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JURISPRUDENCIA

 

 

 

Buenos Aires, 21 de julio de 2020.

AUTOS Y VISTOS; Y CONSIDERANDO:

I.- Interviene el Tribunal en las apelaciones deducidas por el Dr. Fernando Buján, a cargo de la Defensoría Oficial n° 16 y el representante de la Procuración Penitenciaria de la Nación Dr. Esteban Fainberg junto al Procurador Adjunto Interino, Dr. Ariel Cejas.

Tras la audiencia ordenada de acuerdo al artículo 13 de la Ley 23.098, contra el auto dictado el 16 de julio pasado que dispuso:

“I. NO HACER LUGAR -sin costas- a la acción de habeas corpus correctivo, impetrada por la Procuración Penitenciaria de la Nación a favor de los detenidos indicados al inicio por considerar que no se encuentran agravadas la condición de personas privadas de la libertad de los mismos por las razones explicadas (art 3, inc. 2 a contrario sensu, ley 23098).

II. LIBRAR OFICIO URGENTE al Sr. Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, que deberá responderse en 48 hs, ordenando que de manera inmediata, se dispongan de todos los medios necesarios para evitar trámites burocráticos -como las explicadas en este expediente por el representante de la Unidad 21 SPF- para el ingreso a la órbita del SPF de detenidos que provengan de alcaidías de la Policía de la Ciudad que tengan COVID positivo con orden judicial de traslado y sin perjuicio de las pruebas médicas que hagan falta para mayor seguridad sanitaria , y evitar así que el órgano policial lleve adelante tareas que no le son propias por poseer lugares de tránsito de detenidos y no de tratamiento penitenciario.

III. LIBRAR OFICIO URGENTE a los jueces de las causas de las que dependen cada uno de los detenidos actualmente alojados en alcaidías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a fines de hacerles conocer las circunstancias ventiladas en este expediente y solicitarles que se evalúen las particularidades de cada uno de ellos, y en su caso de así considerarlo, se disponga el correspondiente traslado a la órbita del Servicio Penitenciario.”

II.-En el día de la fecha se realizó la audiencia por videoconferencia mediante la plataforma “Zoom” con la participación del Dr. Fernando Buján a cargo de la Defensoría en lo Criminal y Correccional nro. 16, los Dres. Esteban Fainberg y Carlos Juan Acosta por la Procuración Penitenciaria de la Nación, el Comisario Inspector Luis Vara y el Subcomisario Marcelo Gómez por el Departamento Alcaidía Central de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y por la Unidad 21 del Servicio Penitenciario Federal, el Alcaide Diego Omachea, la Directora Dra. Burlleo, el Director del Área Judiciales Subprefecto Néstor González, la Subdirectora de Sanidad, Dra. Gabriela Botar y el Dr. Juan Carboni. No asistió ningún representante de la Fiscalía General nro. 2.

El agravio se centra en dos ejes: que la decisión es arbitraria y afecta el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas privadas de su libertad y solicitan que se los realoje en un centro adecuado, resaltando que en la unidad 21 del servicio penitenciario federal se constató que hay plazas disponibles.

Estiman que las Alcaidías de la ciudad son un lugar de tránsito y no garantizan la salud de las cuarenta y cinco personas privadas de su libertad con diagnóstico positivo de Covid-19, en la medida que no son aptas para el tratamiento de patologías infectocontagiosas, no cuentan con infraestructura ni personal médico y de enfermería, sino tan sólo con un legista. y con esa estructura no es posible dispensarles atención, acorde a los protocolos de cuidados que requiere su afectación. agregaron que ello no puede supeditarse a trámites administrativos que impiden dar una respuesta rápida y eficaz a los problemas que se plantean.

Además, la permanencia de aquéllas en el lugar pone en riesgo al resto de la población, incluso, al personal de policial, pues la sanidad no es de la máxima calidad posible y no reúne los estándares exigidos por la OMS, UNODC, ONUSIDA y ACNUDH.

Por otra parte, coinciden en que redireccionar la solución del caso a los respectivos jueces naturales, habiéndose constatado que hay vacantes en la Unidad 21 del Servicio Penitenciario Federal, constituye un avasallamiento de garantías fundamentales. Es que el carácter expedito de esta acción permite neutralizar trámites burocráticos que impiden dar una respuesta inmediata al agravamiento del sufrimiento de las personas infectadas.

