Profesores Universitarios Concurso Docente Universidad De Cordoba Nulidad Del Acto Administrativo

JURISPRUDENCIA

Profesores universitarios. Concurso docente. Universidad de Córdoba. Nulidad del acto administrativo

 

Se confirman las resoluciones del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba y del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en cuanto aprobó el orden de mérito dispuesto por el jurado de concurso para cubrir cargos docentes, al no advertirse ninguna arbitrariedad ni falta de fundamentación (motivación) o ilegalidad que las descalifiquen como tal, dejando traslucir una mera disconformidad con los términos académicos y contenidos expuestos por el jurado, como el puntaje asignado en el orden de mérito final.

 

 

En la ciudad de Córdoba, a 20 días del mes de Febrero del año dos mil diecinueve, reunidos en Acuerdo de Sala “B” de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial para dictar sentencia en estos autos caratulados: “PRADOS, ROMINA DEL VALLE c/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA s/RECURSO DIRECTO LEY DE EDUCACION SUPERIOR LEY 24.521” (Expte. N°: 47386/2016) venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la representación jurídica de la Sra. Romina del Valle Prados -ejercida por el Dr. Nazario Eduardo Bittar- en contra de la Resolución N° 1202/2016 del H. Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, que rechazó el recurso jerárquico interpuesto en contra de la Resolución N° 518/2014 del H.C. Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de dicha casa de estudios, el cual aprobó y ratificó las conclusiones emitidas por el Jurado de Concurso y rechazó las impugnaciones efectuadas por su parte.

Puestos los autos a resolución de la Sala, los señores Jueces emiten su voto en el siguiente orden: ABEL G. SANCHEZ TORRES- LILIANA NAVARRO- LUIS ROBERTO RUEDA.-

El señor Juez de Cámara, doctor Abel G. Sánchez Torres, dijo:

I. Vienen los autos a estudio de la Sala, en virtud del recurso judicial deducido por la representación jurídica de la Sra. Romina del Valle Prados -ejercida por el Dr. Nazario Eduardo Bittar- en contra de la Resolución N° 1202/2016 del H. Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba, que rechazó el recurso jerárquico interpuesto en contra de la Resolución N° 518/2014 del H.C. Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de dicha casa de estudios, el cual aprobó y ratificó las conclusiones emitidas por el Jurado de Concurso y rechazó las impugnaciones efectuadas por su parte.

II. La acción deducida por la Sra. Prados -en los términos del art. 32 de la Ley de Educación Superior N° 24.521 y modif., se origina con motivo del llamado a concurso para cubrir un (1) cargo de Profesor Asistente y siete (7) cargos de Profesor Ayudante “A” con dedicación simple, en la Asignatura “Derecho de la Navegación, Transporte y Comunicaciones” de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.N.Cba. Plantea la accionante la nulidad del dictamen de Jurado de Concurso, de las Resoluciones Nrs° 518/2014 del HCD de la Facultad de Derecho y C.S. y 1202/2016 del HCS de la UNCba..

Invoca la normativa aplicable y sostiene que en el concurso se cometieron irregularidades que denotan arbitrariedad manifiesta, vulnerándose el procedimiento administrativo que rige el proceso de selección docente. Denuncia erróneo y falto de fundamentación al dictamen del jurado, siendo impugnadas sus conclusiones por tres (3) aspirantes, por lo que la Dirección de Asuntos Jurídicos emitió el Dictamen N° 51248 (08/11/2012) solicitando ampliación y/o aclaración. Que girado el expediente a la Facultad de Derecho y Cs.Ss., ésta dejó constancia del fallecimiento de un miembro del tribunal -Dr. Luis César Romero Basaldúa- acaecida el 22/10/2012. No obstante ello, y pudiendo emitir la ampliación del dictamen los dos miembros restantes -Dres. Rey Caro y Rubiolo de Lucero- la Facultad paralizó el trámite sin causa justificada durante un año y medio sin emitir resolución respecto a la ampliación solicitada. Que posteriormente el HCD dictó la Resolución N° 122/2014 (07/07/14) solicitando ampliación y aclaración del dictamen impugnado y tenía presente el fallecimiento de dos (2) de los miembros del tribunal, en virtud de sendas resoluciones dictadas por la Facultad (del 13/02/2014 y 29/05/2014). Señala que el único miembro que podía dictar ampliación y/o aclaración era el Dr. Ernesto Rey Caro, ya que el dictamen original fue realizado de manera unánime, por lo que -sostiene- su opinión ampliatoria hubiera representado la del tribunal en su conjunto, máxime que uno de los puntos atacados fue la irregularidad acaecida en la entrevista, donde el miembro nombrado se ausentó del aula durante el desarrollo de su exposición por aproximadamente más de 10 minutos. Cita el art. 19 inc. b) de la Ordenanza de Concursos N° 8/86, siendo innecesario que el jurado se reúna nuevamente en caso de exigirse u ampliación y/o aclaración.

