Accidente De Trabajo Plazo Demanda Caducidad Declaracion De Inconstitucionalidad Ley Provincial

JURISPRUDENCIA

 

 

 

En la Ciudad de Mendoza, a 18 días del mes de septiembre de 2020, reunida la Sala Segunda de la Excelentísima Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario, tomó en consideración para dictar sentencia definitiva en la causa N° 13-04393862-7/1, caratulada: “HERRERA WALTER ARIEL EN J: 159.114 HERRERA WALTER ARIEL C/ PROVINCIA A.R.T. SA P/ ACCIDENTE P/REP”

De conformidad con lo decretado a fs. 48, quedó establecido el siguiente orden de votación en la causa para el tratamiento de las cuestiones por parte de los Señores Ministros del Tribunal: primero: Dr. JOSÉ V. VALERIO, segundo Dr. OMAR A. PALERMO y tercero Dr. MARIO D. ADARO.

ANTECEDENTES:

A fs. 11/17, el Sr. Walter Ariel Herrera, por medio de representante, interpuso recurso extraordinario provincial contra la resolución dictada a fs. 145 y sgtes., de los autos N° 159.114, caratulados: “HERRERA WALTER ARIEL C/ PROVINCIA A.R.T. SA P/ ACCIDENTE”, originarios de la Excma. Cámara Tercera del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial.

A fs. 23 se admitió formalmente el recurso interpuesto, y se ordenó correr traslado a la contraria, quien contestó a fs. 37/41 vta.

A fs. 44 y vta. se agregó el dictamen del Sr. Procurador General, quien por las razones que expuso, entendió que correspondía rechazar el recurso planteado por el actor.

A fs. 48 se llamó al Acuerdo para sentencia y se dejó constancia del orden de estudio por parte de los Señores Ministros del Tribunal.

De conformidad con lo establecido por el art. 160 de la Constitución de la Provincia, esta Sala se plantea las siguientes cuestiones a resolver:

PRIMERA: ¿Es procedente el recurso interpuesto?

SEGUNDA: En su caso, ¿qué solución corresponde?

TERCERA: Pronunciamiento sobre costas.

SOBRE LA PRIMERA CUESTION EL DR. JOSE VALERIO, dijo:

I. La resolución del a quo -agregada a fs. 145 y sgtes.- rechazó el planteo de inconstitucionalidad formulado por el actor a fs. 27 vta. e hizo lugar al planteo formulado por la demandada a fs. 61 vta. y en consecuencia, declaró la caducidad del derecho que invocó el accionante como base de su pretensión y ordenó el archivo de las actuaciones (art. 3 de la ley 9017), con costas en el orden causado.

Para así decidir, en lo que aquí interesa, el tribunal argumentó:

1. La declaración de inconstitucionalidad normativa es la última ratio del ordenamiento jurídico, y en tal sentido, la fundamentación de inconstitucionalidad del art. 3 de la ley 9017 postulada por el actor, no reúne los requisitos mínimos exigibles y resulta un planteo abstracto.

2. Tampoco cabe presumir la equivocación, el desacierto o la falta de presuposición del legislador, ni interpretar los textos legales poniendo en pugna sus disposiciones.

3. De tal manera, no se verifica en el caso concreto el modo en que la norma cuestionada vulnera los derechos y principios constitucionales invocados, ni manifiesta la irrazonabilidad o exigüidad del plazo per se.

4. Tampoco la actora ha invocado ni acreditado en el caso la existencia de algún tipo de imposibilidad de iniciar en el plazo establecido por la ley a los efectos de recurrir ante la justicia ordinaria. En tal sentido la notificación de clausura del Servicio de Homologación de la Comisión Médica se produjo el 29/01/18 y la demanda fue interpuesta el 13/08/18, cuando ya había transcurrido y fenecido el plazo máximo de 45 días hábiles judiciales establecidos en el art. 3 de la ley 9017.

