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JURISPRUDENCIA

 

 

 

En Buenos Aires a los 17 días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos para conocer los autos “PORTELA MORENO, YOLANDA MARIA Y OTRO C/BANCO SUPERVIELLE S.A. S/ ORDINARIO” EXPTE. N° COM 14120/2015; en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el art. 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Doctora Tevez, Doctor Barreiro y Doctor Lucchelli.

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 949/955?

La Sra. Juez de Cámara Dra. Alejandra N. Tevez dice:

I. Antecedentes de la causa.

a. A fs. 90/103, Yolanda María Portela Moreno y Gonzalo María Portela Moreno iniciaron demanda contra el Banco Supervielle S.A., por daños y perjuicios. Pidieron costas.

Relataron que son administradores de consorcios, inscriptos en la matrícula en C.A.B.A. y con gran trayectoria en su actividad, siendo titulares entre ambos de aproximadamente cuarenta consorcios entre los cuales se encuentra el de la calle Galileo ...

Refirieron que éste posee la cuenta corriente n° ... en la sucursal Plaza Francia del banco demandado, respecto de la cual se encontraban facultados para la firma de los cheques en forma conjunta.

Agregaron que el 28/06/2013 se libró el cheque n° ... por el importe de $ 35.263, firmado sólo por uno de los autorizados. Por tal razón -continuaron- no fue abonado bajo la causal “defectos formales” a pesar de contar la cuenta con fondos suficientes.

Explicaron que ante la existencia de fondos, el banco debió debitar inmediatamente de la cuenta la multa correspondiente para depositarla en la cuenta que a dichos fines se encuentra abierta en el B.C.R.A.

Dijeron que el monto de la multa debía ser depositado dentro de los treinta días del rechazo ya que, en caso contrario, ocasionaría el cierre de la cuenta corriente y la inhabilitación del librador.

Relataron en qué casos la multa no puede ser satisfecha, aclarando que en el supuesto planteado, como la cuenta contaba con fondos y ante el correspondiente rechazo por defectos formales, debió debitarse el importe de la multa para depositarlo en término en el B.C.R.A.

Afirmaron que dicha omisión generó secuencialmente que aquél entendiera que la multa no fue satisfecha por el librador y en forma inmediata, pasado el plazo fijado para el depósito, procedió a inhabilitarlo comunicando tal circunstancia a todos los bancos.

Agregaron que en virtud de ello, los restantes bancos donde operaban en forma personal o en representación de algún consorcio, les informaron la imposibilidad de seguir operando con ellos y el cierre de las cuentas. Detalló las misivas recibidas.

Dijeron que efectuaron las quejas correspondientes, ante lo cual la demandada les informó que el importe de la multa no se pudo debitar en razón de que no poseía autorización para hacerlo.

Afirmaron que a tal fin la accionada no debía contar con una autorización ya que tenía la obligación de efectuar el débito de acuerdo con la ley 25.730:1, siempre que hubiere fondos suficientes para hacerlo.

Finalizaron diciendo que el banco les propuso a fin de solucionar la cuestión la suscripción de la autorización, lo que ocurrió el 04/09/2013. Se presentaron asimismo -prosiguieron relatando- en otros bancos donde poseían cuentas, lo cual no condujo al levantamiento de la medida dispuesta por el B.C.R.A., sino hasta que ocurrió la comunicación del 18/09/2013.

Transcribieron el intercambio epistolar y reclamaron la reparación por daño emergente que estimaron en la suma de $ 80.000, pérdida de chance de captación de otros consorcios que valuaron en $ 54.000, daño moral por el importe de $ 250.000 y daño psicológico por $ 45.000.

Fundaron en derecho su reclamo y ofrecieron prueba.

b. A fs. 147/159, Banco Supervielle S.A. en adelante (“el banco”), contestó demanda.

Formuló una negativa genérica y luego pormenorizada de los hechos, y reconoció el error en el libramiento del cheque, no haber debitado la multa, la suscripción por los actores de la autorización para aquel débito, el cese de la inhabilitación dispuesta por el B.C.R.A. el 18/09/2013 y el intercambio epistolar.