Refiere que con fecha 21/07/2014, el Departamento de Concursos Docentes aduce imposibilidad de realizar el dictamen ampliatorio en virtud del fallecimiento de dos miembros, expidiéndose nuevamente la DA.J. (Dictamen N° 54704 del 31/7/2014) señalando persistir las condiciones originales que motivaron la solicitud de ampliación y/o aclaración, lo cual, sumado a la demora, impedía satisfacer el requerimiento y dejar sin efecto el llamado a concurso. Manifestó que en aras de una supuesta discrecionalidad técnica y de manera ambigüa, el HCD debía resolver en definitiva.

Relata que el 11/12/2014 el HCD dictó la Res. 518/2014 apartándose de su anterior Res. 122/2014 y en forma arbitraria, sustituyó el criterio técnico del jurado por el del órgano político HCD., sin fundamentos, con vicio en su causa-motivo, y sólo para dejar firme un concurso con vicios graves que ameritaban su anulación. Sostiene que el HCD no justificó las razones para considerar innecesaria la ampliación y aclaración del jurado, soslayando dicha exigencia. Agrega que al no existir dictamen ampliatorio, este jamás intervino en las impugnaciones técnicas que presentaran las aspirantes y la suya en particular, y que sólo algunos puntos fueron tratados, omitiéndose responder a su impugnación, tornando arbitraria a la Res. N° 518/2014.

Especifica la recurrente que, en cuanto a la prueba de oposición y entrevista, el HCD se limitó a señalar escueta y dogmáticamente cuestiones doctrinarias sobre discrecionalidad y arbitrariedad sin realizar un análisis concreto de la impugnación, tornándolo en arbitrario, carente de motivación, infundado y desajustado a derecho, siendo nulo de nulidad absoluta. Agrega que dedujo recurso jerárquico en su contra, y pese a ello, sus agravios no fueron tratados, disponiendo el H.C. Superior de la UNC (Res. 1202/2016) rechazarlo, remitiéndose al dictamen N° 59352, manteniendo el vicio de origen, lo cual deriva en la nulidad de las Resoluciones Nros. 518/2014 y 1202/2016.

Expone sobre vicios del dictamen del jurado que no satisface los recaudos de validez. Invoca la Ley 25.200 y el art. 18 de la Ord. 8/86. Cita jurisprudencia de la CSJN. Plantea su arbitrariedad y que no exterioriza razones que justifican la asignación de puntajes en los antecedentes de cada aspirante. Detalla los ítems impugnados, puntajes otorgados a cada concursante y a los suyos en particular, la errónea valoración de sus antecedentes (cursos, cursos de post grado, actualización o profundización, diplomaturas vinculadas a la materia, cargos y ejercicio docente, adscripción, etc.).

Sostiene también que el Jurado omitió aplicar el Reglamento de Concursos, actuando con manifiesta arbitrariedad e ilegalidad, formulando una sumatoria de puntajes sin argumentos cualitativos que permitan entender la calificación, dictando un acto nulo, conforme el art. 14 de la Ley 19.549, ya que el dictamen no consideró que sus antecedentes acreditan nivel académico y mayor idoneidad para el cargo concursado.

Sobre la clase de oposición, expone que el jurado incurrió en arbitrariedad, tratando de denostar y descalificarla, surgiendo de los antecedentes ser una de las personas más apropiada para acceder a los cargos. Reproduce expresiones vertidas en el dictamen del jurado que no se ajustan a la realidad, y que solicitó a la Dra. Graciela Mirta Rubiolo de Lucero acompañar copia de la grabación de las clases no siendo ello respondido. Formula apreciaciones acerca de los extremos analizados por el jurado y la materia objeto de exposición por su parte. Que el jurado no aclaró que uno de los miembros -Dr. Rey Caro- se retiró del aula durante su exposición por aproximadamente 10 minutos, lo cual no fue respondido por la demandada en las resoluciones atacadas. Que su entrevista tuvo lugar el 14/5/2012, siendo última en pasar a las 19:00hs., dando la clase en tiempo exacto de 30 minutos y que la entrevista duró 15 minutos, mientras que el citado jurado se retiró entre las 19:10 y las 19:20horas. Agrega que nunca el Jurado le hizo saber que se le había acabado el tiempo, pese a lo falsamente señalado en el dictamen. Reseña temas y detalles expuestos en la clase de oposición, como también las preguntas realizadas en la entrevista personal. Reitera la solicitud de declarar nulo el concurso, que no le fue requerido al Dr. Ernesto Rey Caro que informara sobre su ausentismo, pese a firmar en unanimidad con los demás miembros del jurado la calificación de su clase. Ofrece prueba y hace reserva. Por último, pide se haga lugar al recurso judicial y se disponga la nulidad del dictamen del jurado de concurso de fecha 12/06/2012, la Resolución N° 518/2014 (HCD) y N° 1202/2016 (HCS) de la U.N.Cba.-

A fs. 111/111vta. evacua vista el Señor Fiscal General, sosteniendo la competencia del Tribunal y habilitada la instancia.

