Procesos De Familia Medidas Urgentes Equipo Interdisciplinario Interes Superior Del Nino Nino Obeso Derecho A La Vida

JURISPRUDENCIA

Procesos de familia. Medidas urgentes. Equipo interdisciplinario. Interés superior del niño. Niño obeso. Derecho a la vida

 

Se revoca la sentencia apelada y se dispone la inmediata remisión de la causa al juzgado de familia interviniente, a efectos de que -en forma urgente- se hiciera lugar a la medida solicitada por el representante del Ministerio Público Pupilar para el resguardo y la protección de un niño obeso, y se dé intervención al equipo técnico del Juzgado para que se lo evalúe social, psicológica y psiquiátricamente, al valorarse los resultados negativos (fracaso) de las innumerables gestiones administrativas realizadas hasta el momento, con un grupo familiar vulnerable y con riesgo para su salud y su vida.

 

 

En la ciudad de Mar del Plata, a los 17días del mes de ABRIL de 2019, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados "L. V. M. C/ V. R. V. Y OTRO/A S/ MATERIA A CATEGORIZAR", habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau.

El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes

CUESTIONES

1ra.) ¿Es justa la sentencia de fs. 15/16vta.?

2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:

I. La sentencia dictada a fs. 15/16vta. viene a conocimiento de este Tribunal, con motivo del recurso de apelación deducido por el Sr. Asesor de Incapaces mediante presentación electrónica del 7-12-2018 a las 10:52:13 a.m. .

En lo que aquí interesa, la Sra. Jueza dispuso rechazar in límine la demanta entablada y dar intervención a los Servicios Local y Zonal de Promoción y Protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, no obstante las medidas que adoptare el Ministerio Público Pupilar interviniente en razón de sus atribuciones y/o el inicio de las acciones que estimare corresponder (arts. 646, 657, 700 y sgtes. del CCyC).

Para así decidirlo, argumentó que regía en el caso el paradigma de la desjudicialización de los conflictos familiares, sustentado en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y la Constitución Provincial, que prohíben efectuar injerencias arbitrarias en la vida privada.

Sostuvo que el sistema de protección de la infancia y adolescencia consiste en la abolición del régimen de la situación irregular del niño y del patronato del Estado en su faz judicial, para devolver al Estado administrador las facultades proteccionales y asistenciales. En base a la ley 26.061 indicó que la intervención judicial se ha vuelto subsidiaria; y que la ley 13.298 y sus modificatorias organizan los procedimientos administrativos que deben aplicarse.

Remarcó “(...) la actuación del Poder Judicial como ‘último recurso' ante el caos en los cuales resulte ‘imperiosa' una decisión jurisdiccional” (sic).

Refirió que la ley 13.634 modificó varias normas del CPCCBA, entre las cuales el art. 827 delimita la competencia de los órganos del fuero especial, la que es taxativa y no puede extenderse a supuestos no enumerados.

Señaló que no denunció el accionante una situación de riesgo que ameritara la intervención judicial, resultando el objeto de autos de competencia exclusiva del órgano administrativo, debiendo reasumir su intervención, no obstante las medidas que tomare el Ministerio Público Pupilar conforme a sus facultades, circunstancia por la cual correspondía el rechazo de la demanda y el archivo de las actuaciones.

II. El memorial obra en la presentación electrónica efectuada el 26-12-2018 a las 11:43:47 a.m. .

III. Síntesis de los agravios.

Reprocha el recurrente que la magistrada haya dispuesto el rechazo in límine de la demanda por el principio de la desjudicialización de las cuestiones familiares.

Sostiene que coincide con la jueza en que el Poder Ejecutivo a través de los órganos del sistema de protección de los derechos del niño es quien debe en una instancia extrajudicial y primaria velar por la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero que no menos cierto es que frente al fracaso o ineficacia de la actividad desplegada por la Administración Pública y ante la clara vulneración de los derechos del niño -que no ha cesado-, la subsidiariedad de la actividad judicial se activa en forma principal. Ello a fin que desde el poder jurisdiccional se efectúe el control judicial suficiente respecto de los actos administrativos relativos a la situación de M. que han resultado ineficaces, y a efectos que se garanticen los derechos de su asistido. Cita jurisprudencia.

