Automotores Danos Y Perjuicios Accion Colectiva Proceso Oral Juicio Abreviado Defensa Del Consumidor

JURISPRUDENCIA

 

 

 

CORDOBA, 11/05/2020. Por presentado, por parte a mérito del poder acompañado, y con el domicilio constituido. Por interpuesto recurso de reposición y apelación en subsidio en contra del decreto de fecha 03/02/2020, adelantando opinión en sentido desfavorable al mismo, conforme dan cuenta los argumentos que infra expongo. Primer agravio. Se agravia en primer lugar la firma codemandada FCA criticando la conversión que el Suscripto ha realizado “de manera tan grosera” de un trámite individual en uno de características colectivas. En primer lugar, y sin perjuicio de las formulaciones que efectuaré a continuación tendientes a desvirtuar los argumentos expuestos por el letrado de la codemandada, he de referir que en función del AR N°1499 del Tribunal Superior de Justicia, los jueces estamos expresamente autorizados para formular esa conversión, conforme surge del art. 2 del cuerpo normativo referido, y más aún, la resolución que convierte el trámite en colectivo es irrecurrible. De allí que la decisión no sólo que no es arbitraria como mal ha señalado el recurrente, sino que encuentra expreso sustento normativo. Este solo aspecto es suficiente para rechazar el agravio. Sin perjuicio de ello, y para mayor satisfacción del recurrente en cuanto a este agravio refiere, y aun en el supuesto de que la reglamentación mencionada estuviera ausente, existe una norma en el art. 43 de la C.N., que sin perjuicio de encontrarse aun sin reglamentar por parte del Congreso de la Nación, los jueces debemos tornar operativa. Es dable poner de relieve que el precedente “Halabi”, citado en el decreto recurrido, y verdadero leading case que marcó el rumbo de los procesos colectivos en nuestro país, la acción había sido iniciada de manera individual por el Dr. Halabi. Este fallo fue criticado porque fue la Cámara de Apelaciones la que le otorgó efecto expansivo a la sentencia, luego de haber declarado desierto el recurso. Es decir, como una especie de “obiter dicta” se introdujo en un aspecto que acabó por tomar por sorpresa a ambas partes.

De hecho, en el recurso extraordinario, la cuestión de fondo ya se encontraba firme, y lo que se introdujo como agravio fue precisamente el alcance expansivo que la sentencia de cámara había otorgado al decisorio, lo que sabemos, no fue receptado por el Tribunal Cimero.

En el caso de marras, esto no está ocurriendo, sino todo lo contrario. Desde el mismo momento de la citación, la parte demandada conoce que el proceso tramitará bajo estas características. Es necesario destacar que la doctrina mas especializada en materia de procesos colectivos es conteste en afirmar que los jueces detentan facultades instructorias mucho mayores que las de un proceso común. Y esto es necesario, precisamente, porque este tipo de proceso no se trata de un proceso común.

En este sentido, señala Verbic: “...parece evidente que el interés social velado tras el conflicto colectivo genera, con mayor fuerza aun que en los casos individuales, la necesidad de que el juez asuma un rol activo en el manejo de sus poderes instructorios y ordenatorios. Ocurre que frente a las particularidades que presentan los problemas sometidos a discusión y la expansividad que asume la decisión a tomar, no resulta plausible la opción de dejar exclusivamente en manos de las partes el resultado del debate. Si asumimos esta premisa, la función que asume el juez debería encontrar reflejo no solo en la producción de aquellos medios probatorios que resulten indispensables para arribar a una solución justa del conflicto, sino también en materia de distribución de la carga de la prueba.” (VERBIC, Francisco, “Procesos colectivos”, Astrea, Buenos Aires, 2007, p. 371, 372).

Otro aspecto relevante, y que marca el hilo argumental del recurrente, es el de la representatividad de la clase. Lo que el recurrente señala con tanta sagacidad respecto a que el suscripto ha convocado a “una suerte de casting” -lo que en verdad es la adecuada conformación del colectivo- no es otra cosa que, lo que desde la teoría general del proceso llamamos la integración de la litis. Quiero hacer hincapié en esto, porque el recurrente señala que los jueces no tenemos facultades para integrar la litis, cuando precisamente, el no hacerlo importa un supuesto de nulidad absoluta en el proceso, conforme lo tiene dicho la doctrina y el propio Tribunal Superior local. Es decir, el juez DEBE integrar la litis cuando entiende que no se halla conformada adecuadamente. Este aspecto en los procesos colectivos se torna aún más relevante. Paso a explicar el motivo.