Seguidamente comparece a fs. 130/133vta. el letrado- apoderado de la Universidad Nacional de Córdoba, Dr. Gustavo Daniel Taranto, contesta demanda y niega los hechos y el derecho invocado por la actora. Asimismo, niega irregularidades en la tramitación del concurso, el cual respetó todo el procedimiento establecido, con la particularidad especial que durante las impugnaciones fallecieron dos miembros del Tribunal, obligando a la UNC a resolver de manera adecuada con los elementos que se contaban. Reconoce que Asesoría Jurídica aconsejó ampliar el dictamen, pero este no se pudo cumplir por la muerte de dos jurados, debiendo las autoridades analizar si el dictamen originario era autosuficiente, o declarar nulo el concurso y tramitarlo nuevamente. Señala que por Dictamen N° 54.704 de la DAJ aconsejó dejar sin efecto el concurso y producir uno nuevo, pero no fundado en los posibles vicios que pudiere tener el proceso concursal, sino en la posibilidad de generar nueva oportunidad a aspirantes a ampliar antecedentes frente al tiempo transcurrido. A fs. 550 dictamina nuevamente la asesoría, desarrollando la posibilidad que la autoridad se aparte de este consejo resolviendo de manera distinta, y con fecha 20/11/2014 el HCD de la Facultad de Derecho y Cs.Ss. dictó la Res. 518/2014 rechazando todas las impugnaciones. Allí se analizaron las razones por la cuales el cuerpo entendió que el dictamen no era arbitrario, y que el Jurado valoró fundadamente y asignó puntajes a cada aspirante sobre sus antecedentes, entrevista personal y clase, habiendo observado los procedimientos conforme Ord. 8/86 del HCS. Que la UNC respetó el derecho de defensa, la legalidad, y el disenso con el dictamen no es sujeto a control judicial. Pide rechazar el recurso judicial, con costas. Ofrece prueba.

Mediante proveído del 12/4/2017 (fs. 134) fueron citados los terceros interesados a fin que ejerzan su derecho, conforme al precedente de la CSJN “Ruarte Bazán”, habiendo comparecido a fs. 153/156 los aspirantes, Sres. Laura Susana Ludueña, Hugo Jorge Rivarola, Adriana Marcial, María Alejandra Guzzi, Flavia Judith Ferrero, Juan Marcelo Cinalli -con patrocinio de la Dra. Lucrecia I. Sosa- compartiendo y adhiriéndose a los términos de la contestación de la demanda de la UNC. Señalan que la demandante despliega un inconformismo sobre razones de mérito realizadas por el Tribunal, adjudicándole arbitrariedad y ataca injustificadamente a un ilustre profesor en la materia -hoy desaparecido- y reconocido en nuestro medio y a nivel internacional (Dr. Luis Cesar Romero Basaldúa), al igual que el reproche atribuido a los Dres. Graciela Rubiolo de Lucero y Dr. Ernesto Rey Caro. Señalan que la crítica a su imparcialidad denota una mirada peyorativa y agraviante a los nombrados. Rechazan los cuestionamientos formulados a coordinadores o secretarios de simposios, o actividades académicas, y porque introduce hechos que no son creíbles y traslucen animosidad de quien no tiene argumentos sólidos para refutar una decisión regular, respetando la normativa. Agregan que es falsa la circunstancia de que el Dr. Rey Caro se ausentó de su examen. Que la elaboración del orden de mérito y la valoración del tribunal es privativa o de reserva, propia y no judiciable y las razones de oportunidad, mérito o conveniencia son propias de la Administración. Sostienen que la actora realiza una “llamativa” interpretación del art. 19 inc b) de la Ord. 8/86, toda vez que el dictamen fue por unanimidad y en conjunto, por lo que mal se podría haber solicitado un dictamen de uno sólo de los miembros sobreviniente, lo contrario -afirman- sería antijurídico. Entienden fundadas las resoluciones emitidas y el procedimiento conforme a la reglamentación. Piden rechazar el recurso, con costas. Hacen reserva del caso federal.-

A fs. 163/165vta. comparece la Sra. Blanca Cecilia Vagni -en calidad de tercera interesada y patrocinio letrado de la Dra. Lucrecia I. Sosa- contesta la demanda, adhiriendo a los argumentos esbozados por el resto de los terceros interesados, sosteniendo correcto el orden de mérito y la valoración del jurado, rebatiendo los puntos cuestionados por la accionante en su libelo introductorio. Afirma que el dictamen fue preciso, meticuloso y circunstanciado, y que el momento de impugnar -a través de la recusación- era al inicio del trámite si consideraba animosidad. Sostiene fundada a la Resolución N° 518/2014 y el procedimiento acorde a la Ord. 8/86 del HCS. Ofrece prueba y pide rechazar el recurso, con costas. Hace reserva del caso federal.-

Sustanciada la totalidad de las pruebas ofrecidas (instrumental, informativa, documental, etc.) y acompañado el expediente administrativo CUDAP 0063844/2010 en que se sustanció el concurso docente (reservado en Secretaría) las partes demandada, actora y terceros alegan a fs. 251/254vta.; fs. 255/263vta. y fs. 266/268, respectivamente. Previo a incorporar este último escrito (proveído de fs. 269) se decreta autos (fs. 264).-

