Recurso Extraordinario Accidente De Trabajo Accidente De Transito Vicio O Riesgo De La Cosa Camion Rechazo De La Demanda Carga De La Prueba

JURISPRUDENCIA

 

 

 

En la ciudad de La Plata, a veintisiete de noviembre de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, de Lázzari, Negri, Genoud, Kogan, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 120.926, "Barceló, Diego Fernando contra Pisani, Daniel Enrique y otro. Daños y perjuicios".

ANTECEDENTES

El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Lanús hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 783/808 vta.).

Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 830/865).

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

CUESTIÓN

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

VOTACIÓN

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I. En lo que interesa, el tribunal de grado rechazó la demanda que el señor Diego Fernando Barceló promovió contra el señor Daniel Enrique Pisani y Liberty ART S.A. -hoy Swiss Medical ART S.A.-, mediante la cual procuraba el pago de una reparación integral por los daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo que sufrió mientras prestaba tareas como chofer de primera categoría en favor de su empleadora.

Para así decidir, consideró acreditado que el día 23 de agosto de 2008 el camión que conducía el actor hacia la ciudad de Mar del Plata, al llegar al kilómetro 231 de la ruta 2 se desplazó bruscamente a la banquina y volcó, despidiéndolo fuera del vehículo, también, que como consecuencia del accidente el trabajador presenta anquilosis del tobillo izquierdo con lesiones tipo quemadura con hipoestesia en la parte inferior, lesión del tobillo derecho y anosmia (falta de olfato) y reacción vivencial anormal neurótica grado III, que le provocan una incapacidad del 88,92% del índice de la total obrera (v. fs. 785 vta./788).

Luego, juzgó que no había resultado comprobado, con los elementos agregados a la causa, los presupuestos necesarios para atribuir responsabilidad a las demandadas en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil -ley 340-. Al respecto, sostuvo que no se había demostrado el carácter vicioso o riesgoso de la cosa productora del daño, por cuanto el camión siniestrado contaba con adecuado mantenimiento, verificación técnica vehicular al día y cinturones de seguridad; tampoco, inobservancia alguna de la aseguradora de riesgos del trabajo en materia de control sobre la empleadora en lo que respecta al cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene en el trabajo (v. fs. 788 vta./791 y 801/802).

II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación del art. 18 de la Constitución nacional, la errónea aplicación de los arts. 1.109 y 1.113 del derogado Código Civil y la transgresión de la doctrina legal que cita (v. fs. 830/865).

Inicialmente plantea la inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, por considerar que dicha norma quebranta las garantías del debido proceso, defensa en juicio y tutela judicial efectiva.

Posteriormente, en el desarrollo de sus agravios contra lo resuelto en la sentencia de grado alega que por conducto de una absurda valoración de la prueba el tribunal de origen dispuso el rechazo del reclamo vinculado con la reparación integral del daño, arribando a un resultado contrario a la verdad material.

Concretamente, argumenta que los magistrados no atendieron debidamente la repercusión de los hechos que se tuvieron por acreditados en el veredicto en lo que hace a la responsabilidad del empleador en el marco de lo dispuesto por el art. 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, ya que éste no observó las normas vigentes en materia de seguridad e higiene del trabajo y no respetó las pausas y limitaciones en la duración del trabajo, al ordenarle al dependiente que viaje a la ciudad de Mar del Plata luego de finalizar su jornada, habiendo descansado solamente cinco horas.

Asevera, además, que el perito ingeniero actuante no pudo examinar el camión siniestrado, a pesar de haberle solicitado a Pisani que lo pusiera a su disposición. Señala que tal circunstancia no reviste un dato menor, en tanto sólo con la revisión física del rodado -ocultado deliberadamente por su dueño- se hubiese podido comprobar la inexistencia del cinturón de seguridad alegada en la demanda.

Refiere que el a quo invirtió la carga de la prueba al poner injustamente en cabeza del trabajador el deber de probar el modo en que se produjo el accidente vehicular del que fue víctima y, por su conducto, la responsabilidad del empleador en el evento.