5. El establecimiento de tal plazo de caducidad en el caso concreto de la revisión judicial de la resolución emitida por la Oficina de Homologación de la Comisión Médica responde a la necesidad de celeridad en la resolución de la controversia, en pos de la tutela judicial efectiva dentro de un plazo razonable.

6. La finalidad es que lo decidido por ante la instancia administrativa sea prontamente analizado y resuelto jurisdiccionalmente y que no exista dilación a los efectos de obtener una resolución del conflicto en tiempo oportuno.

II. Contra dicha decisión, Walter Ariel Herrera, por medio de representante, interpuso recurso extraordinario provincial, con fundamento en el inciso a) del artículo 145 apartado II del C.P.C.C. y T. y esgrimió los siguientes agravios:

1. Arbitrariedad por no haber analizado el principal argumento que invalida la norma por inconstitucional, relativo a que las provincias no tienen facultades para dictar normas de fondo, salvo para fijar plazos de prescripción de los impuestos provinciales. En apoyo de su postura se remite al análisis efectuado por Fiscalía de Cámara, el cual entiende, fue dejado de lado por el juez de grado. Alega, que el art. 3 de la ley 9017, norma de carácter provincial, que a través de un plazo de caducidad muy exiguo, modifica el término de prescripción dispuesto por el art. 44 LRT, el cual no fue derogado o modificado por la ley 27.348.

2. Cuestiona el argumento del tribunal de grado de que el planteo en el caso concreto resulta abstracto, en razón de que la actora no explica suficientemente los motivos por los que impugna la norma en cuestión.

3. Solicita la imposición de costas a la contraria.

III. Anticipo que el recurso interpuesto por el actor no prospera.

1. El recurrente se agravia al considerar que el tribunal de grado aplicó erróneamente la ley 9017, como asimismo, omitió la declaración de inconstitucionalidad del art. 3 de dicha norma y en su consecuencia consideró que había transcurrido en exceso el plazo allí establecido para interponer la demanda, por lo que ordenó el archivo de las actuaciones.

2. Es sabido que la ley 27.348, complementaria de la Ley sobre Riesgos del Trabajo, sancionada el 15 de febrero del 2017 y publicada en el B.O. el 24 de febrero del 2017, estableció la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales como instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención, para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, la determinación de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo.

Prescribió, además, la adhesión de los estados provinciales y la adecuación de sus normas al efecto su constitución y funcionamiento.

La provincia de Mendoza adhirió al sistema mediante la ley provincial 9017 de fecha 01 de noviembre del 2017- B.O. 02 de noviembre del 2017-, que reconoció la delegación expresa a la jurisdicción administrativa nacional de la totalidad de las competencias necesarias para dar cumplimiento al procedimiento administrativo obligatorio establecido por dicha norma como la debida adecuación de la normativa local que resulte necesaria.

3. Ahora bien, el quejoso no se hace cargo de un tramo decisivo del fallo atacado, según el cual al momento de producción del infortunio, 22/12/17, se encontraban vigentes, tanto la ley 27.348 como la ley 9017 y la demanda fue interpuesta recién el 13/08/18, una vez vencido en exceso el plazo establecido por el art. 3 de la ley 9017 para recurrir el dictamen de la Comisión Médica, sin que el actor hubiese invocado ni acreditado en el caso la existencia de algún tipo de imposibilidad de iniciar en el plazo establecido por la ley a los efectos de recurrir ante la justicia ordinaria. De tal manera que “...no se verifica en el caso concreto el modo en que la norma cuestionada vulnera los derechos y principios constitucionales que invoca, como el de igualdad ante la ley, supremacía constitucional, propiedad, legalidad, al establecer el término de caducidad para accionar ante la justicia del trabajo ordinaria...”.

a. Además, el argumento expuesto por el recurrente, según el cual el art. 3 de la ley 9017 modifica el término de prescripción dispuesto por el art. 44 LRT, el cual no fuera derogado por la ley 27.348, resulta novedoso en esta instancia. Así surge de la propia demanda interpuesta por el actor, en donde en forma escueta, sólo planteó la inaplicabilidad e inconstitucionalidad del art. 3 de la ley 9017, sin hacer referencia a la pretendida modificación legal (ver fs. 27 vta./28 de los principales).

