Diferencias Salariales Igual Remuneracion Por Igual Tarea Supervisores Maestros

JURISPRUDENCIA

 

 

 

En la ciudad de La Plata, a los 10 días del mes de julio de 2020, se reúnen los jueces que integran el Tribunal del Trabajo Nº 2, Juan Ignacio Orsini, Julio César Elorriaga y Carlos Mariano Núñez, con la presidencia de este último, a efectos de dictar veredicto en la causa Nº 42.559, caratulada: "Canteros, Oriel y Otros c/ Ministerio de Producción-Astillero Río Santiago s/ Diferencias salariales". Practicado el sorteo establecido en el art. 44 inc. "c" de la ley 11.653, resultó el siguiente orden de votación: Jueces Orsini-Nuñez-Elorriaga.

El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones:

Primera: ¿Se acreditó que Oriel Canteros, Gustavo Víctor Di Paolo, Norberto Héctor Domínguez, Víctor Edgardo Gallo y Domingo Ramón Zuleta trabajen bajo dependencia del Ente Administrador del Astillero Río Santiago, ostentando la categoría de “Supervisores C”?

A la primera cuestión planteada, el Juez Juan Ignacio Orsini dijo:

En la demanda, los actores denunciaron que prestan tareas para el Astillero Río Santiago, en la categoría de “Supervisores Categoría C”.

Tal hecho no solo no fue negado en forma específica por la accionada (ver “negativas particulares”, escrito del 11/7/2017), sino que, además, fue expresamente reconocido por ésta, cuando señaló que “los accionantes no establecen claramente desde que fecha desempeñan el cargo de supervisor, lo que impide conocer de manera exacta desde cuándo le corresponderían las presuntas diferencias salariales que peticionan” (ver escrito de réplica, apartado IV.2, fs. 76 vta.).

Para más, la prestación de tareas por parte de los actores como “Supervisores Categoría C”, se prueba con la documental acompañada por la propia demandada en el expediente administrativo N°5100-36075/2017, de la que surge, a fs. 54/55, que los accionantes ostentan la categoría indicada desde las siguientes fechas:

Oriel Canteros desde el 1/10/2014

Gustavo Víctor Di Paolo desde el 1/11/2014

Norberto Héctor Domínguez desde el 1/10/2014

Víctor Edgardo Gallo desde el 1/4/2014

Domingo Ramón Zuleta desde el 1/9/2014.

También, con la pericial contable (escrito electrónico del 5/3/2019), de la cual se desprende que la perito tuvo acceso a los registros de la demandada que prueban que los actores se desempeñan como supervisores categoría C.

Así lo voto.

Los Jueces Carlos Mariano Núñez y Julio César Elorriaga, por compartir fundamentos, adhieren con sus respectivos votos al sufragio emitido en primer término.

Segunda: ¿Se probó que, por imperio de una norma convencional, los salarios de los supervisores debieran guardar una relación de proporcionalidad con los salarios de los trabajadores que revistaban en la categoría de "maestros"?

A la segunda cuestión planteada, el Juez Juan Ignacio Orsini dijo:

Tampoco existe una controversia frontal sobre este tópico.

Así, de la demanda surge que en el año 2005 se arribó a un acuerdo entre el sindicato que representa a los trabajadores del Astillero y la patronal, que fue homologado por el Ministerio de Trabajo, en el cual se estableció que debe existir una diferencia porcentual entre los salarios de los supervisores y los de los maestros, a saber: para los supervisores categoría A, del 71,25%; para los supervisores categoría B, del 57,68%; y para los supervisores categoría C, del 38,80% (demanda, fs. 34).

Esos hechos no solo fueron admitidos por la demandada (fs. 77 vta.), sino que también surgen acreditados con la documental de fs. 28/30, 57 vta. y 66/67, de las que se desprende que, con fecha, 14/12/2005, la autoridad administrativa del trabajo bonaerense homologó un acuerdo entre la Seccional Ensenada de la Asociación de Trabajadores del Estado y el Ente Administrador del Astillero Río Santiago, con arreglo al cual la patronal asumió el compromiso de que los supervisores de las categorías A, B y C debían mantener una proporción superior a los salarios de el oficial especializado maestro del 71,25%, 57,68% y 38,80% respectivamente.

Así lo voto.

Los Jueces Carlos Mariano Núñez y Julio César Elorriaga, por compartir fundamentos, adhieren con sus respectivos votos al sufragio emitido en primer término.

