Defectos En La Sentencia Fundamentacion Motivacion Sentencia Tribunal Colegiado Voto En Disidencia Nulidad

JURISPRUDENCIA

 

 

 

Buenos Aires, 2 de julio de 2020

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la Caja de Seguros S.A. en la causa Flamenco, Néstor Atilio c/ Policía Federal Argentina y otros s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte)", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1°) Que el actor, agente de la Policía Federal Argentina, promovió demanda de daños y perjuicios contra dicho organismo y la Caja de Seguros S.A., citada en garantía, en los términos del art. 118 de la ley 17.418, con motivo del accidente que sufriera el 9 de enero de 2011 (fs. 45/56 de las actuaciones principales).

Según argumentó, ese dia se encontraba circulando como acompañante a bordo de un patrullero por la calle Paso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sirena y luces encendidas, trasladando a dos personas detenidas. Cuando ya habla traspuesto la mitad de la intersección de dicha calle con la Avda. Corrientes, con luz de paso a favor, un camión autobomba policial, perteneciente al Grupo Especial de Rescate -también- de la Policía Federal, cruzó a toda velocidad y el móvil en el que se encontraba chocó con uno de los laterales del camión autobomba. Como consecuencia de ese hecho, que atribuyó a la culpa del conductor del camión de bomberos, sufrió lesiones de diversa entidad que, a su juicio, debían ser resarcidas por el Estado Nacional (Policía Federal), en función de la responsabilidad del principal por el dependiente y de ser el propietario del camión (fs. 45 y 50 de la causa principal).

2°) Que la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, integrada por cinco magistrados en atención a la imposibilidad de reunir mayoría entre los tres integrantes que la conformaban, revocó la decisión del juez de grado e hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios deducida por Néstor Atilio Flamenco contra la Policía Federal Argentina, Ministerio de Seguridad de la Nación y la Caja de Seguros S.A. y, en consecuencia, ordenó abonarle la suma total de $ 617.000 (fs. 658/685 vta. de los autos principales).

Para decidir de ese modo, los magistrados brindaron los siguientes argumentos:

i) Uno de los jueces aclaró que la acción del actor no se dirigía a obtener el resarcimiento que pudiera corresponderle en su calidad de dependiente de la Policía Federal Argentina, sino que reclamaba la reparación del daño por ser dicha institución la titular dominial del vehículo (camión autobomba policial) que colisionó con el patrullero en el que circulaba. Por esa razón, consideró irrelevante analizar si al momento del siniestro el señor Flamenco se encontraba, o no, desarrollando funciones policiales ("acto de servicio"), pues la pretensión se regía por el régimen de responsabilidad por el vicio o riesgo de la cosa previsto en el art. 1113, segundo párrafo, del Código Civil entonces vigente. Partiendo de esa base, descartó la aplicación al caso de los precedentes de esta Corte en las causas "Mengual" (Fallos: 318:1959), "Azzetti" (Fallos: 321:3363), "Aragón" (Fallos: 330:5205), CSJ 377/2005 (41-L)/CS1 "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios" (fallada el 18 de diciembre de 2017) y "García" (Fallos: 334:1795), y admitió la demanda contra la Policía Federal Argentina, haciendo extensiva la condena a la citada en garantía.

ii) Otro de los magistrados, si bien adhirió a algunas consideraciones del voto reseñado con anterioridad, hizo lugar a la demanda en forma parcial; en sintesis, puntualizó que ambos vehículos tenían prioridad de paso, extremo que imposibilitaba atribuir a uno de ellos la exclusiva responsabilidad en el evento. Por este motivo concluyó "...atribuyendo de manera igualitaria la responsabilidad por el evento dañoso a ambas partes, condenando a la demandada y a su aseguradora a abonarle a la actora el 50% de la condena..." (fs. 679 vta. de la causa principal).

iii) El restante vocal de la sala, rechazó la demanda por considerar que los padecimientos sufridos por el actor únicamente podían ser reclamados en los términos del decreto 1866/83 -reglamentario de la ley 21.965- dada la condición de agente policial del demandante.