b. Ello implica que su falta de introducción ante el tribunal de grado, privó no sólo a la contraparte del correcto ejercicio del derecho de defensa, sino también al juzgador de avocarse al tratamiento del mismo a fin de emitir un pronunciamiento válido (LS 233-318; 262-158, 465-145). De ahí que al resolver, el sentenciante consideró abstracto el planteo así formulado, el cual no reunía los requisitos que exige la tacha de inconstitucionalidad normativa, además de justificar por qué tardó prácticamente 7 meses en incoar la demanda, luego de recibir la notificación del Servicio de Homologaciones de la Comisión Médica.

c. Así, respecto del art. 3 de la ley 9017, el quejoso obvia el hecho de que la declaración de inconstitucionalidad de una disposición, es un acto de gravedad institucional, configurativa del remedio extremo al que el juzgador debe acudir sólo como última ratio, cuando no tiene otra alternativa posible (LS 397-102, 224-119). De tal manera el agravio debe aparecer de una manera clara, ostensible, afectar seria y gravemente el ordenamiento jurídico, razón por la cual se trata de una medida restrictiva, de carácter excepcional y ante la evidencia del daño producido a los derechos y a las garantías de ese nivel (LS 285-102), lo cual en el caso concreto no ha resultado acreditado, por las circunstancias expuestas.

d. Según referí en la causa “Sabino” (sentencia del 11/12/19), interpuesta la demanda, su contestación importa la traba de la litis, el marco de hecho y de derecho sobre el que recaerá la decisión del juez, so pena de incurrir en arbitrariedad, si con ello viola el principio de congruencia, pues éste actúa como límite objetivo del principio iura novit curia. Quedando trabada la litis con la contestación de la demanda, y habiéndose enmarcado la cuestión al contestar el actor el traslado del art.47 del C.P.L., el juez no puede apartarse de los términos en que ha quedado planteada la relación substancial procesal. Ello así, se ha integrado la relación procesal sustancial, lo que produce dos efectos fundamentales, quedan fijados los sujetos de la relación y las cuestiones sometidas al pronunciamiento del juez, sin que desde ese momento ni las partes ni el juez puedan modificarla, so pena de violar el principio de congruencia (LS 459-119).

e. De acuerdo con este análisis, la principal objeción que cabe formular a los agravios expuestos por el quejoso, es que efectúa alegaciones que no integraron la litis principal, lo cual impide su análisis en esta sede.

f. Por lo tanto, y atendiendo a su carácter restrictivo, esta instancia extraordinaria sólo puede pronunciarse sobre cuestiones que han sido sometidas a conocimiento y decisión de la instancia de grado, con la plena vigencia y aseguramiento del ejercicio del derecho de defensa. Por ello entiendo que, en la medida en que el recurso interpuesto, se dirige a obtener la condena de la aseguradora, a través de pretensiones que no fueron ventiladas en la instancia de grado, el recurso debe ser desestimado.

4. Desde otra perspectiva, tampoco la queja se autoabastece a sí misma, desde que, en lugar de impugnar debidamente todos y cada uno de los argumentos expuestos por el tribunal de grado en forma autónoma, se remite de manera vaga al dictamen elaborado por Fiscalía de Cámara a fs. 137/141 de los principales. La forma de proponer la queja, también impide su revisión en esta instancia, desde que resulta contrario a los criterios de autosuficiencia de los recursos extraordinarios sentados por este Cuerpo y de acuerdo con los cuales resulta insuficiente la remisión de un recurso a otro o a cualquier otra actuación procesal (LA 90-374, 88-411, 82-1, LS 99-283); la finalidad que se persigue, es justamente, facilitar el control de legalidad del fallo (LS 263-382, 350-1) (causa “Charrón”, sentencia del al 20 de febrero de 2019), conclusión que también abona el rechazo del recurso.