Sostuvo que los actores prestaron conformidad para que el débito de la multa se efectuara a partir del 04/09/2013 sin ninguna reserva ni salvedad y solicitaron el cambio de la fecha de pago de ese día al 29/07/2013, la cual correspondía a la que el débito debió cumplirse.

Dijo que el 15/10/2013 envió una nota al B.C.R.A. informando la modificación de la fecha de pago de la multa y que el 18/10/2013 aquel informó que la modificación fue efectiva.

Afirmó que devolvió el 50% de la multa cobrada considerándose que los actores la habían abonado dentro de los treinta días posteriores al rechazo el cheque y que el 16/09/2013 el B.C.R.A. informó la rehabilitación de aquellos.

Arguyó que los demás bancos mencionados por los actores no debieron inmovilizar ninguna de las cuentas de aquéllos antes del 01/10/2013, ello es, treinta días contados desde la aparición en la central de cuentacorrentistas inhabilitados.

Transcribió la normativa aplicable sobre la cual se refirió y resistió la procedencia de los daños reclamados.

Ofreció prueba y fundó en derecho.

II. La sentencia de primera instancia.

El a quo dictó sentencia a fs. 949/955.

Hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó al banco accionado a pagar a los actores la suma de $ 50.000 en concepto de daño moral con más sus intereses y costas.

Para así decidir, el magistrado inicialmente estimó que el accionar desplegado por la accionada no aparece como un comportamiento ajustado estrictamente a las condiciones contractuales ni a principios de buena fe que deben inspirar la ejecución de toda relación contractual, circunstancias que comprometen su responsabilidad por las consecuencias del hecho dañoso.

Seguidamente, y luego de entender configurada la responsabilidad del banco, desestimó la procedencia del resarcimiento por daño emergente, pérdida de chance y daño psicológico; y admitió el daño moral reconociendo la suma de $ 50.000.

Asimismo concedió intereses a la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuesto de documentos, sin capitalizar, desde el día 21/05/2015 fecha de interposición de la demanda.

Finalmente impuso las costas a la demandada, vencida.

III. El recurso.

Apeló la actora a fs. 957 y la demandada en fs. 959. Sus recursos fueron concedidos libremente a fs. 958 y 960 respectivamente.

Los fundamentos de la actora corren a fs. 970/971 y fueron contestados a fs. 980/982; y los de la demandada corren a fs. 973/977.

A fs. 987 se llamaron autos para dictar sentencia y a fs. 988 se practicó el sorteo previsto en el CPr. 268.

IV. Los agravios.

Las quejas de la accionante transcurren por los siguientes carriles: i) el monto reconocido en concepto de daño moral, y ii) el rechazo de la pérdida de chance y del daño psicológico.

De su lado, la demandada se agravió de: i) la admisión del daño moral y, en subsidio, del monto reconocido por dicho rubro, ii) la condena de intereses, y iii) la imposición de costas.

V. La solución.

a. Daño moral.

a.1. Ambos contendientes se quejaron del reconocimiento del daño moral.

Mientras los agravios de la parte actora se circunscribieron al monto reconocido, los de la demandada se dirigieron a las pautas evaluadas por el a quo a fin de tener por configurada su procedencia.

Adelanto que las quejas serán desestimadas. Seguidamente expondré las razones que me llevan a concluir del modo anunciado.

a.2. La demandada afirmó en su escrito de agravios (v. pto. 3 in fine pág. 974 vta.) que su conducta se ajustó a la normativa aplicable, transcribiendo cuanto se dispusiera en la sentencia de grado al respecto y sosteniendo una posición contraria con tales afirmaciones. Sin embargo, omitió referir qué aspectos no habrían sido adecuadamente valorados por el primer sentenciante o el yerro supuestamente incurrido y en virtud del cual encontrara configurada la ilicitud en su actuar.

Dicha postura resultó en definitiva una alegación dogmática desprovista de respaldo argumental y probatorio, insuficiente para rebatir los fundamentos desarrollados en la sentencia de grado.

Lo expuesto resulta suficiente para rechazar el agravio y tener por cierta, consecuentemente, la conducta antijurídica de la entidad bancaria.

Corresponde entonces analizar si como derivación de su obrar se generaron a los actores los daños susceptibles de reparación que invocaron.