Expone que si bien los demandados contestaron la demanda no dieron su versión de los hechos, aun cuando se encontraban desde el momento mismo del accidente en condiciones de recabar y aportar elementos para dilucidar el pleito. Sostiene que ello, sumado al ocultamiento del camión para evitar su inspección, la falta de interés de los demandados en la producción del peritaje técnico y el reconocimiento expreso del infortunio, demuestran que al emitir el pronunciamiento el tribunal de trabajo alteró las reglas del onus probandi, imponiendo a una parte la obligación de acreditar hechos que correspondían a la otra.

Por otra parte, aduce que la actividad realizada por el accionante, conduciendo un camión durante extensas jornadas y en rutas en horario nocturno es naturalmente riesgosa, además que se encuentra probado el nexo causal entre las tareas desarrolladas y el hecho generador del daño, pues el accidente se produjo mientras la víctima se encontraba manejando un rodado provisto por su empleador. Añade que el concepto de cosa riesgosa al que alude el art. 1.113 del Código Civil (ley 340) debe analizarse con amplitud, debiéndose incluir a la actividad realizada por el dependiente en las previsiones de dicho precepto.

Con apoyo en varios pasajes del recurso en doctrina legal, insiste con manifestar que el art. 75 de la Ley de Contrato de Trabajo no regula una obligación nacida o creada en el contrato de trabajo, sino que reitera un deber general de conducta constituyendo su violación el sustrato de la responsabilidad civil extracontractual del empleador, que es quien debió tomar mayores recaudos a efectos de evitar el infortunio, dado que es el sujeto sobre quien recaen las acciones tendientes a otorgar la protección que la ley le impone; no siendo delegable ni transferible dicha obligación al trabajador.

Critica también la parcela del pronunciamiento que declaró inconducente el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557, y ello por considerar que la falta de acreditación de los requisitos que tornan viable la aplicación al caso del art. 1.113 del Código de Vélez Sarsfield, no es óbice para que el tribunal analice la validez constitucional de dicho precepto.

Asimismo, peticiona que de conformidad con los argumentos expuestos en su medio de impugnación se revoque la sentencia en crisis en cuanto rechazó las excepciones de falta de legitimación pasiva y falta de acción opuestas por Pisani y se lo condene al pago de la indemnización integral reclamada.

Finalmente, solicita que las costas sean impuestas a los codemandados.

III. El recurso no prospera.

III.1. En primer lugar, cabe señalar que el planteo de inconstitucionalidad del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial efectuado en el recurso resulta inatendible, en tanto el impugnante carece de interés en el punto. Ello así, pues, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma reclamada en la demanda en concepto de indemnización integral- es superior al límite económico establecido en el citado precepto, por lo que la petición resulta abstracta y no corresponde su tratamiento (causas L. 86.290, "González", sent. de 8-XI-2006; L. 95.744, "Toscano", sent. de 14-VII-2010; L. 106.304, "Vallejos", sent. de 29-VIII-2012; L. 105.865, "Maidana", sent. de 15-V-2013 y L. 114.103, "Ramírez", sent. de 27-VIII-2014).

III.2. Aclarado lo anterior, en lo que concierne al agravio medular que contiene la impugnación, ha de recordarse que analizar el material probatorio aportado por las partes al proceso y establecer si se configuran o no los presupuestos que tornan viable la acción de daños y perjuicios, constituyen potestades privativas de los jueces de mérito, salvo absurdo que debe ser demostrado por el recurrente (causas L. 102.695, "Santillán", sent. de 10-VIII-2011; L. 103.081, "Figueroa", sent. de 16-V-2012; L. 113.326, "Marchetti", sent. de 6-XI-2012; L. 116.978, "Dalfonso", sent. de 8-IV-2015; L. 119.299, "Moroño", sent. de 28-II-2018 y L. 120.045, "Gabrielloni", sent. de 18-IV-2018; e.o.).

Bajo tales lineamientos, la conclusión que exhibe el fallo de grado no logra ser descalificada.