5. Atento el análisis efectuado, obviaré el tratamiento en torno a las costas por haber devenido en abstracto.

6. La solución propuesta resulta procedente, desde que, por un lado, no constituye labor del ad quem, suplir errores u omisiones, ni mejorar el recurso presentado en forma deficiente, debido a la naturaleza excepcional y restrictiva de esta instancia extraordinaria (LA 193-8, LS 404-429, 430-196, 431-6, 440-115), y por otro, la admisión formal del remedio extraordinario intentado, no hace cosa juzgada, por lo que nada impide su revisión al examinar los aspectos sustanciales del mismo (LS 64-442, 208-213, 335-108, entre otros).

IV. Por lo expuesto, en concordancia con lo aconsejado por el Procurador General, me pronuncio por el rechazo del recurso extraordinario provincial interpuesto por el actor.

ASI VOTO.

Sobre la misma primera cuestión el Dr. MARIO DANIEL ADARO, en disidencia, dijo:

1. Debo señalar que, discrepo respetuosamente con los argumentos expuestos por mi Colegas de Sala y por ello estimo que el recurso merece una favorable recepción conforme a los fundamentos que seguidamente habré de exponer.

2. En primer lugar debo destacar que, sobre el tema bajo análisis tuve oportunidad de expedirme en precedente “Manrique” de fecha 10 de diciembre de 2019 (SCJM autos Nro. 13-04491180-3/1) en el cual consideré procedente la declaración de inconstitucionalidad e inconvencionalidad del art. 3 de la ley 9017.

3. Si bien, como ha sido señalado en dictamen del Procurador General adjunto a fs. 44, existen falencias formales en la presentación (ya que, el auto atacado no es definitivo), la decisión de grado merece ser evaluada ante la irreparabilidad del agravio del accionante que se vería privado del acceso a la Justicia, teniendo en cuenta que la resolución cuestionada determinó la caducidad y posterior archivo de la causa (fs. 150 vta.).

Sobre ello, Podetti ha analizado este supuesto y ha explicitado que puede provenir: “...1° de la situación de que el derecho en conflicto deba ser amparado en la oportunidad procesal en que se lo invoca.- 2° De la magnitud del perjuicio económico que causa la decisión criticada.- 3° De la dilación y trastorno que ocasionaría el mantenimiento de tal decisión...” (Conf. Podetti, J. Ramiro, “Tratado de los recursos / J. Ramiro Podetti; adaptado por Oscar Eduardo Vázquez - 2ª ed. - Buenos Aires: Ediar, 2009, pág. 469, con cita de Imaz y Rey).

En el sub lite se dan las hipótesis de agravio irreparable, con particular referencia a la garantía de defensa en juicio (art. 18 Constitución Nacional) de ahí que la censura traída a estudio debe ser analizada fuera del marco de los reparos meramente rituales.

Destaco que este Poder Judicial ha hecho propias “Las Reglas de Brasilia” a partir de la Acordada N° 24.023, de fecha 6 de Febrero del año 2012.

Esas “reglas” establecen como beneficiarios a quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, y que tienen especiales dificultades (Sección 2ª., Punto 1.), e imponen a los magistrados diversos deberes tendientes a “promover las condiciones necesarias para que la tutela judicial de los derechos reconocidos por el ordenamiento sea efectiva, adoptando aquellas medidas que mejor se adapten a cada condición de vulnerabilidad” (art. 25); revisar “las reglas de procedimiento para facilitar el acceso de las personas en condición de vulnerabilidad, adoptando aquellas medidas de organización y de gestión judicial que resulten conducentes a tal fin” (art. 33); y adoptar las “medidas necesarias para evitar retrasos en la tramitación de las causas, garantizando la pronta resolución judicial, así como una ejecución rápida de lo resuelto” (art. 38); impulsar formas alternativas de resolución de conflictos (art. 43), entre otras medidas que tienen por principal objetivo garantizar a las personas “el pleno goce de los servicios del sistema judicial” (art.1).

