucional.

Por ello, en sentido concordante con lo dictaminado por la señora Procuradora General de la Nación, se declara procedente el recurso extraordinario, se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda (art. 16, segundo párrafo, ley 48); con costas (art. 68, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y devuélvanse las actuaciones al tribunal de origen.

 

CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ

ELENA I. HIGHTON de NOLASCO

(en disidencia)

JUAN CARLOS MAQUEDA

Por su voto

HORACIO ROSATTI

(En disidencia)

RICARDO LUIS LORENZETTI

 

VOTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON HORACIO ROSATTI

Considerando:

1°) Que el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en lo que al caso interesa, confirmó la sentencia en cuanto había admitido la demanda deducida por Virgilio Juan Martínez de Sucre -Fiscal de Estado de dicha provincia- contra José Carlos Martínez -uno de los directores del Instituto Provincial Autárquico Unificado de la Seguridad Social (IPAUSS)- por indemnización del daño moral, derivado de las declaraciones efectuadas en diferentes medios periodísticos consideradas lesivas de su honor, condenando al demandado a abonar la suma de $ 20.000 por dicho concepto, más intereses y costas (conf. fs. 1570/1575 del expediente 1466/2010).

Después de precisar que la controversia giraba entre la protección del honor del actor y el ejercicio de la libertad de expresión del demandado, y de formular algunos principios generales atinentes al derecho al honor, el superior tribunal afirmó que si bien era cierto que la atribución de un deficiente desempeño en el ejercicio de la función pública -que implicaba una apreciación negativa para el afectado- no lesionaba su honor, la situación cambiaba si tal imputación iba acompañada de expresiones menoscabantes respecto a las condiciones morales del funcionario cuestionado. Señaló que el funcionario público era ante todo un ser humano que, como tal, disponía de un ámbito personal íntimamente enraizado en su condición moral e imagen ante la sociedad y los seres cercanos.

En ese razonamiento, entendió que -en el caso- las expresiones del demandado aludían al conocimiento por parte del Fiscal de Estado de irregularidades que no había investigado, utilizando términos como "anuencia" y "defensa del gobierno de turno"; asimismo, se había vinculado al actor con la defensa de grandes intereses corporativos, políticos y económicos mediante el empleo de términos como "cómplice", "pacto de impunidad" y "estafa a los trabajadores". Dichas expresiones resultaban ajenas a la órbita de la libertad de expresión y desnaturalizaban su esencia, pues no se habían dirigido al desempeño del funcionario sino que lo habían afectado en su órbita personalísima.

Por último, el superior tribunal concluyó que los dichos del demandado tenían suficiente idoneidad dañosa y quedaban fuera de la causal de justificación establecida en la doctrina de la real malicia, pues tal proceder no guardaba relación con el fin que guiaba la tutela del derecho a la libre expresión en el marco democrático, en el cual los derechos no se ejercitaban en forma omnímoda sino en equilibrio con los deberes que surgían de la alteridad como factor que enhebraba y daba sentido al entramado social.

Contra dicho pronunciamiento los herederos del demandado -quien falleció después de interponer el recurso de casación- dedujeron recurso extraordinario, que fue concedido por el a quo con sustento en que se encontraba en juego la inteligencia de cláusulas constitucionales referentes a la libertad de expresión y al honor de las personas, siendo rechazado en lo que respecta al pedido de nulidad derivada de la ausencia de intervención del Ministerio Pupilar (conf. fs. 1639/1641).

2°) Que a fin de comprender el asunto y decidir la controversia a la luz del contexto fáctico en el que se inserta, resulta conveniente efectuar un relato detallado de los antecedentes del caso.

En distintos medios de comunicación locales, José Carlos Martínez formuló variadas declaraciones críticas al desempeño público del entonces Fiscal de Estado de la provincia con motivo del dictamen suscripto por este último, que había permitido el traspaso al Fondo Residual de Tierra del Fuego de la deuda que tenía el ex Banco Provincia de Tierra del Fuego con el Instituto Provincial Autárquico Unificado de la Seguridad Social (IPAUSS); asimismo, anunció que iba a promover juicio político por mal desempeño al mencionado funcionario. Señaló que dicho dictamen no solo perjudicaba los intereses del IPAUSS sino que revelaba un desconocimiento claro del Código Civil y que existía una irregularidad muy grande y grave (confr. fs. 56, Diario El Sureño del 16 de julio de 2002), remarcó que el autor del dictamen sabía perfectamente que existía una irregularidad que nunca investigó y que con ese dictamen se estaba inhabilitando la discusión de problema y agregó que era su convicción que se estaba ante un hecho que era muy grave y que es causal de un juicio político (confr. fs. 57/58, El diario del Fin del Mundo del 30 de julio de 2002).

Frente a la decisión mayoritaria del directorio del IPAUSS de rechazar la solicitud del demandado enderezada a que dicho organismo promoviera ante la legislatura local el pedido de juicio político, este último expresó que "nosotros solicitamos el juicio político contra el Fiscal de Estado, en virtud de la irregularidad que se produjo con la anuencia de éste, en ocasión que se sancionara la ley 286 -de transformación del BTF-, puesto que se incluyeron, de manera ilegal 20 millones en títulos públicos y pesos que surgieron del acuerdo Nación- Provincia”. Añadió que dicha irregularidad fue comunicada en su momento al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado y "nadie hizo absolutamente nada para revertirla, marcando a las claras que el pacto de impunidad sigue vigente” y que hay intereses de todos los poderes del Estado que actúan en complicidad para seguir estafando a los trabajadores (confr. fs. 59, El diario Digital del Fin del Mundo, del 2 de agosto de 2002).

3°) Que unos días después de lo narrado, el demandado efectuó nuevas declaraciones refiriéndose a la participación del Fiscal de Estado en la celebración de distintos acuerdos entre la Nación y la Provincia de Tierra del Fuego (de los cuales habrían derivado perjuicios millonarios para el Estado provincial) y a la supuesta inacción del referido funcionario en el reclamo de acreencias del Estado a empresas petroleras.

En ese marco y después de anunciar que por las irregularidades vinculadas con el Fondo Residual y con el Banco de la provincia iba a instar -a título personal- el juicio político de Martínez de Sucre, se refirió al mencionado funcionario en estos términos: "Se jacta de defender a la provincia ¿Qué defiende? El descuento salarial a los trabajadores, el descuento de las pensiones graciables. Defiende perjudicando a la sociedad toda. Ahora cuando tiene que defender al Estado Provincial de los grandes intereses políticos o económicos que han vaciado la Provincia no dice nada porque es cómplice" (confr. fs. 61 y 62, respectivamente, diarios Provincia 23 y Sur 54, del 15 de agosto de 2002) .

En otro reportaje, el demandado aludió a las acreencias impagas que tenía el IPAUSS frente a distintos organismos públicos y al propio Estado provincial -aportes que se cobraban a los empleados pero no se derivaban al ente encargado de la seguridad social- y expresó que uno de los responsables de esa situación era el "Fiscal de Estado, porque, siendo representante y defensor del Estado -y no del gobierno de turno- tiene que cumplir las leyes y hacerlas observar cuando los mismos funcionarios de gobierno causaban un grave perjuicio fiscal, como en este caso" (conf. fs. 63, Diario Tierra del Fuego, del 22 de agosto de 2002).

4°) Que los recurrentes sostienen que el superior tribunal ha desconocido el contenido y alcance del derecho a la libertad de expresión tutelado por el art. 14 de la Constitución Nacional y en diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional (art. 75, inciso 22, de la Carta Magna); que el fallo no se ajusta a los estándares establecidos en conocidos precedentes por la Corte Suprema y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que la condena importa una indebida restricción a la referida libertad.