Pone de resalto que al momento de tomar conocimiento del comunicado de cese de intervención de los estamentos administrativos, ya hacía cinco años que venían actuando.

Finalmente alega que ante la inexistencia de compromiso de los responsables parentales del niño, al HIEMI no le quedó más alternativa que solicitar la intervención del Servicio de Protección de los Derechos del Niño; el órgano primario (CPDN) llamado a intervenir ante la posible amenaza o vulneración de derechos de M., quien cesó su intervención por considerar que había agotado todos sus medios, mientras que el poder jurisdiccional refirió que la situación del caso debe ser tratada por el CPDN, rechazando in limini litis su petición, volviendo los autos a los organismos que en cinco años no pudieron revertir la situación. Agrega que el estado de M. ha excedido las posibilidades de actuación de los órganos intervinientes, colocando al niño en un claro estado de vulnerabilidad. Refiere que la negativa de intervención jurisdiccional constituye un ataque al debido proceso de los niños, al acceso a la tutela judicial efectiva, al derecho a la salud y en última instancia, a la vida.

En virtud de todo lo expresado y resultando de suma urgencia que se otorgue a M. el tratamiento médico adecuado en forma conjunta con un abordaje interdisciplinario correspondiente, solicita se haga lugar al recurso impetrado y se revoque la sentencia apelada. Asimismo indica que agrega nueva documentación obtenida de la actuación extrajudicial efectuada.

IV. Tratamiento del recurso.

Adelanto mi opinión, en el sentido que el recurso habrá de prosperar.

1. Dadas las particulares circunstancias que aquí se presentan, entiendo que la cuestión planteada debe resolverse bajo la perspectiva de los derechos humanos y la especificidad de los derechos de la infancia y adolescencia (arts. 75 inc. 22 CN; 19 CADH; Preámbulo, 3 CDN; 2 de las 100 Reglas de Brasilia; “Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el Espacio Judicial Iberoamericano” (Cancún, 2002); 3 Ley 26.061; 706 CCyC; Corte IDH, “Niños de la calle (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala”, sentencia del 19-11-1999, p. 194; “Furlan y Familiares vs. Argentina”, sentencia del 31-8-2012 - Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párrafos 124, 125, 126; CSJN, en autos “S. V. c/ M., D. A. s/ medidas precautorias”, LL2001-C-309; Sosa, Guillermina Leontina, “Protección diferenciada. Sujetos vulnerables. Ajustes en el proceso y en la interpretación del derecho”, La Ley Año LXXXII N° 178, 21-9-2018).

En función de lo anterior, cabe señalar que la piedra fundamental en la que reposa la protección integral de los derechos del niño es el interés superior de éste, que orienta y condiciona toda decisión de los tribunales de todas las instancias (Corte IDH, en el caso "Ramírez Escobar y ot. vs. Guatemala", sentencia del 9 de marzo de 2018 (Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 152, 195, 196, 215, 250, 257 y 262).

2. En el sentido expuesto, en la ya referenciada causa “Furlan y Familiares vs. Argentina”, el Tribunal regional reiteró que en lo concerniente a las vulneraciones de derechos respecto de niños, niñas y adolescentes, aquéllas debían ser analizadas a la luz del “corpus juris internacional de protección de los niños y las niñas, y adolescentes” (párr. 125).

Este bloque normativo debe servir para definir el contenido y los alcances de las obligaciones que ha asumido el Estado cuando se analizan los derechos de las niñas y los niños. Al respecto, aquéllos son titulares de los derechos establecidos en la Convención Americana, además de contar con las medidas especiales de protección contempladas en su artículo 19, las cuales deben ser definidas según las circunstancias particulares de cada caso concreto. La adopción de medidas especiales para la protección del niño corresponde tanto al Estado como a la familia, la comunidad y la sociedad a la que aquél pertenece (párr. 125).

En dicha causa, el Tribunal enfatizó con relevancia que no basta que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación (párr. 134).