III. Habremos de revocar el temperamento del juez a quo con los alcances que aquí se fijarán.

Se verifica que los cuarenta y dos beneficiarios de esta acción están alojados en las Alcaidías des esta ciudad:

1 (G. D., R. J. J. G., A. F. S., V. C. J., J. J. V., E. D. S. G., E. V., M. D. A. P., A. M. C., L. D. L., M. P., A. D. G. C., D. B.), 4 bis (B. A. G.), 6 (F. E. S. y J. G. V. M.), 8 (C. A. V., G. N. A., L. A. C., J. E. A.), 8 bis (J. M. A.), 10 (S. A. V. y S. E. M.), 12 (C. M. D., H. R. N., G. S. K., G: D. P., J. M. A., W. E. R., J. D. A. J. y D. J. R. U.) y 15 (J. R. M., J. R. B. S., T. N. G., J. M. A., D. A. B., C. J., M. N. O., A. S. S. A., M. J. B. y M. Á. G. R.).

Y tres están en Hospitales:

Dr. Juan A. Fernández (B. D. C.), General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano (N. A. G. S.) y General de Agudos Dr. José María Ramos Mejía (J. A. R. C.).

El Jefe de Departamento Alcaidía Central y Traslado de Detenidos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Comisario Inspector Vara afirmó que aquéllos internos están aislados, que se les aseguran condiciones de bioseguridad, que son asistidos de manera constante por un médico legista, que de ser necesario convoca a personal del SAME que concurre inmediatamente y, de ser pertinente los traslada a un Hospital.

No obstante, remarcó de manera enfática que las Alcaidías de la Ciudad están colapsadas, que no cuentan con la infraestructura para dar debida respuesta y contención por la enfermedad Covid-19. Dijo que progresivamente se fueron habilitando las Alcaidías 1, 12 y 15 como alojamiento exclusivo de enfermos por Covid-19 y que luego, decidió no habilitar más de ese modo. Como consecuencia de ello dispuso que en las Alcaidías 8, 6 y 10 mantienen detenidos tanto infectados como sanos, pues en ninguna de ellas hay espacio suficiente.

Por su parte, el Director del Área Judiciales de la Unidad 21 Subprefecto González indicó que el establecimiento no es un lugar de ingreso sino que está destinado para alojar internos con distintas enfermedades infectocontagiosas. Puntualizó que media una orden no escrita superior que dispone que no pueden ingresar detenidos cuya evaluación arroje resultado de covid-19 positivo. En dicha unidad sólo reciben casos derivados de las dependencias del organismo denominadas también de ingreso y de otros establecimientos carcelarios que respondan a ciertos parámetros de clasificación. La Dra. Gabriela Potap resaltó que los casos se clasifican como:

1) casos asintomáticos,

2) sintomáticos:

a) leves y sin pertenencia a un grupo de riesgo;

b) leves con pertenencia a un grupo de riesgo que es calificado como “moderado”;

c) moderados propiamente dicho;

d) graves

E indicó que sólo se alojan en el lugar a los señalados como 2 b, c y d, pues los restantes no necesitan cuidados especiales.

Ninguno de los pormenores de especial interés resaltados por los participantes de la audiencia fueron despejados por el juez de la instancia anterior. Se desconoce en qué categoría y estadio de la enfermedad está cada uno de los involucrados y aún cuando en las Alcaidías de la ciudad les estén dispensando cuidados y se adopten condiciones de bioseguridad, es más que conocido que no están preparadas para hacer frente a la problemática que se plantea, la que crece día a día de manera exponencial.

Y menos debe olvidarse que esas dependencias se utilizan justamente a raíz de las falencias que presentan los lugares de alojamiento del organismo federal, remarcando así el carácter transitorio y excepcional en tanto no son detenidos a la orden de la autoridad local.

Frente a este cuadro redireccionar la oportunidad y conveniencia del traslado de los implicados a los jueces y tribunales a cuya disposición están anotados, cuando se verifican justamente cupos en una unidad adaptada para hacer frente a la enfermedad, atenta contra sus garantías fundamentales.