Entienden que la sentencia es confusa al calificar las expresiones del demandado como imputaciones de hecho y, a su vez, como juicios de valor; que de ser opiniones correspondía eximir de responsabilidad a quien las efectuó por referirse a asuntos de interés público y atribuirse a un funcionario público, y de ser consideradas imputaciones fácticas, debieron juzgarse a la luz de la doctrina de la real malicia; en tal caso, correspondía al actor demostrar que los hechos considerados lesivos de su honor fueron expresados por el demandado con conocimiento de su falsedad o con notoria despreocupación acerca de su falsedad.

Aducen que la calificación de sus expresiones meramente críticas como insulto o degradantes se sustenta en meras afirmaciones dogmáticas; que el supuesto "abuso" invocado por el superior tribunal no estaría dado por la utilización de epítetos fuera de lugar sino por el hecho de que el demandado "habló de más" al no haberse limitado a presentar el pedido de juicio político y, en todo caso, mencionar los motivos y críticas coadyuvantes a tal presentación, sin necesidad de formular juicios morales sobre la persona del funcionario. Entienden que la necesidad o falta de necesidad de emplear ciertas locuciones en los debates públicos sienta una regla absolutamente autoritaria y lesiva del derecho a la libertad de expresión, que el demandado en ningún momento utilizó voces o locuciones claramente denigrantes o fuera de lugar, como tampoco expresiones que se refirieran a cuestiones íntimas o estrictamente personales.

Por último, plantean la nulidad de la sentencia con sustento en que al integrarse el proceso con los herederos del demandado, entre los que compareció a estar a derecho una menor, no se había dado la debida intervención al Ministerio Pupilar.

5°) Que el recurso extraordinario es formalmente admisible en tanto controvierte la inteligencia que el tribunal apelado ha dado a la cláusula constitucional que protege la libertad de expresión y la decisión ha sido contraria al derecho que el demandado fundara en ellas (art. 14, inciso 3°, ley 48).

Dado que el auto de concesión es suficientemente explícito en cuanto circunscribió la admisibilidad del recurso a la mencionada cuestión federal, no corresponde a esta Corte ingresar en el tratamiento del pedido de nulidad que fue rechazado sin que se hubiese deducido la correspondiente queja.

6°) Que a fin de situar el contexto conceptual y normativo a la luz del cual se examinará el asunto, corresponde puntualizar que una lectura atenta de las expresiones del demandado permite afirmar que ellas constituyen manifestaciones críticas, opiniones y/o juicios de valor formuladas al desempeño de un funcionario público en un asunto de interés público, por lo que es dentro de dicho marco valorativo -con características propias que lo diferencian de otros modos de expresión- en el que debe dilucidarse si aquellas gozan de un prevalente amparo constitucional como modo de ejercer el derecho de libertad de expresión, o si -por el contrario- se presentan razones de entidad que exigen que dicha inicial protección deba ceder en favor de otros derechos con reconocimiento constitucional, como lo son -en el caso- el derecho al honor o a la reputación personal de un funcionario público y, por lo tanto, suscitan el deber de reparar pretendido.

Para tal cometido, deviene necesario ponderar dos cuestiones: la protección constitucional de los derechos en tensión y la naturaleza de las expresiones cuestionadas.

Con respecto a la primera cuestión, el conflicto se evidencia en la medida en que el derecho al honor y a la reputación profesional del actor encuentra consagración constitucional (en el art. 33 de la Ley Fundamental, y en las siguientes cláusulas de los tratados internacionales que cuentan con jerarquía constitucional por el reenvío del art. 75, inciso 22 de la Ley Fundamental: arts. 11 y 13.2.a. del Pacto de San José de Costa Rica, arts. 17 y 19.3.a. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. V de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos) e infra- constitucional (art. 52 del actual Código Civil y Comercial de la Nación: "La persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos"), y en que el derecho a libre expresión de la demandada se funda en los arts. 14, 32 de la Ley Fundamental y en diversas cláusulas de los tratados internacionales que cuentan con jerarquía constitucional por el reenvío del art. 75, inciso 22 de la Constitución Nacional (art. IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, art. 13 del Pacto de San José de Costa Rica, art. 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).

Con relación a la segunda cuestión, las opiniones o juicios críticos o de valor exigen un tratamiento particular diferente a las afirmaciones de hecho. Ellos remiten a un ámbito de subjetividad que requiere otro tipo de escrutinio y ponderación, pues la circunstancia de que puedan o no ser compartidos o que sean calificados como razonables o irrazonables, o acertados o desacertados, no los convierte por ello en verdaderos o falsos. De ahí que -se adelanta- una manifestación de ese tipo, contraria o desfavorable a una persona, más allá de que puedan incomodarla y/o molestarla, en tanto no contenga expresiones o locuciones difamatorias, injuriantes o vejatorias que lesionen el derecho al honor o reputación, gozan de tutela constitucional.

7°) Que tanto el valor preeminente de la libertad de expresión en un sistema republicano como la importancia que en una sociedad plural y diversa reviste el debate y la discusión democrática que se nutre de las opiniones teniendo como meta la paz social ha sido reiteradamente destacado y protegido por la Corte Suprema, y en ese sentido -con cita de Joaquín V. González- ha afirmado que la "principal importancia de la libertad de prensa, desde un punto de vista constitucional, 'está en que permite al ciudadano llamar a toda persona que inviste autoridad, a toda corporación o repartición pública, y al gobierno mismo en todos sus departamentos, al tribunal de la opinión pública y compelerlos a un análisis y crítica de su conducta, procedimientos y propósitos, a la faz del mundo, con el fin de corregir o evitar errores o desastres...'"(conf. González, Joaquín V., "Manual de la Constitución Argentina", pág. 167, citado en Fallos: 331:1530; 333:1331). En esa misma línea argumental este Tribunal ha puntualizado que es "función de esta Corte fundamentar, propiciar y proteger consensos básicos para el funcionamiento de una sociedad en la que se pueda convivir con tolerancia de opiniones diferentes. Uno de esos principios fundamentales es el de la libertad de expresión y el control de los funcionarios públicos, así como el debate sobre sus decisiones. Los debates ardorosos y las críticas penetrantes no deben causar temor, ya que son el principal instrumento para fortalecer una democracia deliberativa, que es principal reaseguro contra las decisiones arbitrarias y poco transparentes" (conf. Fallos: 331:1530).

De otro lado, el derecho al honor o a la reputación personal, constituye en sí mismo un derecho fundamental, connatural e inherente de la persona humana, desde que importa "la dignidad personal reflejada en la consideración de los demás y en el sentimiento de la propia persona" (De Cupis, Adriano, "I diritti della personalitá", ed. Milano, 1982). En tanto estimación que cada persona hace de sí mismo como del reconocimiento que los demás hacen de su dignidad, el ataque al honor se proyecta tanto en el marco interno de la propia persona afectada, e incluso de su familia, como en el ámbito social, y -por lo tanto- profesional y laboral en el que cada individuo desarrolla su actividad.