Recuérdese que sostuvieron los actores que, como consecuencia del obrar negligente del demandado, éste los habría informado erróneamente en la base de cuentacorrentistas inhabilitados del Banco Central de la República Argentina, y éste a su vez los informó a las restantes entidades bancarias.

Es preciso remarcar que la responsabilidad generadora del deber de indemnizar exige la concurrencia de cuatro presupuestos: 1) incumplimiento objetivo, o material, que consiste en la infracción al deber, sea mediante el incumplimiento de la palabra empeñada en un contrato, sea a través de la violación del deber genérico de no dañar; 2) un factor de atribución de responsabilidad, esto es, una razón suficiente -de naturaleza subjetiva u objetiva- para asignar el deber de reparar al sujeto sindicado como deudor; 3) el daño que consiste en la lesión a un derecho subjetivo o interés de la víctima del incumplimiento jurídicamente atribuible; y 4) una relación de causalidad suficiente entre el hecho y el daño; es decir, que pueda predicarse del hecho que es causa fuente de tal daño (CNCom, esta Sala, “Lucchini Hernan Ricardo c/Banco de la Nación Argentina y otro s/ordinario” del 27/04/2010, entre otros).

Sin la concurrencia de esos cuatro presupuestos no hay responsabilidad que dé lugar a indemnización. De allí que la investigación destinada a establecer si la persona de quien se pretende la indemnización es responsable, debe comenzar por analizar si cometió o no una infracción o un obrar reprochable jurídicamente. Si se concluye que hubo tales eventos, debe estudiarse si media un factor de atribución. Cuando se tiene por establecido un incumplimiento jurídicamente atribuible al sujeto, debe precisarse si hubo o no daño, porque la indemnización sólo tiene sentido en caso afirmativo. Una vez asentada la existencia de un incumplimiento, atribuible y dañoso, se deberá concretar si aquél determinó el daño, y qué porción de la masa total de daños se le asigna al autor, problema que concierne a la relación de causalidad (Alterini, Ameal y López Cabana, Derecho de las Obligaciones Civiles y Comerciales, págs. 158/59; CNCom, esta Sala, “Rubio, Hugo Roberto c/ Banco Río de La Plata SA, s/ ordinario”, del 20/05/2010 entre otros).

Siguiendo esta línea, es principio en la materia, que la procedencia del reclamo resarcitorio exige, inexcusablemente, la constatación de existencia del daño resarcible; que en la consideración metódica constituye el primer elemento de la responsabilidad civil, puesto que el problema sólo comienza a plantearse cuando existe un daño (cfr. Orgaz, A. El daño resarcible, M. Lerner, 1980, pág. 13 y sig.).

En este sentido, ha sido juzgado que el resarcimiento por daños y perjuicios tiene por finalidad remediar el desequilibrio de orden jurídico mediante el establecimiento de la situación patrimonial perdida por la actitud imputada mediante el reclamo indemnizatorio; por ello, quien alega su pretensión de daño debe sujetarse no solo a indicar la cantidad de dinero reclamada sino los distintos rubros que la componen, con sus estimaciones aproximadas, juntamente con la mención del criterio o bases tomadas en cuenta para ello, todo lo cual debe ser corroborado mediante las probanzas correspondientes (CNCom., Sala B, “Terren de Céspedes María c/Eves SA”, 09/12/1980).

En consecuencia el daño no se presume, incumbiendo su prueba a quien invoca la condición de damnificado (C.N.Com., esta Sala, “Dorfman Norberto David c/ Banco Bansud S.A. s/ ordinario”, del 03/09/2013).

En conclusión, en materia de daños patrimoniales, el simple hecho del incumplimiento por sí solo no es causa de responsabilidad, si el presunto acreedor no prueba los daños sufridos como consecuencia de él, ya que la reparación en nuestro derecho no tiene carácter de pena sino de indemnización, circunstancia por la cual esta debe medirse por el daño y no por la culpa en que hubiese incurrido el responsable.

a.3. Expuesto el marco conceptual en base al cual evaluaré la pretensión resarcitoria, comenzaré efectuando algunas consideraciones relativas a mi voto dictado en autos “Chamadoira Patricia c/Citibank N.A. s/ ordinario” del 12/05/2015, citado por el banco recurrente en su expresión de agravios.