3. Ahora bien, se agravia el recurrente del rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 3 de la ley 9017 y, el consecuente archivo de la causa que fue resuelto por el Tribunal de instancia. Así, formula los siguientes agravios:

a) Estima que, la provincia vulnera el orden constitucional al dictar la ley 9017 que es norma de fondo. Que, se fija un plazo de caducidad que ataca el derecho y no la acción siendo así más letal que la propia prescripción.

b) Sostiene que, la ley 27.348 no establece un plazo de interposición de los recursos y menos aun de caducidad del derecho del accionante en caso de no presentar el mismo; es la Res. 298/17 que establece un plazo de 15 días a los efectos de interponer recurso sin disponer caducidad alguna.

c) Refiere que, la caducidad dispuesta en la ley 9017 resulta violatoria del art. 259 de la ley de contrato de trabajo y modifica el término de prescripción dispuesto por la ley 24.557 (art. 44).

d) Explica que, existe un perjuicio obvio y evidente en el que funda la inconstitucionalidad de la norma, esto es, que el actor vería perdido su derecho.

e) Manifiesta que, el derecho del trabajador es de orden público y deben aplicarse los principios que informan el derecho del trabajo (buena fe, protectorio, norma más favorable del art. 9 de la ley de contrato de trabajo).

f) Considera que, los factores subjetivos son inaplicables al caso ya que respecto a los plazos de caducidad o prescripción jamás pueden invocarse cuestiones personales o subjetivas.

g) Refiere que, el plazo de 45 días es excesivamente exiguo y por ende irrazonable.

4. De tal forma, cabe circunscribir el planteo formulado respecto a la inconstitucionalidad del art. 3 de la ley 9017 (fs. 25 vta.) en cuanto prescribe en su parte cuestionada: “Determínese que los recursos ante el fuero laboral provincial aludidos en el artículo 2 de la Ley N° 27.348 y artículo 46 de la Ley 24.557 (texto según modificación introducida por Ley N° 27.348), deberán formalizarse a través de la acción laboral ordinaria, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Provincial N° 2.144 y modificatorias, dentro del plazo de cuarenta y cinco (45 días) hábiles judiciales computados desde la notificación de la resolución emanada de la Comisión Médica Jurisdiccional, bajo apercibimiento de caducidad...”.

a) En primer lugar resulta importante destacar que en nuestro sistema federal de gobierno, la distribución de competencias ha sido establecida por la Constitución Nacional para así asignar a las Provincias poderes reservados o no delegados que no pueden ser transferidos al Gobierno Nacional (art. 5, 121 y 122 de la Constitución Nacional).

Entre los poderes de organización de las Provincias se encuentra el de dictar sus códigos de procedimientos para poder aplicar el derecho común en sus respectivos tribunales, (art. 75 inc. 12). La regla les asigna a la Nación y a las Provincias la potestad discrecional de organizar sus respectivas jurisdicciones a la hora de aplicar el derecho común, y así lo ha decidido la Corte Federal (Fallo 278: 62 entre otros) (Quiroga Lavié H. Constitución de la Nación Argentina Comentada. Buenos Aires, ZAVALIA, Editor, 1996 p. 375).

Por ello es que toda la legislación en torno a la temática de los riesgos del trabajo es legislación común y su sanción corresponde al Congreso Nacional, mientras que su aplicación en las provincias debe ser efectuada por los órganos locales.