Tercera: ¿Se acreditó que, a partir de agosto de 2015, la empleadora haya comenzado a abonar a los trabajadores comprendidos en la categoría “maestros” una suma remunerativa en concepto de “tareas especificas”? En caso afirmativo ¿Qué esa decisión se haya originado en un acuerdo colectivo homologado y que la empleadora no haya computado esa suma a los fines de mantener la diferencia porcentual de salario correspondiente a los “Supervisores” por sobre el salario de los “Maestros”, tal como lo exigía el acuerdo homologado por Resolución N° 11.734/05 de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires?

A la tercera cuestión planteada, el Juez Juan Ignacio Orsini dijo:

No resultó controvertido en autos que, tal como lo denunciaron los actores a fs. 34 vta., a partir del mes de agosto de 2015, la empleadora comenzó a pagarle a los trabajadores incluidos en la categoría profesional “maestros”, una suma remunerativa en concepto de “tareas especificas”, liquidada en los correspondientes recibos de sueldo bajo el código 141.

Tampoco resultó debatido que el Astillero Río Santiago no ha computado dicho rubro remunerativo a los fines de mantener la diferencia salarial entre categorías ordenada por la Resolución n° 11.734/05 de la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

En efecto, ello surge de lo manifestado por la empleadora en el escrito de réplica, cuando brindó los motivos que, a su entender, justifican la decisión de excluir de la liquidación de los haberes correspondientes a los supervisores la bonificación por tareas específicas reconocida a los maestros (ver ap, IV, punto 3. del escrito de réplica).

A la misma conclusión nos lleva la prueba pericial contable, pues la experta informó que “conforme constancias documentales aportadas en autos, surgen las diferencias porcentuales de los haberes entre el personal Maestro y Supervisores y esos porcentuales no se reflejan si se considera el código salarial 141 denominado Tareas específicas” (ver escrito del 5/3/2019).

Finalmente, corrobora lo expuesto el instructivo para las liquidaciones salariales realizado por la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Economía (ver ap. 6), así como el informe de la Gerencia de Asuntos Jurídicos del Ente Administrador del Astillero Río Santiago de fecha 6/10/2015, donde se señaló que “no incluye para el cálculo de los haberes de los supervisores esta bonificación por tareas especificas otorgada al personal de producción a partir del mes de agosto próximo pasado”. Ambos documentos surgen del expediente administrativo N°5100-36075/2078, acompañado por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires como prueba documental al momento de contestar demanda (fs. 59 vta./60).

Con todo, más allá de que en ese "instructivo", así como en la réplica (fs. 77 vta.) se hace referencia a que la decisión de no computar esa bonificación a los fines de cuantificar la distancia porcentual que, con arreglo al acuerdo homologado en el año 2005, debe existir entre los salarios de los supervisores y los correspondientes a los maestros, provendría de "negociaciones colectivas ley N° 13.453" (fs. 59 vta.), no se ha identificado ni probado en autos cuál sería el acuerdo convencional colectivo en el marco del cual se habría pactado esa solución, ni que el mismo hubiese sido homologado por la autoridad laboral.

De lo expuesto se colige que, a partir del mes de agosto de 2015, la demandada comenzó a abonar a los trabajadores comprendidos en la categoría “maestros” una suma remunerativa en concepto de “tareas específicas", y que la misma no fue computada a los fines de mantener la diferencia porcentual de salario correspondiente a los “supervisores” por sobre el salario de los “maestros” conforme el acuerdo colectivo homologado por Resolución n° 11.734/05 de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

Voto por la afirmativa.

Los Jueces Carlos Mariano Núñez y Julio César Elorriaga, por compartir fundamentos, adhieren con sus respectivos votos al sufragio emitido en primer término.

Cuarta: ¿Se acreditó que los actores hubieran intimado a la demandada el pago de las diferencias salariales reclamadas en autos?

A la cuarta planteada, el Juez Juan Ignacio Orsini dijo:

Tal como lo reconoce la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires al contestar la demanda, la Comisión de Supervisores del Ente Administrador Astillero Río Santiago inició un reclamo en el cual se denunció que en la liquidación de los salarios del mes de agosto de 2015, se habría incumplido el Acta Acuerdo firmada entre A.T.E. y el Astillero, celebrada el día 13/7/2005, a partir de la cual se estableció la diferencia porcentual de salario correspondiente a los supervisores por sobre el salario de los maestros (ver fs. expediente administrativo n° 5100.36075/2017, fs. 57).

En dicho reclamo, dirigido con fecha 4/9/2015 al Gerente de Recursos Humanos del Astillero Río Santiago, los supervisores requirieron que se revisase la liquidación de los salarios de los trabajadores que revistaban en esa categoría, atento el incumplimiento de lo previsto en el Acta Acuerdo del año 2005.