III. En forma preliminar, estimo conveniente dejar sentado el criterio adoptado por quien suscribe en anteriores pronunciamientos, respecto a la habilitación definitiva de la instancia en los recursos judiciales (ver autos: “MAINARDI, RAUL TORINO C/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA - RECURSO JUDICIAL - ART. 32 LEY 24.521”, P° 184 “B”, F° 41/45, Secretaría Civil N° II), en los que me incliné por la conveniencia del análisis de la procedencia definitiva de la vía al momento del dictado de la resolución de fondo, criterio éste luego compartido por toda la Sala “B” (autos: “TALE, CAMILO C/ FACULTAD DE DERECHO Y CS. SOCIALES - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA - RECURSO JUDICIAL - ART- 32 LEY 24.521.” Expte. N° 567/2012).-

A propósito del remedio incoado, el art. 32 de la Ley de Educación Superior establece esta acción especial denominada “recurso de apelación” como resorte de control judicial de los actos administrativos definitivos de las instituciones universitarias nacionales, impugnados con fundamento en la interpretación de las leyes de la Nación, sus estatutos y demás normas internas.

Respecto a los recaudos formales exigidos para su admisibilidad, se advierte que transitadas las vías impugnaticias dentro de los estamentos universitarios, con el dictado de la Resolución HCS N° 1202 del 18/10/2016 (a fs. 692 del expte. administrativo) se agotó la vía administrativa al cerrarse la discusión en dicho ámbito. Así, y tal lo especificado en el dictamen del señor Fiscal General a fs. 111/111vta., debe computarse el plazo de caducidad de 30 días para verificar su interposición temporánea (conf. art. 25 inc. “d” de la Ley 19.549).

En su mérito, habiendo quedado notificado el actor de la resolución administrativa el 08/11/2016 (ver cédula de notificación de fs. 697 del expte. adm.) es dable concluir que el recurso judicial interpuesto el 23/12/016 (cargo de fs. 106 de los presentes) ha sido oportunamente deducido.-

IV. Ingresando a los planteos formulados por la accionante, es preciso señalar que tal lo establecido reiteradamente por la CSJN., la designación de profesores universitarios, así como los procedimientos arbitrados para la selección del cuerpo docente no admiten, en principio, revisión judicial por tratarse de cuestiones propias de las autoridades que tienen a su cargo el gobierno de la universidad (Fallos: 177:169; 235: 337 entre otros), no siendo ello obstáculo para que se ejerza judicialmente el control de legalidad de los actos administrativos dictados en el curso de los procedimientos de selección de los docentes universitarios (Fallos:307:2106).-

La autonomía universitaria no impide que este órgano jurisdiccional controle la legitimidad de sus actos, pues sus decisiones no escapan al ámbito de aplicación de las leyes, ni sus claustros tienen privilegios especiales. El control judicial se limita a revisar si en el proceso de formación de la voluntad administrativa, la accionada incurrió en arbitrariedad, desviación de poder o irrazonabilidad, o si al emitir un acto, existen vicios en sus elementos esenciales que han conculcado derechos subjetivos del accionante, tornándolo ilegítimo, y por lo tanto sujeto a la sanción de nulidad.-

V. Sin perjuicio de lo expuesto, del análisis integral del proceso de selección llevado a cabo, no desconoce el suscripto las aristas particulares que rodearon a este concurso, constituyendo una situación por demás excepcional e inédita que durante la sustanciación de las impugnaciones por tres (3) aspirantes al concurso (entre ellos, la aquí accionante) y que en el lapso temporal aludido en que el órgano de asesoramiento -Dirección de Asuntos Jurídicos- de la UNC aconsejara ampliación y/o aclaración de sus conclusiones- hubieren fallecidos dos (2) de los tres (3) miembros que intervinieron originariamente en el examen de antecedentes y la prueba de oposición de los candidatos a cubrir las vacantes.

Esta circunstancia, por demás singular, no impide considerar y atribuir carácter no vinculante al dictamen jurídico emitido por la DAJ el 08/11/2012, pues si bien resulta obligatorio su requerimiento previo a la emisión del acto administrativo, los términos o contenidos no obligan al órgano directivo de la Facultad a aceptar sus conclusiones. Así lo expresó el propio Dictamen N° 55190 (a fs. 550vta. del expediente adm.) en cuanto a: “...es oportuno recordar que los dictámenes de esta Asesoría, en la materia que nos ocupa, no son de seguimiento obligatorio por parte de los Señores Consejeros, por ello, si los integrantes del H. Cuerpo, consideran que con los elementos existentes en estas actuaciones, se encuentran en condiciones de resolver de manera diferente a la aconsejada por esta Dirección, podrán dictar Resolución en el sentido que estimen pertinente, siempre de manera fundada y en el marco de las facultades discrecionales que tiene asignadas ese Consejo...”.-

Asimismo y esto debe destacarse, surge de los argumentos expuestos por la DAJ en el Dictamen de referencia, que los fundamentos expuestos en anterior Dictamen N° 54704 (del 31/7/2014) aconsejaban dejar sin efecto el llamado a concurso -dado el fallecimiento de dos miembros- por motivos disímiles y ajenos a los planteados por la recurrente en su impugnación, y referidos concretamente a permitir a los postulantes modificar títulos y antecedentes, brindar a otros postulantes la posibilidad de participar en una nueva convocatoria, e inexistencia de respuestas sobre los cuestionamientos formulados a la duración de las entrevistas objeto del dictamen anterior (ver fs.551).