En relación a ello sostuvo que “(...) toda decisión estatal, social o familiar que involucre alguna limitación al ejercicio de cualquier derecho de un niño o una niña, debe tomar en cuenta el principio del interés superior del niño y ajustarse rigurosamente a las disposiciones que rigen esta materia. Respecto del interés superior del niño, la Corte reitera que este principio regulador de la normativa de los derechos del niño se funda en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de las niñas y los niños, y en la necesidad de propiciar el desarrollo de éstos, con pleno aprovechamiento de sus potencialidades. En el mismo sentido, conviene observar que para asegurar, en la mayor medida posible, la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que éste requiere “cuidados especiales”, y el artículo 19 de la Convención Americana señala que debe recibir “medidas especiales de protección”. En este sentido, es preciso ponderar no sólo el requerimiento de medidas especiales, sino también las características particulares de la situación en la que se hallen el niño o la niña” (párr. 126).

3. Toda persona tiene el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud; encontrándose prohibida la regresividad. Debe garantizársele un entorno seguro y propicio que le permita participar en la adopción de decisiones que afectan a su salud (CESCR, Observación General 14, párr. 1, 9, 23, 48).

El derecho a la salud está en conexidad con el derecho a una vida digna. Es obligación del Estado adoptar medidas inmediatas, más aún cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, quienes tienen derecho a disponer de lo necesario para un desarrollo armónico e integral de su salud. Así, deben utilizarse el máximo de los recursos disponibles para dar efectividad a ese derecho, incluidos los de cooperación internacional -arts, 10, 26 CADH; Caso “Niños de la calle” cit., párr. 185 y 187; Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Declaración sobre la “Evaluación de la obligación de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos de que disponga de conformidad con un protocolo facultativo del Pacto”, E/C 12/2007/1, 38° Período de Sesiones, 21 de septiembre de 2007, párr. 8).

4. Por otro lado, no puede perderse de vista que la singularidad del proceso de familia no se encuentra tanto en su forma exterior o conformación estructural, sino más bien en su sustancia. Lo que se procura es eliminar el conflicto, orientado a la familia para que encuentre un nuevo orden de su estructura familiar (Kemelmajer de Carlucci, Aída, “Principios procesales y tribunales de familia”, JA 1993-IV, p. 676, publicado en Thomson Reuters (La Ley, Abeledo Perrot), Cita Online: 0003/011834).

Por ello, a la hora de ofrecer una tutela efectiva a los vulnerables, debe procurarse un criterio móvil que no intente ubicar a la pretensión principal en tal o cual nicho procesal sino, en todo caso, ofrecer la posibilidad de que el reclamo fluya por la vía más apta sin que las facultades del juez lo conviertan en un centinella amurallado, donde importa más el rito que la solución del conflicto; las facultades del juez están para ordenar u orientar la vía más adecuada para el debate y para la tutela (Trionfetti, Víctor, “Jurisdicción, proceso y tutela de los vulnerables”, Derecho Privado, Buenos Aires, Infojus, 2013, Año II N° 7, p. 183; SCBA, C. 119722, "L.S.C. c/ M., J. L. s/ Homologación de convenio de alimentos", sentencia del 16-8-2017; esta Sala, en autos “Rodríguez, Nilda Marta c/ Marchi, Fernando Héctor s/ Régimen de visitas”, expte. 162703, sentencia del 13-6-2017).

5. Es sabido que el sistema de promoción y protección integral de derechos de los niños, niñas y adolescentes es de carácter mixto: prevé la intervención administrativa y la judicial (leyes 26061, 13.298 y sus modificatorias 13634 y 14537, dto. reglamentario 300/05).

Los organismos administrativos, tanto los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos, como los Servicios Zonales de Promoción y Protección de Derechos, intervienen en forma directa e inmediata ante supuestos de: amenaza o vulneración de derechos de niñas, niños o adolescentes.

En cambio, la intervención judicial, se da cuando: 1°) fracasan las medidas adoptadas por el órgano administrativo; 2°) existe falta de consenso; 3°) o para efectivizar el control de legalidad de las medidas de abrigo -separación del niño de su ámbito familiar de origen- (esta Cámara, Sala Tercera, en autos “S., T. M. D. c/ S. M. s/ Reintegro de hijo s/ Recurso de queja”, expte. 163.581, sentencia del 9-6-2017).

