Violencia Familiar Violencia De Genero Ley 26 485 Levantamiento De Medidas Cautelares Retractacion De La Victima Policia

JURISPRUDENCIA

 

 

 

San Francisco, ocho de junio de dos mil veinte.- Y VISTOS: Estos autos caratulados “D., L. D. - DENUNCIA POR VIOLENCIA FAMILIAR” (Expte. N° ), en trámite por ante este Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil, Secretaría de Niñez, Juventud, Violencia Familiar y de Género de esta Ciudad.- DE LOS QUE RESULTA: Que a fs. 29 comparece la señora V. A. G., acompañada de su letrado patrocinante doctor N. C. V., M.P. _____, y manifiesta “...Que rectifica la solicitud de levantamiento de medidas cautelares solicitada y obrante a fs. 13 de autos. Que es su voluntad aclarar que dicho requerimiento lo realizó sintiéndose presionada por el denunciado L. D. D., ya que el mismo se lo ha pedido en varias oportunidades, con motivo de que dicho cese de restricción sería necesario para que no se entorpezca su carrera policial; y además por la cuestión económica en que la dicente se ve afectada, ya que por la vigencia de dichas medidas, la superioridad ha tomado la medida administrativa de quitarle el arma, por lo cual no puede realizar adicionales y esto le significa una disminución de sus ingresos y consecuente perjuicio económico. Que además, y luego de haber dado lectura a la denuncia formulada por la Lic. V. G. obrante a (fs. 17/19 de autos), agrega que es su voluntad ratificarla en todo su contenido. Y por último quiere hacer saber que L. D. D. sigue incumpliendo con lo ordenado por el Tribunal, y que ha adoptado una nueva modalidad de ejercer presión y/o violencia psicológica e institucional a través del Crio. Inspector R. C. (Jefe de División Coordinación Operacional de la Dptal. San Justo) quien es amigo, y camada de L. D. D., quien a través de éste, ejerce hostigamientos constantes e injustos en contra de ella. Que por todo ello, quiere solicitar que las medidas cautelares dictadas oportunamente, y prorrogadas automáticamente por 90 días a su vencimiento, sigan vigentes...”.- Y CONSIDERANDO: I) Sobre el pedido de levantamiento de medidas cautelares solicitado por la denunciante a fs. 13, sin perjuicio de lo manifestado a fs. 29, téngase presente que el valor de la retractación en los casos de violencia familiar fue analizado por el Tribunal Superior de Justicia de esta Provincia in re “Agüero” (S. nº 198, de fecha 03/08/2012). Allí se sostuvo que “...cuando se trata de juzgar ilícitos cometidos en un marco de violencia doméstica, esto es, aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar... que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad (art. 6 Ley 26.485), su estudio debe ser abordado bajo un atento criterio de amplitud probatoria en atención a las circunstancias especiales en las que se desarrolla... En efecto, en la propia dinámica de esta clase de violencia de género va ínsita la superioridad del varón que goza de la impunidad que le garantiza lo privado del ámbito intrafamiliar en que generalmente se realizan los actos, el temor de la víctima a mayores represalias y a la pérdida de los lazos familiares, la falta de crédito que se les suele asignar, etc. Este particular escenario no puede ser dejado de lado como pauta valorativa tanto al fijar los hechos como la sanción a aplicarse, puesto que el reforzamiento de la protección para las mujeres sometidas a hechos de violencia de género es una obligación asumida por el Estado a través de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem do Pará ley 24.632). Dicha Convención impone, como uno de los deberes de los Estados, condenar todas las formas de violencia contra la mujer (art. 7 inc. b) manda que ha sido cristalizada en nuestro derecho nacional en la Ley N° 26.485 (Ley de Protección Integral a las mujeres) y a nivel local con la Ley 9283 (Ley de violencia familiar)...”. En el caso de marras, teniendo en cuenta tales directrices, corresponde no asignar valor alguno a la retractación ensayada por la señora V. A. G. a fs. 13. La dinámica propia del ciclo de la violencia doméstica ha dado cuenta que la denunciante está presionada y hostigada (fs. 29: la retractación la hizo “...sintiéndose presionada por el denunciado L. D. D., ya que el mismo se lo ha pedido en varias oportunidades, con motivo de que dicho cese de restricción sería necesario para que no se entorpezca su carrera policial...”), temerosa y con sentimiento de culpa (fs. 17-19: “...van a pensar que está loca...”), forzada por circunstancias económicas e incluso laborales (fs. 29), las cuáles serán objeto de análisis en el acápite siguiente. No cabe ninguna duda que en el caso concreto, la retractación o negación de lo solicitado está vinculada con las referidas condiciones, tal como manifestó expresamente la señora V. A. G. a