Conforme a ello, la Provincia de Mendoza sancionó la ley N°9017 (B.O. 02 de noviembre de 2017) por la cual adhirió a las disposiciones establecidas en la ley 27.348 (complementaria de la ley 24.557) quedando delegadas expresamente a la jurisdicción administrativa nacional las competencias necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 1, 2 y 3 de la ley 27.348 y sus modificatorias, para así configurar el sistema de instancia previa, obligatoria y excluyente de toda otra intervención ante las Comisiones Médicas.

i. Así, en el diseño de la ley nacional 27.348 Título I “De las Comisiones Médicas” se ha previsto la posibilidad de recurrir la decisión administrativa ante el fuero laboral provincial dentro del plazo de 45 días hábiles judiciales desde la notificación de tal resolución bajo apercibimiento de caducidad (art. 3 ley 9017).

ii. Es decir que de no presentar recurso -formalizado como acción laboral ordinaria (art. 3 ley 9017)- en el término señalado, el derecho del trabajador se extingue; siendo éste el efecto propio de la caducidad de los derechos (Art. 2566 Código Civil y Comercial: “La caducidad extingue el derecho no ejercido”).

En tal análisis, surge evidente que la ley provincial señalada (N°9017), en tanto dispone un nuevo modo de caducidad legal, contradice la ley nacional (20.744) en perjuicio de los trabajadores y, por tanto, transgrede facultades propias del Gobierno Nacional.

iii. En efecto, si el art. 259 de la Ley de Contrato de Trabajo dispone que: "No hay otros modos de caducidad que los que resultan de esta ley" mal puede una norma provincial establecer otro modo de caducidad laboral en franco atropello al régimen nacional y por tanto la Constitución Nacional (art. 31 y art. 75 inc. 12 CN).

iv. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha resuelto que no cabe extender al justiciable una actividad que no le es exigible -en tanto la ley adjetiva no se las atribuye-, sin riesgo de incurrir en una delegación no prevista. (CSJN 07/05/2019. Fallos: 342:741).

v. De tal modo, al resolver favorablemente la caducidad del derecho como ha sido el caso de autos, se determina la inmediata pérdida del derecho no pudiendo el trabajador siniestrado efectuar reclamo posterior alguno, lo que sella su derecho indemnizatorio.

No debe olvidarse que el artículo cuestionado (art. 3 ley 9017) está destinado a aquellos sujetos que pretenden una decisión judicial que evalúe la decisión administrativa que cuestiona; es decir, son trabajadores que gozan de preferente tutela constitucional (CSJN “Vizzoti, Carlos A. c. AMSA S.A.”) y que además, sufren alguna discapacidad que merece ser reparada.

vi. En Argentina los derechos de las personas con discapacidad están contemplados en diferentes normativas: desde la Constitución, pasando por leyes, resoluciones y convenciones internacionales, el país posee una amplia legislación que promueve la inclusión social y la protección de los derechos de los más vulnerables: 1) La Constitución Nacional ordena en su artículo 75 “legislar y promover” acciones positivas que garanticen la “igualdad real de oportunidades y trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos”, abarcando en particular a personas con discapacidad, 2). A nivel internacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (cuya adhesión nacional se realizó por ley 26378) señala que, es necesario introducir adaptaciones y reforzar la protección para que las personas con discapacidad puedan ejercer de forma efectiva sus derechos a la salud, la educación, la accesibilidad y el trabajo. 3) La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (ley 25.280) insta a los países a adoptar “las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad”. 4) la Ley 24.901 contempla “acciones de prevención, asistencia, promoción y protección”, con el objeto de brindar una cobertura de salud gratuita e integral. 5) Ley 25.635 permite el libre tránsito y estacionamiento, y concede la eximición del pago de peajes y otros impuestos. 6) la Ley 25.689 busca generar más oportunidades para personas con discapacidad a partir del establecimiento de un Cupo Laboral Obligatorio del 4 por ciento para las empresas que presten servicios públicos privatizados y entes públicos no estatales [...]”. (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos/ Voces por la Justicia/ Discapacidad y comunicación inclusiva/ Diez leyes inclusivas que amparan a las personas con discapacidad).