6. Sentado ello, vale remarcar que la potestad jurisdiccional de rechazar in límine la demanda no queda encorsetada en la configuración de deficiencias de orden formal -falta de requisitos de procedibilidad o de admisibilidad extrínseca- sino que también incluye los supuestos en los que medie una acción evidente y manifiestamente infundada -improponibilidad objetiva de la demanda- (SCBA, Ac. 104.330 del 21-12-2011, entre otros).

En uno u otro caso el ejercicio de dicha facultad debe ser ejercido con suma prudencia, en tanto la desestimatoria de oficio puede lesionar sin remedio el derecho a la jurisdicción con tutela constitucional y supranacional (arts. 8 y 25 CADH; 18 de la C.N.; 15 Const. Pcial.).

De allí que se haya interpretado que en caso de configurarse la hipótesis aprehendida en el art. 336 del ritual, debe correlacionarse con el deber genérico que prevé el art. 34 inc. 5° de dicho cuerpo normativo, esto es, de señalar antes de dar trámite a la petición, los defectos u omisiones formales de que adolezca, ordenando su subsanación. (esta Sala, en autos “Sarrelli, Miguel Angel y ot. c/ Consorcio Copropietarios Edif. Tatomar IX s/ Materia a categorizar”, expte. 166094, sentencia del 4-10-2018).

Por tanto, se trata de un instituto de interpretación restrictiva (SCBA, C. 97940, sentencia del 15-6-2011).

7. En este caso observo una serie de connotaciones especiales que evidencian la urgente y necesaria intervención judicial:

a) Se encuentra involucrado el derecho a la salud de M., un niño de once años de edad, en situación de riesgo de vida por su diagnóstico de obesidad mórbida (su peso actual es cercano a los 100 kg), con apneas obstructivas, signos clínicos de hipoxia hiperinsulinemia e hipertensión arterial. Resalto que se le detectó sobrepeso a los cuatro años y que hoy se encuentra en peligro de padecer: diabetes, infarto de miocardio, hipertensión arterial, problemas renales, accidente cerebro vascular. Asimismo posee limitaciones propias de su cuerpo que le impiden realizar actividades o ir al ritmo del resto de sus compañeros, generándole dificultades en la relación con sus pares (v. fs. 58).

b) Han fracasado todas las estrategias llevadas a cabo durante casi seis años tanto en el Centro de atención primaria de la salud de Batán, como del Centro Local de Promoción y Promoción de los Derechos del Niño de dicha localidad, como del HIEMI. Ha debido ser internado en dos oportunidades tanto en el HIEMI como en el Hospital Ricardo Gutiérrez (en esta última institución por el lapso de un mes, lugar donde se le practicó una cirugía por hipertrofia adenoidea, logrando bajar apenas 7 kg, los que recuperó rápidamente). Luego fue derivado por el CAPS Batán al Centro TINO (Tratamientos Interdisciplinarios en Nutrición y Obesidad) de esta ciudad, al cual concurrió como consecuencia del otorgamiento de un subsidio del Centro de articulación de Desarrollo Social de la Nación; institución en la que se sugirió su ingreso a una de mayor complejidad, separar al niño del ambiente obesogénico y completar la evaluación cardiovascular (ecocardiograma, evaluación de presiones pulmonares) -v. fs. 2; 3; 4; 5; 6; 7/vta; 8; 9/vta; 10/ 11; 20/26; 27/30; 31/54; 55/vta; 56/71; 72/73; 74/75; 76/78; 79/81; 82; 83/vta-. En relación a este punto, se advierte que se ha producido una variación en las circunstancias de hecho invocadas en la demanda y acontecida con posterioridad al dictado de la resolución apelada, consistente en la agregación de todas las constancias que acreditan la evolución desfavorable del estado de salud del niño, que debe ser ameritada a los fines de resolver el recurso en tratamiento, (arg. art. 163 inc. 6° 2° párrafo, 272 2da. parte CPCCBA; esta Sala, en autos “M.S., D. c/ G.,P.E. s/ Incidente de alimentos”, expte. 163.700, sentencia del 18-12-2017).