8°) Que ante el reconocimiento constitucional explícito de ambos derechos y su inserción en un sistema constitucional que no reconoce derechos absolutos y propicia un equilibrio armónico en su ejercicio, la dilucidación de un conflicto o tensión entre ambos requerirá la ponderación de: i) el grado de afectación de uno de los bienes en juego, ii) la importancia de la satisfacción del bien contrario, y iii) si la satisfacción de uno justifica la restricción del otro. Un juicio de ponderación en ese lineamiento conducirá a que en algunos casos la balanza se incline hacia la libertad de expresión y en otros a la salvaguarda del derecho al honor (conf. causa "Kimel, Eduardo G. c/ República Argentina", sentencia del 2 de mayo de 2008, párrafo 88, doctrina receptada en Fallos: 335:2150; 336:1148; 337:921).

En la concreción de esa tarea, se presentan como parámetros razonables para arribar a una solución justa y equilibrada: i) las circunstancias concretas en las que las expresiones debatidas se exponen, ii) la mayor o menor virulencia de las locuciones y/o frases utilizadas y el contexto en el que fueron expuestas, iii) su tono humorístico o mordaz, iv) el hecho de afectar al agraviado solo en relación con su comportamiento y desempeño como titular de un cargo público y no en su faceta íntima y privada en la medida en que estos aspectos -donde la tutela constitucional alcanza su máxima intensidad- no resulten relevantes para el debate político, v) la finalidad de crítica política perseguida, vi) la relevancia pública del asunto, y vii) la contribución (o la ausencia de contribución) a la formación de la opinión pública libre.

9°) Que bajo esas premisas, este Tribunal ha reiteradamente señalado que la importancia que en un sistema democrático debe reconocerse a la libertad de opinión y crítica en asuntos de interés público o sobre la gestión de quienes desempeñan funciones públicas, conlleva a que -como regla- ante la tensión o conflicto con el derecho al honor y a la reputación del funcionario, ellos se resuelvan en sentido de otorgar mayor protección al primero y de asignar un mayor sacrificio a los que tienen en sus manos el manejo de la cosa pública. El hecho de que se hayan expuesto voluntariamente a una actividad pública -y a las consecuencias que de su ejercicio se derivan-, así como el mayor acceso a los medios periodísticos para repeler las expresiones y/o opiniones críticas, constituyen elementos que justifican la prevalencia de la protección del derecho a la libertad de expresión, el que cabe considerar comprensivo no solo de "...la emisión de expresiones inofensivas o bien recibidas por la opinión pública, sino también la de aquellas que chocan, irritan o inquietan a los funcionarios públicos o a un sector cualquiera de la población" (confr. doctrina de Fallos: 310:508; 316:2416; 321:2558; 326:4136; 331:1530; 335:2150; 336:1148; 337:921, entre otros).

10) Que no obstante lo dicho, no ha escapado a la consideración de este Tribunal que la mayor amplitud de protección que cabe reconocer al ejercicio de la libertad de expresión en los supuestos mencionados precedentemente, no constituye un salvoconducto de impunidad de quienes han obrado excediendo el marco propio del ejercicio regular de los derechos de petición y critica (conf. Fallos: 257:308; 269:200; 321:2558; 336:1148). Ello es así pues resulta ineludible que no hay un derecho al insulto, a la vejación gratuita e injustificada de una persona (confr. doctrina Fallos: 321:2558; 337:921), ni existe interés relevante en un sistema republicano en que se difundan aseveraciones de esa naturaleza pues no constituyen un componente esencial de la exposición de ideas y revisten un valor social tan insignificante para la búsqueda de la verdad que cualquier beneficio que pudieran aportar se ve ampliamente superado por el interés social en el orden y la moralidad (véase Fallos: 321:2558 con cita del precedente estadounidense "Chaplinsky v. New Hampshire", 315 U.S. 568).

En tales condiciones, a la hora de evaluar la posible existencia de una responsabilidad civil por afectación del derecho al honor o a la reputación personal de un funcionario público derivada de dichas, expresiones, resulta prioritario adoptar un criterio estricto en la ponderación de los presupuestos exigidos para el nacimiento del deber de reparar, de modo de evitar que la fuerza paralizadora y disuasiva derivada de la eventual obligación de resarcir, termine conspirando contra la formación de una opinión pública vigorosa (conf. doctrina de Fallos: 319:3085).

11) Que como consecuencia del análisis precedente, cabe puntualizar que -como regla- la libertad de expresión manifestada como juicio crítico o de valor o como opinión goza de la más amplia protección constitucional frente al derecho al honor y a la reputación personal en la medida que:

a) se inserte en una cuestión de relevancia o interés público;

b) se refiera al desempeño o conducta de un funcionario o figura pública en el marco de su actividad pública;

c) se utilicen frases, términos, voces o locuciones que

* guarden relación con la cuestión principal sobre la que se emite la expresión; y

* no excedan el nivel de tolerancia que es dable exigir a quienes voluntariamente se someten a un escrutinio riguroso sobre su comportamiento y actuación pública por parte de toda la sociedad;

d) cuente, en su caso, con una base fáctica suficiente que dé sustento a la opinión o juicio crítico o de valor al que se halle estrechamente vinculada; y

e) contribuya a la formación de una opinión pública necesaria para la existencia de un pluralismo político en una sociedad democrática.

12) Que en razón de lo expresado en los considerandos precedentes, y en relación concreta a la presente causa, debe concluirse que en las expresiones utilizadas por el demandado para referirse al desempeño de Virgilio Juan Martínez de Sucre en su cargo como Fiscal de Estado de la Provincia de Tierra del Fuego prevalecen las opiniones críticas, cuyos términos ponen de manifiesto un cuestionamiento (ciertamente ríspido) de su actuación en relación con la transferencia al Fondo Residual de Tierra del Fuego de la deuda que mantenía el ex Banco Provincia de Tierra del Fuego a favor del Instituto Provincial Autárquico Unificado de la Seguridad Social.

En tanto enmarcadas en una severa crítica sobre el rol que desempeñaba un funcionario público en temas que comprometían la defensa del erario público provincial -lo cual debe ser entendido como acto derivado del legítimo ejercicio de control de los actos de gobierno- dichas expresiones no son aptas, en principio, para generar responsabilidad civil. La circunstancia de que pudieran ser consideradas desacertadas, irrazonables y aun en el límite de la mesura que sería deseable en el marco de este tipo de debates, no basta por si solas para calificarlas como denigrantes o vejatorias, teniendo en consideración que guardan relación directa con el objeto del discurso. Tampoco refieren a aspectos vinculados al ámbito familiar o íntimo del funcionario (reducto que goza de la máxima protección constitucional aun para quienes voluntariamente se dedican, o involucran en la función pública) que resulten innecesarios para la formación de la opinión pública y/o carentes de vinculación directa con el asunto público concernido, pues en tal caso es probable que la solución sería distinta a la que se propone en el sub examen.

En ese escenario, las declaraciones impugnadas no pueden considerarse difamatorias -como lo pretende el actor-, pues no exceden el grado de tolerancia que es dable esperar de quien desempeñe un alto cargo gubernamental cuando se lo cuestiona en su esfera de actuación pública.

En definitiva, la decisión apelada que atribuyó responsabilidad a José Carlos Martínez con motivo de sus expresiones constituye una restricción indebida al ejercicio de la libertad que desalienta el debate público en temas de interés general, siendo susceptible de propiciar "futuros actos de indeseada autocensura” (conf. doctrina Fallos: 321:2558). Corresponde que sea revocada.