iv) Los jueces con quienes se integró el tribunal frente a la discordancia de criterios condenaron a la demandada y a la citada en garantía, pero a esa solución arribaron por aplicación de los precedentes "Azzetti", "Aragón", "Lestón" y "García". Sobre el, particular, entendieron que correspondía determinar si las circunstancias del caso encuadraban en los supuestos de excepción que prevé la ley 21.965 y su decreto reglamentario, conforme la interpretación realizada por esta Corte en aquellos casos. En tal sentido, sostuvieron que el reclamo era consecuencia de un daño de origen "típicamente accidental", que no era el resultado de un "acto de servicio" propiamente dicho, aunque hubiera acontecido en ocasión de la prestación del servicio, policial, por lo que el actor tenía legitimación para formular el reclamo indemnizatorio con fundamento en normas de derecho común. A la luz de tales premisas, expresaron que no correspondía aplicar el precedente "Azzetti", porque el daño no se originaba en un hecho bélico ni era consecuencia directa de la función policial, sino que se trataba de un suceso dañoso de naturaleza accidental que no constituye un riesgo inherente a la función de las fuerzas de seguridad sino común a la circulación vehicular. De esta forma, -y sobre la base de la doctrina del precedente "Mengual"- infirieron que existía responsabilidad de la demandada por el riesgo o vicio de la cosa (art. 1113 del Código Civil derogado).

3°) Que, contra este pronunciamiento, la Caja de Seguros S.A. interpuso el recurso extraordinario que, denegado, dio origen a esta presentación directa (fs. 51/71 vta., 85/86 y fs. 88/92 vta.).

En lo que aquí interesa, la compañía aseguradora, al reseñar los antecedentes del caso, hizo notar que la sentencia que condenó a resarcir el daño invocado por el actor era producto de "...una trabajosa mayoría..." en la que "...votaron cinco Camaristas en total y la mayoría coincidente quedó conformada por dos que votaron en el mismo sentido, con iguales fundamentos..." (fs. 57) . En otro pasaje de su presentación, puso de relieve que "[u]n magistrado (Dr. Molteni) propuso confirmar el rechazo de la demanda, por aplicación de la Ley específica que regula a la Policía Federal Argentina; otro (Dr. Picasso) propuso la condena en base al derecho común y el tercero (Dr. Li Rosi) propuso una condena parcial. Por tal motivo se convocó a otros dos Camaristas (Dra. De los Santos y Mizrahi), quienes formaron mayoria, condenando a la demandada pero con argumentos propios..." (fs. 58 vta.).

4°) Que si bien el modo de emitir el voto de los tribunales colegiados y lo atinente a las formalidades de las sentencias son cuestiones de naturaleza procesal y ajenas, en principio, a la apelación del art. 14 de la ley 48, cabe hacer excepción cuando el vicio procedimental afecta la certeza jurídica de las sentencias, entendida como expresión final del derecho a la jurisdicción, asi como el amparo del debido proceso legal y del derecho de defensa en juicio, todos ellos consagrados en el art. 18 de nuestra Constitución Nacional.

Al respecto, esta Corte ha establecido que, aun cuando los fallos deben limitarse a lo peticionado por las partes en sus recursos extraordinarios, constituye un requisito previo emanado de su función jurisdiccional el control -aún de oficio- del desarrollo del procedimiento cuando se encuentran involucrados aspectos que atañen al orden público, toda vez que la existencia de un vicio capaz de provocar la nulidad absoluta del fallo no podría ser confirmado por sentencias ulteriores (conf. doctrina Fallos: 312:1580; 325:2019; 330:2131; 338:474).

5°) Que, en tal sentido, la forma republicana de gobierno, adoptada en el art. 1° de la Constitución Nacional, exige que todo acto estatal deba tener una explicación racional y obliga a los magistrados del Poder Judicial a dar a conocer las razones de sus decisiones.

En materia de pronunciamientos judiciales y en concordancia con lo expresado, esta Corte ha afirmado que "...la exigencia de motivación de la sentencia de los jueces profesionales fue concebida originalmente como un modo de compensar la debilidad institucional y la falta de garantías políticas de estos magistrados respecto de los jurados populares. Así, la fundamentación explícita encuentra su razón de ser en la obligación de los jueces, como representantes del pueblo -no electivos - en el ejercicio de un poder del Estado, de rendir cuentas de sus decisiones..." (causa "Canales", Fallos: 342:697, voto de los jueces Maqueda y Lorenzetti, considerando 19 y voto del juez Rosatti, considerando 12).

Así, en los sistemas judiciales de magistratura profesional, la adecuada prestación del servicio de justicia supone que el justiciable pueda conocer de manera acabada, explícita y sencilla las razones por las cuales se decidió el caso que lo involucra, máxime cuando la sentencia contraría su pretensión.