En primer lugar diré que las conclusiones que surgen de aquel pronunciamiento no resultan aplicables al caso, ya que las cuestiones sometidas a consideración resultan distintas.

En efecto, en aquél caso fue una entidad bancaria diferente a la demandada quien produjera el rechazo del cheque, que originara la multa, y la conducta reprochada también resultó distinta a la que fuera imputada en esta causa.

En segundo término, en dicho pronunciamiento se dejó sentado que no se aportaron elementos que dieran sustento a la pretensión indemnizatoria. Véase que allí indiqué que “...si bien el recurrente refirió de forma genérica en su demanda que operaba la cuenta corriente de modo personal y comercial -sin dar mayores detalles o precisiones sobre la actividad que desarrollara-, lo cierto es que las pruebas producidas no echaron luz sobre el tópico; y, antes bien, de la copia de denuncia policial por extravío de cheques obrante a fs. 239 no surge su calidad de comerciante sino su ocupación de ¨empleada¨”; y conclusivamente que el yerro no fue atribuido a la allí demandada “por lo cual, a todo evento, tampoco se configuraría la necesaria relación de causalidad exigida”.

Esos fueron, entre otros, los argumentos expresados en mi voto, los cuales sin dudas no aparecen conectables con el caso de autos tal como lo pretende el banco recurrente.

a.4. Efectuadas las aclaraciones que anteceden y siguiendo los parámetros expuestos, encuentro en el caso acreditada la existencia del daño moral reclamado.

Me explico.

Tal como lo he dicho con anterioridad, el daño moral es un perjuicio que aprehende el orden jurídico. Y es así en la medida en que lesiona los bienes más preciados de la persona humana, al alterar el equilibrio del espíritu. Toda persona vive en estado de equilibrio espiritual y tiene derecho a permanecer en ese estado; las alteraciones anímicamente perjudiciales deben ser resarcidas (v. mi voto en esta Sala, “Oriti, Lorenzo Carlos c/ Volkswagen Argentina S.A. y otro s/ ordinario”, del 01/03/11).

Y esa modificación disvaliosa del espíritu no corresponde identificarla exclusivamente con el dolor porque pueden suceder, como resultas de la interferencia antijurídica, otras conmociones espirituales: la preocupación intensa, la aguda irritación vivencial y otras alteraciones que, por su grado, hieren razonablemente el equilibrio referido (Mosset Iturraspe, Jorge, Responsabilidad por Daños, t. V, págs. 53/4, Ed. Rubinzal-Culzoni, 1999).

Por otro lado, no desconozco que cuando el daño moral tiene origen contractual, debe ser apreciado con criterio estricto, desde que generalmente en ese ámbito de interacción humana sólo se afectan intereses pecuniarios. En este sentido, corresponde a quien reclama la indemnización la prueba de su existencia, es decir, la acreditación de las circunstancias fácticas susceptibles de llevar al ánimo del juzgador la certidumbre de que la actitud del incumplidor provocó un efectivo menoscabo de su patrimonio moral. Ello pues, de su mismo concepto se desprende que el mero incumplimiento contractual no basta para admitir su procedencia en los términos de la norma citada (v. mis votos en los autos “Miani Luis Fabio c/Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. s/ ordinario”, del 12/02/19 y “Marotta Germán Ricardo c/ LG Electronics S.A. s/ ordinario”, del 19/02/19, entre muchos, a los que me remito a fin de evitar alongar en demasía este voto).

Desde las antedichas perspectivas conceptuales, es perceptible en la especie que el incumplimiento contractual del banco bien pudo aparejar en los accionantes sinsabores, ansiedad y molestias, que de algún modo trascendieron la normal adversidad que en la vida cotidiana se verifica frente a contingencias ordinarias.

Resultan ostensibles además los trastornos que el ser informados en el B.C.R.A. como cuentacorrentistas inhabilitados ocasionó en los actores, teniendo en consideración su profesión de administradores de consorcios y que, en definitiva, la cuenta corriente que la demandada cerró correspondía a un consorcio administrado por ellos.