En base a ello, considero probado que el 4/9/2015 la Comisión de Supervisores del Astillero Río Santiago intimó a su empleadora para que liquidase los salarios correspondientes a los trabajadores que integran esa categoría conforme la diferencia porcentual pactada en el Acta Acuerdo firmada entre A.T.E. y el Astillero el día 13/7/2005, que fuera homologada por la autoridad administrativa por Res. N°11.734/05.

Así lo voto.

Los Jueces Carlos Mariano Nuñez y Julio César Elorriaga, por compartir fundamentos, adhieren con sus respectivos votos al sufragio emitido en primer término.

Quinta: ¿Se probó que los actores hubieran devengado diferencias salariales en caso de que correspondiera incluir en la liquidación de los haberes correspondientes a los supervisores la diferencia porcentual sobre la bonificación por tareas específicas reconocida a los maestros y resultase procedente la demanda? ¿Se acreditó que, con arreglo al criterio de liquidación de sueldos adoptado por la demandada a partir del año 2015, un supervisor pudiera llegar a devengar una remuneración inferior a la de un maestro?

A la quinta cuestión planteada, el Juez Juan Ignacio Orsini dijo:

Con apoyo en la prueba pericial contable presentada el 5/3/2019, considero probado que los actores devengaron diferencias salariales si se incluye en la liquidación de sus salarios la diferencia porcentual sobre la bonificación por tareas especificas reconocida a los maestros.

Por otra parte, según lo ejemplificó la perito contadora (en conclusión que no fue objetada por la demandada), la aplicación del nuevo criterio adoptado por la empleadora para liquidar los sueldos a partir del año 2015 generó que el básico de un supervisor ($5.929,32) pasase a ser inferior que el básico de un maestro con igual antigüedad al que se le abone el nuevo adicional (código 141) creado en 2015 ($6.485) [ver pericial contable, respuesta al punto 6, escrito del 5/3/2019].

Destaco que tales conclusiones de la perito lucen correctamente fundadas y no fueron cuestionadas por la accionada, por lo que no habré de apartarme de las mismas.

Sin perjuicio de ello, la liquidación allí efectuada comprende exclusivamente el período agosto de 2015-junio de 2018, por lo que, de declarase procedente la demanda, y con arreglo a lo reclamado en el escrito del 5/9/2018, habría que practicar una liquidación de las diferencias devengadas hasta la actualidad.

Así lo voto.

Los Jueces Carlos Mariano Núñez y Julio César Elorriaga, por compartir fundamentos, adhieren con sus respectivos votos al sufragio emitido en primer término.

Con lo que concluyó el acto, dictándose el siguiente:

VEREDICTO

De acuerdo a la votación que antecede, el Tribunal del Trabajo Nº 2 de La Plata tiene por probados -o no- los siguientes hechos:

1. Que Oriel Canteros, Gustavo Víctor Di Paolo, Norberto Héctor Domínguez, Víctor Edgardo Gallo y Domingo Ramón Zuleta prestan tareas para el Astillero Río Santiago, ostentando la categoría de "supervisores C".

2. Que, por Resolución N° 11.734/05 (14/12/2005), la autoridad administrativa del trabajo bonaerense homologó un acuerdo entre la Seccional Ensenada de la Asociación de Trabajadores del Estado y el Ente Administrador del Astillero Río Santiago, con arreglo al cual la patronal asumió el compromiso de que los supervisores de las categorías A, B y C debían mantener una proporción superior a los salarios de los oficiales especializados maestros del 71,25%, 57,68% y 38,80% respectivamente.

3. Que, a partir del mes de agosto de 2015, el Ente Administrador del Astillero Río Santiago comenzó a abonar a los trabajadores comprendidos en la categoría “maestros” una suma remunerativa en concepto de “tareas específicas”, y que la misma no fue computada a los fines de mantener la diferencia porcentual de salario correspondiente a los “supervisores” por sobre el salario de los “maestros”, con arreglo a lo que había ordenado el acuerdo homologado por Resolución N° 11.734/05 de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

4. Que el 4/9/2015 la Comisión de Supervisores del Astillero Río Santiago intimó a su empleadora para que liquidase los salarios correspondientes a los trabajadores que integran esa categoría respetando la diferencia porcentual que debía mantenerse con arreglo al Acta Acuerdo firmada entre A.T.E. y el Astillero el día 13/7/2005.

5. Que, en caso de que corresponda incluir en la liquidación del salario de los actores la diferencia porcentual sobre la bonificación por tareas especificas reconocida a los maestros, aquéllos habrían devengado las diferencias salariales determinadas en la pericial contable, y que la aplicación del nuevo criterio adoptado por la demandada para liquidar los sueldos a partir del año 2015 generó que el básico de un supervisor pasase a ser inferior que el básico de un maestro con igual antigüedad al que se le abonase el nuevo adicional (código 141) creado en ese año.