En el caso de los tribunales pluripersonales, este deber general de los jueces profesionales importa la necesidad de asegurar una clara y explícita mayoría sustancial de fundamentos en sus decisiones. De lo contrario, se corre el riesgo de incurrir en el absurdo de suponer que, para impugnar, sean las partes del proceso quienes deban escoger cualquiera de los fundamentos de los votos individuales que confluyeron en la decisión; es decir, que sea el propio recurrente quien le atribuya al pronunciamiento un fundamento que aquel, como tal, no tuvo.

6°) Que, en modo acorde con esa inteligencia, desde antiguo se ha sostenido en la jurisprudencia de este tribunal que las sentencias judiciales deben constituir -como requisito de validez- una derivación razonada del derecho vigente conforme a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 318:871; 341:98; 331:1090; y muchos otros).

Asimismo, esta Corte Suprema ha precisado que toda sentencia constituye una unidad lógico-jurídica, cuya parte dispositiva es la conclusión necesaria, por derivación razonada, del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuado en sus fundamentos (Fallos: 312:1058; 313:475; 316:609; 326:1885; 332:826, 943; 334:490; 339:873). Ello asi, pues las sentencias de los tribunales colegiados no pueden concebirse como una colección o sumatoria de opiniones individuales y aisladas de sus integrantes, sino como el producto de un intercambio racional de ideas entre ellos (Fallos: 308:2188, voto del juez Petracchi; 312:1500; 326:1885; 329:4078; 332:826; 334:490; 338:693; CSJ 141/2010 (46-E)/CSl "Eraso, Raúl Alfredo y otro s/ causa n° 8264", sentencia del 18 de diciembre de 2012; CSJ 69/2014 (50-D)/CSl "Di Rocco Vanella, Daniel Federico y otro s/ causa n° 16256", sentencia del 4 de noviembre de 2014; CSJ 4359/2014/CS1 "Petty, Luis Guillermo y otro s/ falsificación de documentos públicos", sentencia del 2 de junio de 2015; CSJ 4139/2014/RH1 "Villalba Martínez, Maria Gloria y otro s/ infracción ley 23.737 (art. 9)", sentencia del 9 de agosto de 2016; entre otros).

De tal modo, la ausencia de coincidencia sustancial de fundamentos por la mayoría absoluta de las opiniones vacía al decisorio de toda fundamentación, puesto que no habría razón valedera para optar por un voto u otro al momento de apreciar cuál ha sido el presupuesto en que se basó la decisión apelada (Fallos: 312:1058; 326:1885).

En esa misma línea, se entendió que una sentencia cuenta con mayoría aparente si en realidad se sustenta en votos que no guardan entre sí la mínima concordancia lógica y argumental requerida a los fallos judiciales (Fallos: 316:1991) o si se basa en fundamentos normativos discordantes que, además, carecen de un análisis razonado y acorde de los problemas conducentes para la correcta dilucidación del pleito (Fallos: 312:1500).

7°) Que recientemente este Tribunal ha reiterado la premisa según la cual la sentencia judicial debe ser un todo indivisible, demostrativo de una unidad lógico-jurídica, en la cual la validez y los alcances de la decisión dependen también de las motivaciones que la fundan. Por su parte, también ha precisado que a la hora de examinar la existencia de una mayoría sustancial de fundamentos que ponga de manifiesto la voluntad de un tribunal colegiado, no cabe atenerse a un criterio puramente formalista que permita tenerla por configurada con opiniones formalmente concurrentes que coinciden en la parte dispositiva, sin que ello implique adoptar una postura extrema que exija que las opiniones de cada uno de los miembros del tribunal resulten idénticas para tener por configurada la mayoría necesaria, toda vez que ello no se condice con la naturaleza plural y deliberativa de esta clase de tribunales (cf. respectivamente "Municipalidad de La Matanza c/ Cascales, Amílcar Francisco", Fallos: 342:2183 y sus citas; y Fallos: 341:1466, voto de la mayoría, considerando 3°, voto del juez Rosatti, considerando 6°).

8°) Que allende el respeto por las opiniones individuales y las disidencias, los magistrados que conforman los tribunales colegiados deben asegurar que su deliberación arribe -cuanto menos- a un acuerdo mayoritario sobre un mínimo de razones comunes que constituyan el fundamento lógico y jurídico del fallo. Sobre esa comunidad sustancial de razones se erige la sentencia, que representa la voluntad del tribunal como órgano colectivo, la cual debe identificarse con la voluntad de la mayoría de sus miembros, en ausencia de unanimidad. Dicho de otro modo: no basta con el nudo imperio del tribunal ejercido concretamente en la parte dispositiva para dar validez y fijar los alcances de un pronunciamiento si este se asienta en motivaciones lógicamente desconectadas y/o sustantivamente inconciliables.