Especialmente en procesos de consumo, no escapará al letrado recurrente, que el consumidor es un sujeto de preferente tutela, y que la ley de Defensa del Consumidor es de orden público. En los procesos colectivos, los jueces deben velar porque la clase se mantenga debidamente representada no solo al iniciar el proceso sino a lo largo del devenir del mismo. Eso se maximiza en procesos de consumo, como el de marras, cuando el proceso es iniciado por una sola persona. Si ésta decidiera abandonar la acción, perjudicaría a todos los miembros de la clase, y esto es precisamente lo que se busca evitar, y más tratándose de consumidores, que reitero, son sujetos de preferente tutela.

Remarca el recurrente que estamos frente a un reclamo individual, promovida por un consumidor contra varios profesionales.

Lorenzetti, en su obra “Justicia colectiva” dedica un capítulo completo a este tipo de procesos en el derecho del consumo. Entre otros aspectos, señala los distintos tipos de acciones que existen al abrigo de la ley 24.240 (arts. 52 y 54), entre las que señala a las acciones individuales con virtualidad para generar efectos expansivos por estar involucrados intereses individuales homogéneos, a la acción colectiva referida a intereses individuales homogéneos, y a la acción colectiva referida a bienes colectivos.

En tal sentido, señala: “Puede ocurrir que el proceso tramite entre dos partes de la relación de consumo, pero que la sentencia que se dicta tenga efectos expansivos para todos aquellos que tienen los mismos intereses y que son definidos dentro de la clase homogénea. En el caso Halabi”, fallado por la Corte Suprema de Justicia, ocurrió algo similar, aunque n o tramitó por el régimen de esta ley, pero se trató de una pretensión individual que terminó con una sentencia que tuvo efectos colectivos.

En estos procesos se discute el interés individual del actor, pero, al coincidir con otro que son homogéneos, de justifica la intervención de las asociaciones de consumidores como terceros. La intervención como coadyuvante se verifica cuando un tercero, en razón de tener un interés jurídico coincidente con el derecho alegado por cualquiera de las partes originarias, participa del proceso con el objeto de ayudar al éxito de la pretensión o de la oposición. No interviene para hacer valer un derecho suyo, en posición autónoma, sino simplemente para sostener las razones de alguna de las partes con la otra, siendo su posición accesoria o subordinada.” (LORENZETTI, Ricardo L., “Justicia colectiva”, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2017, p. 351, 352)

Mas adelante, al referir a la legitimación de las asociaciones, enseña: “Cuando hay una acción individual promovida por un consumidor, en la que exista un interés colectivo vinculado a intereses individuales homogéneos, o a un bien colectivo, la asociación puede intervenir como tercero coadyuvante conforme con el articulo 52.” (LORENZETTI, Ricardo L., op. cit., p. 356)

De tal guisa, el argumento que refiere a una antojadiza conversión del proceso en uno de características colectivas no merece recibo. No sólo que no es antojadiza -como cualquiera puede advertir de los fundamentos del decreto recurrido-, sino que encuentra absoluto basamento en las propias normas locales (AR 1499), como así también el propio art. 43 C.N., y los arts. 52 y 54 de la LDC.

Se equivoca el recurrente en sostener que ha sido el suscripto quien ha promovido la acción. No se entiende la confusión del letrado, toda vez que lo que se ha llevado adelante en este proceso es una integración del frente activo, pero no fue el Tribunal quien inició la acción. La negación de las posibilidades del juez para integrar la litis, y en concreto, el polo activo de la misma (o mejor, dicho, el frente activo), no importa que el juez esté promoviendo una acción, actuando como parte. Realmente constituye un absurdo ese pensamiento, y poco comprensivo de los alcances que tiene una acción colectiva. Por otra parte, parte de la premisa de un rol de juez pasivo, un mero despachador de las peticiones de las partes. La postura es respetable, claro está, pero importa a criterio del suscripto un anacronismo que ya se encuentra prácticamente superado en cuanto al rol del juez en el proceso.