Con lo que terminó el Acuerdo, firmando los jueces por ante mí que doy fe.

 

Carlos Mariano NUÑEZ

Presidente

Tribunal de Trabajo Nº2

Julio Cesar ELORRIAGA

Juez

Juan Ignacio ORSINI

Juez

Tribunal de Trabajo Nº2 Tribunal de Trabajo Nº2

Ailen Sessa

Secretaria

Tribunal del Trabajo N°2

 

En la ciudad de La Plata, a los 10 días del mes de julio de 2020, se reúnen los Jueces que integran el Tribunal del Trabajo Nº 2, Juan Ignacio Orsini, Julio César Elorriaga y Carlos Mariano Nuñez, con la presidencia de este último, a efectos de dictar la sentencia prescripta por el art. 47 de la ley 11.653, en la causa Nº 42.559, caratulada: "Canteros, Oriel y Otros c/ Ministerio de Producción-Astillero Río Santiago s/ Diferencias Salariales", conforme el orden de votación establecido en el veredicto.

El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes cuestiones:

Primera: ¿Es procedente la demanda?

Segunda ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A la primera cuestión planteada, el Juez Juan Ignacio Orsini dijo:

I. Antecedentes.

1. Representados por el abogado Diego Germán Urquiza, Oriel Canteros, Gustavo Víctor Di Paolo, Norberto Héctor Domínguez, Víctor Edgardo Gallo y Domingo Ramón Zuleta dedujeron demanda contra la Provincia de Buenos Aires, reclamándole -con sustento en la Resolución n° 11.734/05 de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires- el pago de diferencias salariales devengadas por no haberse respetado en la liquidación de sus haberes como supervisores la diferencia porcentual sobre la bonificación por tareas específicas reconocida a los maestros a partir del mes de agosto de 2015 (fs. 33/39 vta.).

En lo sustancial, precisaron que prestan tareas como “supervisores categoría C” para el Astillero Río Santiago, y que, a partir del dictado de la Resolución N° 11.734/05 de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, se les reconoció una diferencia porcentual del 38,80% de sus salarios por sobre el salario correspondiente a la categoría de “maestros”.

Agregan que, a partir del mes de agosto de 2015, el Ente Administrador del Astillero Río Santiago aumentó el básico correspondiente a la categoría maestro especializado a partir de la adición del ítem 141 (“tareas especificas”), y que dicho aumento no se tuvo en cuenta para liquidar la diferencia porcentual de sus salarios por sobre los salarios correspondientes a los “Maestros”.

Sostienen que, al excluirse de la liquidación de sus salarios el porcentual correspondiente a la suma reconocida a los maestros por tareas especificas, se violan sus derechos de propiedad e igual remuneración por igual tarea, y que, por tanto, deben incrementarse sus salarios para mantener la diferencia porcentual de los mismos por sobre los correspondientes a los maestros.

En especial, hacen hincapié en que no puede desconocerse que, con arreglo al citado principio de igual remuneración por igual tarea, corresponde abonar un salario mayor a los trabajadores que tienen responsabilidades mayores, pues, de aplicarse el criterio establecido por la demandada, un maestro especializado puede llegar a cobrar igual o más que un supervisor.

Asimismo, señalaron que tal decisión de la empleadora vulnera el art. 14 bis de la Constitución Nacional, así como el principio de irrenunciabilidad receptado por el art. 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, la intangibilidad de los salarios y el artículo 1 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Ofrecieron prueba, practicaron liquidación, y peticionaron el progreso de la demanda, con intereses y costas.

2. Corrido el traslado de la demanda (fs. 41), la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires la respondió por medio del abogado Pablo Fabián Tau (fs. 75/80).

Tras efectuar negativas generales, reconoció que los actores prestan tareas como "supervisores C" para el Astillero Río Santiago, y brindó los motivos que, a su entender, justifican la decisión de la empleadora de excluir de la liquidación de los haberes correspondientes a los supervisores, la bonificación por tareas específicas reconocida a los maestros.

Sostiene que, con fundamento en lo dictaminado por la Unidad Directiva de Asuntos Jurídicos del Astillero, la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado, ante el reclamo efectuado por la Comisión de Supervisores del Astillero, se resolvió que, en la medida en que la exclusión de la bonificación por “tareas específicas” para el cálculo de los haberes de los supervisores, fue acordada en el marco de la negociación colectiva, corresponde desestimar el reclamo.

De este modo, sostiene que el Ente Administrador no ha incumplido ningún acuerdo, ni ha transgredido derecho salarial alguno de los supervisores en general ni de los actores en particular.