Bajo tales circunstancias, lo expuesto no fue óbice para la Comisión de Enseñanzas del HCD de la Facultad de Derecho y Cs. Ss. de la UNC emitiera el dictamen a fs. 554/558 y en sesión plenaria aconsejara rechazar por improcedentes las impugnaciones formuladas por tres postulantes y específicamente sobre la Ab. Prados, disponiendo aprobar el dictamen vertido por los integrantes del Jurado, todo lo cual fue a posteriori considerado en los fundamentos brindados en la Resolución HCD N° 518/2014 (fs. 559/563vta.). Allí fueron consideradas las objeciones formales y sustanciales planteadas por cada una de las impugnantes, descartando arbitrariedad o falta de motivación del dictamen, confirmando así el criterio original vertido por el jurado de concurso.-

No puede soslayarse aquí la circunstancia apuntada, puesto que la excepcional situación planteada, en que la solicitud de ampliación y/o aclaración al Jurado no pudo llevarse a cabo y resultaba de imposible reproducción por el fallecimientos de dos de sus integrantes, habiendo sido cuestionada la actuación que le cupo al único integrante supérstite del concurso por su supuesta ausencia temporal en la entrevista personal, le asistía al órgano directivo de la Facultad la atribución para evaluar y considerar -con los elementos existentes- los términos de las impugnaciones y resolver en definitiva sobre las mismas.

Surge de las actuaciones que los abundantes y detallados argumentos invocados por la accionante Romina del Valle Prados en su cuestionamientos al dictamen del Jurado de Concurso fueron debidamente analizados en los actos emitidos por el HCD (N° 518/2014) y luego por el H.C.S. de la U.N.Cba. (N° 1202/2016) en virtud de las sucesivas impugnaciones y el recurso jerárquico deducido.

Es preciso recordar aquí con relación al Jurado de Concurso que, como órgano técnico, tiene competencia exclusiva para valorar las condiciones académicas de los aspirantes en el proceso de selección docente, asistiéndoles plena especialización, conocimientos en la materia a examinar y suficientes atribuciones para evaluar los antecedentes de cada participante, como los términos de la prueba de oposición y entrevista personal, de acuerdo a la modalidad y asignatura concursada.

Sus conclusiones -y por la naturaleza que revisten- sólo pueden impugnarse por los concursantes siempre y cuando adolezcan de defectos de forma, procedimiento o manifiesta arbitrariedad, y/o surja en forma evidente un apartamiento a las pautas y recaudos exigidos en el art. 14 incs. 3, 4, 5 y 6 de la Ordenanza N° 8/86, consagrado asimismo en las Resoluciones Nros. 401/95 y 481/2005 del HCS de la Universidad Nacional de Córdoba.

Dentro de los recaudos que las normas aludidas prevén, se destaca la nómina de candidatos y orden de mérito en condiciones de ser designados en el cargo o cargos objeto del concurso, dejándose constancia del criterio valorativo seguido por el Tribunal en relación a cada aspirante -y en lo que aquí nos interesa- la Ordenanza 8/86 (modif. por Ord. N° 10/89 y 4/91) que en su art. 14 inc. 4) establece el detalle y valoración de los siguientes elementos cuya enunciación no importa orden de prelación: “...a) títulos universitarios; nacionales y/o extranjeros que acrediten grados académicos de jerarquía. Título máximo universitario; b) obras, publicaciones, trabajos científicos, artísticos y profesionales. c) Pruebas de oposición (modif. por Ord. HCS 19/97). d) Participación en cursos y conferencias como expositor, conferenciante y autor de ponencias en el ámbito universitario en organismos e institutos de reconocida jerarquía. e) Participación en congresos, seminarios, jornadas o reuniones científicas, artísticas o técnicas. No constituirá antecedente la mera asistencia; f) Los premios, distinciones o títulos que el concursante acredite cuando los hubiere otorgado universidades o institutos y organismos oficiales o privados de reconocido prestigio. g) Antecedentes en la docencia, en actividades creativas o de extensión universitaria. h) Resultado y evaluación del control de gestión, si lo hubiere. i) Participación en la formación de recursos humanos para su integración a los cuatros docentes y de investigación de la Universidad, como así también la formación de recursos humanos en la ciencia, la tecnología y el arte que contribuyan al desarrollo nacional. j) Todo otro elemento de juicio que se considere valioso incluida la participación demostrada en el ámbito universitario y comunitario. El inc. 5) prevé: En ningún caso se computará como mérito la mera acumulación de publicaciones de escaso valor o la simple antigüedad en la docencia, sin perjuicio que tal circunstancia sea valorada por el jurado en cuanto al modo de desempeño, no teniendo obligación de mencionar todos los antecedentes sino sólo aquellos considerados fundamentales para el cargo concursado. El jurado no tendrá obligación de mencionar todos los antecedentes sino sólo aquellos que considere fundamentales al cargo concursado. Inc. 6°) El orden de mérito para el cargo concursado, detalladamente fundado, compuesto con la totalidad de los aspirantes, exceptuándose únicamente aquellos que en función del Inc. 2° de este artículo no reúnan las condiciones para ser designados en el cargo objeto del concurso; el jurado deberá considerar a estos efectos cada uno de los elementos para evaluar, establecidos en los apartados 4 y 5 precedentes. El orden de mérito deberá enunciarse de tal manera que permita cubrir los cargos del llamado a concurso, no pudiendo colocarse a dos o más aspirantes en absoluta paridad de méritos. Cada unidad académica podrá en su reglamentación establecer pautas de evaluación particulares de estos y otros rubros...”.