c) De sus antecedentes familiares se desprende que todo el grupo es vulnerable: padre obeso, madre y hermana menor con sobrepeso y abuelo materno con diabetes tipo II. De tales circunstancias atinentes al propio estado físico de los integrantes de su entorno más cercano, se infieren los impedimentos que influyen en su falta de conciencia de la enfermedad del niño. Además, su madre se desempeña como empleada doméstica y su padre como picapedrero, trabajan casi todo el día. Adolecen de recursos que dificultan el cumplimiento de las indicaciones del tratamiento, y pusieron de manifiesto la imposibilidad de poder controlar las ingestas compulsivas de alimentos no saludables por parte de su hijo, pese a que se muestran angustiados por la situación y su deseo es revertirla.

d) El menor se encuentra escolarizado (Escuela N° 9 del Paraje Los Ortiz, Batán) aunque con bajo rendimiento, está integrado al grupo y se han efectuado intervenciones también con directivos de dicho establecimiento educativo a raíz de esta problemática. Realiza actividad deportiva (rugby tres veces por semana), refiere cansancio diurno y dificultades de sueño.

e) Sin perjuicio de observar que el objeto de la pretensión consignado en la demanda es la protección de persona (instituto previsto en el art. 234 CPCCBA para supuestos especiales de personas mayores de edad), advierto que el Sr. Asesor de Incapaces argumentó su petición en normativa supranacional (arts. 3, 4, 6, 19, 24, 27 CDN; 12 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 19 Pacto de San José de Costa Rica); y de orden interno ( arts. 103 del CCyC, 232 del CPCCBA y 3, 7, 8, 14, 32 ley 26061). Así, el Dr. Lludgar, en actuación autónoma promovió la presente acción conforme a las facultades que le confiere el art. 38 de la ley 14442 a fin de salvaguardar los derechos de su representado ante los resultados infructuosos de las diligencias extrajudiciales llevadas a cabo y el prolongado lapso de tiempo transcurrido en el cual se agravó el cuadro de salud del pequeño.

De todos los antecedentes descriptos surge claramente que: 1°) se han realizado innumerables gestiones por parte de los estamentos administrativos con resultado negativo, a punto tal de haberse agravado el cuadro de salud del menor; 2°) se denunció el cese de intervención de la instancia administrativa precisamente por la el fracaso de su actuación; 3°) el rechazo in límine de la demanda y el reenvío del caso para la prosecución de la intervención a los organismos administrativos sin más, ante el panorama descripto, carece de razonabilidad: de ninguna manera se ha configurado una inadmisibilidad extrínseca ni una improponibilidad objetiva; 4°) el factor tiempo es determinante, pues como bien se ha sostenido “Al lado del movimiento del reloj, transita el derecho a la vida. En la razón de la ley, cuando el movimiento del reloj no acompaña el de la vida, prevalece éste como medida del antes y del después. El orden jurídico no puede pretender imposibles, ni adoptar tiempos que no sirvan para nuestros actos.” (López de Zavalía, Fernando J., “Reflexiones sobre el tiempo en el derecho”, p. 19, publicado en el sitio de la Academia Nacional de Derecho y Cs. Soc. de Córdoba: http://www.acader.org.ar/doctrina/artículos/reflexio- nes-sobre-el-tiempo-en-el-derecho); por tanto después de casi seis años de retroceso en la situación del menor, el paradigma de la desjudicialización argumentado en la resolución agredida deviene absolutamente inaplicable; 5°) debe darse desde el ámbito jurisdiccional una solución urgente a fin de que M. prontamente revierta su delicado estado de salud, adoptándose todas las medidas que resulten necesarias con un abordaje interdisciplinario y la coordinación de acciones en conjunto entre los operadores judiciales y los responsables administrativos. Esto último a efectos de brindar la debida asistencia a esta familia en situación de extrema vulnerabilidad, para que se genere un ámbito en el que puedan prestar la debida colaboración y asumir un compromiso que resulte eficaz y repercuta de manera favorable en el estado del niño. Entiendo que esa es la mejor alternativa tendiente a la protección integral de los derechos del menor involucrado y que garantiza la prevalencia de su superior interés por sobre los restantes en juego.