Añade que, con arreglo a la jurisprudencia de la Corte Federal que identifica, el principio de igualdad no impide remunerar a determinados trabajadores por encima de otros si esa distinción se basa en el mejor desempeño, valorado con criterio objetivo por el empleador.

Manifiesta que, habiendo quedado firme y consentida la resolución administrativa que rechazó el reclamo impetrado por la Comisión de Supervisores, la acción ha perimido, debiendo resolverse la cuestión como de “puro derecho”, imponiéndose el rechazo de la demanda.

Sobre esa base, impugnó la liquidación practicada por los actores, planteó la inconstitucionalidad del art. 48 de la ley 11.653, ofreció prueba y solicitó el rechazo de la demanda.

3. Contestado por los actores el segundo traslado (fs. 82), abierta la causa a prueba (fs. 83), agregada la prueba pericial contable (escrito electrónico del 5/3/2019, impugnada por la parte actora en la presentación electrónica del 19/3/2019, y ampliada con el escrito del 23/6/2019), alegaron por escrito los actores (escrito electrónico del 29/4/2020), se le dio por perdido el derecho a alegar a la parte demandada y pasaron los autos para resolver (auto del 22/6/2020), dictándose posteriormente el veredicto que antecede.

II. Decisión que se propone.

1. Por los siguientes argumentos, estimo que la demanda debe prosperar.

a. En el veredicto quedó acreditado que, por Resolución N° 11.734/05 (14/12/2005), la autoridad administrativa del trabajo bonaerense homologó un acuerdo entre la Seccional Ensenada de la Asociación de Trabajadores del Estado y el Ente Administrador del Astillero Río Santiago, con arreglo al cual la patronal asumió el compromiso de que los supervisores de las categorías A, B y C debían mantener una proporción superior a los salarios de los oficiales especializados maestros (categoría de jerarquía inferior en el escalafón) del 71,25%, 57,68% y 38,80% respectivamente.

Empero, también se probó que, a partir del mes de agosto de 2015, el Ente Administrador del Astillero Río Santiago comenzó a abonar a los trabajadores comprendidos en la categoría “maestros” una suma remunerativa en concepto de “tareas específicas”, y que la misma no fue computada a los fines de mantener la diferencia porcentual de salario correspondiente a los “supervisores” por sobre el salario de los “maestros”, con arreglo a lo que había ordenado el citado acuerdo homologado por Resolución N° 11.734/05 de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

No se pudo acreditar, en cambio, que esta última decisión haya encontrado su causa fuente en un acuerdo colectivo homologado, ya que el presunto convenio no fue debidamente individualizado ni probado en autos (arg. art. 8, L.C.T.). Luego, se impone concluir que esa resolución provino de una decisión unilateral de la empleadora.

b. Partiendo de esa base fáctico-probatoria, estimo que asiste razón a los trabajadores reclamantes en cuanto sostienen que, al proceder de ese modo, la patronal vulneró el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea garantizado por el art. 14 bis de la Constitución Federal.

(i) En efecto, el acuerdo colectivo homologado en el año 2005 dispuso (con la obvia finalidad de que las retribuciones de los trabajadores del Astillero guardasen una razonable proporción con la jerarquía de las tareas asignadas a cada una de las categorías del escalafón) que los salarios de los supervisores debían ser superiores, en una definida proporción porcentual (que en el caso de los actores, quienes ostentan la categoría de "supervisores C", se estableció en un 38,80%) en comparación con los salarios de los maestros.

Ahora bien, en el año 2015 se resolvió crear una bonificación remunerativa especial exclusivamente en beneficio de los empleados de las categorías inferiores, aclarándose en forma expresa que ese nuevo adicional (que obviamente implicó un aumento salarial permanente para los trabajadores en ellas comprendidos) no sería tenida en cuenta para el cálculo de la diferencia porcentual que, con arreglo a lo prescripto por el Acta Acuerdo del 13/7/2005, debía existir entre los salarios de los maestros y los de los supervisores (ver fs. 32 y 60).

Esa circunstancia generó, en la práctica, que, a partir de que, en el año 2015, se empezó a pagar a los "maestros" ese nuevo adicional, los porcentajes porcentuales entre categorías ordenados en el acuerdo homologado de 2005 dejasen de cumplirse (ver pericial contable, respuesta al punto 6, escrito del 5/3/2019).

Adviértase que, según lo ejemplificó la perito contadora (en conclusión que no fue objetada por la demandada), esa situación generó que el básico de un supervisor ($5.929,32) pasase a ser inferior que el básico de un maestro con igual antigüedad al que se le abonase el nuevo adicional (código 141) creado en 2015 ($6.485) [ver pericial contable, respuesta al punto 6, escrito del 5/3/2019].