Del cotejo de las conclusiones vertidas por el jurado agregadas en copias a fs. 3/24vta. (fs. 313/356 del Expte. Adm. 0063844/2010) ellas se ajustan a los recaudos especificados en el art. 14 de la Ord. 8/86 del H.C.S. de la U.N.Cba.-

Surgen del dictamen iniciado con fecha 12/6/2012 y que concluyó con el acta de fecha 13/6/2012 (fs. 313/356 y fs. 357 del Expte. Adm. Respectivamente) cumplidos los recaudos antes enumerados, en virtud de la cual el jurado, -integrado a dicho momento por los profesores, Luis César Romero Basaldúa, Graciela Mirta Rubiolo de Lucero y Ernesto Rey Caro- formuló un pormenorizado y minucioso análisis y detalle de cada uno de ítems que conformaban el concurso, los títulos, antecedentes, y la valoración cualitativa y cuantitativa en forma exhaustiva sobre la prueba de oposición (clase) y la entrevista personal de los aspirantes, de cuyas consideraciones y por unanimidad establecieron el siguiente orden de mérito en: 1°) Vagni, Blanca Cecilia, 2°) Rivarola, Hugo Jorge; 3°) Ludueña de Riveros, Laura Susana; 4°) Guzzi, María Alejandra; 5°) Marcial, Adriana; 6° Cinalli, Juan Marcelo; 7°) Ferrero, Flavia Judith; 8°) Sosa Lucrecia; 9°) Erezian, Daniel; 10) Estrada, Mario Hernán; 11°) Falco, Gabriela Edith; 12°) Mariano, Susana Mónica; 13°) Prados, Romina del Valle y 14°) Zapata, Leticia.-

Del pormenorizado análisis de cada uno de los ítems motivo de evaluación, puede advertirse el porqué de la puntuación otorgada y diferencia cuantitativa existente al calificar los antecedentes y la prueba de oposición, siendo concluyente en la formulación del criterio y órden de mérito finalmente arribado.

Cabe aclarar aquí -y en virtud del específico cuestionamiento que formula la actora sobre el particular- que el Jurado no tiene obligación de consignar todos y cada uno de los títulos y antecedentes de los postulantes, sino aquellos que considere relevantes o afines para el cargo que se concursa, de conformidad con lo preceptuado en el inciso 6° del precitado artículo 14 de la Ord. 8/86 y sus modif.

Tampoco ha sido debidamente acreditada por la actora la supuesta ausencia temporal en que habría incurrido uno de los integrantes del jurado (Dr. Rey Caro) al momento de realizarse la entrevista personal, no constando ello en las actas del día en que se llevó a cabo (12/6/2012) ni por otro medio que corrobore dicha circunstancia, siendo un deber procesal ineludible de la parte que invoca un hecho, si obligación de probarlo.

Reitero que las consideraciones del Jurado permiten concluir que las pautas tenidas en cuenta por este órgano específico responden expresamente a la normativa de concurso reglada por la Universidad Nacional de Córdoba (art. 14 de la Ordenanza H.C.S. N° 8/86), sin que pueda advertirse arbitrariedad, falta de motivación o fundamentos o ilegalidad que las descalifiquen como tal, dejando traslucir los cuestionamientos formulados por la recurrente su mera disconformidad con los términos académicos y contenidos expuestos por el Jurado, como el puntaje asignado en el orden de mérito final.-

Del mismo modo, su discrepancia puede emanar de la lógica frustración de quien no ha sido designada en los cargos vacantes, pero que -más allá de las objeciones planteadas- no invalidan la legitimidad de las actuaciones en el proceso de selección bajo estudio (art. 12 de la L.N.P.A.) ni permiten suponer o admitir la existencia de vicios que pudieren acarrear su nulidad (art. 14 de la L.N.P.A.).