No se desconoce que la crisis sanitaria que se padece tanto a nivel local y nacional -POR NO DECIR Mundial-, afectó sensiblemente al Servicio Penitenciario Federal, que ya estaba en un estado de emergencia (Resolución 2019-184-APN-MJ) -económica y de infraestructura- previa sin precedentes, problemática que se trata en distintos hábeas corpus en los que intervino esta Sala (aún en trámite - incluso, en lo relativo al suministro de alimentos, elementos de higiene y para garantizar los medicamentos que cada uno de los internos requiere) (Causas n° 9785/2019, rta.: el 8/03/2019; n° 28805- 2020 “Rueda, Jonathan Roberto”, rta.: 1/07/2020 que se acumuló a la n° 27669/2020 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 40, entre muchos otros).

Sin embargo la situación procesal individual también debe ser particularmente observada para intentar soluciones alternativas de alojamiento si son pertinentes, pero no obsta a que se haga de manera coetánea con lo que aquí se disponga.

No puede obviarse que el Servicio Penitenciario Federal a través del memorándum 2020-16939982-APN-DGRC#SPF del 13 de marzo de 2020, Disposición 891/2020 y su prórroga del 1 de abril de 2020 dispuso suspender la admisión de internos en el Servicio Central de Alcaidías debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo (DNU 297/2020 y sus prórrogas), estableciéndose un diagrama de Admisión y Operativo para el Servicio Central de Alcaidías, el cual obra como DI-2020-20834333-APN-DGRC#SPF, pues ello provocó -como resaltamos- un colapso de los establecimientos de las Comisarías de la Ciudad.

Si bien debemos tener muy en cuenta que la problemática genérica está siendo tratada en el hábeas corpus n° CAU J-01-00027206-6/2020-0 ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 3, en el que participa, incluso, uno de los aquí apelantes, Dr. Esteban Fainberg, como representante de la Procuración Penitenciaria de la Nación, tras haber requerido ser amicus curiae, lo cierto es que no surge que allí se ventile la situación específica de los detenidos que padecen la enfermedad Covid-19 ante el panorama descripto, haciendo hincapié en los traslados coordinados de individuos sanos.

Es que en aquel legajo se decidió el 6 de julio pasado:

“I) DISPONER la conformación de una “Mesa de Aproximación de los actores del sistema” (en adelante la Mesa), integrada por el Señor Secretario de Justicia y Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Marcelo D'Alessandro; la Señora Subsecretaria de Asuntos Penitenciario e Interventora del Servicio Penitenciario Federal, Dra. María Laura Garrigós; el Señor Jefe del Departamento de Alcaidía Central y Traslado de Detenidos de la Policía de la Ciudad, Comisario Inspector Luis Varas; o por quienes ellos dispongan; con el objeto de que, siguiendo estrictas recomendaciones elaboradas por los funcionarios de los Ministerios de Salud de la Nación y de la Ciudad que designen los Señores Ministros, Dres. Ginés González García y Fernán Quiróz, bajo el monitoreo de este Juzgado y con la participación de las organizaciones que han actuado como amicus curiae, elabore e implemente protocolos de acción que permitan: a) desalojar de las Comisarías de la Ciudad, a las personas detenidas en cualquier situación; y b) que la detención en las Alcaidías se cumpla en la forma en la que venía realizándose antes de la pandemia, evitando la permanencia en ellas de personas privadas de la libertad bajo condena o en prisión preventiva.

II) ESTABLECER que la Mesa que se implementa en el punto anterior, presente ante este Juzgado, cada quince (15) días, un informe del estado del avance de las medidas implementadas, con el objeto de que, en el plazo de sesenta (60) días hábiles, que podrán ser prorrogados -de presentarse circunstancias atendibles cumpla con los fines establecidos.

III) DISPONER que en el plazo de tres (3) días hábiles, a partir de la firmeza de esta decisión, se comunique a este Juzgado, quiénes serán los integrantes de la Mesa.

IV) ESTABLECER que la Mesa, en la primera reunión que se formalice, determine un cronograma de trabajo que será informado a este Juzgado.

V) DISPONER que el Departamento de Alcaidía Central y Traslado de Detenidos de la Policía de la Ciudad informe, de forma semanal, a este Juzgado el número de detenidos alojados en Comisarías y Alcaidías de la Policía de la Ciudad y los cupos asignados por el Servicio Penitenciario Federal.