El ejemplo del caso “Mendoza” que el recurrente señala como parte de las “confusiones” del Tribunal, fue puesto respecto a lo que la Corte Suprema efectuó en cuanto a la constitución de un frente activo. Es necesario poner de relieve, que en argumento que no ha sido criticado por el recurrente, es interpretación del suscripto que el presente se trata de un litigio de interés público (una sub especie de procesos colectivos), dentro de los que también puede encontrarse el caso Mendoza. Ahora bien, no sólo los casos ambientales son de interés público, también puede serlo un proceso de consumo como el que analizamos. Los argumentos en este punto han sido expuestos en el decreto recurrido, pero esos argumentos no han sido atacados por el recurrente, por lo que a ellos remito.

Sostiene que agravia a su parte que no se haya identificado cualitativamente la composición del colectivo. No obstante señalar un supuesto defecto, no explica mayores razones en su embate recursivo, por lo que al no expresarse acabadamente la pretensión en este punto, no hay nada que expresar al respecto. Es necesario destacar, que en este punto debió el recurrente poner de manifiesto y de relieve su propia interpretación, a los fines de verificar el supuesto error del Tribunal. Pero no lo hizo. Idénticas razones me llevan a rechazar el agravio de que “tampoco se haya identificado el objeto de la pretensión ni los sujetos demandados”, máxime cuando, además, es una de las actividades propias de la audiencia preliminar que correspondería fijar según el trámite impreso.

Segundo agravio. Se agravia el recurrente por el trámite que se le ha impreso al presente, “de juicio abreviado oral que contempla la ley 10.555” (sic).

Como primer aspecto respecto a este punto, entiendo necesario formular una aclaración, dado que el recurrente utiliza las expresiones “proceso oral” y “juicio abreviado” como sinónimos. El proceso oral de la ley 10.555 tiene sus propias reglas, es un proceso autónomo, que ha recibido consagración legislativa. Todo lo que en esta ley especial no se encuentre regulado, se aplicarán subsidiariamente las reglas del juicio abreviado del CPCC. Señalo esto, porque el recurrente sostiene argumentos que caen por su propio peso, tal como: “...trabada la litis se abre la causa a prueba por quince días y se dicta sentencia sin etapa de alegatos. ¿En que tiempo útil podrán eficazmente esos consumidores que deseen ser excluidos de esta pretensión hacer valer sus derechos?”

Esto marca la confusión del letrado. En primer lugar, porque en el proceso oral la etapa probatoria no dura quince días, y además, están expresamente contemplados los alegatos. A ello se suman dos audiencias, mas el tiempo que transcurre entre las mismas, y el tiempo en el que quedan planteadas las cuestiones introductorias. Tiempo hay de sobra, contestando a la pregunta retórica que formuló.

Por otro lado, no se entiende sino hasta los últimos párrafos del agravio si en verdad está defendiendo los intereses de su mandante o de los consumidores. Dedica mas de la mitad de los párrafos a hablar del perjuicio que los consumidores podrían sufrir si el proceso se lleva adelante bajo el imperio de las reglas del proceso oral, lo que no ha sido cuestionado por ninguno de los integrantes del frente activo.

La invocación del art. 420 del CPCC es, sin hesitación alguna, impertinente, toda vez que dicha norma se aplica “en caso de duda”. En el presente, no existen dudas. El trámite mas abreviado es el del proceso oral. Existe una tendencia a entender que el proceso oral es solo útil para las pequeñas causas, cuando es un método de debate de conocimiento amplio, distinto a los que ya conocemos receptados en el CPCC, pero ello no significa que sea inútil para resolver conflictos de envergadura como el presente. Al contrario, luce como el mas adecuado dada la importancia de las audiencias, y de la eventual participación de los consumidores afectados en las mismas. En este punto, destaco como uno de los aspectos mas salientes de los litigios de interés público la posibilidad de participación ciudadana en los mismos, que constituye una llave hacia la democratización de los procesos judiciales, y además, de una lectura del derecho procesal en clave de derechos humanos.