Queda así indudablemente probado que, a partir de que entró en vigencia el adicional salarial creado en favor de los maestros en el año 2015, no solo dejó de respetarse la diferencia proporcional porcentual obligatoriamente impuesta por el acuerdo homologado del año 2005, sino que, incluso, trabajadores de una categoría escalafonaria inferior (maestros) pasaron a devengar un salario básico superior a otros que ostentaban categorías superiores (supervisores).

(ii) Siendo ello así, y sin perjuicio de otras consideraciones que pudieran formularse, es evidente que la empleadora ha vulnerado, en perjuicio de los actores, el principio de igual remuneración por igual tarea establecido en el art. 14 bis de la Constitución.

Ello, pues, si bien es cierto que, en la medida en que exista un fundamento objetivo y contundente que así lo justifique, el empleador puede establecer diferentes escalas salariales en favor de distintas categorías de trabajadores, no lo es menos que lo que no puede válidamente hacer es retribuir en forma distinta a trabajadores que realizan tareas similares ni, mucho menos, pagar salarios inferiores a trabajadores que tienen asignadas tareas de mayor complejidad y revistan en categorías superiores.

En ese sentido, cuadra recordar que, con arreglo a la doctrina legal de la Suprema Corte, lesiona la garantía de igual remuneración por igual tarea (14 bis Constitución Nacional) el empleador que no le abona a uno de sus dependientes el mismo salario asignado a aquéllos otros que se encuentran en idéntica situación (S.C.B.A., causas L. 50.830, “Ferrari, Raúl Fernando c/ Piantoni Hnos. S.A. s/ Diferencia de haberes”, sent. del 10/8/1993; L. 67.234, “Calvo, Manuel A. c/ Transportes de Caudales Juncadella S.A. s/ Cobro de haberes”, sent. del 21/9/1999; en igual sentido, ver lo resuelto por este Tribunal en la causa N° 33.839, "Farías, Noel M. y otros c/ Rutas al Sur S.A. s/ Diferencia indemnización", sent. del 18/2/2016, con voto del suscripto en primer término).

(iii) Por otra parte, y a diferencia de lo que postula la demandada a fs. 76 vta. la patronal no probó en el caso que esa diferencia de trato salarial se hubiese basado en las causas objetivas establecidas en el art.. 81 de la Ley de Contrato de Trabajo, ni que se hubieran fundado en el mejor desempeño, eficacia o contracción a las tareas por parte de los operarios (en el caso, los maestros) que fueron mejor retribuidos que los actores.

Muy por el contrario: se trató de una medida general que, amén de no respetar las diferencias proporcionales a las que la patronal debía atenerse en virtud de lo establecido en el acuerdo colectivo homologado en el año 2005, provocaron la intolerable situación de que los trabajadores de una categoría inferior (maestros) pasasen a devengar retribuciones más altas que aquéllos que a los que la propia empleadora atribuyó una categoría más alta (supervisores), todo lo cual no resiste el menor análisis y resulta claramente violatorio del principio constitucional de igual remuneración por igual tarea (art. 14 bis, C.N.).

En suma, no se han verificado en el caso, las razones que, en el criterio legislativo (art. 81, L.C.T.) justifican un trato diferente entre los trabajadores, sustentadas en motivos de bien común, o en una mayor eficacia, laboriosidad y contracción al trabajo (conf. SCBA, doctrina causa L. 67.234, “Calvo, Manuel A. c/ Transportes de Caudales Juncadella S.A. s/ Cobro de haberes”, sent. del 21/9/1999).

(iv) Para más, la solución que aquí se propone encuentra asimismo respaldo en la doctrina judicial que la Corte Federal estableció en el leading-case “Fernández, Estrella c. Sanatorio Güemes, S.A.” (sent. del 23/8/1988, publicado en La Ley, 1990-C, p. 38).

Tal como se resolvió en ese fallo, el tratamiento salarial diferenciado, para no resultar lesivo de los derechos del trabajador, debe justificarse en razones objetivas, debiendo el empleador demostrar que la desigualdad obedece a la valoración de los méritos del dependiente o a circunstancias de bien común.

Cabe destacar que en dicho fallo la Corte revocó la sentencia que había rechazado el reclamo de diferencias salariales pese a que se había demostrado que la actora había percibido remuneraciones inferiores a las correspondientes a personal a su cargo y de inferior jerarquía, situación equiparable a la que se verifica en la especie.

Adicionalmente, en el destacado voto concurrente de los Jueces Petracchi y Bacqué se señaló que, con arreglo a lo que prescribe el Convenio N° 100 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre igualdad de remuneración, deben adoptarse medidas para promover la evaluación objetiva del empleo, tomando como base los trabajos que éste entrañe, y que solamente las diferencias que resulten de dicha evaluación objetiva no podrán considerarse contrarias al principio de igualdad. En consecuencia, las diferencias deben fundarse en circunstancias objetivas y demostrables de calificaciones y aptitudes.