III.2.a. El rechazo dispuesto en el pronunciamiento de grado de la pretensión vinculada con el pago del resarcimiento integral halló fundamental sustento en aquellos señalamientos en los cuales el a quo juzgó no acreditado en el caso el carácter riesgoso o vicioso de la cosa, su relación causal con el perjuicio ocasionado, ni la plataforma fáctica necesaria para atribuir responsabilidad civil a los demandados (v. vered., fs. 788 vta./791 y sent., fs. 800 vta./802).

III.2.b. Los argumentos que trae el impugnante no logran conmover los fundamentos brindados por el tribunal de origen.

III.2.b.i. La crítica es ineficaz, ya que únicamente exterioriza la pretensión de disputarle a los jueces de grado el ejercicio de sus facultades privativas de apreciar y asignar fuerza de convicción al material probatorio y de interpretar los escritos constitutivos del proceso.

Las distintas manifestaciones que contiene el recurso, sustentadas esencialmente en la personal y subjetiva opinión discrepante del interesado en punto a la valoración realizada por el tribunal de grado de los hechos y las pruebas constituye una técnica carente de idoneidad para evidenciar la existencia del vicio de absurdo (causas L. 104.602, "Breda", sent. de 29-II-2012; L. 105.571, "Bettiolo", sent. de 5-XI-2014; L. 111.695, "Villanueva", sent. de 8-IV-2015; L. 117.459, "G., J. L.", sent. de 21-VI-2017 y L. 119.696, "Scarelli", sent. de 3-V-2018; e.o.).

III.2.b.ii. Igualmente inconducente resulta el cuestionamiento por el que se intenta demostrar que se encuentra configurada la responsabilidad extracontractual del empleador en razón de haber incumplido la obligación de observar las pausas y limitaciones a la duración de la jornada laboral en el marco de lo dispuesto por el art. 75 de la Ley de Contrato de Trabajo y 1.109 del anterior Código Civil, por cuanto se sustenta en una línea argumental que estuvo ausente en el escrito de demanda (v. fs. 126/150) conformando en tal sentido una postura novedosa.

Y es que ante el resultado adverso del fallo de grado no puede el recurrente rediseñar en casación un nuevo enfoque introduciendo un argumento que nunca fue puesto a consideración del sentenciante, y que por ello no resulta susceptible de ser evaluado ante la instancia extraordinaria (causas L. 103.081, "Figueroa", sent. de 16-V-2012; L. 115.378, "Soto", sent. de 5-VI-2013 y L. 115.522, "A., P. I.", sent. de 18-IX-2013).

III.2.b.iii. También luce infructuosa la manifestación que contiene el recurso por la que se denuncia una supuesta alteración de las reglas del onus probandi.

Es sabido que en virtud de ese postulado procesal las partes deben probar las circunstancias de hecho que pretenden subsumir en las normas que invocan como sustento de su pretensión, defensa o excepción; por lo que cada una de ellas debe aportar a la causa los elementos de convicción que justifiquen la legitimidad de su reclamo (causas L. 103.157, "Obiol", sent. de 11-III-2013; L. 115.378, cit. y L. 117.397, "González", sent. de 11-II-2015). En este marco -y circunscripta la revisión al contenido del recurso-, no demuestra el interesado la alegada infracción, ya que ante la expresa negativa formulada por Liberty ART S.A. y Daniel Enrique Pisani en sus presentaciones de fs. 182/206 y 286/306 -respectivamente-, el sentenciante de mérito atribuyó al actor la carga de acreditar los supuestos propios de la pretensión plasmada en la demanda con fundamento en el derecho común (v. fs. 788 vta.), lo que juzgó incumplido (v. sent., fs. 791).

Luego, y siendo que -como se expuso líneas arriba- esta última definición del a quo no logra ser descalificada a través del particular criterio del compareciente en orden a la ponderación de los hechos y las pruebas adjuntadas a la causa, el fallo -reitero- no luce apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, precepto que se quebranta cuando el juzgador impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 106.708, "Severino", sent. de 16-VI-2013 y L. 116.490, "Álvarez", sent. de 27-XI-2013; e.o.), hipótesis que no se constata en el presente caso.

