Recurso Extraordinario Resolucion 203 2016 Dictada Por Anses Y El Decreto 807 2016

JURISPRUDENCIA

 

 

 

Resistencia, 05 de diciembre de 2019.-

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: “CARRARA, EDELMIRO OSCAR C/ANSES S/REAJUSTES VARIOS” Expediente Nº 9976/2017, a fin de resolver la concesión del recurso extraordinario deducido por la demandada;

Y CONSIDERANDO:

Que el recurso extraordinario federal intentado por la demandada lo ha sido contra la sentencia de fs. 59/63, fundada en lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes “Zagari” (Z.141.XLII del 10/11/09), “Elliff” (Fallos 332:1914) y “Makler” (M.427. XXXVI del 20/05/2003).-

Cuando, como en el caso, la cuestión ya ha sido decidida por la CSJN en sentido contrario al pretendido por el recurrente sin haber este expuesto una argumentación distinta, la misma ha devenido en insustancial.-

Cabe destacar -por otra parte- que la Resolución 203/2016 dictada por ANSES y el Decreto 807/2016, instruyeron a los letrados apoderados del organismo a consentir las sentencias de segunda instancia que respondan a casos que ya cuentan con criterios consolidados de la CSJN y abstenerse de interponer recursos extraordinarios, o desistir de los ya interpuestos, a fin de evitar un dispendio jurisdiccional innecesario.-

Asimismo debe tenerse presente que el 4 de noviembre de 2009 el Estado Argentino se comprometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a tomar medidas necesarias para evitar las demoras de ANSES en la liquidación de las sentencias judiciales. También asumió que cumplirá los parámetros que imponga la justicia en los fallos previsionales tales como porcentajes de reajuste de haberes o montos a pagar en retroactivos.-

En tales condiciones, resulta inidóneo para operar la apertura de la instancia extraordinaria el planteo que solicita la aplicación de la ley 27.260, Decreto 807/16 y Resolución 56/2018, en punto a la utilización del RIPTE para actualizar remuneraciones de las prestaciones con altas anteriores al 01/08/16 con miras a reemplazar el índice establecido en el precedente “Elliff” (ISBIC).-

Ello cuanto más si se repara en el señero fallo del Alto Tribunal in re “Blanco” de fecha 18 de diciembre de 2018, donde precisa que “La intervención indebida que lleva a cabo el Poder Ejecutivo Nacional -a través de la ANSeS y de la Secretaría de la Seguridad Social- al dictar y ratificar la resolución Nº 56/2018 sin tener la potestad constitucional para hacerlo, contradice el art. 14 bis de la Ley Fundamental que conjuga el ideal representativo con la realización de los derechos sociales. Asimismo, transgrede la regla básica republicana según la cual cada poder del Estado Federal debe actuar dentro de su ámbito de competencia, siendo respetuoso del ejercicio que los otros pudieran hacer de los poderes que la Constitución les atribuye. También desconoce que las normas que desde hace más de cincuenta años han reconocido las obligaciones del Estado de tutelar al trabajador en situación de pasividad no pueden ser entendidas fuera de la nueva cláusula del progreso (art. 75, inciso 19, de la Constitución Nacional), según la cual corresponde al Congreso proveer lo conducente “al desarrollo humano” y “al progreso económico con justicia social”.-

Que en punto al planteo de que aún la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se expidió de manera específica en orden al índice a aplicar en el período posterior al 03/2009, cabe señalar que del precedente mencionado supra surge (específicamente en los considerandos 14 a 20 de la mayoría) que el único órgano facultado a establecer un índice para la actualización de los salarios computables para el haber inicial en dicho período es el Congreso Nacional y hasta tanto ello suceda las cuestiones suscitadas en torno al haber inicial “deberán ser resueltas de conformidad con las consideraciones dadas por el Tribunal en el caso “Elliff”” (considerando 22).-

En tales condiciones no se aprecia que la interpretación que esta alzada hizo sobre sus alcances desvirtúe el sentido que el Alto Tribunal ha querido imprimir a la doctrina sentada en “Blanco”, desechando la aplicación, en la especie, de la Resolución N° 56/2018, que es la que invoca la demandada en su memorial (punto IV.- a).-

Por último, es dable destacar -ante la ingente cantidad de recursos extraordinarios presentados por ANSES- que compartimos la jurisprudencia según la cual ello no hace otra cosa que obstaculizar en forma notoria el normal desenvolvimiento del Tribunal, situación ésta que lleva a recordar lo expresado por el Supremo Tribunal de la Nación al referirse a la necesidad de asegurar la mayor eficacia y celeridad de las decisiones, de modo tal que el carácter de orden público de las normas sobre organización judicial, distribución de competencias o similares no obsta a remover los obstáculos que pudieran encontrar los jueces para desempeñar eficazmente sus funciones en salvaguarda de otros preceptos legales también de orden público, como son los dirigidos a lograr la pronta terminación de los procesos cuando no se oponen a éstos principios fundamentales que pudieran impedirlo (Conf. “Itzcovich, Mabel c/ ANSES s/ reajustes varios” Sent. del 29/03/05. de la CFSS Sala II).-

Consecuentemente no procede conceder el recurso intentado, con costas (art. 68 del ritual) sin regulación de honorarios en virtud de lo dispuesto por el art. 2 L.A.-

Por lo expuesto se RESUELVE:

1) Rechazar “in limine” el recurso extraordinario interpuesto a fs. 64/77.-

2) Comuníquese al Centro de Información Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (conforme Acordada N° 5/2019 de ese Tribunal).-

Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

NOTA: De haberse dictado el Acuerdo precedente por las Sras. Jueces de Cámara que constituyen la mayoría absoluta del Tribunal (art. 26 Dto. Ley 1285/58 y art. 109 del Reg. Just. Nac.).-

SECRETARIA CIVIL N° 3, 05 de diciembre de 2019.-

 

Fecha de firma: 05/12/2019

Alta en sistema: 23/12/2019

Firmado por: MARIA DELFINA DENOGENS, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: SONIA GLADYS VOIQUEVICHI, SECRETARIA DE CÁMARA

Firmado por: ROCIO ALCALA, JUEZ DE CAMARA

 

    

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