Resulta, pues, evidente a todas luces que una política salarial por la cual se culmina abonando salarios menores a aquéllos trabajadores a los que se reconoció una categoría superior no puede considerarse acorde al principio de igual remuneración por igual tarea garantizado por el art. 14 bis de la Constitución Federal.

Máxime cuando, al proceder de ese modo, la empleadora vulneró asimismo las pautas establecidas en el Acta Acuerdo del año 2005, que fuera homologada por Res. N° 11.734/05 de la Subsecretaría de Trabajo provincial.

c. Finalmente, aun cuando no se probó en el caso que la decisión de aumentar los salarios de los maestros (conducto por el cual se culminó violando el deber de respetar las proporciones convencionalmente establecidas en comparación con los salarios de los supervisores) haya provenido de la negociación colectiva, incluso en tal hipótesis la solución no variaría, toda vez que -como es evidente, y así lo establecido la jurisprudencia constitucional- "La Constitución Nacional es ley suprema, y todo acto que se le oponga resulta inválido cualquiera sea la fuente jurídica de la que provenga, lo cual incluye, por ende, a la autonomía colectiva" [CSJN, 3/5/2007, "Madorrán, Marta Cristina c/ Administración Nacional de Aduanas s/ reincorporación"; CSJN, 4/6/2013, "Díaz, Paulo Vicente c/Cervecería y Maltería Quilmes S.A." ].

En consecuencia, huelga señalar que un convenio colectivo de trabajo no puede válidamente vulnerar el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea (art. 14 bis, C.N.).

2. Por los motivos expuestos, corresponde hacer lugar a la demanda deducida por Oriel Canteros, Gustavo Víctor Di Paolo, Norberto Héctor Domínguez, Víctor Edgardo Gallo y Domingo Ramón Zuleta contra la Provincia de Buenos Aires, debiéndose condenar a esta a pagarles las diferencias salariales devengadas (desde el mes de agosto de 2015 -liquidación de fs. 35 vta./37-, y hasta la fecha en que practique la liquidación) por no haberse respetado en la determinación de sus haberes como supervisores la diferencia porcentual que, con arreglo al Acta Acuerdo suscripta en el año 2005, homologada por Res. N° 11.734/05 de la Subsecretaría de Trabajo, deben mantener sus salarios en comparación con las retribuciones de los operarios de categorías inferiores (art. 14 bis, C.N.; art. 3, Convenio 100, O.I.T., Acta Acuerdo homologada por Res. N° 11.734/05 de la Subsecretaría de Trabajo).

Con todo, teniendo en cuenta que en el dictamen pericial contable se efectuó la liquidación de las diferencias salariales hasta el mes de junio de 2018 inclusive (escrito del 5/3/2019), corresponde remitir los autos a la experta para que, en el plazo de 10 días contados desde que reciba la causa, complete el informe, practicando la liquidación de las diferencias que les corresponde cobrar a cada uno de los cinco actores arriba individualizados con arreglo a las pautas que aquí han sido establecidas (art. 165, C.P.C.C.), con más los intereses moratorios desde que cada suma es debida los que -con arreglo a lo reclamado a fs. 33 vta.- deberán calcularse con arreglo a la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires ( art. 768 del Código Civil y Comercial; SCBA, causa L.118.587, “Trofe, Evangelina Beatriz c/ Fisco de la Provincia de Bs. As. s/ Enfermedad profesional”, sent. del 15/6/2016).

III. Costas. Honorarios.

Las costas se imponen a la parte demandada vencida (art. 19, ley 11.653).

La regulación de honorarios de los abogados y de la perito interviniente debe diferirse para el momento en el cual la perito contadora efectué la liquidación ordenada en el apartado precedente (art. 165 C.P.C.C.).

Así lo voto.

Los Jueces Carlos Mariano Nuñez y Julio César Elorriaga, por compartir fundamentos, adhieren con sus respectivos votos al sufragio emitido en primer término.