13) Que con arreglo a los desarrollos argumentativos expresados en los votos de los jueces Rosenkrantz, Highton de Nolasco y Rosatti -que concurren a formar la decisión mayoritaria adoptada por el Tribunal en este pronunciamiento- se concuerda respecto de que en supuestos como los aquí examinados cuando las manifestaciones críticas, opiniones y/o juicios de valor se refieran al desempeño y/o conducta de un funcionario o figura pública en el marco de su actividad pública y se inserten en una cuestión de relevancia o interés público, en tanto no contengan epítetos denigrantes, insultos o locuciones injuriantes, o vejatorias y guarden relación con el sentido crítico del discurso deben ser tolerados por quienes voluntariamente se someten a un escrutinio riguroso sobre su comportamiento y actuación pública por parte de la sociedad y gozan de tutela constitucional.

Por ello, concordemente con lo dictaminado por la señora Procuradora General de la Nación, se declara procedente el recurso extraordinario deducido y se revoca la decisión apelada. En uso de las atribuciones que confiere el art. 16, segundo párrafo, de la ley 48, se rechaza la demanda. Costas a cargo del vencido (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

 

HORACIO ROSATTI

 

DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON JUAN CARLOS MAQUEDA

Considerando:

1°) Que Virgilio Juan Martínez de Sucre, Fiscal de Estado de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, dedujo demanda contra José Carlos Martínez -uno de los directores del Instituto Provincial Autárquico Unificado de la Seguridad Social (IPAUSS)- por indemnización del daño moral derivado del pedido de juicio político que fuera rechazado por la legislatura local y de las declaraciones efectuadas en diferentes medios periodísticos que consideró lesivas de su honor.

2°) Que el demandado formuló públicamente críticas y anunció que iba a promover juicio político por mal desempeño a Virgilio Juan Martínez de Sucre con motivo del dictamen por él firmado sin formular objeciones al traspaso al Fondo Residual de Tierra del Fuego de la deuda que tenía el ex Banco Provincia de Tierra del Fuego con el Instituto Provincial Autárquico Unificado de la Seguridad Social (IPAUSS).

En las referidas declaraciones José Carlos Martínez expresó que el dictamen no solo perjudicaba los intereses del IPAUSS, sino que revelaba un desconocimiento claro del Código Civil y que "existía una irregularidad muy grande y grave" (conf. Diario El Sureño del 16 de julio de 2002; fs. 56); que el autor del dictamen sabía "perfectamente que hay una irregularidad que nunca investigó y con este dictamen se está inhabilitando la discusión del problema", aparte de que era su convicción "que se estaba ante un hecho que era muy grave y que es causa de juicio político" (conf. El Diario del Fin del Mundo del 30 de julio de 2002; fs. 57/58).

3°) Que el directorio del IPAUSS rechazó, por mayoría, la solicitud de José Carlos Martínez enderezada a que el citado organismo promoviera ante la legislatura local el pedido de juicio político, lo que motivó que el demandado expresara: "nosotros solicitamos el juicio político contra el Fiscal de Estado, en virtud de la irregularidad que se produjo con la anuencia de éste, en ocasión que se sancionara la ley 286 -de transformación del BTF-, puesto que se incluyeron, de manera ilegal 20 millones en títulos públicos y pesos que surgieron del acuerdo Nación-Provincia".

También agregó que dicha irregularidad había sido comunicada en su momento al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado, y "nadie hizo absolutamente nada para revertirla, marcando a las claras que el pacto de impunidad sigue vigente" y que "hay intereses de todos los poderes del Estado, que actúan en complicidad y en un marco de impunidad para seguir estafando a los trabajadores" (conf. El Diario Digital del Fin del Mundo del 2 de agosto de 2002; fs. 59.).

4°) Que después de anunciar que por las irregularidades vinculadas con el Fondo Residual y con el banco de la provincia, iba a instar -a título personal- el juicio político de Martínez de Sucre, se refirió al mencionado funcionario en estos términos: "Se jacta de defender a la Provincia ¿Qué defiende? El descuento salarial a los trabajadores, el descuento de las pensiones graciables. Defiende perjudicando a la sociedad toda. Ahora cuando tiene que defender al Estado Provincial de los grandes intereses corporativos, de los grandes intereses políticos u económicos que han vaciado la Provincia no dice nada porque es cómplice" (conf. diarios Provincia 23 y Sur 54 del 15 de agosto de 2002; fs. 61 y 62, respectivamente).

Cabe señalar que el citado juicio político fue instado y rechazado in limine por la Comisión Investigadora y la Sala Acusadora del Poder Legislativo provincial.

5°) Que en otro reportaje el demandado aludió a las acreencias impagas que tenía el IPAUSS frente a distintos organismos públicos y al propio Estado provincial -aportes que se cobraban a los empleados pero no se derivaban al ente encargado de la seguridad social- y expresó que uno de los responsables de esa situación era el "Fiscal de Estado, porque siendo representante y defensor del Estado -y no del gobierno de turno- tiene que cumplir las leyes y hacerlas observar cuando los mismos funcionarios de gobierno causan un grave perjuicio fiscal como en este caso" (conf. Diario Tierra del Fuego del 22 de agosto de 2002; fs. 63).

6°) Que el juez de primera instancia, después de señalar que el pedido de juicio político no constituía una conducta jurídicamente reprochable en tanto se encontraba alcanzada por el derecho de peticionar ante las autoridades y de examinar el contenido de las declaraciones efectuadas por José Carlos Martínez ante la prensa, consideró que las expresiones utilizadas por el demandado constituían un ejercicio abusivo del derecho a la libertad de expresión y lo condenó a pagar la suma de $ 20.000, -en concepto de indemnización de daño moral, con más sus intereses y las costas del juicio.

7°) Que esa decisión fue confirmada por la alzada y finalmente por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur que, luego de desestimar un planteo de nulidad, señaló que la litis no había sido trabada en términos atinentes al ejercicio de la libertad de prensa, sino en el ámbito de expresiones ofensivas proferidas por uno de los directores del IPAUSS; que no se había demandado a un medio de comunicación, por lo que la publicación de tales dichos no era materia de discusión en autos, resultando ajeno al eje de la controversia el contrapunto entre el honor del peticionario y el ejercicio de la libertad de prensa.

8°) Que el superior tribunal sostuvo que aun cuando la atribución de un deficiente desempeño en el ejercicio de la función pública implicaba una apreciación que resultaba negativa para el actor, ello no afectaba la órbita de su honor; empero, consideró que si la imputación iba acompañada de expresiones menoscabantes respecto a sus condiciones morales, surgía patente la vulneración del esencial marco tuitivo inherente a la órbita personalísima.

Asimismo, el a quo añadió que lo resuelto en autos se condecía con dicho postulado, pues las expresiones del demandado aludían al conocimiento por parte del Fiscal de Estado de irregularidades que no había investigado, a la par de que se habían utilizado términos como "anuencia" y "defensa del gobierno de turno". Agregó que en las declaraciones impugnadas se había vinculado al actor con la defensa de grandes intereses corporativos, políticos y económicos, y para ello se habían empleado los términos "cómplice", "pacto de impunidad" y "estafa a los trabajadores".

En tal sentido, consideró que, en el caso, resultaba suficiente la sola presentación del juicio político y la mención de los motivos y críticas coadyuvantes a dicho pedido, sin incurrir en innecesarios juicios morales sobre la persona del funcionario.

Por último, el tribunal local indicó que los dichos del demandado poseían suficiente idoneidad dañosa y quedaban fuera de la doctrina de la real malicia, pues no guardaban relación con el fin que guiaba la tutela del derecho a la libre expresión en el marco democrático.

