Recurso Extraordinario Quiebra Redolarizacion Liquidacion Aprobada Sindicatura Enriquecimiento Sin Causa

JURISPRUDENCIA

Recurso extraordinario. Quiebra. Redolarización. Liquidación aprobada. Sindicatura. Enriquecimiento sin causa

 

Se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada, en cuanto -luego de un pronunciamiento previo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- la Cámara hizo lugar al planteo de la sindicatura, aprobó los cálculos presentados y determinó el saldo a favor de la quiebra. Es que, al aprobar los cálculos sobre la base de considerar cotizaciones y monedas no uniformes y -de allí- detraer valores depositados en moneda extranjera, no adecuó su nuevo pronunciamiento a lo dispuesto por la Corte. Ello es así porque la decisión objeto de recurso, sobre la base de argumentos puramente aritméticos y sin ponderar el efecto de la aplicación de la tasa pasiva en pesos en relación con la diferencia que generaban los réditos en inversiones en las distintas monedas involucradas, arribó a un resultado excesivo apartado del accesorio que hubiera generado una imposición en dólares estadounidenses en el lapso en cuestión, estándar de razonabilidad establecido en “Algodonera Lavallol”.

 

 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2019

Vistos los autos: “Inc. de apelación c/ Banco Caseros S.A. s/ otros - quiebra s/ inc. de apelación”.

Considerando:

1°) Que en su resolución del 29 de abril de 2015 esta Corte dejó sin efecto la sentencia de la Sara E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y dispuso que se dictara nuevo pronunciamiento.

Para decidir en ese sentido indicó que, en la determinación de los intereses, el a quo había incurrido en un exceso de jurisdicción pues la aplicación de la tasa pasiva que cobra el Banco de la Nación Argentina para sus depósitos en pesos al monto de capital adeudado había quedado firme. Concordemente, recalcó que el capital de los depósitos judiciales a plazo había sido redolarizado de conformidad con los términos del pronunciamiento de Fallos: 330:971 “EMM”, por lo que únicamente debía determinarse el saldo correspondiente a intereses, cuyo monto incontrovertido ascendía a $ 12.827.326,56 y a cuenta de los cuales el Banco de la Ciudad de Buenos Aires había abonado U$S 413.382,71 (confr. fs. 363 vta.).

2°) Que, en cumplimiento de lo ordenado, la Sala C de dicho tribunal dictó un nuevo pronunciamiento que hizo lugar al recurso de apelación deducido por la sindicatura, revocó la resolución de primera instancia -que había declarado la procedencia del importe de U$S 1.033.806,05 en concepto de intereses por ajustarse a las resoluciones dictadas- y aprobó los cálculos presentados por aquella a fs. 266/267 y 283/286 vta., determinando un saldo a favor de la quiebra de U$S 3.792.216,16. Adicionalmente, dejó a salvo una reliquidación en función de los nuevos depósitos realizados por la entidad depositaria.

Para así resolver, destacó que no mediaba discrepancia entre las partes respecto al importe, en pesos, que tales cuentas debían arrojar, esto es, la suma de $ 28.852.834,56; asimismo, que de este monto, $ 12.827.320,56 correspondían a intereses (confr. fs. 477 vta.). En consecuencia, centró la controversia en el mecanismo aplicable para redolarizar la deuda. En orden a ello, señaló que aquel monto de $ 28.852.834,56 resultaba comprensivo de una porción de capital, derivado de la pesificación de la suma de U$S 8.012.757 a una paridad de U$S 1=$ 2, es decir $ 16.025.514.

Agregó que sobre ese último importe -que se encontraba cancelado- habían sido calculados los intereses respectivos, que constituían el saldo de la suma precedentemente referenciada y que ascendían a $ 12.827.320,56.

Juzgó que, en tales condiciones, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires no debió haber aplicado directamente sobre el monto global adeudado en pesos ($ 28.852.834,56) la paridad de $ 3,05=U$S 1 para redolarizar la deuda en la medida en que tal procedimiento soslayaba que uno de los rubros que lo componían, el de capital, era el resultado de la pesificación de una suma en moneda extranjera a una paridad específica (U$S 1= $ 2), rubro que, además, se encontraba cancelado.