III.2.b.iv. Debe desestimarse además lo alegado en punto a considerar como riesgosa a la "actividad" desarrollada por el actor en la conducción de camiones, y su consecuente inclusión en las prescripciones del art. 1.113 del Código de Vélez (v. rec., fs. 855/859), pues, una vez más, las razones sobre las que se asienta el cuestionamiento constituyen el fruto de una tardía reflexión y, por ende, devienen ineficaces para habilitar la revisión extraordinaria.

III.3. Asimismo, y tal como lo expone el agraviado a fs. 862 in fine, dada la íntima relación que el agravio guarda con la conclusión del fallo de grado -aquí confirmada- que no halló verificados los presupuestos para atribuir responsabilidad civil al empleador, cabe rechazar el embate contra la declarada procedencia de las excepciones de falta de acción y legitimación pasiva opuestas por este último al contestar la demanda.

III.4. Firme lo juzgado en el pronunciamiento en lo relativo a la falta de acreditación de los presupuestos condicionantes de la responsabilidad civil extracontractual endilgada al empleador, ha de permanecer incólume también la decisión del tribunal que declaró inconducente -teniendo en consideración aquel escenario- el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 (v. fs. 799 y vta.), pues al respecto ningún argumento idóneo ensaya el recurrente para obtener su modificación.

III.5. Finalmente, no prospera la petición planteada en torno a la imposición de las costas, pues del modo en que ha sido diseñada, su suerte se encontraba sujeta a la de los demás agravios, que al cabo, fueron desestimados.

IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto; con costas (art. 289, CPCC).

Voto por la negativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

I. He de discrepar con el precedente voto del distinguido colega, doctor Soria, ya que -en mi opinión- el recurso extraordinario presentado debe tener favorable acogida y revocarse el pronunciamiento atacado.

II.1. En el veredicto (que obra a fs. 783/794), el tribunal de trabajo tuvo por suficientemente probada la relación laboral invocada por el actor (primera cuestión), la ocurrencia y fecha del accidente (segunda cuestión) y la incapacidad sobreviniente del trabajador (tercera cuestión). Al llegar a la cuarta cuestión se planteó si se había probado el riesgo o vicio de la cosa productora del daño (en el caso, un camión), anticipando que la carga respectiva pesaba sobre el trabajador y que ésta era una cuestión de hecho; los elementos aportados -sostuvo- no habían sido suficientes para acreditar los supuestos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil aplicable a la época del hecho. Luego, más contundentemente, reafirmó que no se había acreditado el riesgo o vicio de la cosa (v. fs. 791).

Luego, ya en la sentencia (v. fs. 795/808), se repitió -al tratar la cuestión tercera- que no hubo acreditación del riesgo o vicio de la cosa (v. fs. 801), extremos que debían ser sobrellevados por el actor quien incumplió con esa carga (v. fs. 802).

Como queda dicho por el doctor Soria, la acción, en cuanto mediante con ella se reclamaba una indemnización integral de los daños sufridos y la sobreviniente incapacidad, con fundamento en el derecho de fondo, fue rechazada.

II.2. El demandante dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad donde denunció la errónea aplicación de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil (ley 340). Del disperso discurso con que lo fundamenta, es posible señalar algunos agravios sustanciales a los fines de decidir la suerte del recurso y del pleito. Por ejemplo, a fs. 853 se queja de que se le haya impuesto la carga de probar la responsabilidad del empleador, o el riesgo o vicio de la cosa, en clara infracción de lo preceptuado por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial. Más tarde, ya a fs. 855, arguye que no se consideró que la actividad realizada por el actor (manejar un camión en horas de la madrugada, por la ciudad y luego por una ruta) es naturalmente riesgosa (en alusión al art. 1.113 ya citado), y que se transgredió el art. 75 de la Ley de Contrato de Trabajo en cuanto contiene un genérico deber del empleador de proteger al trabajador de los riesgos propios del trabajo. Y luego avanza sobre el concepto de riesgo o vicio de la cosa, considerando tal no solo al camión mismo sino también a la propia tarea llevada a cabo, por lo cual -sostiene- el fallo viola la doctrina establecida en la causa L. 80.406, "Ferreyra", sentencia de 29-IX-2004.