Asimismo, he referido que los deberes prescriptos en la normativa se encuentran particularmente acentuados cuando los derechos son titularizados por personas en situación de vulnerabilidad conforme lo establecido en las “100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad” (a la que esta Corte adhirió mediante Acordada nro. 24.023) (LS 455-137, 104-613) [...] Entre los beneficiarios de estas reglas se encuentran las personas discapacitadas en forma permanente o temporal (Cap. I, Sección 2°, punto 3 (7 y 8) (SCJM autos N°13-04180973-0/1 “Luffi”).

vii. De tal forma, el art. 3 de la ley 9017 resulta inconstitucional e inconvencional en cuanto vulnera la normativa nacional e internacional determinando la caducidad de un derecho a través de una ley provincial en perjuicio de un trabajador que, pretende una justa indemnización por incapacidad originada en un accidente laboral o enfermedad profesional.

b). En otro orden, surge también de las leyes nacionales 24.557 y 20.744 un plazo de prescripción de la acción por responsabilidad por accidente de trabajo y enfermedades profesionales de dos años (arts. 258 LCT y 44 LRT), pero pretende la ley provincial coartar tal posibilidad en el escueto plazo de 45 días bajo apercibimiento de caducidad.

Si bien existe una diferencia conceptual entre ambos institutos lo cierto es que, transcurrido el plazo de prescripción, el deudor se libera de la obligación por el transcurso del tiempo (art. 3947 del derogado Código Civil de Vélez Sarfield), mientras que la caducidad extingue el derecho (art. 2566, Cód. Civ. y Com.).

Luego, en relación a dichos conceptos, se considera nula la cláusula que establece un plazo de caducidad que hace excesivamente difícil a una de las partes el cumplimiento del acto requerido para el mantenimiento del derecho o que implica un fraude a las disposiciones legales relativas a la prescripción (art. 2568 Cód. Civ. y CN).

i. Es decir que, en aplicación del art. 3 de la ley 9017, transcurrido el plazo de 45 días hábiles judiciales para presentar recurso ante la justicia laboral ordinaria (art. 2 ley 27348) el trabajador tendrá aniquilado su derecho aún cuando las normas de fondo le permiten ejercer la acción en el plazo de dos años lo que, carece de toda lógica, vulnera el principio protectorio, las competencias nacionales y deniega infundadamente el acceso a la justicia.

ii. Recalco que el derecho de ocurrir ante un órgano judicial en procura de justicia, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional no se encuentra satisfecho con la sola previsión legal de la posibilidad de acceso a la instancia judicial sino que requiere que la tutela judicial de los derechos en cuestión resulte efectiva; esto es, que sea oportuna y posea la virtualidad de resolver definitivamente la cuestión sometida a su conocimiento, tal como lo reconocen los tratados internacionales con jerarquía constitucional a partir de 1994 (artículo 75, inc. 22), tales como, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículos 8 y 25.2.a) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.1).” (CSJN. Fallos: 337:530, 06/05/2014).

iii. A lo expuesto debo agregar que también el principio de irrenunciabilidad establecido en el art. 12 de la L.C.T. constituye un límite al cual debe ajustarse la ley, en aras de asegurar el pleno goce de los derechos al trabajador.

5. Por los argumentos expuestos, considero que corresponde admitir el recurso extraordinario provincial interpuesto a fs. 09/21 y, en consecuencia, admitir la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del art. 3 de la ley 9017, devolviendo las actuaciones al Tribunal de grado a fin de continuar la causa según su estado.

Sobre la misma cuestión el Dr. OMAR PALERMO adhiere por los fundamentos al voto disidente.

SOBRE LA SEGUNDA CUESTION EL DR. JOSE VALERIO, dijo:

V. Atento al resultado arribado en la primera cuestión y por imperativo legal (art. 150 C.P.C.C.yT.) corresponde anular la resolución de fs. 145 y sgtes., dictada por la Excma. Cámara Tercera del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial, en los autos N° 159.114, caratulados: “HERRERA WALTER ARIEL C/ PROVINCIA A.R.T. SA P/ ACCIDENTE”. Por lo tanto, el decisorio de la resolución impugnada quedará redactado de la siguiente forma: “ I).- Declarar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del art. 3 de la ley 9.017. Continúe la causa según el estado del proceso. II).- Rechazar el planteo de caducidad formulado por la demandada a fs. 61vta. de autos. III).- Imponer las costas en el orden causado(art. 31 del CPL y arts. 35, 36 del CPCCyT). IV).- Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad. NOTIFÍQUESE, REGÍSTRESE Y CÚMPLASE.”