Concluyó que lo procedente era redolarizar únicamente el saldo en pesos de los intereses adeudados ($ 12.827.320,56) a la paridad de $ 3,05=U$S 1, relación de cambio sobre la cual no mediaba, tampoco, controversia entre las partes.

3°) Que, contra tal pronunciamiento, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires interpuso el recurso extraordinario federal obrante a fs. 482/493 vta, que, tras ser contestado por el síndico a fs. 500/507 vta., fue concedido por encontrarse en juego la interpretación de una decisión precedente dictada en la misma causa por esta Corte y denegado en lo relativo a las causales de arbitrariedad y gravedad institucional invocadas (fs. 509/509 vta.), aspecto este último que motivó la interposición de la queja que tramita ante esta Corte bajo el número COM 39912/2008/1/RH1. Ambos recursos serán resueltos conjuntamente por razones de economía procesal.

4°) Que la entidad bancaria sostiene que la sentencia recurrida vulnera sus garantías de igualdad ante la ley, debido proceso, defensa en juicio, propiedad e inalterabilidad de las normas constitucionales, al violentar un pronunciamiento anterior de esta Corte.

En particular, señala que el a quo soslayó el criterio sentado en los precedentes “EMM” (Fallos: 330:971); “Algodonera Lavallol” (Fallos: 333:394) y “Flores de Massari”, (Fallos: 333:1264) y que, erróneamente, pretende desdoblar la redolarización del capital y de los intereses, a diferentes cotizaciones, lo que arroja un monto confiscatorio e irrazonable. Ello por cuanto, el cálculo aprobado por la cámara importaría que un capital de U$S 8.012.757 arroje un interés de U$S 4.205.678,87 (para el período 21/02/02 al 11/07/08), lo cual supone un incremento del 52,48% y una tasa del 8% anual, totalmente desproporcionada para inversiones en dólares estadounidenses.

5°) Que el recurso extraordinario resulta formalmente procedente pues este Tribunal ha señalado que la interpretación de las sentencias de la Corte Suprema en las mismas causas en que ellas han sido dictadas constituye cuestión federal suficiente para ser examinada en la instancia extraordinaria cuando la decisión impugnada consagra un inequívoco apartamiento de lo dispuesto por el Tribunal y desconoce en lo esencial aquella decisión (Fallos: 340:236, entre muchos otros).

Por otra parte, cabe recordar que también se ha sostenido que “(s)i al fundamentarse el recurso extraordinario se alegó, entre otras cuestiones, la arbitrariedad del fallo, corresponde tratar en primer término, los agravios que atañen a dicha tacha, dado que de existir, no habría, en rigor, una sentencia propiamente dicha” (Fallos: 330:4706, 2564 y 1903, entre muchos otros).

6°) Que, como se consignó precedentemente, en su anterior intervención en la causa esta Corte claramente señaló que no se encontraba discutida por las partes la fórmula de cálculo de los intereses y que la sindicatura había manifestado su conformidad respecto de la suma correspondiente a los accesorios, por lo que solo restaba que el a quo determinara “el saldo correspondiente a los intereses cuyo monto en pesos no se encuentra controvertido ($ 12.827.326,56) y del cual fue abonada la suma de U$S 413.382,71” (fs. 364 vta.).

Esta directriz, que para fijar el monto adeudado en tal concepto imponía la homogeneización de aquellos valores, no ha sido cumplida adecuadamente por la cámara al aprobar los cálculos practicados por la sindicatura a fs. 266/267 y 283/286 vta. Ello por cuanto la decisión objeto de recurso, sobre la base de argumentos puramente aritméticos y sin ponderar el efecto de la aplicación de la tasa pasiva en pesos en relación a la diferencia que generan los réditos en inversiones en las distintas monedas involucradas, arribó a un resultado excesivo apartado del accesorio que hubiera generado una imposición en dólares estadounidenses en el lapso en cuestión, estándar de razonabilidad establecido en “Algodonera Lavallol” (Fallos: 333:394).

En efecto, y tal como lo sostiene la señora Procuradora Fiscal subrogante, la sindicatura no solo no ha demostrado que la suma que pretende abonar la entidad financiera -U$S 1.447.188,46- resulte inferior a los intereses que habría producido un plazo fijo en dólares durante el período 21/02/02 al 11/07/08, sino que, por el contrario, sus propias manifestaciones al contestar el recurso extraordinario (confr. fs. 507) ponen en evidencia que la decisión impugnada convalida una tasa muy superior a las que imperaban en el mercado en el período señalado.