A la segunda cuestión planteada, el Juez Juan Ignacio Orsini dijo:

Conforme el resultado de la votación precedente, corresponde:

1 Hacer lugar a la demanda deducida por Oriel Canteros, Gustavo Víctor Di Paolo, Norberto Héctor Domínguez, Víctor Edgardo Gallo y Domingo Ramón Zuleta contra la Provincia de Buenos Aires, condenando a ésta a pagarles las diferencias salariales devengadas (desde el mes de agosto de 2015 y hasta la fecha en que practique la liquidación que en esta sentencia se ordena) por no haberse respetado en la determinación de sus haberes como supervisores la diferencia porcentual que, con arreglo al Acta Acuerdo suscripta en el año 2005, homologada por Res. N° 11.734/05 de la Subsecretaría de Trabajo, deben mantener sus salarios en comparación con las retribuciones de los operarios de categorías inferiores, vulnerando así el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea (art. 14 bis, C.N.; art. 3, Convenio 100, O.I.T.; Acta Acuerdo del 13/11/2005; Res. N° 11.734/05 de la Subsecretaría de Trabajo).

2. Encomendar a la perito contadora que, en el plazo de diez días de notificada esta sentencia, liquide las diferencias salariales devengadas por cada uno de los actores con arreglo a las pautas indicadas en esta sentencia, con más los intereses moratorios devengados por el capital de condena, mes por mes, desde cada suma es debida, los que deberán calcularse con arreglo a la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a plazo fijo a treinta días que se contratan a través del sistema Banca Internet Provincia (arts. 768, Código Civil y Comercial; 165, C.P.C.C., 48 y 63, ley 11.653).

3. Imponer las costas a a la parte demandada (art. 19, ley 11.653; 39, Const. Prov.).

4. Diferir la regulación de los honorarios profesionales de los abogados y de la perito para la oportunidad en que ésta practique la liquidación definitiva del capital de condena y los intereses moratorios que ha sido ordenada en esta sentencia (arts. 165, C.P.C.C. y 48 y 63, ley 11.653).

Así lo voto.

Los Jueces Carlos Mariano Nuñez y Julio César Elorriaga, por compartir fundamentos, adhieren con sus respectivos votos al sufragio emitido en primer término.

Con lo que terminó el Acuerdo, firmando los jueces por ante mí, que doy fe.

 

Carlos Mariano NUÑEZ

Presidente

Tribunal de Trabajo Nº2

Julio Cesar ELORRIAGA

Juez

Juan Ignacio ORSINI

Juez

Tribunal de Trabajo Nº2 Tribunal de Trabajo Nº2

Ailen Sessa

Secretaria

Tribunal del Trabajo N°2

 

SENTENCIA

La Plata, 10 de julio de 2020.

Considerando lo que ha quedado establecido en el precedente Acuerdo, el Tribunal del Trabajo Nº 2 de La Plata resuelve:

1 Hacer lugar a la demanda deducida por Oriel Canteros, Gustavo Víctor Di Paolo, Norberto Héctor Domínguez, Víctor Edgardo Gallo y Domingo Ramón Zuleta contra la Provincia de Buenos Aires, condenando a ésta a pagarles las diferencias salariales devengadas (desde el mes de agosto de 2015 y hasta la fecha en que practique la liquidación que en esta sentencia se ordena) por no haberse respetado en la determinación de sus haberes como supervisores la diferencia porcentual que, con arreglo al Acta Acuerdo suscripta en el año 2005, homologada por Res. N° 11.734/05 de la Subsecretaría de Trabajo, deben mantener sus salarios en comparación con las retribuciones de los operarios de categorías inferiores, vulnerando así el principio constitucional de igual remuneración por igual tarea (art. 14 bis, C.N.; art. 3, Convenio 100, O.I.T.; Acta Acuerdo del 13/11/2005; Res. N° 11.734/05 de la Subsecretaría de Trabajo).

2. Encomendar a la perito contadora que, en el plazo de diez días de notificada esta sentencia, liquide las diferencias salariales devengadas por cada uno de los actores con arreglo a las pautas indicadas en esta sentencia, con más los intereses moratorios devengados por el capital de condena, mes por mes, desde cada suma es debida, los que deberán calcularse con arreglo a la tasa pasiva digital que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a plazo fijo a treinta días que se contratan a través del sistema Banca Internet Provincia (arts. 768, Código Civil y Comercial; 165, C.P.C.C., 48 y 63, ley 11.653).

3. Imponer las costas a a la parte demandada (art. 19, ley 11.653; 39, Const. Prov.).

4. Diferir la regulación de los honorarios profesionales de los abogados y de la perito para la oportunidad en que esta practique la liquidación definitiva del capital de condena y los intereses moratorios que ha sido ordenada en esta sentencia (arts. 165, C.P.C.C. y 48 y 63, ley 11.653).

Regístrese, liquídese y notifíquese.

 

Carlos Mariano NUÑEZ

Presidente

Tribunal de Trabajo Nº2

Julio Cesar ELORRIAGA

Juez

Juan Ignacio ORSINI

Juez

Tribunal de Trabajo Nº2 Tribunal de Trabajo Nº2

Ailen Sessa

Secretaria

Tribunal del Trabajo N°2

 

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