fs. 29 y la Lic. V. G. a fs. 17-19. Del informe labrado por la profesional de la Departamental San Francisco surge que la víctima la llamó “...llorando de forma desconsolada...” ante el hecho ocurrido el veintisiete de mayo del corriente a las 08:15 hs. en la vereda de estos Tribunales Provinciales. Conforme a lo señalado, por aplicación de las directrices internacionales fijadas por la “Convención sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer” (“Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women” o “CEDAW”, aprobada por Ley N° 23.179), la “Convención de Belem Do Pará” (“Convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, aprobada por Ley N° 24.632), así como también nacionales a través de la “Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” (Ley N° 26.485) y Ley Provincial N° 9.283, la retractación de la víctima es vista como un indicio más que permite presumir de manera unívoca que el ciclo de violencia se encuentra instalado entre el agresor y la víctima. A ello debe adicionarse la actitud reticente del denunciado, quien pese a estar debidamente intimado desde el diecisiete de octubre del año pasado a acreditar la continuidad del tratamiento psiquiátrico por él iniciado (fs. 8), e incluso habérsele reiterado la importancia del mismo mediante decreto del veintisiete de mayo del corriente (fs. 21 y 22), al día de la fecha no existe constancia alguna que acredite dicha circunstancia, lo que exhibe su falta de acatamiento a la orden judicial. Así pues, teniendo en cuenta los nuevos hechos denunciados a fs. 29 y que una de las particularidades de este tipo de violencia es el tiempo de victimización, atento que “...la víctima sufre reiterados comportamientos agresivos, una escalada de violencia cada día o semana más agravada y de mayor riesgo...”, caracterizada por su duración, multiplicidad y aumento de gravedad (Hilda Marchiori, “Los comportamientos paradojales de la Violencia Conyugal-Familiar”, Serie Victimología, Nº 8, Violencia familiar/conyugal, Encuentro Grupo Editor, Córdoba, 2010, p. 212-213), corresponde intimar a las partes a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto a fs. 8, 21, 22 y 29, bajo apercibimiento de ley.- II) Asimismo, en la audiencia de fs. 29, la señora V. A. G. informa el perjuicio económico que le está produciendo el trámite de la presente causa, siendo uno de los motivos por los cuáles solicitó el cese de medidas de resguardo obrante a fs. 13. Al respecto, la denunciante manifiesta que la vigencia de las medidas de protección impuestas por este Juzgado derivaron en el retiro de su arma reglamentaria, “... por lo cual no puede realizar adicionales y esto le significa una disminución de sus ingresos y consecuente perjuicio económico...”. Lo manifestado por la señora V. A. G. resulta confirmado por el “Protocolo de Actuación para el Personal Policial en Situación de Violencia Familiar o de Género” (cfr. Resolución de Jefatura de Policía Nº 72.088/2019 de fecha 7 de agosto de 2019, modificatorio del Protocolo publicado por Orden del Día 7.138 de fecha 29/03/2017), cuya copia luce agregada a fs. 30-34. En cuanto aquí importa, en la descripción del proceso establece que para el caso de personal policial en actividad “... Deberá retener el arma del efectivo policial en FORMA PREVENTIVA hasta tanto se reciban las directivas de la Justicia y lo evalúe un Psicólogo en el Depto. Bienestar Policial. A efectos de minimizar riesgos, como primera medida, deberá efectuarse el retiro preventivo del arma provista por la repartición al personal involucrado en el hecho de Violencia Familiar...” (Destacado y mayúscula en original). En el caso concreto, téngase presente que la disminución concreta de los ingresos que percibe la señora V. A. G. tienen su origen en un “Protocolo” de la Policía de la Provincia de Córdoba que resulta aplicable para situaciones de violencia familiar o de género que se susciten entre personal en actividad y/o en situación de retiro. Al respecto, el Suscripto considera que dicho procedimiento administrativo importa una forma de violencia indirecta (art. 4°, seg. párr. de la Ley N° 26.485), atento que la simple lectura del documento incorporado a fs. 30-34 permite concluir sin hesitación que existe tratamiento igualitario para el denunciante y denunciada y/o agresor y víctima, circunstancia que resulta inadmisible en vigencia del plexo normativo nacional e internacional que pregona la prohibición de todo tipo de violencia contra la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado (cfr. arts. 3 de la “Convención de Belem Do Pará”, 2 de la CEDAW, 2, inc. a. y b. de la Ley Nº 26.485 y 1° de la Ley Provincial N° 9.283). No cabe ninguna duda que la aplicación del referido “Protocolo” importa una revictimización y/o una