VI) INVITAR al Sr. Fiscal General, Dr. Juan Bautista Mahiques; y al Sr. Defensor General de la Ciudad, Dr. Horacio Corti, a designar un representante para que actúe ante dicha Mesa.

VII) ENCOMENDAR a la Secretaría de Justicia y Seguridad de la Ciudad, en caso de que ello no haya sido realizado, que a través de los mecanismos establecidos legalmente, peticione ante quien corresponda, todos los requerimientos necesarios a los efectos de brindar a las personas privadas de la libertad, tanto en Comisarías como en Alcaidías de la Policía de la Ciudad, con especial atención en las que deban pernoctar, los elementos necesarios de higiene, sanidad, alimentación, colchón, abrigo y que puedan tener comunicación con su familia y su defensa. Asimismo, para que se implementen las medidas necesarias para la higiene y sanitización de los lugares de alojamiento con fines de detención.

VIII) INVITAR al Sr. Fiscal General de la Ciudad y al Sr. Secretario de Justicia y Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad o a quienes ellos designen, a revisar los protocolos implementados para las diligencias que involucra el proceso de los traslados de los detenidos en flagrancia en las investigaciones ante la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de verificar si resulta necesario realizar algún ajuste a las directivas ya implementadas.

IX) LIBRAR oficio a los Señores Presidentes de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal, a los efectos de ponerlos en conocimiento de lo aquí resuelto, una vez firme esta decisión.

X) LIBRAR oficio al Señor Ministro de Salud de la Nación a los efectos de solicitarle, quiera tener a bien, autorizar la participación en la Mesa, con el fin de realizar las recomendaciones sanitarias que el caso requiere, de la Dra. Analía Rearte, Directora Nacional de Epidemiología de ese Ministerio. Asimismo, hágase saber al Señor Ministro, que se peticiona la designación de la nombrada, en razón de haber participado en el trámite de este caso.

XI) LIBRAR oficio al Señor Ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de solicitarle, quiera tener a bien, autorizar la participación en la Mesa, con el fin de realizar las recomendaciones sanitarias que el caso requiere, del Dr. Daniel Ferrante, Subsecretario de Planificación Sanitaria de ese Ministerio. Asimismo, hágase saber al Señor Ministro, que se peticiona la designación del nombrado, en razón de haber participado en el trámite de este caso.

Es decir, se dispuso una mesa de diálogo interdisciplinaria con la participación de los representantes de todos los sectores involucrados, incluso, al área de traslados de detenidos y al Ministerio de Salud de la Nación y de la Ciudad para que se brinden pautas y recomendaciones para la adopción de las medidas pertinentes, a través de un nuevo Protocolo, que garantice la seguridad sanitaria en los traslados de los detenidos y su alojamiento, como así también los requisitos para el ingreso en las Unidades del Servicio Penitenciario Federal.

Pero nada se dijo respecto a los detenidos infectados, quienes no pueden esperar el término de 60 días -prorrogable- impuesto para que se desalojen las Alcaidías de la Ciudad, más aún cuando en el día de la fecha recién ha vencido la presentación del primer informe requerido por el juzgado interviniente.

Lo expuesto no debe gravitar en la forma en que resolveremos este caso, por cuanto en la audiencia se puso en evidencia que cuentan con plazas disponibles en la Unidad 21 del Servicio Penitenciario Federal, pero responsables de la Institución han supuestamente dado la orden ( no escrita ) arbitraria y unilateral de no recibir a los detenidos, si padecen Covid-19, impidiendo cualquier posibilidad de consenso o al menos de comportamiento solidario en la emergencia.

No puede dejar de ponderarse una vez más que el colapso de las alcaidías de la ciudad tiene relación directa con la decisión del servicio penitenciario federal de suspender las admisiones de nuevos internos y que pese a no contar con infraestructura adecuada aquéllas hicieron frente a la excepcional situación.

Hoy cuando esos establecimientos requieren colaboración porque se ven desbordados quien recibió ayuda cierra el diálogo de manera incomprensiblemente intransigente.