Por ello, concordemente con lo dictaminado por la señora Procuradora Fiscal subrogante, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada. Con costas. Agréguese la presentación directa al principal, reintégrese el depósito obrante a fs. 1 bis de la queja, notifíquese y remítanse los autos al tribunal de origen a fin de que, por quien corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo aquí expresado.

 

CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ

ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO

JUAN CARLOS MAQUEDA

HORACIO ROSATTI

 

DICIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON HORACIO ROSATTI

Considerando:

Que el recurso extraordinario, cuya denegación parcial dio origen a la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

Por ello, se desestima el recurso extraordinario y la queja deducida a partir de su denegación parcial. Con costas. Declárese perdido el depósito de fs. 1 bis del recurso de hecho.

Notifíquese, archívese la queja con copia de la presente y devuélvase.

 

HORACIO ROSATTI

 

Suprema Corte:

-I-

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con remisión al dictamen de la Procuración General, dejó sin efecto la sentencia de la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial agregada a fojas 304/305 y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento (v. fs. 363/364 y 462).

A tal efecto, el Tribunal consideró que la alzada había incurrido en un exceso de jurisdicción al resolver aplicar la tasa pasiva que cobra el Banco de la Nación Argentina a los depósitos en pesos al monto de capital nominal de los depósitos judiciales redolarizados en el marco del Fallo: 330:971 “EMM”, pues la sindicatura no había cuestionado la tasa aplicada para el cálculo de los intereses, que había quedado firme en virtud de pronunciamientos anteriores.

Se señaló allí que la sindicatura “equipara los valores en pesos obtenidos en función de diferentes cotizaciones y, de allí, detrae valores depositados en dólares, lo cual conduce a resultados diversos conforme a las liquidaciones de ambas partes”.

-II-

En ese contexto, la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial dictó la sentencia de fojas 477/478, por medio de la cual hizo lugar al planteo de la sindicatura, aprobó los cálculos presentados a fojas 266/267 y 283/286, Y determinó un saldo a favor de la quiebra de U$S 3.792.216,16 -dejando a salvo una reliquidación en función de nuevos depósitos realizados por la entidad depositaria- (fs. 477/478).

La Cámara por un lado señaló que no se encuentra controvertido el monto en pesos en concepto de capital e intereses -$28.852.834,56-, pero entiende que la entidad financiera incurre en un error porque esta suma comprendería, una porción de capital “derivado de la pesificación de la suma de U$S 8.012.757 a una paridad de U$S 1 = $2, es decir: $16.025.514”. En esa inteligencia, sostiene que el resto corresponde a accesorios que, dolarizados a la paridad de $3,05 por cada dólar, da un total de U$S 3.792.216,16.

Contra dicho pronunciamiento, el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, interpuso recurso extraordinario, que fue concedido en la medida que se encuentra en juego la interpretación de una decisión dictada en la causa por el Máximo Tribunal y rechazada por los restantes agravios (fs. 481/493 y 509). De tal forma, la entidad financiera presentó la queja respectiva que corre agregada a los autos COM 39912/2008/11RH1, en el cual también han corrido vista a esta Procuración General, por lo que serán estudiados ambos recursos en forma conjunta (fs. 119/123 y 125, del cuaderno respectivo).

-III-

El recurrente sostiene que la sentencia vulnera las garantías constitucionales de propiedad y de defensa en juicio y que contradice un pronunciamiento anterior de la Corte Suprema.

En particular, señala que el tribunal soslaya el criterio sentado en los precedentes publicados en Fallos: 330:971 “EMM”, 333:394 “Algodonera Lavallol” y 333:1264 “Flores de Massari”, y que, erróneamente, se pretende desdoblar la redolarización del capital y de los intereses, a diferentes cotizaciones, lo que arroja un monto confiscatorio e irrazonable. El cálculo aprobado por la Cámara importaría que un capital de U$S 8.012.757 arroje un interés de U$S 4.205.678,87 (para el periodo 21/02/02 al 11/07/08), lo cual supone un incremento del 52,48% y una tasa del 8% anual, totalmente desproporcionada para inversiones en dólares estadounidenses.