En otros agravios, aduce que se ha incurrido en absurdo en la apreciación de la prueba, con omisión de la consideración de algunos elementos aportados, y que indebidamente se ha considerado innecesario el tratamiento de la acusada inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557.

Me ocuparé, por considerarlo suficiente a los fines de justificar mi propuesta decisoria, de lo referido a si se da el caso de una errónea aplicación de lo dispuesto por el antiguo art. 1.113 de la ley de fondo.

III. El tribunal de trabajo, como adelanté, sostuvo que la parte actora no había probado el riesgo o vicio de la cosa (camión) a cargo del actor, según un análisis bastante detallado (pero no siempre convincente) de las pruebas producidas. Es decir, se ha partido de la base de que un camión no es una cosa riesgosa, y allí reside el error de juzgamiento.

Un camión -más allá de si tenía o no cinturón de seguridad, o si había pasado recientemente la verificación técnica- es una cosa eventualmente riesgosa o peligrosa. Así lo ha declarado esta Suprema Corte desde antiguo, al sostener que cuando el daño es producido por un vehículo automotor en movimiento, debe entendérselo derivado del riesgo de la cosa (causas Ac. 38.840, "Imhoff Dhers", sent. de 14-VI-1988 y Ac. 42.839, "Elías", sent. de 17-IV-1990). Tal posición es también la de la Corte Suprema de la Nación (ver causa M.520.XXII, "Machicote", sent. de 28-IV-1992) cuando revocó una sentencia -y esto hace que el precedente sea específicamente aplicable al caso- en la que se afirmó que la genérica peligrosidad del automotor resultaba insuficiente y que, en todo caso, éste sería riesgoso únicamente para el caso de peatones pero no para su conductor, respecto del cual debería concurrir un vicio de la cosa, efectuando una clasificación del riesgo que no está contemplada en el ámbito de aplicación del art. 1.113 del Código Civil e introduciendo una distinción entre las situaciones del peatón y del conductor que no se adecua a los fundamentos que inspiran la opción establecida por el art. 17 de la ley 9.688 en favor de la acción de derecho común.

Tales asertos -casi sobra decirlo- se extiende a la especie de automotores que son los camiones.

Me permito desarrollarlo más acabadamente, tal como lo hice al votar en la causa C. 98.535, "Lanzalot" (sent. de 1-X-2008): la más conspicua doctrina nacional (ver, a título de ejemplo, los comentarios que a dicha norma se efectúan en el "Código Civil... Análisis doctrinario y jurisprudencial", dirigido por A. J. Bueres y coordinado por E. I. Higton, págs. 468 y sigs.) ha reconocido una diferenciación sumamente relevante en el art. 1.113 del Código Civil. Allí se distinguía el daño provocado con la cosa (primera parte de su segundo párrafo) y el daño producido por la cosa riesgosa o viciosa. Y un voto de Néstor Amílcar Cipriano (integrante de la Cámara Nacional Especial Civil y Comercial, Sala I, sent. de 30-IV-1986, y publicado en La Ley, 1986-C-300) le ha dado precisión técnica y gramatical: la diferencia de encabezamiento prepositivo ('con' la cosa y 'por' la cosa) de los supuestos del segundo párrafo del art. 1.113 del Código Civil, obedece a que se responde a dos líneas conceptuales diversas. En la parte primera, al dueño o guardián de la cosa le basta demostrar que de su parte no hubo culpa para que se lo exima de responsabilidad. La segunda comienza con un coordinante adversativo: 'pero si el daño...', lo que constituye una condición (o prótasis), a la que se atribuye la apódosis '[el dueño] sólo se eximirá de responsabilidad...', de manera de configurarse una norma distinta que, en lo inmediatamente visible, sin crear una responsabilidad in abstracto, produce un cambio en cuanto a la carga de la prueba. En otras palabras: cuando el hecho fue producido por una cosa viciosa o generadora de riesgos, para eximir de responsabilidad al dueño o guardián, se requiere de una prueba (a su cargo) que demuestre claramente la ruptura del nexo causal entre el hecho y el daño; en cambio, en los casos en que el daño haya sido provocado con la cosa, dicho dueño o guardián deberá probar su 'no-culpa'.