La presunción de validez de los actos administrativos (art. 12, ley 19.549) de la que goza el acto de designación de un profesor universitario, al no estar -ni él ni el concurso previo- afectado a un vicio grave y manifiesto y que obliga a alegar y probar lo contrario por quien sostiene su nulidad (Fallos: 291:499; 294:69, consid. 13°) impide, en ausencia de tal demostración, convalidar la mentada nulidad. Esta nulidad no puede invocarse por la nulidad misma, sino que debe existir un perjuicio real y concreto de quien la articula.

No habiéndose acreditado debidamente que el proceso administrativo llevado cabo -y que culminó con la designación de otros aspirantes en los cargos concursados- adolezca de un vicio de entidad que determine la tacha invocada por la recurrente, dicho presupuesto carece de sustento y como tal debe ser rechazado.

Bajo estas premisas, deben entenderse suficientemente motivadas las resoluciones emitidas por el H.C.D. de la Facultad de Derecho y Cs. Ss. y del H.C. Superior de la Universidad Nacional de Córdoba (Nrs° 518/14 y 1202/2016, respectivamente) siendo precisamente la “motivación” del acto y en el ámbito de las facultades discrecionales de la Administración, donde dicho recaudo se hace más necesario, habiendo cumplido las decisiones de los órganos de la casa de estudios con este recaudo esencial en los actos administrativos bajo análisis, no sin antes ratificar el criterio expuesto anteriormente respecto que las consideraciones de índole académicas escapan al análisis del órgano jurisdiccional.

VI. Tampoco se advierten de las actuaciones administrativas vicios en su causa, entendida como los antecedentes de hecho y de derecho que motivaron su dictado (art. 7 inc. "b" de la Ley 19.549) lo cual ratifica la potestad discrecional del órgano superior universitario, no siendo -lo reitero- resorte propio de competencia de Juzgador evaluar y/o designar a los profesores universitarios sino garantizar que dentro del proceso de selección se cumplan, y respeten a todos los interesados las garantías constitucionales y normas procedimentales previstas en la reglamentación, sin perjuicio de la autonomía académica e institucional que caracteriza a las universidades públicas, siendo ello plasmado a partir de la reforma constitucional del año 1994, cuyo artículo 75, inc. 19 -tercer párrafo- consagró jerarquía constitucional a la autonomía y autarquía universitaria.

Las supuestas irregularidades expuestas por la actora reflejan solamente su discrepancia con los criterios de valoración seguidos o discrecionalidad técnica, soslayando un principio elemental en este tipo de proceso especial de revisión, según el cual, no puede sustituir los propios criterios de los órganos universitarios en cuestiones netamente académicas e interfiriendo en su ámbito -por ser ajena al control jurisdiccional- y constituir su esfera de competencia la autonomía universitaria que garantiza la Constitución Nacional, salvo, claro está, la acreditación o existencia de arbitrariedad manifiesta que autorice a su anulación, pero que -lo reitero- ello no se ha configurado en el proceso que concluyó con la designación de los postulantes.

No debe confundirse discrecionalidad con arbitrariedad y tal lo especificado supra, los criterios evaluativos tenidos en cuenta por el Jurado en tanto no se aparten del marco normativo específico que regula el régimen de concursos (Ord. 8/86) aluden a consideraciones eminentemente académicas, concernientes a la esfera privativa de evaluación técnica del órgano facultado para dicho cometido. No corresponde a este Juzgador analizar cuestiones académicas o pedagógicas que surgen de la evaluación formulada a cada aspirante a los cargos concursados, por exceder su objeto el propio de discernimiento que debe realizar el jurado docente. De lo contrario, sería sustituida la opinión de los profesores universitarios con idoneidad específica, por la de los magistrados del Poder Judicial, atribuyéndose éstos últimos el control y evaluación de contenidos propios de una currícula o asignatura ajena por su naturaleza a la función jurisdiccional.-

En definitiva, la Resolución N° 1202/16 del HCS de la UNCba. y su antecesora N° 518/2014 del HCD de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de dicha casa de estudios cumplen con la debida motivación, en virtud que sus fundamentos y antecedentes fueron dictados conforme los recaudos exigidos por el art. 7 de la L.P.A., sin vicios formales o sustanciales aparentes que autoricen ser invalidados.-