9°) Que contra dicho pronunciamiento, los herederos del demandado -fallecido después de haber interpuesto el recurso de casación- dedujeron el remedio federal, que fue concedido con fundamento en que estaba en juego la inteligencia de cláusulas constitucionales referentes a la libertad de expresión y al honor de las personas, y rechazado en lo que respecta al pedido de nulidad derivada de la ausencia de intervención del Ministerio Pupilar (conf. decisión de fs. 1639/1641).

10) Que los recurrentes se agravian porque el superior tribunal ha desconocido el contenido y el alcance del derecho a la libertad de expresión tutelado por el art. 14 de la Ley Fundamental y -en diversos tratados internacionales que cuentan con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la Carta Magna); porque el fallo apelado no se ajusta a los estándares establecidos en conocidos precedentes por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y porque la condena impuesta importa una indebida restricción a la referida libertad.

Sostienen también que la decisión impugnada es confusa al calificar las expresiones del demandado como imputaciones fácticas y, a su vez, como juicios de valor; que de ser opiniones, corresponde eximir de responsabilidad a quien las efectuó por referirse a asuntos de interés público y a un funcionario público. Por el contrario, de considerarlas imputaciones fácticas, la sentencia también constituye una indebida restricción del derecho a la libertad de expresión, pues debió juzgarse la cuestión a la luz de la doctrina de la real malicia y el actor debió haber demostrado que los hechos considerados lesivos de su honor fueron expresados por el demandado con conocimiento de su falsedad o con notoria despreocupación acerca de su falsedad.

11) Que los recurrentes aducen que la calificación de las expresiones meramente críticas como insultos o expresiones degradantes se sustenta en afirmaciones dogmáticas; que el supuesto "abuso" invocado por el superior tribunal no estaría dado por la utilización de epítetos fuera de lugar sino por el hecho de que el demandado "habló de más", al no haberse limitado a presentar el pedido de juicio político.

Asimismo, añaden que el criterio adoptado por el a quo de evaluar la necesidad o falta de necesidad de emplear ciertas locuciones en los debates públicos, sienta una regla absolutamente autoritaria y lesiva del derecho a la libertad de expresión, aparte de que el demandado en ningún momento utilizó voces o locuciones claramente denigrantes o fuera de lugar, como tampoco aludió al actor en términos personales ni mucho menos utilizó expresiones que se refirieran a cuestiones íntimas.

Por último, plantean la nulidad de la sentencia con sustento en que al integrarse el proceso con los herederos del demandado, compareció a estar a derecho una menor y no se dio debida intervención al Ministerio Pupilar.

12) Que el recurso extraordinario es formalmente admisible en tanto controvierte la inteligencia que el tribunal apelado ha dado a las cláusulas constitucionales que protegen la libertad de expresión y la decisión ha sido contraria al derecho que el demandado fundara en ellas (art. 14, inc. 3°, de la ley 48). Los agravios sustentados en la tacha de arbitrariedad se encuentran directamente vinculados a la cuestión federal antes aludida, motivo por el cual serán tratados en forma conjunta.

Por otra parte, toda vez que el auto de concesión fue suficientemente explícito en cuanto circunscribió la admisibilidad del recurso a la mencionada cuestión federal, no corresponde a esta Corte ingresar en el tratamiento del pedido de nulidad que fue rechazado sin que se hubiese deducido la correspondiente queja.

13) Que corresponde precisar que, por un lado, los recurrentes señalan que las declaraciones efectuadas por José Carlos Martínez, quien a esa época era uno de los directores del Instituto Provincial Autárquico Unificado de la Seguridad Social de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se encuentran amparadas por el ejercicio regular del derecho a la libertad de expresión y crítica; y que por otro lado, el demandante Virgilio Juan Martínez de Sucre; Fiscal de Estado de la citada provincia, invoca que dichas manifestaciones resultan lesivas de su derecho al honor.

En consecuencia, en la presente causa se suscita un conflicto entre el ejercicio del derecho a la Libertad de expresión de quien efectuó las declaraciones ante los medios de comunicación y el derecho al honor de quien fue aludido en tal oportunidad.

14) Que esta Corte Suprema ha declarado en forma reiterada el lugar eminente que la libertad de expresión ocupa en un régimen republicano. Puntualmente en lo que Respecta al derecho a la crítica que forma parte de la citada libertad, ha señalado que el criterio de ponderación aplicable a los juicios de valor respecto de la reputación y el honor de terceros -en particular de funcionarios públicos-, deberá estar dado por la ausencia de expresiones estricta e indudablemente injuriantes y que en forma manifiesta carezcan de relación con las ideas u opiniones que se expongan. Ello es así pues no hay un derecho al insulto, a la vejación gratuita e injustificada (conf. Fallos: 321:2558 "Amarilla"; 335:2150 "Quantin"; 337:921 "Irigoyen" y 336:1148 "Canicoba").

En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que las expresiones concernientes a la idoneidad de una persona para el desempeño de un cargo público o a los actos realizados por funcionarios públicos en el desempeño de sus labores, entre otras, gozan de mayor protección, en tanto propician el debate democrático; que en una sociedad democrática los funcionarios públicos están más expuestos al escrutinio y a la crítica, y que este umbral de protección se explica porque se han expuesto voluntariamente a un escrutinio más exigente, pues sus actividades salen del dominio de la esfera privada para insertarse en la esfera del debate público (conf. CIDH, causa "Fontevecchia y D'Amico vs. Argentina", sentencia del 29 de noviembre de 2011, párrafo 47).

15) Que sin perjuicio de lo dicho, este Tribunal ha sostenido que este ejercicio no es absoluto sino que "el especial reconocimiento constitucional de que goza el derecho de buscar, dar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, no elimina la responsabilidad ante la justicia por los delitos y daños cometidos en su ejercicio" (Fallos: 308:789; 321:667 y 3170; y 332:2559) y, en lo que hace a las críticas u opiniones, ha destacado que del citado estándar de ponderación no puede derivarse la impunidad de quienes, por su profesión y experiencia, han obrado excediendo el marco propio del ejercicio regular de los derechos de petición y crítica (conf. Fallos: 336:1148 "Canicoba").

16) Que en nuestro ordenamiento jurídico el reconocimiento y la protección del derecho al honor encuentran fundamento en el art. 33 de la Constitución Nacional y en los tratados internacionales que cuentan con jerarquía constitucional desde su reforma en 1994, que a su vez también lo contemplan como una restricción legítima al ejercicio de otro derecho fundamental como la libertad de expresión.

El Pacto de San José de Costa Rica no solo contempla el derecho de toda persona al respeto de su honra, al reconocimiento de su dignidad y a la protección contra las injerencias o ataques ilegales contra la honra o reputación, sino que también, en lo que respecta a la libertad de pensamiento y expresión, establece que su ejercicio estará sujeto a responsabilidades ulteriores para asegurar, entre otros, el respeto a los derechos o a la reputación de los demás (arts. 11 y 13.2.a). Similar protección a la honra y reputación se encuentra prevista en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 17 y 19.3.a).

El art. V de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece el derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a la honra y a la reputación, y el XXIX el deber de toda persona de convivir con las demás de manera que todas y cada una puedan formar y desenvolver integralmente su personalidad. El art. 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación.

17) Que el derecho al honor constituye uno de los derechos personalísimos "...de alto nivel constitucional... [que integra] el plexo que es propio de un sistema de derechos en un estado democrático" (Bidart Campos, Germán "Presunción de inocencia, derecho al honor y libertad de prensa", El Derecho 165, pág. 301).