9°) Que, a la luz de la doctrina reseñada, cabe colegir que existe una evidente discordancia entre las premisas y argumentos de los votos que conformaron la mayoría de la sentencia objeto de recurso. Así se concluye a poco que se repare en que para admitir la pretensión indemnizatoria dos de los jueces (disintiendo entre ellos sobre la distribución de la responsabilidad) entendieron que el caso debía tratarse como una acción de daños y perjuicios contra el tercero dueño de la cosa que ocasionó el daño, resultando indiferente la relación que unía al actor con la Policía Federal Argentina; mientras que los otros dos magistrados -que coincidieron en sus argumentos- enfocaron el examen justamente en las normas que regulan el vínculo del actor con la demandada, para determinar de qué manera ellas se aplican a la particular situación que en el caso se plantea. El restante magistrado rechazó la acción haciendo mérito de la normativa específica que regula la actividad de la Policía Federal.

De este modo, el análisis de los votos descarta una concordancia sustancial de opiniones dirimentes en las que se funde la decisión adoptada. En otras palabras: no ha existido una mayoría real de sus integrantes que sustente las conclusiones del pronunciamiento (Fallos: 302:320; 305:2218; 312:1500; 313:475; 321:1653; 326:1885; 332:826; 332:1663; 334:490), colocando a los litigantes en estado de indefensión al tener que construir el eje argumental (mayoritario) de una sentencia que carece de tal referencia, lo que la descalifica como acto jurisdiccional válido.

Que el juez Rosatti suscribe la presente en la localidad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, en virtud de las medidas de aislamiento social preventivas dispuestas por las autoridades nacionales.

Por ello, en atención al estado de las presentes actuaciones, se resuelve:

1) Habilitar días y horas inhábiles del día de la fecha exclusivamente a los fines del dictado de la presente sentencia.

2) Hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto la sentencia apelada, con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por intermedio de quien corresponda, se dicte una nueva decisión con arreglo a lo expresado. Reintégrese el depósito de fs. 94. Agréguese la queja al principal. Notifíquese y, oportunamente, remítase.

 

ELENA I. HIGHTON de NOLASCO

HORACIO ROSATTI

JUAN CARLOS MAQUEDA

 

VOTO DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA I. HIGHTON DE NOLASCO

Considerando:

1°) Que la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, integrada por cinco magistrados en atención a la imposibilidad de reunir mayoría entre los tres integrantes que la conforman, revocó la decisión del juez de grado e hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios deducida por el agente Néstor Atilio Flamenco contra la Policía Federal Argentina, Ministerio de Seguridad de la Nación y la Caja de Seguros S.A. y, en consecuencia, ordenó abonarle la suma total de $ 617.000.

2°) Que para así decidir, dos de los jueces sostuvieron que la acción no se dirigía a obtener el resarcimiento que pudiera corresponderle al demandante en su calidad de dependiente de la Policía Federal Argentina, sino que se interpuso contra, esa institución en su condición de titular dominial del vehículo (camión autobomba policial) que colisionó al patrullero en el que este circulaba. Agregaron que más allá de que el actor se encontrara, o no, desarrollando funciones policiales ("acto de servicio") al momento de producirse el hecho ilícito, la circunstancia de que interpusiera su pretensión contra el propietario del vehículo que impacto con el rodado en el que circulaba como acompañante, excluía la aplicación al caso, de los precedentes de esta Corte "Mengual" (Fallos: 318:1959); "Azzetti" (Fallos: 321:3363); "Aragón" (Fallos: 330:5205); CSJ 377/2005 (41-L)/CS1 "Leston, Juan Carlos c/ Estado Nacional - Ministerio del Interior - Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios", fallada el 18 de diciembre de 2017 y "García" (Fallos: 334:1795). Ello en tanto, la pretensión se regía por el régimen de responsabilidad por el vicio o riesgo de la cosa previsto en el art. 1113, segundo párrafo, del Código Civil entonces vigente. Partiendo de esa base, admitieron la demanda contra la Policía Federal Argentina, haciendo extensiva la condena a la citada en garantía.