En el caso que nos ocupa, donde ha habido un daño provocado por una cosa que, sin dudas, es generadora de riesgo, a la luz de lo preceptuado por la norma entonces vigente, ocurre un desplazamiento de la carga probatoria, y es el dueño de esa cosa, o el titular dominial, quien debe aportar elementos de convicción que evidencien que la relación causal entre la cosa y el daño ha sido interrumpida, o que entre ellos hay un hiato insalvable, o que ha ocurrido un quiebre que desplaza la responsabilidad hacia la víctima o hacia un tercero por el que no se debe responder. En fin, que la carga de la prueba recae sobre el dueño del camión, y no sobre la víctima como se ha propiciado en la sentencia.

La Corte federal así lo ha adoctrinado, cuando calificó de arbitraria a la sentencia que condicionó la responsabilidad del empleador, por los daños derivados de un accidente ocurrido con un camión de su propiedad, a la presencia de un defecto de fabricación o funcionamiento, pues desvirtúa y vuelve inoperante el texto del art. 1.113 del Código Civil, toda vez que prescinde del supuesto de responsabilidad por el riesgo creado, al subsumir esta hipótesis en la que involucra al vicio de las cosas, apartándose de la nítida distinción efectuada por la norma en cuestión y restringiendo indebidamente su ámbito de aplicación mediante la eliminación de la responsabilidad generada por el hecho de las cosas (causa C.473.XXIV, "Castro", sent. de 4-X-1994; Fallos: 317:1139). Tal pronunciamiento encuentra su propio precedente en la ya citada causa M.520.XXII ("Machicote", sent. de 28-IV-1992; Fallos: 315:854) cuando se sostuvo que la sentencia apelada se apartó de lo dispuesto en el art. 1.113 segundo párrafo del Código Civil, al imponer a la víctima la carga de probar la configuración del riesgo de la cosa dañosa, ya que para dicha norma basta con que el afectado demuestre el daño causado y el contacto con el automotor, quedando a cargo del demandado, como dueño o guardián de ella, acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder.

Hay, pues, y conforme se agravia el actor, una errada interpretación y aplicación del texto legal (art. 1.113, Cód. Civ.) que regía a la época del accidente, que autoriza a hacer lugar al recurso extraordinario deducido.

IV. Si se compartiera mi postura, corresponde revocar la sentencia dictada y devolver las actuaciones al tribunal actuante para que, debidamente constituido y renovados los actos que considere necesarios, dicte nueva sentencia con sujeción a cuanto aquí se resuelve.

Costas a la demandada (art. 289, CPCC)

Voto, pues, por la afirmativa.

El señor Juez doctor Negri, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó también por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:

Comparto los fundamentos expuestos por el doctor Soria y su propuesta de rechazar el recurso en razón de su marcada insuficiencia (art. 279, CPCC).

En particular destaco que la propuesta impugnativa traduce un enfoque novedoso frente al esquema de atribución de responsabilidad propuesto en la demanda, oportunidad en la cual, no fueron esbozados los argumentos que son esgrimidos en la queja.

Con el alcance indicado, voto por la negativa.

La señora Jueza doctora Kogan, y el señor Juez doctor Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

SENTENCIA

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

 

EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI

HECTOR NEGRI DANIEL FERNANDO SORIA

LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN

EDUARDO JULIO PETTIGIANI

ANALÍA S. DI TOMMASO

Secretaria Interina

 

075539E