Integrante del patrimonio inmaterial de la persona, por ser propio y único de ella, el honor se va conformando, construyendo y enriqueciendo durante el transcurrir de su vida tanto en el ámbito público como privado en el que se desenvuelve. También involucra la noción que el otro -la sociedad- se ha formado de aquella persona en virtud de su comportamiento y de la expresión de sus pensamientos, lo que, en alguna medida, conforma la reputación y la honra que ella merece.

Asimismo, y en lo que mayormente resulta de importancia en el presente caso, se trata de una cualidad que tiene sus implicancias en el desempeño del ejercicio profesional, conformando con los hábitos propios, el cumplimiento de las reglas y el comportamiento ético dentro de la actividad laboral, la reputación que la persona tiene dentro del entorno en que le toca desenvolverse profesionalmente.

En definitiva, el honor es un bien que cada persona valora, cuida, defiende y pretende que sea respetado por la sociedad y protegido de los ataques que puedan afectar lo que esa persona ha construido con su conducta diaria. Al decir del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, "...la reputación de una persona forma parte de su identidad personal y de su integridad moral, que competen a su vida privada, incluso en el ámbito de la crítica en, el contexto de un debate político" (conf. TEDH causas "Pfeifer c. Austria", sentencia del 15 de noviembre de 2007; "Polanco Torres y Movilla Polanco c. España", sentencia del 21 de septiembre de 2010 y "Tanasoica c. Rumania", sentencia del 19 de junio de 2012).

18) Que definidos los derechos que se encuentran en juego corresponde a esta Corte Suprema examinar si las expresiones utilizadas por el demandado José Carlos Martínez, que consideradas en forma conjunta constituyen críticas, opiniones o juicios de valor respecto del ejercicio de las funciones de Fiscal de Estado de la Provincia de Tierra del Fuego por parte del actor, exceden el marco propio del ejercicio regular del derecho a crítica.

19) Que a los efectos de realizar dicha evaluación, cabe recordar que no es determinante la presencia de una mala intención o de motivos disvaliosos, antes bien se trata del empleo de voces o locuciones claramente denigrantes y fuera de lugar, cuya prohibición en nada resiente las condiciones que dan base a la amplia discusión acerca de temas sobre los que descansa un interés público, que toda sociedad democrática exige como condición de subsistencia (conf. Fallos: 336:1148 "Canicoba").

20) Que en consecuencia, corresponde señalar que de las declaraciones efectuadas se desprende que el demandado involucró a Martínez de Sucre en "pactos de impunidad", acusándolo de ser "cómplice" de una estafa a los trabajadores, de no haber actuado frente a irregularidades que llegaron a su conocimiento y que incluso habrían contado con su "anuencia", y de manifestar que "a quien ose pedir un juicio político, él (fiscal) le va a hacer una demanda civil para sacarle dinero, es un mensaje mafioso para la sociedad".

21) Que el lugar eminente que sin duda tiene en el régimen republicano la libertad de expresión y que obliga a adoptar particular cautela en cuanto se trate de deducir responsabilidades por su ejercicio, no autoriza a desconocer sin más la protección del citado derecho al honor que también integra el esquema de libertad contemplada y prometida por la Constitución Nacional, ni a pasar por alto su función como restricción o límite legítimo al ejercicio de la citada libertad de expresión.

Si bien es cierto que este Tribunal ha tutelado toda forma de crítica al ejercicio de la función pública, resguardando el debate respecto de las cuestiones que involucran a personalidades públicas o materias de interés público, corresponde reiterar que de ello no cabe derivar la impunidad de quienes, por su profesión y experiencia, pudiesen haber obrado excediendo el marco propio del ejercicio regular de los derechos de petición y crítica (conf. Fallos: 336:1148 "Canicoba"). En el caso concreto, no pudo pasar desapercibido para un director del Instituto Provincial Autárquico y Unificado de Seguridad Social (IPAUSS), cuyas funciones públicas lo conducían a obrar con mayor prudencia y pleno conocimiento de las cosas (conf. considerando 10, segundo párrafo, del citado precedente "Canicoba").

"...[L]a Jurisprudencia en materia de libertad de expresión ha dado pruebas, ocasionalmente, de una sensibilidad excesiva, y ha concedido- al derecho a la libertad de expresión una sobreprotección respecto al derecho a la reputación, considerándose la libertad de expresión un valor prioritario que permite en muchos casos privar a las víctimas de difamación de un recurso apropiado para el restablecimiento de su dignidad... Debería siempre considerarse que el derecho a la protección de la reputación forma parte integrante del derecho al respeto de la vida privada... La dignidad de la persona requiere una protección más amplia y directa contra las acusaciones difamatorias... Admitir que el respeto de la reputación constituye un derecho fundamental autónomo... conduce a una protección más efectiva de la reputación de las personas frente a la libertad de expresión... La reputación es un valor sagrado para todos, incluidos los políticos..." (TEDH, caso "Lindon, Otchakovsky - Laurens y July c. Francia", sentencia del 22 de octubre de 2007, opinión concordante del juez Loucaides).

22) Que de acuerdo a las consideraciones realizadas, cabe concluir que las críticas efectuadas por el demandado que involucraban a Martínez de Sucre como "cómplice" de un "pacto de impunidad" en el ejercicio de sus funciones de Fiscal de Estado provincial "estafando a los trabajadores", así como el atribuirle la manifestación de mensajes "mafiosos para la sociedad", constituyen expresiones que exceden el marco de protección constitucional descripto y menoscaban el honor y la reputación del funcionario aludido.

Desde esta perspectiva, no puede exigirse a los funcionarios y personas públicas que soporten estoicamente cualquier afrenta a su honor sin poder reclamar la reparación del daño injustamente sufrido en uno de sus derechos personalísimos. Ello pues el ejercicio de los derechos que confiere el ordenamiento jurídico no constituye una muestra de debilidad ni denuncia una falta de espíritu republicano. Admitir lo contrario, importaría tanto como consagrar la existencia de una categoría de ciudadanos -por su cargo, función o desempeño público- huérfanos de tutela constitucional y expuestos al agravio impune (conf. Fallos: 336:1148 "Canicoba", y causa CSJ 151/2008 (44-M)/CS1 "Maiztegui, Martín José c/ Acebedo, Horacio Néstor", sentencia del 5 de octubre de 2010, disidencia del juez Fayt).

23) Que, en consecuencia, frente a los términos utilizados por el demandado para expresar sus críticas y opiniones, corresponde que, sin desconocer la importancia del derecho ejercido por aquella, este Tribunal en cuanto resulta intérprete y salvaguarda final de las declaraciones, derechos y garantías de la Constitución Nacional, proceda a proteger de manera efectiva el derecho al honor, a la honra y a la reputación del actor, que también constituye uno de los derechos propios de nuestro estado democrático.

Por ello, y oída la señora Procuradora General de la Nación, se declara procedente el recurso extraordinario deducido y se confirma la sentencia apelada. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y devuélvanse las actuaciones al tribunal de origen.

 

JUAN CARLOS MAQUEDA

 

DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON RICARDO LUIS LORENZETTI

Considerando:

1°) Que Virgilio Juan Martínez de Sucre, Fiscal de Estado de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, dedujo demanda contra José Carlos Martínez -en aquel entonces, uno de los directores del Instituto Provincial Autárquico Unificado de la Seguridad Social (IPAUSS)- por indemnización del daño moral derivado del pedido de juicio político que fuera rechazado por la legislatura local, y de las declaraciones efectuadas en diferentes medios periodísticos consideradas lesivas de su honor.

