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JURISPRUDENCIA SUMARIADA

LISTADO DE VOCES

APLICACIÓN DE LA LCT AL EMPLEADO PÚBLICO

CONDUCTA ILEGÍTIMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

CONTRATOS EJECUTADOS EN EL EXTERIOR

CONTRATOS SUCESIVOS

DESPIDO POR MATERNIDAD

HABERES DEL PERSONAL DE FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD

INAPLICABILIDAD DE LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO AL EMPLEO PÚBLICO

INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN

INTERVENCIÓN DE TERCEROS

JUBILACIÓN ANTICIPADA

LOCACIÓN DE SERVICIOS

PERSONAL CONTRATADO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACCESORIOS O EXCEPCIONALES

PRESUNCIÓN DE EXISTENCIA DEL CONTRATO DE TRABAJO

PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL

RENTA PERIÓDICA

REAJUSTE DE HABERES PREVISIONALES

RENTA VITALICIA PREVISIONAL

SOCIEDAD DEL ESTADO EN LIQUIDACIÓN

TRABAJOS EXTRAORDINARIOS

TRATAMIENTO PSIQUIÁTRICO

APLICACIÓN DE LA LCT AL EMPLEADO PÚBLICO

Resulta manifiestamente irrazonable dejar sin protección alguna a quien prestó servicios dependientes para la administración pública en forma ininterrumpida en cumplimiento de funciones propias y permanentes de esta última, sin encuadramiento en el régimen jurídico de empleo público, ya sea permanente o transitorio, ni inclusión expresa en la L.C.T. o en el régimen de convenciones colectivas de trabajo. En este cuadro de situación, el trabajador afectado queda al margen de la estabilidad del empleado público, y tampoco goza de la protección contra el despido arbitrario. De ahí que resulta justo, prudente y razonable aplicar analógicamente las normas que reglamentan de modo menos intenso la protección constitucional contra el despido arbitrario, y reconocerle las indemnizaciones similares a las que percibiría un trabajador regido por la L.C.T. en caso de despido incausado o intempestivo.

GUTIERREZ LORENA ANDREA c/ UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES s/DESPIDO - CÁM. NAC. TRAB. - SALA III - 24/08/2011

(Sumario de la Base de Datos de la Oficina de Jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo – Boletín Temático de Jurisprudencia: Empleados Contratados por la Administración Pública)

CONDUCTA ILEGÍTIMA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Sin perjuicio del indudable carácter de “empleo público” que revistió la vinculación habida entre las partes, se configura una situación similar a la contemplada por la CSJN en el precedente “Ramos”, cuando se generó en la actora una legítima expectativa de permanencia laboral que merece la protección que el art. 14 bis CN otorga al trabajador contra el “despido arbitrario”. Por ello, cabe concluir que la demandada incurrió en una conducta ilegítima susceptible de generar responsabilidad frente a la accionante, lo que justifica la procedencia del reclamo indemnizatorio, el que consistirá en la indemnización prevista en el párrafo quinto del art. 11 de la Ley Marco de regulación del Empleo Público Nacional (Ley 25.164); compuesta por un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses tomando como base la mejor remuneración mensual; normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo que prestación de servicios si este fuera menor (Del voto en mayoría del Dr. Corach). (El Dr. Balestrini propició confirmar la sentencia de primera instancia - que rechazó la acción intentada - por aplicación del art. 116 LO).