Coadyuva a lo expuesto la circunstancia de que recién ante los reclamos de los accionantes el banco procedió al débito de la multa prevista por la ley 25.730. Y, más aún, requirió de modo previo la suscripción de una autorización que, adicionalmente, resultaba innecesaria; o cuanto menos, no se aportó prueba que permitiese corroborar lo afirmado a punto a que de acuerdo a las condiciones del contrato aquella resultaba necesaria, tal como lo indicó el primer sentenciante.

En tales condiciones, estimo prudente el monto reconocido en la sentencia de grado, razón por lo cual propondré su confirmación.

No obsta a tal conclusión las quejas vertidas por el banco recurrente al respecto, las cuales advierto se circunscriben a expresar su disconformidad sin aportarse elementos útiles que permitan concluir en una solución distinta a la anunciada.

b. Pérdida de chance.

Los actores se agraviaron del rechazo de este rubro indemnizatorio.

Sostuvieron que al ser administradores de consorcios incorporan clientes mediante la transmisión boca a boca de aquellos que conocieron su actuar y que en virtud de los incumplimientos derivados de la situación de autos se generó en su contra una corriente de marketing negativo.

En sustento de la pretensión indemnizatoria referida a este rubro sostuvieron en su demanda que el monto solicitado correspondió a la pérdida de cinco consorcios que administraban y la chance de captación de nuevos consorcios.

Tal como lo sostuvo el primer sentenciante ningún elemento aportaron en sustento de tal posición (v. fs. 953/4), y la prueba de presunciones invocada en sus agravios resulta a todas luces insuficiente a los fines pretendidos.

Es que la actividad probatoria no supone ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada parte, ya que es una circunstancia de riesgo que consiste en que quien no acredita los hechos que invoca como fundamento de su derecho, pierde el pleito (Couture Eduardo “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, pág. 242).

Es así que “La necesidad de aportar la prueba de ciertos hechos recae sobre una de las partes, sea porque los invoca a su favor o porque de ellos se infiere lo que solicita, o porque el opuesto goza de presunción o de notoriedad o es una negación indefinida. De esto resulta el principio de la carga de la prueba, que contiene una regla de conducta para el órgano jurisdiccional, en virtud de la cual, cuando falta la prueba del hecho que sirve de presupuesto a la norma jurídica que una parte invoca a su favor, debe dictarse sentencia en contra de esa parte.” (cf. De Santo “La Prueba Judicial teoría y práctica” Ed. Universidad, 1994 pag. 27.)

Por ello, debe exigirse a quien sostiene determinados hechos en sustento de su pretensión indemnizatoria aporte al menos algún elemento tendiente a su acreditación y sin perjuicio del mérito que de ello efectúe el sentenciante; pero nada de ello ocurrió, pudiéndose resumir la posición de los actores en meras conjeturas sin sustento.

Consecuentemente corresponde confirmar el rechazo de este rubro.

c. Daño psicológico.

Los actores se agraviaron del rechazo de este rubro indemnizatorio y, al igual que en relación a la pérdida de chance, sostuvieron que debieron tenerse en cuenta las presunciones para evaluar su procedencia.

El daño psicológico apunta a efectivas disfunciones y trastornos de orden psíquico que alteran de algún modo la personalidad integral del reclamante y su vida de relación; se diferencia del daño moral, que está dirigido a compensar padecimientos, molestias o angustias por él sufridas (conf. CNCom., Sala A, in re “Gomez Beatriz c/ Giovannoni Carlos s/ Sumario” del 16/12/1992).

Tiene dicho la jurisprudencia que este daño consiste en la perturbación permanente del equilibrio espiritual preexistente y tienen carácter patológico. Será material cuando cause un grado de incapacidad psíquica mensurable en dinero o cuando se reclamen los costos del tratamiento psicológico (conf. CNCom., Sala B, in re: “Pérez, Isabel c/Hermida José s/ Sumario”, del 09/08/2004).

Partiendo del marco teórico antes referenciado, resulta decisivo destacar que no hay, en el sub lite, constancias que demuestren que los actores hubieran padecido un daño en su psiquis.