2°) Que el juez de primera instancia, después de señalar que el pedido de juicio político no constituía una conducta jurídicamente reprochable en tanto se encontraba alcanzada por el derecho de peticionar ante las autoridades y de examinar el contenido de las declaraciones efectuadas por José Carlos Martínez ante la prensa, consideró que las expresiones utilizadas por el demandado constituían un ejercicio abusivo del derecho a la libertad de expresión y lo condenó a pagar la suma de $ 20.000, en concepto de indemnización de daño moral, con más sus intereses y las costas del juicio.

Esa decisión fue confirmada por la alzada y, finalmente, por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

3°) Que el tribunal superior sostuvo que, aun cuando la atribución de un deficiente desempeño en el ejercicio de la función pública implicaba una apreciación que resultaba negativa para el actor, ello no afectaba la órbita de su honor; empero, si tal imputación iba acompañada de expresiones que afectaban sus condiciones morales, surgía patente la vulneración del esencial marco tuitivo inherente a la órbita personalísima.

Asimismo, afirmó que lo resuelto en autos se condecía con dicho postulado, pues las expresiones del demandado aludían al conocimiento por parte del Fiscal de Estado de irregularidades que no había investigado, a la par; de que se habían utilizado términos como "anuencia" y "defensa del gobierno de turno". Añadió que en las declaraciones impugnadas se había vinculado al actor con la defensa de grandes intereses corporativos, políticos y económicos y para ello se hablan empleado los términos "cómplice", "pacto de impunidad” y "estafa a los trabajadores".

Señaló que el funcionario público era ante todo un ser humano que, como tal, disponía de un ámbito personal íntimamente enraizado en su condición moral e imagen ante la sociedad y los seres cercanos; que si bien era cierto que en el recurso de casación se habla citado jurisprudencia referente a que el nivel de exigencia era más laxo en cuanto a las críticas dirigidas al desempeño de la función pública, no lo era menos que, en la especie, resultaba suficiente la sola presentación del juicio político y, en todo caso, la mención de los motivos y críticas coadyuvantes a dicho pedido, sin incurrir en innecesarios juicios morales sobre la persona del funcionario.

Adujo también que las expresiones innecesarias y ofensivas, resultaban ajenas a la órbita de la libertad de expresión y desnaturalizaban su esencia pues no se habían dirigido al desempeño del funcionario, sino que habían afectado la órbita personalísima, y que la menor restricción en cuanto a las expresiones referidas al desempeño de la función pública no podía devenir en un injustificado ataque al honor, pues resultaba suficiente con la interposición del pedido de juicio político y, en último caso, bastaba con expresar las causas objetivas de dicha decisión.

Por último, el tribunal local indicó que los dichos del demandado poseían suficiente idoneidad dañosa y quedaban fuera de la causal de justificación establecida en la doctrina de la real malicia, pues tal proceder no guardaba relación con el fin que guiaba la tutela del derecho a la libre expresión en el marco democrático.

4°) Que, contra dicho pronunciamiento, los herederos del demandado -este último falleció después de haber interpuesto el recurso de casación- dedujeron recurso extraordinario federal (fs. 1586/1607), que fue concedido con fundamento en que estaba en juego la inteligencia de cláusulas constitucionales referentes a la libertad de expresión y al honor de las personas y, fue rechazado en lo que respecta al pedido de nulidad derivada de la ausencia de intervención del Ministerio Pupilar, sin que interpusieran la correspondiente queja (conf. decisión de fs. 1639/1641).

5°) Que el recurso extraordinario es formalmente admisible en tanto controvierte la inteligencia que el tribunal apelado ha dado a las cláusulas constitucionales que protegen la libertad de expresión y la decisión ha sido contraria al derecho que el demandado fundara en ellas (art. 14, inc. 3, de la ley 48). Los agravios sustentados en la tacha de arbitrariedad, al estar inescindiblemente unidos a las cuestiones aludidas, serán tratados conjuntamente.

6°) Que el presente caso plantea la ponderación entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor.

Que el equilibrio se logra cuando se permite el máximo ejercicio del derecho de crítica con la menor lesión al honor de las personas, es decir, sin efectuar imputaciones falsas de delitos o agravios innecesarios. El criterio para valorar esta conducta es el de lo que harían personas del mismo medio en similares situaciones, obrando de buena fe. Es evidente que la mayoría de quienes ejercen el derecho de crítica, ocupen o no cargos públicos, lo hacen sin que sea imprescindible agredir mediante descalificaciones agraviantes. Más aún, el debate democrático se degrada cuando se priorizan los agravios personales por sobre la crítica acerca de un acto funcional.

En ese orden, esta Corte ha señalado que las críticas al ejercicio de la función pública no pueden dar lugar a una responsabilidad civil, aun cuando sean duras o irritantes, porque es necesario resguardar el más amplio debate sobre cuestiones que involucran a personas o materias de interés público, en tanto garantía esencial del sistema republicano (Fallos: 331:1530). Como así también, ha reafirmado que el derecho a la crítica se puede ejercer sin necesidad alguna de agraviar, utilizando expresiones injuriantes del honor a las personas. En otras palabras, que no hay un derecho al insulto, a la vejación gratuita e injustificada (Fallos: 321:2558, voto de los jueces Petracchi y Bossert; y 331:1530).

En este aspecto, la elucidación del sentido de los epítetos ha de ser contextual, tomando especialmente en cuenta la terminología usual en el marco en el que han sido vertidos, así como el grado de agresividad discursiva propia de ese medio.

Cabe agregar, que no es determinante la presencia de una mala intención o de motivos disvaliosos, sino, antes bien, del empleo de voces o locuciones claramente denigrantes y fuera de lugar, cuya prohibición en nada resiente las condiciones que dan base a la amplia discusión acerca de temas sobre los que descansa un interés público, que toda sociedad democrática exige como condición de subsistencia (doctrina de Fallos: 336:1148).

7°) Que para aplicar este juicio de ponderación, cabe delimitar los hechos probados en la causa.

El demandado había declarado públicamente que promovería juicio político contra el actor con motivo de su dictamen, que no formuló objeciones al traspaso al Fondo Residual de Tierra del Fuego de la deuda que tenía el ex Banco Provincia de Tierra del Fuego con el Instituto Provincial Autárquico Unificado de la Seguridad Social (IPAUSS). En esas declaraciones dijo que se perjudicaban los intereses del IPAUSS, que había un desconocimiento claro del Código Civil y que "existía una irregularidad muy grande y grave" (Diario El Sureño del 16 de julio de 2002; fs. 56); que el autor del dictamen "sabía perfectamente que existía una irregularidad que nunca investigó y que con ese dictamen se estaba inhabilitando la discusión del problema", aparte de que era su convicción "que se estaba ante un hecho que era muy grave y que justificaba el pedido de juicio político" (conf. El Diario del Fin del Mundo del 30 de julio de 2002; fs. 57/58). El Directorio del IPAUSS rechazó, por mayoría, la promoción de juicio político, lo que motivó que el demandado expresara lo siguiente: "nosotros solicitamos el juicio político contra el Fiscal dé Estado, en virtud de la irregularidad que se produjo con la anuencia de éste, en ocasión que se sancionara la ley 286 -de transformación del BTF-, puesto que se incluyeron, de manera ilegal, 20 millones en títulos públicos y pesos que surgieron del acuerdo Nación-Provincia". Luego agregó que dicha irregularidad fue comunicada en su momento al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado, y "nadie hizo absolutamente nada para revertirla, marcando a las claras que el pacto de impunidad sigue vigente" y que "hay intereses de todos los poderes del Estado, que actúan en complicidad y en un marco de impunidad, para seguir estafando a los trabajadores" (conf. El Diario Digital del Fih del Mundo del 2 de agosto de 2002; fs. 59). Unos días después, el demandado efectuó nuevas declaraciones y se refirió a la participación del Fiscal de Estado en la celebración de distintos acuerdos entre la Nación y la Provincia de Tierra del Fuego de los cuales se habrían derivado perjuicios millonarios para el Estado provincial y la supuesta inacción del referido funcionario en el reclamo de acreencias del Estado a empresas petroleras.

