JURISPRUDENCIA

     

     

     

    Buenos Aires, 19 de noviembre de 2019

    Y VISTOS:

    1. Si bien esta Sala ha aplicado de forma inveterada el fallo de la CSJN in re: “Francisco Costa e hijos Agropecuaria c/ Buenos Aires, provincia de s/ daños y perjuicios” del 12.09.96, la resolución del mismo Tribunal en la causa “Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones Provincia de s/ acción declarativa” del 04/09/2018, aconseja revisar aquel criterio y aplicar la doctrina que de él emana.

    Ello pues, aunque las sentencias del Superior Tribunal sólo tienen eficacia vinculante en el proceso en el que se dictan, y no importan privar a los magistrados de la facultad de juzgar con criterio propio y apartarse de ellas cuando existen motivos valederos para hacerlo, en el caso median razones de economía procesal que aconsejan seguir los lineamientos del pronunciamiento citado.

    En ese contexto corresponderá continuar evaluando las tareas realizadas en etapas concluidas o que hubieran tenido comienzo de ejecución bajo la vigencia de la ley 21.839 (modif. por ley 24.432) conforme sus estipulaciones; y en los demás casos las previsiones de la ley 27.423.

    En tanto el supuesto de autos encuadra en la primera de las hipótesis señaladas supra, la regulación se realizará conforme las pautas de la ley 21.839.

    2. En este juicio se incoa una acción de impugnación de balances y decisiones asamblearias.

    De ello no puede concluirse que exista concretamente un monto determinado, en los términos previstos por los artículos 6, inc. “a” y 19 de la ley de arancel.

    Por ello, es que a los fines de regular los emolumentos de los profesionales intervinientes en el presente, se tendrán en consideración las restantes pautas de valoración que surgen de los inc. b) a f) de la norma legal citada (conf., CNCom. esta Sala in re: “Otero Alberto Martín c/Jorge Mella S.A.I.C. s/ord.”, del 6.7.90, y jurisprudencia allí citada; in re: “Nivel Construcciones S.R.L. s/ quiebra s/ incidente de escrituración calle Roosevelt 5301/29 uf 33” del 02.09.11; in re: “Ortabe Gustavo Leonardo s/ quiebra c/ Ortabe Claudia Marcela s/ ordinario” del 06.10.11; in re: “Rean Roberto Daniel c/ Capoletti Lucía y otros s/ ordinario” del 29.11.11; in re: “Couffignal Mariano y otro c/ Sworn College S.A. y otro s/ ordinario” del 30.03.12).

    3. En atención a la índole y extensión de los trabajos y las características e importancia del pleito, se elevan a cuarenta mil pesos ($ 40.000) los honorarios del letrado apoderado de la demandada Joaquín Odriozola, a cien mil pesos ($ 100.000) los del letrado patrocinante de la demandada Carlos Odriozola y se confirman en dos mil quinientos pesos ($ 2.500) los del letrado Pedro M. Orsay.

    4. Por los trabajos de los peritos, ponderando la extensión y calidad de las presentaciones efectuadas, se confirman por el sentido del recurso, apelación por altos, en cuarenta y un mil setecientos pesos ($ 41.700) los del contador Jorge F. Santacecilia y se elevan a cincuenta y dos mil pesos ($ 52.000) los del arquitecto Alberto A. Llorente.

    Publíquese a la Dirección de Comunicación Pública de la CSJN, conforme lo dispuesto en el art. 4 de la Acordada 15/13. Cumplido, devuélvase encomendándose al Sr. Juez a quo las notificaciones. Firman las suscriptas por encontrarse vacante la vocalía N° 5 (conf. Art. 109 RJN).

     

    MARÍA L. GÓMEZ ALONSO DE DÍAZ CORDERO

    MATILDE E. BALLERINI

     

     

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