victimización secundaria y/o una doble victimización, toda vez que la denunciante, sin perjuicio de ser víctima de violencia familiar por parte del agresor, también está recibiendo un “castigo” de su empleador (i.e., menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales), circunstancia que ha derivado en la presentación forzada de una retractación (fs. 13), lo que atenta contra el derecho humano de la mujer a vivir una vida sin violencia y, específicamente a preservar su integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. En síntesis, el Suscripto considera que la aplicación del referido “Protocolo”, en el caso concreto, implica un caso manifiesto de violencia indirecta de carácter institucional por la Policía de la Provincia de Córdoba, toda vez que importa una práctica estructural que restringe la autonomía y/o libertad económica y patrimonial de la víctima de violencia familiar, con la consecuencia revictimización. En dicho entendimiento, teniendo en cuenta las referidas directrices internacionales, este Juzgador debe adoptar medidas de acción positivas con el objetivo de derribar la situación que coloca a la señora V. A. G. en situación de sometimiento, todo ello con el objetivo de lograr la igualdad sustantiva o de facto (cfr. Recomendación General N° 25, sobre el párr. 1° del art. 4° de la CEDAW). Así pues, la Policía de la Provincia de Córdoba deberá cesar con carácter urgente la violencia indirecta de carácter institucional, económica y patrimonial que está ejerciendo sobre la señora V. A. G., debiendo arbitrar los medios necesarios para que la denunciante no vea mermados sus ingresos mientras duren las medidas preventivas dispuestas por este Juzgado.- III) Finalmente, atento lo manifestado por la señora V. A. G. a fs. 29, corresponde notificar a la Policía de la Provincia de Córdoba lo informado por la denunciante en relación a la nueva modalidad de ejercer presión y/o violencia psicológica e institucional a través del Crio. Inspector R. C. (Jefe de División Coordinación Operacional de la Departamental San Justo), a cuyo fin remítase copia del acta agregada a fs. 29.- Por todo lo expuesto, en un todo conforme con los arts. 1, 2, 3 y 5, inc. a), ssgtes. y ccdtes. de la Ley N° 23.179; 3 y 5, ssgtes. ccdtes. de la Ley 24.632; 2, incs. a) y b), 3, incs. a) y d), 4, 5, incs. b) y d), ssgtes. y ccdtes. de la Ley N° 26.485, y; 1, 2, 3, 5, inc. d), ssgtes. y ccdtes. de la Ley Provincial N° 9.283, RESUELVO: I) Intimar a las partes, señor L. D. D. y a la señora V. A. G., a dar estricto cumplimiento a lo dispuesto a fs. 29, esto es, la prohibición recíproca de presencia en el domicilio o residencia, lugar de trabajo, estudios de esparcimiento u otros lugares que frecuenten y prohibir a los nombrados todo tipo de comunicación, por cualquier medio: verbal, telefónica, personal, incluso por medios informáticos o cibernéticos, o por interpósita persona, como asimismo relacionarse, entrevistarse o desarrollar cualquier conducta similar y que implique tomar contacto entre sí, todo bajo apercibimiento de los arts. 239 del C.P. y 30 de la Ley Provincial N° 9.283.- II) Instar al señor L. D. D. para que, en el plazo de cinco días hábiles a partir de la notificación del presente, acompañe constancia del tratamiento psicológico-psiquiátrico oportunamente ordenado por este Juzgado.- III) Declarar que el “Protocolo de Actuación para el Personal Policial en Situación de Violencia Familiar o de Género” (cfr. Resolución de Jefatura de Policía Nº 72.088/2019 de fecha 7 de agosto de 2019, modificatorio del Protocolo publicado por Orden del Día 7.138 de fecha 29/03/2017), no resulta de aplicación en el caso concreto.- IV) Intimar a la Policía de la Provincia de Córdoba al cese inmediato de la violencia indirecta de carácter institucional, económica y patrimonial que está ejerciendo sobre la señora V. A. G., debiendo arbitrar los medios necesarios para que la denunciante no vea mermados sus ingresos mientras duren las medidas preventivas dispuestas por este Juzgado.- V) Comunicar a la Policía de la Provincia de Córdoba lo informado por la denunciante en relación a la nueva modalidad de ejercer presión y/o violencia psicológica e institucional a través del Crio. Inspector R. C. (Jefe de División Coordinación Operacional de la Departamental San Justo), a cuyo fin remítase copia del acta agregada a fs. 29.- Protocolícese, ofíciese, notifíquese y hágase saber.-

 

Texto Firmado digitalmente por: PERETTI Andrés Emilio

Fecha: 2020.06.08

 

  Correlaciones:

Báez, Julio C.; Corbetta, Paola - La posición de la víctima en la suspensión del juicio a prueba en cuestiones de género - Temas de Derecho de Familia, Sucesiones y Bioética - Abril 2018 - Cita digital IUSDC285777A

 

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