En ese marco y después de anunciar que, por las irregularidades vinculadas con el Fondo Residual y clon el banco de la provincia iba a instar -a título personal- el juicio político de Martínez de Sucre, se refirió al mencionado funcionario en estos términos: "Se jacta de defender a la Provincia ¿Qué defiende? El descuento salarial a los trabajadores, el descuento de las pensiones graciables. Defiende perjudicando a la sociedad toda. Ahora cuando tiene que defender al Estado Provincial de los grandes intereses corporativos, de los grandes intereses políticos u económicos que han vaciado la Provincia no dice nada porque es cómplice” (conf. diarios Provincia 23 y Sur 54 del 15 de agosto de 2002; fs. 61 y 62, respectivamente).

Finalmente, peticionó el juicio político que fue rechazado in limine por la Comisión Investigadora y la Sala Acusadora del Poder Legislativo provincial.

8°) Que de estos hechos se desprende que el demandado involucró al actor en pactos de impunidad, acusándolo de cómplice de una estafa a los trabajadores, de no haber actuado frente a irregularidades que llegaron a su conocimiento y que incluso habrían contado con su anuencia, y de manifestar que "a quien ose pedir un juicio político, él (fiscal) le va a hacer una demanda civil para sacarle dinero, es un mensaje mafioso para la sociedad", constituyen expresiones insultantes que exceden los límites del derecho de crítica y a la libertad de expresión por parte del demandado, ofendiendo la dignidad y decoro del actor.

9°) Que, desde tal perspectiva, no puede exigirse a los magistrados y funcionarios que soporten estoicamente cualquier afrenta a su honor sin que se les repare el daño injustamente sufrido. Ello así, pues, el ejercicio de los derechos que confiere el ordenamiento jurídico no constituye una muestra de debilidad, ni denuncia una falta de espíritu republicano.

Admitir lo contrario, importaría tanto como consagrar la existencia de una categoría de ciudadanos que -por su cargo o función pública- quedarían huérfanos de tutela constitucional y expuestos al agravio impune (Fallos: 336:1148; causa CSJ 151/2008 (44-M)/CS1 "Maiztegui, Martín José c/ Acebedo, Horacio Néstor", disidencia del juez Fayt, sentencia del 5 de octubre de 2010; CSJ 498/2012 (48-D)/CS1 “De Sanctis, Guillermo Horacio c/ López de Herrera, Ana María s/ daños y perjuicios", sentencia del 17 de octubre de 2019).

10) Que, asimismo, cabe señalar que el recurrente afirma que la sentencia apelada viola la doctrina desarrollada en la jurisprudencia de esta Corte sobre libertad de expresión.

Sin embargo, corresponde recordar con respecto a la libertad de expresión, que esta Corte si bien ha declarado en forma reiterada el lugar eminente que ella tiene en un régimen republicano, al mismo tiempo, ha reconocido -en innumerables precedentes- que, bajo ciertas circunstancias, el derecho a expresarse libremente no ampara a quienes cometen ilícitos civiles en perjuicio de la reputación de terceros (Fallos: 308:789; 310:508; 331:1530; 332:2559).

Esta comprensión, como ha recordado recientemente este Tribunal en el ya referido precedente "De Sanctis, Guillermo Horacio c/ López de Herrera, Ana María s/ daños y perjuicios", basada en un principio elemental del orden constitucional conforme al cual no puede haber una hermenéutica que lleve a una destrucción reciproca de derechos (Fallos: 311:2272; 312:496) es plenamente entendible en la especie, a poco que se repare que el reconocimiento de la dignidad humana como valor supremo de nuestro orden constitucional (Fallos: 333:405) sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales (Fallos: 327:3753), implica admitir que la trascendente garantía constitucional de la libertad de expresión, no puede traducirse, al amparo de ningún entendimiento dogmático, en un derecho al insulto o a la vejación gratuita e injustificada (doctrina de Fallos: 321:2558, voto de los jueces Petracchi y Bossert; 331:1530).

En una análoga línea de pensamiento, la Corte de los Estados Unidos de Norteamérica tuvo la oportunidad de señalar que el derecho de toda persona a la protección de su reputación frente a las injustas agresiones, constituye un reflejo de la dignidad humana, raíz de todo sistema decente y ordenado de libertad ("Rosenblatt v. Baer" 383 U.S. 75 (1966), voto concurrente del juez Stewart).

Resulta claro, por lo tanto, y con arreglo a estas consideraciones que los términos utilizados por el demandado, deben considerarse insultos, y difieren de las opiniones, críticas, ideas o juicios de valor que podrían efectuarse respecto de un funcionario público, por lo que los precedentes invocados por el recurrente no son aplicables al sub examine.

11) Que, respecto a los calificativos que utilizó el demandado, los que fueran el principal sustento de su denuncia para la petición de juicio político -que fuera rechazada in limine-, si bien no han sido materia de agravios por parte del actor, toda vez que la sentencia se encuentra firme en esta cuestión, cabe destacar que cuando se trata de dar solución a los perjuicios que sufre un magistrado o funcionario por su pedido, el bien jurídico protegido es el honor.

En ese orden de ideas, en lo que atañe al daño moral derivado del pedido de juicio político, es importante destacar que el hecho en sí, de solicitarlo no constituye un acto ilícito sino por el contrario, se encuentra reconocido constitucionalmente como una garantía individual como lo han sostenido las instancias anteriores; asimismo, tampoco parece relevante el resultado negativo que aquella obtuviera finalmente. Por el contrario, la responsabilidad proviene del hecho de denunciar falsamente pues, la antijuridicidad deriva de haber ocasionado un perjuicio.

En ese sentido, cabe exigir una diligencia por encima de la media, en la conducta de quien peticiona un juicio político, pues, debe tenerse en cuenta que se trata de una imputación falsa a un juez o funcionario a quien la sociedad le exige un proceder irreprochable, para asegurar su imparcialidad y para que los justiciables confíen en aquel. En efecto, cuando se trata de una imputación falsa a un magistrado o funcionario, se genera un daño que debe ser reparado.

12) Que, tal como lo ha dicho este Tribunal, no es admisible que se cuestione la conducta de un magistrado y se ponga en marcha el procedimiento tendiente a su enjuiciamiento sobre la base de alegaciones que no poseen el indispensable sustento, ya que la procedencia de la denuncia orientada a lograr la remoción de un magistrado provoca una gran perturbación en el servicio público, y solo se le debe dar curso cuando la imputación se funda en hechos graves e inequívocos o existen presunciones serias que autoricen razonablemente a poner en duda la rectitud de conducta de un magistrado o su capacidad para el normal desempeño de la función. Únicamente con ese alcance la procedencia de la denuncia se concilia con el respeto debido a los jueces y con la garantía constitucional de su inamovilidad (Fallos: 303:741).

Por ello y oída la señora Procuradora General de la Nación, se declara procedente el recurso extraordinario deducido y se confirma la decisión apelada. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y devuélvanse las actuaciones al tribunal de origen.

 

RICARDO LUIS LORENZETTI

 

 

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