VII. Por todo lo expuesto, se rechaza el recurso judicial deducido por la abogada Romina del Valle Prados en contra de la Universidad Nacional de Córdoba (en los términos del art. 32 de la Ley 24.521 y modif.) y confirmar la Resolución N° 1202/2016 del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba y su antecesora Res. 518/2014 del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales que aprobó el orden de mérito dispuesto por el Jurado de concurso para cubrir un (1) cargo de Profesor Asistente y siete (7) cargos de Profesor Ayudante “A” con dedicación simple, en la Asignatura “Derecho de la Navegación, Transporte y Comunicaciones” de la precitada casa de estudios. Las costas de la instancia y conforme el principio objetivo de la derrota se imponen a la accionante perdidosa (art. 68, 1ra. parte del CPCCN.) a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales del representante jurídico de la parte actora Dr. Nazario Eduardo Bittar en la suma de Pesos Ocho mil ($8.000); en tanto que los correspondientes al letrado- apoderado de la UNC., Dr. Gustavo Daniel Taranto, se regulan en la suma de Pesos Once mil ($11.000); y los de la Dra. Lucrecia I. Sosa (letrada-patrocinante de los terceros interesados) en la suma de Pesos Nueve mil ($9.000), montos a los cuales deberá adicionarse la tasa pasiva promedio que publica el BCRA desde la fecha de la presente y hasta su efectivo pago. Lo expuesto, de conformidad a las pautas arancelarias contempladas en los arts. 6, 7 y concs. de la ley N° 21.839 vigente al momento de las tareas, según pautas sentadas por la CSJN en “Establecimiento Las Marías S.A.C.F.I. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa”, (CSJ 32/2009) del 4/9/2018”, y dejando a salvo mi opinión personal plasmada en “S.,E. c/ OSDE s/ LEYES ESPECIALES (DIABETES, CÁNCER, INFERTILIDAD)”, (Expte. N° FCB 66791/2017/CA1, del 25/7/2018), y reseña hecha al criterio del Alto Tribunal en: “MAIDANA, ALBERTO C/ DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE PROPIEDAD AUTOMOTOR Y CRÉDITOS PRENDARIOS - APEL. DE RES. DENEGAD. DEL REGISTRO PROP. AUTOM. - RECURSO JUDICIAL” (Expte. N° 44463/2017/CA1). ASI VOTO.-

La señora Jueza de Cámara, doctora Liliana Navarro dijo:

I.- Que luego de efectuar un detenido estudio de los planteos sometidos a decisión de este Tribunal de Alzada, como así también de las opiniones vertidas por el señor Magistrado que me precede en voto, coincido con la solución de fondo dada a la cuestión debatida que propugna -esto es, el rechazo del recurso judicial oportunamente interpuesto por la Sra. Romina del Valle Prados, con costas- ello por los fundamentos allí expuestos, a los que me adhiero.-

II.- Sin perjuicio de ello, quiero dejar a salvo mi criterio en lo que respecta a la improcedencia del control de la habilitación de instancia al tiempo de decidir el fondo de la cuestión.

Ello, siendo ésta la postura sustentada en precedentes anteriores, tales como los autos: “LIBORIO, MIRIAM GLADYS c/ UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA s/ RECURSO DIRECTO LEY DE EDUCACION SUPERIOR LEY 24.521” - (Expte. 62871/2015/CA1 - Secret. N° I), en los cuales he adherido a lo sostenido por el Dr. Luis Roberto Rueda. ASI VOTO.

El señor Juez de Cámara, doctor Luis Roberto Rueda, dijo:

Que por análogas razones a las expresadas por la señora Jueza preopinante, doctora LILIANA NAVARRO, vota en idéntico sentido.

Por el resultado del Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

I. Rechazar el recurso judicial deducido en los términos del art. 32 de la Ley 24.521 y modif. por la abogada Romina del Valle Prados en contra de la Universidad Nacional de Córdoba, confirmándose la Resolución N° 1202/2016 del Honorable Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba y su antecesora Res. 518/2014 del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales que aprobó el orden de mérito dispuesto por el Jurado de concurso para cubrir un (1) cargo de Profesor Asistente y siete (7) cargos de Profesor Ayudante “A” con dedicación simple, en la Asignatura “Derecho de la Navegación, Transporte y Comunicaciones” de la precitada casa de estudios.-

II. Imponer las costas de la instancia a la accionante perdidosa (art. 68, 1ra. parte del CPCCN.) a cuyo fin se regulan los honorarios profesionales del representante jurídico de la parte actora Dr. Nazario Eduardo Bittar en la suma de Pesos Ocho mil ($8.000); en tanto que los correspondientes al letrado-apoderado de la UNC., Dr. Gustavo Daniel Taranto, se regulan en la suma de Pesos Once mil ($11.000); y los de la Dra. Lucrecia I. Sosa (letrada-patrocinante de los terceros interesados) en la suma de Pesos Nueve mil ($9.000), montos a los cuales deberá adicionarse la tasa pasiva promedio que publica el BCRA desde la fecha de la presente y hasta su efectivo pago. Todo ello de conformidad a los arts. 6, 7 y concs. de la ley 21.839, según Considerando VII.

III. Protocolícese y hágase saber. Cumplido, publíquese y siga la causa según su estado.-

 

LILIANA NAVARRO

LUIS ROBERTO RUEDA

ABEL G. SÁNCHEZ TORRES

EDUARDO BARROS

SECRETARIO DE CAMARA

  Correlaciones

San Martín, María Teresa c/UBA s/educación superior - ley 24521 - art 32 - Cám. Nac. Cont. Adm. Fed. - Sala I - 10/07/2014

 

 

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