El legislador nacional ha dispuesto que los procesos de consumo corresponden ser tramitados por el método mas abreviado en la jurisdicción de que se trate, siendo dicho método en Córdoba, el proceso por audiencias. Y es que en este caso ha de darse primacía a las disposiciones de las leyes de fondo sobre el punto (conf. Art. 31 de la C.N.), ya que, como bien dice el recurrente: Para eso hay un legislador.

El Ministerio Público Fiscal de nuestra ciudad, ha expresado en sentido aquiescente con el criterio que sostengo: “...es dable hacer notar que aunque la Ley 10.555 y el Protocolo de Gestión limitan su ámbito de aplicación a los juicios de daños y perjuicios, la realidad es que el art. 53 de la LDC dispone que cualquier conflicto por tutela consumeril debe tramitar por el proceso de conocimiento más abreviado que exista en la jurisdicción del tribunal competente.

Y el proceso más abreviado en la jurisdicción lo es, sin dudas, el trámite por audiencias.

En función de ello, este Ministerio Público asume postura en el sentido que todo proceso de consumo debería tramitar, en principio, bajo las reglas del proceso instituido por la Ley 10.555.

Incluso el presupuesto relativo a la especie de reclamo -daños y perjuicios-, debe ceder frente a la ley nacional. Por el principio de prelación jerárquica de las normas que consagra el art. 31, CN. Y también por el carácter de orden público que caracteriza al régimen tuitivo, art. 65, LDC.

De tal manera, la conjugación armónica de los preceptos -en el marco del continente normativo mencionado- deriva en la aplicación del juicio por audiencias, como regla, para todas las causas iniciadas en ejercicio de derechos amparados por la Ley 24.240. Aun si no se tratase de reclamos de daños y perjuicios -vgr. cumplimiento o resolución contractual- . Y sin importar el monto de la pretensión.” (Del dictamen de la Sra. Fiscal de Cámaras in re “VIVENZA, CARLOS SANTIAGO C/ PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. Y OTRO- ORDINARIO - CUMPLIMIENTO/RESOLUCIÓN DE CONTRATO” -EXPTE. 8583041-)

En conclusión, este agravio también merece rechazo.

Tercer agravio. Este agravio, como todos los demás, en poco representan una crítica concreta y circunstanciada del decisorio impugnado, redundando en la mera disconformidad con la solución adoptada. Quiero decir, no alcanza simplemente con atacar personalmente al suscripto, ni con decir que la decisión es arbitraria. No se advierten razones de peso en cuanto a este agravio que permitan revisar la decisión ya adoptada. El primer agravio es que la medida cautelar versa sobre el posible eje central de la pretensión principal de la demanda. Y sí, algunas medidas cautelares que se dictan tienen esa particularidad. No se logra comprender el agravio.

Por otro lado, sostiene que el monto fijado es “antojadizo”, “arbitrario”, entre otros calificativos que utiliza. También dirige su embate a que no se encuentra configurada la verosimilitud en el derecho, ni el peligro en la demora. Eso ha sido meritado en el decreto en crisis, pero no hace referencia a los argumentos que oportunamente se expusieran sobre este punto. Como dije en aquella oportunidad, el aumento de las cuotas de los autoplanes constituyen un hecho notorio, y estos para el derecho procesal no requieren de prueba alguna. Sostener que se trata de afirmaciones conjeturales de la parte y propias del Tribunal luce, cuanto menos, desacertado. En cuanto al peligro en la demora, sostiene que no se encuentra acreditado ni siquiera sumariamente que el secuestro prendario de un vehículo sea un perjuicio irreparable. Tampoco hace falta ser un experto en derecho procesal para darse cuenta de que cualquier empresa a la que se le adeuda el autoplan adoptará ese camino. Como vemos, no se advierte el agravio en términos concretos. Idénticas razones están expresadas en lo referido a la contracautela.

Por ello, este agravio también merece rechazo.