-IV-

El recurso extraordinario interpuesto es procedente, pues la interpretación de las sentencias de la Corte Suprema en las mismas causas en que ellas han sido dictadas constituye cuestión federal suficiente para ser examinada en la instancia de excepción cuando, como ocurre en el caso, el fallo impugnado consagra un inequívoco apartamiento de lo dispuesto por el Tribunal y desconoce, en lo esencial, aquella decisión (doctrina de Fallos: 339:638; entre muchos otros).

Considero que ello es así, pues la Cámara al aprobar los cálculos de fojas 266/267 y 283/286, sobre la base de considerar cotizaciones y monedas no uniformes y, de allí, detraer valores depositados en moneda extranjera, no adecuó su nuevo pronunciamiento a lo dispuesto por la Corte.

En este sentido, la alzada reconoce que no se encuentra controvertido en autos que: la suma inicial del depósito judicial invertido a plazo era de U$S 8.012.757, que fue pesificado el 21102/02 a la cotización de esa fecha ($2 por cada dólar estadounidense) lo cual arrojó un monto de $16.025.514; y que se aplicó a ese capital la tasa pasiva que cobra el Banco Nación para sus depósitos en pesos a partir de ese momento y hasta el 11/07/08, lo cual generó $12.827.736,56 en concepto de intereses (v. fs. 75, 92 y 209/216).

Tampoco se discute la redolarización de las sumas correspondientes a capital e interés ($28.852.834,56) en el marco de lo dispuesto por el precedente de esa Corte en “EMM”.

Ahora bien, el pronunciamiento recurrido vuelve a adoptar como punto inicial para determinar la suma a abonar en concepto de intereses correspondientes a un capital nominal en dólares estadunidenses, el saldo en pesos de los intereses generados por la aplicación a una suma en pesos de una tasa para depósitos en esa misma moneda. Sin embargo, como se señaló, esa Corte consideró arbitraria la decisión de imponer la tasa pasiva que cobra el Banco de la Nación Argentina para su depósito en pesos al monto del capital nominal en dólares, lo cual resulta ser el efecto de la decisión ahora recurrida.

En efecto, la decisión de aplicar la tasa pasiva al depósito judicial pesificado, no puedo dejar de mencionar, se encuentra firme, pero advierto que esa resolución encuentra razón sólo en cuanto dicho monto era pesos, pues el rédito así calculado es superior a la aplicación de la tasa correspondiente a los plazos fijos en dólares estadounidenses durante el plazo en cuestión.

En ese contexto, en mi opinión, la suma a la que arriba la liquidación aprobada, traduce un resultado excesivo, que deriva en un enriquecimiento incausado del patrimonio de la quiebra y se aparta palmariamente del accesorio que hubiere generado la imposición en la divisa extranjera en el lapso que aquí interesa. Así, la sola conversión de los intereses del depósito judicial invertido a plazo en pesos, cuando medió una redolarización aceptada por las partes, no encuentra sustento legal y deviene irrazonable valorando la diferencia cuantitativa que generan los réditos en inversiones en ambas monedas, sin que la sindicatura haya indicado que los intereses que naturalmente hubiere generado el plazo fijo en dólares por el período 21/2/02 al 11/07/08 sea superior al que pretende abonar la entidad financiera -U$S 1.447.188,46-.

En tales condiciones, es menester precisar que el Máximo Tribunal se pronunció, el 20104/10, en autos S.C. A. W 1300; L. XLIV, “Algodonera Lavallol S.A. si quiebra” (Fallos: 333:394), respecto de la procedencia y alcance de los accesorios de los depósitos judiciales redolarizados en el marco de lo previsto en Fallos: 330:971 “EMM” e invertidos a plazo, por lo que, en lo sustancial, me remito a sus términos y consideraciones, en su caso, en todo lo pertinente, por razones de brevedad.

-V-

Por lo expuesto, considero que corresponde hacer lugar a la queja, declarar parcialmente procedente el recurso extraordinario federal y revocar la sentencia cuestionada.

Buenos Aires, 28 de agosto de 2017.

 

Irma Adriana García Netto

Procuradora Fiscal

Subrogante

ADRIANA N. MARCHISIO

Subsecretaria Administrativa

Procuradora General de la Nación

 

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