ORTIZ, TAMARA c/ COMITÉ FEDERAL DE RADIODIFUSIÓN COMFER s/DESPIDO - CÁM. NAC. TRAB. - SALA IX - 17/06/2011

El decreto 92/95 que autoriza a la Administración Pública Nacional a proceder a la contratación temporaria de personal especializado, califica dicha modalidad contractual como de excepción. De modo que si no fueron demostradas las razones de la transitoriedad a las que se supedita la validez para su aplicación, cabe concluir que el Estado Nacional incurrió en un proceder irregular, con una evidente desviación de poder que tuvo por objetivo encubrir una designación permanente bajo la apariencia de un contrato por tiempo determinado. Y en este sentido, al encontrarse obligado el Estado Nacional a responder por los daños y perjuicios, la C.S.J.N. determinó como justa reparación patrimonial el dispositivo del art. 11, párrafo quinto de la Ley Marco de Regulación del Empleo Público Nacional (precedente “Ramos”). Y como medida equitativa a la suma indemnizatoria debe adicionársele una suma equivalente a la del período de disponibilidad que le hubiera correspondido a la reclamante como personal de planta según su antigüedad en el empleo, conforme con lo previsto en el párrafo tercero de la norma antes citada y el art. 11 “in fine” del decreto reglamentario 141/2002.

KANDEL VANESA JUDITH c/ESTADO NACIONAL PODER EJECUTIVO NACIONAL MINISTERIO DE ECONOMÍA s/DAÑOS Y PERJUICIOS - CÁM. NAC. TRAB. - SALA X - 20/06/2011

Cuando el tipo de labores desempeñadas por el actor carecieron del carácter excepcional y/o transitorio, cabe concluir que, acorde con lo dispuesto por la CSJN en “Ramos”, la contratación del accionante no encuadra dentro de ninguna de las normas que admiten en la administración pública contrataciones temporales, por lo que la demandada utilizó una figura supuestamente admisible sólo para casos excepcionales con una evidente desviación de poder que tuvo como objetivo encubrir una designación permanente bajo la apariencia de una locación de servicios y luego una pasantía, todo lo cual hace entrever que el demandante pudo tener una legítima expectativa de permanencia y de debida incorporación a la carrera administrativa, por lo que resulta justificada su decisión de dar por terminado el vínculo y solicitar una reparación adecuada, la que, de acuerdo a lo establecido por la Corte en “Ramos” y en virtud de la protección contra el despido arbitrario expresada en el art. 14 bis CN, la que a falta de previsiones legislativas específicas, por analogía, se tomará como guía la indemnización prevista por el art. 11 de la Ley Marco de la Regulación de Empleo Público Nacional (Ley 25.164), pues resulta una medida equitativa para reparar los perjuicios derivados del vínculo.

ROMUALDO, MAXIMILIANO LEONEL c/MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL s/DESPIDO - CÁM. NAC. TRAB. - SALA IV - 24/06/2011

Si la contratación del actor no encuadra dentro de ninguna de las normas que admiten en la administración pública contrataciones temporales, debe concluirse que la demandada utilizó una figura supuestamente admisible sólo para casos excepcionales, con una evidente desviación de poder que tuvo como objetivo encubrir una designación permanente bajo la apariencia de una locación de servicios. A fin de fijar el importe de la reparación debe estarse a las pautas adoptadas en el precedente de la C.S.J.N. “Ramos”: esto es el modo en que se desenvolvió la relación a lo largo de los años; el tipo de tareas que desempeñaba el actor y las figuras contractuales utilizadas de las que surge que las partes no tuvieron la intención de someter el vínculo a un régimen de derecho privado (art. 2 L.C.T.). Por ende, la solución para la reparación de la conducta ilegítima debe buscarse en el ámbito del derecho público y administrativo, ya que a falta de previsiones legislativas específicas cabe acudir a una solución que, por analogía, repare debidamente los perjuicios sufridos por el trabajador. Así, tal como se estableció en el precedente citado, corresponde tomar como pauta la indemnización prevista por el art. 11 de la Ley 25.164 pues resulta una medida equitativa para reparar los perjuicios derivados del vínculo de autos.