Ello surge de la inimpugnada prueba pericial psicológica producida en autos. Véase que la experta sostuvo conclusivamente que:

a) “No se han hallado evidencias en este estudio de lo que la Sra. Portela presente una psicopatología de origen reactivo a los hechos de marras, al momento de este examen” (v. fs. 893/896, respuesta al pto. 4 -fs. 894 vta.-) y “No se han hallado evidencias de que el siniestro y sus consecuencias hayan originado limitaciones que incidan en su capacidad para operar sobre la realidad y su entorno” (v. respuesta al pto. 6) -fs. 895 vta.-).

b) “No se han hallado evidencias en este estudio de que el Sr. Portela presente una psicopatología de origen reactivo a los hechos de marras, al momento de este examen” (v. fs. 900, respuesta al pto. 4) y “No se han hallado evidencias de que el siniestro y sus consecuencias hayan originado limitaciones que incidan en su capacidad para operar sobre la realidad y su entorno” (v. respuesta al pto. 6) -fs. 900 vta.-).

Así las cosas, no es posible estimar procedente este aspecto del reclamo indemnizatorio, por lo que propiciaré confirmar la decisión del primer sentenciante.

d. Intereses.

Cuestionó el banco la tasa de interés establecida en el grado equivalente a la Activa del Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a 30 días a devengarse desde la fecha de interposición de la demanda.

Postuló en sus quejas que el hecho de haberse establecido la indemnización a la fecha de la sentencia de grado impide la adición de intereses en tanto se estarían duplicando los valores concedidos.

Observo que el cuestionamiento del banco parte de una premisa errónea, lo que conlleva a alcanzar una conclusión equivocada.

Es que en el veredicto de grado la valoración del daño moral ha sido realizada al momento de la interposición de la demanda y no a valores actuales al tiempo del dictado de la sentencia, como se sostiene.

En efecto.

Los intereses se mandaron calcular desde la fecha de interposición de la demanda -21/05/2015- hasta su efectivo pago. Para ello se tuvo en consideración lo manifestado por los actores en oportunidad de tributar la tasa de justicia, oportunidad en la que determinó el monto reclamado (v. fs. 108), y en relación al reconocido en concepto de daño moral.

En tales términos no tengo dudas de que el daño moral fue estimado al 21/05/2015, oportunidad a partir de la cual sus accesorias comenzaron a devengarse.

Lo hasta aquí dicho resulta suficiente para desestimar la queja.

e. Costas.

Se agravió la demandada de que le fueran impuestas las costas cuando la mayoría de los rubros reclamados fueron rechazados.

Adelanto que el agravio será desestimado.

Es que el hecho de que la acción prospere por una suma inferior a la reclamada no obsta que la defendida deba cargar con la totalidad de las costas del pleito.

Ello así, ya que la noción de vencido ha de ser fijada con una visión sincrética del juicio, y no por análisis aritméticos de las pretensiones y los resultados. Con tal base, resulta procedente la imposición de costas íntegra a la parte que por su actuar antijurídico produjo el daño cuya reparación fuera reconocida.

VI. Conclusión.

Por los fundamentos expresados precedentemente, si mi voto fuera compartido por mis distinguidos colegas del Tribunal, propongo al Acuerdo: i) rechazar los recursos y confirmar la sentencia de la anterior instancia y ii) imponer las costas de Alzada a la demandada vencida, por virtud del principio objetivo de la derrota (CPr. 68).

Así voto.

Por análogas razones los doctores Barreiro y Lucchelli adhieren al voto que antecede.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los señores Jueces de Cámara doctores:

 

Alejandra N. Tevez

Ernesto Lucchelli

Rafael F. Barreiro

María Florencia Estevarena

Secretaria de Cámara

 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2019.

Y Vistos:

I. Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, se resuelve: i) rechazar los recursos y confirmar la sentencia de la anterior instancia y ii) imponer las costas de Alzada a la demandada vencida, por virtud del principio objetivo de la derrota (CPr. 68).

II. Notifíquese (Ley N° 26.685, Ac. CSJN N° 31/2011 art. 1° y N° 3/2015), cúmplase con la protocolización y publicación de la presente decisión (cfr. Ley N° 26.856, art. 1; Ac. CSJN N° 15/13, N° 24/13 y N° 6/14) y devuélvase a la instancia de grado.

 

Alejandra N. Tevez

Ernesto Lucchelli

Rafael F. Barreiro

María Florencia Estevarena

Secretaria de Cámara

 

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Sala II - 27/04/2018

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