Al recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria: Concédase el recurso de apelación subsidiario, pero solo respecto del segundo y tercer agravio, puesto que, como ya expresé al analizar el primero de los agravios, la decisión de convertir un proceso en colectivo es resorte exclusivo del juez, y dicha decisión es irrecurrible.

“Planteo” de incompetencia. De forma preliminar, es necesario destacar que el planteo sobre la competencia de este Tribunal no ha sido interpuesto bajo las formas que el rito prevé. Es decir, la declinatoria no se hace valer de esta forma, por lo que mal podría el suscripto adoptar un temperamento conteste con lo expresado por el impugnante.

Ahora bien, como observa con singular agudeza el recurrente, existe una causa de características similares que se tramita por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 28° Nom., algo que efectivamente he mencionado en el decreto impugnado. No obstante, es necesario destacar que la resolución dictada por la Sra. Juez de 28° Nom. se encuentra recurrida, y a la espera de un fallo de Cámara, por lo que aún se desconoce si la misma continuará siendo o no una acción de características colectivas. Es decir, entiendo prematuro pronunciarme sobre dicha cuestión -pensando que hubiera sido planteada en forma- del mismo que sería inoportuno aún, a título de ejemplo, pronunciarme sobre una eventual resolución inhibitoria.

Párrafo aparte merece la alusión a que ha primado en quien suscribe el afán de protagonismo mediático. Me resulta un tanto extraño tener que responder a una afirmación de este tipo. Simplemente he de decir que no tuve contacto personal con ningún medio de comunicación local ni nacional. La difusión de la presente causa, que se realizara desde la Oficina de Prensa dependiente del Tribunal Superior de Justicia, se ordenó en el marco del tipo de procedimiento de que se trata, no solo porque reviste interés social, sino también, porque es una de las indicaciones que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha previsto respecto de este punto. Piénsese que ello no es sino a los fines de no vulnerar el derecho de defensa de quienes integran la clase.

Al pedido de suspensión de los efectos del decreto, estese a lo dispuesto por el art. 360 del CPCC, y al art. 458 del mismo cuerpo legal. Es decir, los efectos de la medida cautelar, por imperio de la norma aludida, no se suspenden.

A la aclaratoria solicitada, no ha lugar por no existir concepto vago u oscuro que aclarar.

Destaco, además, que todas las compañías demandadas con idéntica causa fáctica, cuyos juicios se tramitan por ante este tribunal, han cumplimentado, hasta ahora, con la medida ordenada, y no tuvieron problema alguno en la comprensión de los alcances de la medida.

Por último, no quisiera dejar de poner de resalto que es mi opinión personal, más allá de que una norma me lo señale, que todo letrado merece el mismo respeto en el ejercicio de su función que el que corresponde a un magistrado, en cuanto al trato decoroso refiere. Esa manda es cumplida a rajatabla por el Suscripto. Se pueden expresar agravios sin utilizar el recurso de la ironía, ni el ataque personal, y lo mismo ser exitoso. Por ello, le formulo al letrado recurrente un llamado de atención para que en adelante adecue su comportamiento y sus escritos al decoro que el ejercicio de mi función de magistrado significa, bajo apercibimiento de remitir los antecedentes correspondientes al Tribunal de Disciplina de Abogados. Por lo expuesto, resuelvo, I) Rechazar el recurso de reposición interpuesto en todas sus partes; II) Rechazar el “planteo” de competencia formulado; III) Rechazar el pedido de aclaratoria formulado; IV) Estese a lo dispuesto por los arts. 360 y 459 respecto a la suspensión de los efectos del decisorio atacado; V) Concédase el recurso de apelación por ante la Excma. Cámara que resulte sorteada, pero solo respecto al segundo y tercer agravio; VI) Adviértase al letrado recurrente a adecuar su conducta conforme a lo explicado en el último párrafo de esta resolución. Exímase de firma digital de acuerdo a lo dispuesto por el Protocolo de Teletrabajo (AR N° 1623/2020 y anexos). Notifíquese por e-cédula a la totalidad de las partes intervinientes.

 

FLORES, Francisco Martín

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

 

    Correlaciones:

Ley 10.555 - BO: 24/08/2008 -

 

 

000735F