Por su parte, otros dos magistrados arribaron a una misma solución pero por aplicación de los precedentes "Azzetti", "Aragón", "Lestón" y "García" ya citados pues entendieron que en el sub examine correspondía determinar si las circunstancias del caso encuadraban en los supuestos de excepción que prevé la ley 21.965 y su decreto reglamentario, conforme la interpretación realizada por este Tribunal en esos antecedentes. Señalaron que el reclamo era consecuencia de un daño de origen típicamente accidental, que no era resultado de un acto de servicio propiamente dicho, aunque hubiera acontecido en ocasión de la prestación del servicio policial, por lo que el actor tenía legitimación para formular el reclamo indemnizatorio con fundamento en normas de derecho común. En tal sentido, sostuvieron que no correspondía aplicar el precedente "Azzetti", porque el daño no se originaba en un hecho bélico ni era consecuencia directa de la función policial, sino que se trataba de un suceso dañoso de naturaleza accidental, que no constituye un riesgo inherente a la función de las fuerzas de seguridad, sino común a la circulación vehicular. Por ello entendieron aplicable la doctrina del precedente "Mengual". Finalmente coincidieron con las conclusiones del voto precedente en cuanto a la responsabilidad de la demandada por el riesgo o vicio de la cosa (art. 1113 del Código Civil derogado); a la valoración de la prueba realizada y al rechazo de la defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por la citada en garantía con fundamento en la exclusión de la cobertura.

El quinto juez interviniente, por su parte, rechazó la demanda por considerar que los padecimientos sufridos por el actor solo podían ser reclamados en los términos del decreto 1866/83, reglamentario de la ley 21.965, dada la condición de agente policial del demandante.

3°) Que, contra este pronunciamiento, la Caja de Seguros S.A. interpuso el recurso extraordinario que, denegado, dio origen a esta presentación directa.

4°) Que si bien lo referente al modo en que emiten sus votos los jueces de los tribunales colegiados y lo atinente a las formalidades de las sentencias es materia ajena al recurso extraordinario (Fallos: 304:154 y sus citas), corresponde hacer excepción a dicha regla cuando no existe mayoría de opiniones sustancialmente coincidentes sobre la solución de la cuestión debatida (Fallos: 305:22 18; 308:139; 312:1058 y 313:475, entre otros), lo que invalida el pronunciamiento.

En este orden de ideas, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que toda sentencia constituye una unidad lógica- jurídica y no es solo el imperio del tribunal ejercido en la parte dispositiva lo que da validez y fija los, alcances del pronunciamiento, sino que esa parte dispositiva debe ser la conclusión necesaria del análisis de los presupuestos fácticos y normativos efectuado en sus fundamentos (Fallos: 308:139; 313:475, entre otros). Por ello, si un pronunciamiento judicial carece de mayoría de fundamentos sustancialmente coincidentes sobre la cuestión que decide, resulta descalificable como acto judicial válido y debe ser revocado (Fallos: 321:1653; 326:1885; 332:826, 1663, entre muchos otros).

Asimismo, destacó el Tribunal que no obsta a la aplicación del criterio señalado el hecho de que el apelante no haya planteado agravio al respecto, pues una decisión que carece de mayoría de fundamentos no puede ser considerada como tal (Fallos: 317:483; 329:1661 y 332:1663).

5°) Que, en la especie, se advierte una evidente discordancia entre las premisas y argumentos de los votos que conformaron la mayoría de la sentencia objeto de recurso. Ello es asi, a poco de que se repare en que, para admitir la pretensión indemnizatoria, dos de los jueces entendieron que el caso debía tratarse como una acción de daños y perjuicios contra el tercero dueño de la cosa que ocasionó el daño, resultando indiferente la relación que unía al actor con la Policía Federal Argentina mientras que los otros dos magistrados, con cuyo voto se conformó la mayoría, enfocaron el examen justamente en las normas que regulan el vinculo del actor con la demandada, para determinar de qué manera ellas se aplican a la particular situación que en el caso se plantea.

En consecuencia, no existe en el sub examine la coincidencia de una mayoría válida de los votos en sentido concordante, lo que descalifica el pronunciamiento como acto jurisdiccional válido.

Por ello, en atención al estado de las presentes actuaciones, se resuelve:

1) Habilitar días y horas inhábiles del día de la fecha exclusivamente a los fines del dictado de la presente sentencia.

2) Hacer lugar a la queja, declarar procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto la sentencia apelada, con costas. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que, por intermedio de quien corresponda, se dicte una nueva decisión con arreglo a lo expresado. Reintégrese el depósito de fs. 94. Agréguese la queja al principal. Notifíquese y, oportunamente, remítase.

 

ELENA I. HIGHTON de NOLASCO

 

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