Si bien la Subdirectora de Sanidad del establecimiento, Dra. Potap remarcó que los datos de Covid-19 no eran estáticos como se presentan, que se pueden clasificar su manifestación por sus síntomas y que de acuerdo a ellos es el tratamiento a seguir, lo cierto es que desde el Servicio Penitenciario no se brindó alternativa alguna para hacerse cargo de alguno de esos supuestos. Ello pese a que se manifestó que hay cupos en el Complejo I de Ezeiza y en el II de Marcos Paz. a lo que podemos sumar que también habría plazas en Devoto.

Esta Sala ya ha sostenido que se debe “reparar en los condicionamientos y limitaciones derivados de la situación de emergencia sanitaria y las distintas disposiciones adoptadas en relación a la pandemia de COVID-19, para evitar toda forma de contagio. Con ello queremos hacer notar que corresponde ser sumamente cautos en la forma en que se asignan los cupos para ingresos en las unidades carcelarias y recordar su exigua capacidad tanto en el ámbito local como federal. De modo tal que la premura debe radicar en la correcta asistencia que tenga cada uno de los internos y, en este caso, siguiendo la traza de la defensa reside en atender sus patologías y considerar su tratamiento (...) Las revisaciones médicas de las que fue objeto despejan de momento todo cuadro que carezca de debida atención y puedan configurar un agravamiento en las condiciones en que cumple su detención, pero ninguna duda hay que ello debe subsanarse en un plazo razonable” (Causa n° 20004/2020 “Benítez, Gisela s/ hábeas corpus”, rta.: el 15/04/2020 -con una integración parcial distinta-), lo que es aplicable perfectamente a este caso.

Ello pues, ante la disponibilidad inmediata de plazas en un lugar de detención adaptado, precisamente, para dispensar cuidados médicos a las personas detenidas que padecen la enfermedad no resulta lógico de modo alguno prescindir de ellas.

De todas maneras, con la urgencia del caso, los internos deberán ser examinados por profesionales de la salud con especialidad en enfermedades infectocontagiosas para determinar que estadio de la enfermedad transitan (conforme la clasificación dada por la Dra. Potap para poder implementar el debido tratamiento que se aplicará a cada uno de ellos y, de ese modo, de ser posible derivarlos a la unidad 21 u otras que tengan infraestructura adecuada de manera inmediata, con conocimiento de sus jueces naturales y control de que se haga efectivo de parte del magistrado a cargo del trámite de esta acción.

Entendemos que este decisorio de modo alguno incide u obstruye el desarrollo de tareas que gestiona la denominada mesa de diálogo en el ámbito de la justicia local que, como surgió a lo largo de la audiencia celebrada en esta instancia, procura dar respuesta acabada a la problemática de sobrepoblación carcelaria.-

En consecuencia, el Tribunal RESUELVE:

I.- REVOCAR la decisión impugnada y HACER LUGAR a la acción de hábeas corpus impetrada por la Procuración Penitenciaria de la Nación a la que adhirió la Defensoría Oficial n° 16

II.- ORDENAR, el traslado inmediato de los detenidos, previa realización del examen médico referido, a la Unidad 21 o a los complejos del Servicio Penitenciario Federal que tengan plazas para realojarlos.

III.- HÁGASE SABER lo resuelto a la Sra. Ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Dra. Marcela Losardo y a la Sra. Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios e Interventora del Servicio Penitenciario Federal, Dra. María Laura Garrigós, lo que deberá cumplir el Juzgado mediante el envío de una copia de la presente.

IV.- DEBERÁ REMITIR la primera instancia copia a la Sra. jueza a cargo del juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 3 en causa CAU J-01-00027206-6/2020-0, Nro Expediente: 11260/2020-0, Sumario 11396, “Ministerio Público de la Defensa SOBRE HABEAS CORPUS”.

Notifíquese y devuélvase al Juzgado de origen, sirviendo lo proveído de muy atenta nota.

 

Julio Marcelo Lucini

Mariano González Palazzo

Magdalena Laíño

Ante mí:

Alejandra Gabriela Silva

Prosecretaria de Cámara

 

  Correlaciones:

Ministerio Público de la Defensa s/hábeas corpus - Juzg. Penal, Contrav. y Faltas N° 3 - 06/07/2020 - Cita digital IUSJU001051F

 

001317F