ASI VOTO

Sobre la misma cuestión los Dres. OMAR PALERMO y MARIO ADARO adhieren al voto que antecede.

SOBRE LA TERCERA CUESTION EL DR. JOSE VALERIO, dijo:

VI. Imponer las costas a la recurrida por resultar vencida (art. 36 ap. I del C.P.C.C. y T.).

ASI VOTO.

Sobre la misma cuestión los Dres. OMAR PALERMO y MARIO ADARO adhieren por los fundamentos al voto que antecede.

Con lo que terminó el acto, procediéndose a dictar la sentencia que a continuación se inserta:

SENTENCIA:

Y VISTOS:

Por el mérito que resulta del acuerdo precedente la Sala Segunda de la Excma. Suprema Corte de Justicia fallando en definitiva,

RESUELVE:

1°) Hacer lugar al recurso extraordinario provincial interpuesto por WALTER ARIEL HERRERA a fs. 11/17 y anular la resolución dictada a fs. 145 y sgtes., de los autos N° 159.114, caratulados: “HERRERA WALTER ARIEL C/ PROVINCIA A.R.T. SA P/ ACCIDENTE”, originarios de la Excma. Cámara Tercera del Trabajo de la Primera Circunscripción Judicial de acuerdo con lo dispuesto en la Primera Cuestión, por lo que el decisorio de la resolución impugnada quedará redactado de la siguiente forma: “ I).- Declarar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del art. 3 de la ley 9.017. Continúe la causa según el estado del proceso. II).- Rechazar el planteo de caducidad formulado por la demandada a fs. 61vta. de autos. III).- Imponer las costas en el orden causado(art. 31 del CPL y arts. 35, 36 del CPCCyT). IV).- Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad. NOTIFÍQUESE, REGÍSTRESE Y CÚMPLASE.”

2°) Imponer las costas del recurso interpuesto a la recurrida vencida (art. 36 ap.I del C.P.C.C.y.T).

3°) Regular los honorarios profesionales de los Dres. Eduardo Bortiri y Jorge Hynes en conjunto, en el doble carácter (art. 33 inc. 3 del CPCyT), en el ...%, ...% o ...% de la base regulatoria actualizada que se establezca en la instancia de origen, conforme dicha base se encuentre comprendida en los distintos supuestos del art. 2 de la ley 9131 (Arts. 2, 3, 15 y 31 de la ley 9131).

4°) Regular los honorarios profesionales delos Dres. Miguel Grosso y Ana Núñez en conjunto, en el ...%, ...% o ... % de la base regulatoria actualizada que se establezca en la instancia de origen, conforme dicha base se encuentre comprendida en los distintos supuestos del art. 2 de la ley 9131 (Arts. 2, 3, 15 y 31 de la ley 9131). Considérese el art. 16 de dicha norma.

5°) En caso de corresponder, el monto del IVA sobre los honorarios, deberá ser adicionado conforme a la subjetiva situación de los profesionales beneficiarios frente al citado tributo" (CS expte. 4120/200002 "Carinadu SA c/. Banco de la Provincia de Buenos Aires ", 02/03/2016). Los montos concretos serán establecidos en la instancia de grado conforme a los porcentajes regulados.

NOTIFÍQUESE.

 

DR. JOSÉ V. VALERIO

Ministro

DR. MARIO DANIEL ADARO

Ministro

DR. OMAR ALEJANDRO PALERMO

Ministro

 

  Correlaciones:

LEY 9017 - BO 2/11/2017

 

002091F