Finalmente considero oportuno destacar que es deber de los jueces asumir un compromiso único con los sufrimientos tangibles de los justiciables, ello a fin de dar cumplimiento con el mandato constitucional de la tutela efectiva de los vulnerables (art. 15 Const. Pcial; esta Sala, en autos “Suárez, Marina Lisa c/ Ramos, Marcos Alberto s/ Materia a categorizar”, expte. 164.523, sentencia del 16-5-2018).

Por todas las circunstancias descriptas y principalmente estando en juego el derecho a la vida de M. -cuestión de prioritaria atendibilidad-, citas legales, doctrina y jurisprudencia reseñada, entiendo que corresponde hacer lugar al recurso interpuesto, revocar la sentencia impugnada y ordenar la inmediata remisión de las actuaciones a la instancia de origen con habilitación de días y horas inhábiles (art. 153 CPCCBA) a fin que se provea en forma urgente la demanda impetrada y se haga lugar a la medida solicitada por el representante del Ministerio Público Pupilar a fs. 12 apart. I, esto es, la intervención del equipo técnico del Juzgado para que se evalúe social, psicológica y psiquiátricamente al niño M. en su contexto familiar y se arbitren las medidas necesarias para su debida protección y resguardo, convocándose con su resultado a los responsables administrativos (HIEMI, CPDN, SZPPDN, Secretaría de Salud y Dirección de Niñez) -v. fs. 14-.

Así lo voto.

El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:

Correponde: I) Hacer lugar al recurso de apelación deducido por el Sr. Asesor de Incapaces mediante presentación electrónica del 7-12-2018 a las 10:52:13 a.m. En consecuencia, revocar la sentencia de fs. 15/16vta. y disponer la inmediata remisión de las actuaciones a la instancia de origen con habilitación de días y horas inhábiles (art. 153 CPCCBA) a fin que se provea en forma urgente la demanda impetrada y se haga lugar a la medida solicitada por el representante del Ministerio Público Pupilar a fs. 12 apart. I, esto es, la intervención del equipo técnico del Juzgado para que se evalúe social, psicológica y psiquiátricamente al niño M. en su contexto familiar y se arbitren las medidas necesarias para su debida protección y resguardo, convocándose con su resultado a los responsables administrativos (HIEMI, CPDN, SZPPDN, Secretaría de Salud y Dirección de Niñez) -v. fs. 14-. II) Sin costas, atento la forma en que ha sido resuelta la cuestión (art. 68 CPCCBA).

Así lo voto.

El Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.

En consecuencia se dicta la siguiente

SENTENCIA

Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) Hacer lugar al recurso de apelación deducido por el Sr. Asesor de Incapaces mediante presentación electrónica del 7-12-2018 a las 10:52:13 a.m. En consecuencia, revocar la sentencia de fs. 15/16vta. y disponer la inmediata remisión de las actuaciones a la instancia de origen con habilitación de días y horas inhábiles (art. 153 CPCCBA) a fin que se provea en forma urgente la demanda impetrada y se haga lugar a la medida solicitada por el representante del Ministerio Público Pupilar a fs. 12 apart. I, esto es, la intervención del equipo técnico del Juzgado para que se evalúe social, psicológica y psiquiátricamente al niño M. en su contexto familiar y se arbitren las medidas necesarias para su debida protección y resguardo, convocándose con su resultado a los responsables administrativos (HIEMI, CPDN, SZPPDN, Secretaría de Salud y Dirección de Niñez) -v. fs. 14-. II) Sin costas, atento la forma en que ha sido resuelta la cuestión (art. 68 CPCCBA). REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE (art. 135 CPCCBA). DEVUÉLVASE.

 

RICARDO D. MONTERISI

ROBERTO J. LOUSTAUNAU

Alexis A. Ferrairone

Secretario

    Correlaciones

Furlán y familiares vs. Argentina- Corte Interamericana de Derechos Humanos- 31/08/2012- Cita digital: IUSJU225613D

 

 

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