PAIS ABRANTES ANTONIO c/CONSEJO NACIONAL DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA s/DESPIDO - CÁM. NAC. TRAB. - SALA IV - 28/06/2011

En tanto la relación habida entre las partes haya presentado las notas típicas de una prestación con subordinación tanto jurídica como económica, y aún ante la ausencia del acto expreso que exige el art. 2° LCT, resulta razonable que la trabajadora obtenga una reparación equitativa ante la ruptura intempestiva de un vínculo que, por sus características, generó en ella una lógica expectativa de permanencia. Por ello, cabe concluir que la demandada incurrió en una conducta ilegítima susceptible de generar su responsabilidad frente a la actora, justificando de tal modo la procedencia de un reclamo indemnizatorio. En atención a la doctrina emanada de la Corte Suprema en el fallo “Ramos”, la cual debe ser acatada por los Tribunales inferiores, a fin de establecer el importe y a falta de previsiones legislativas específicas, no debe recurrirse al derecho privado para elucidar la cuestión sino que debe acudirse a una solución que, por analogía, repare debidamente los perjuicios sufridos por la accionante del modo más equiparable a la situación que revestía (dependencia de una entidad pública), por lo que resulta procedente la aplicación de la indemnización prevista en el párrafo quinto del art. 11 de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional (Ley 25.164), compuesta por un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor.

DI SALVO, GRACIELA SUSANA c/ESTADO NACIONAL MINISTERIO DE ECONOMÍA COORDINACIÓN DE ENTES LIQUIDADOS s/DESPIDO - CÁM. NAC. TRAB. - SALA IX - 30/06/2011

Dado que el actor, frente al desconocimiento de la relación laboral dependiente por parte de la U.B.A y el silencio que ante su requerimiento fue observado por el Gobierno de la Ciudad, se dio legítimamente por despedido, debe por lo menos reconocérsele la protección que el art. 14 bis CN otorga al trabajador contra el “despido arbitrario”, pues su prestación por más de cinco años le generaron una legítima expectativa de permanencia laboral, aunque no haya sido suficiente para modificar su situación irregular. Por ello, al no existir previsiones legislativas específicas que atiendan casos como el presente, debe acudirse a una solución que, por analogía, repare debidamente los perjuicios sufridos. De ahí que se considera que la aplicación de la indemnización prevista en el art. 11 de la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional (Ley 25.164), resulta una medida equitativa para reparar los perjuicios demostrados por el actor en este caso. La desvinculación del accionante solo le da derecho a percibir una indemnización calculada en base a un mes de la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año trabajado o fracción mayor de tres meses.

FEDERMAN, DARÍO NICOLÁS c/UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS) Y OTRO s/DESPIDO - CÁM. NAC. TRAB. - SALA VIII - 24/08/2011

Debe aplicarse el mandato constitucional según el cual “el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes”, el que incluye a aquel que se desarrolle tanto en el ámbito privado como en el público, y cuando se verifica una evidente desviación de poder en la contratación de servicios por tiempo determinado con el objeto de encubrir vinculaciones laborales de carácter permanente, corresponde encuadrar la cuestión dentro de los precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Ramos” (Fallos: 333:311) y “Cerigliano” (sent. del 19/4/2011) (Del voto del Dr. Zas, en mayoría. La Dra. García Margalejo propició el rechazo de la acción por entender que las argumentaciones de la presentación recursiva resultaban insuficientes para revertir la suerte de la reclamación – art. 116 L.O).

PATALANO, CLAUDIA ALEJANDRINA c/REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS s/DESPIDO - CÁM. NAC. TRAB. - SALA V - 28/09/2011

CONTRATOS EJECUTADOS EN EL EXTERIOR

Quien se desempeñó como subgerente de una sucursal en el exterior del Banco de la Nación Argentina sin intervalo alguno, sin prestar servicio en casa central ni en ninguna otra sucursal, no resulta acreedor de ninguna indemnización por despido sin causa en los términos de la ley de contrato de trabajo toda vez que la ley laboral que corresponde aplicar es la ley del lugar de ejecución del contrato.

WILLARD, MICHAEL c/BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA s/DESPIDO - CORTE SUP. JUST. NAC. – 13/09/2011

(Sumario elaborado por la redacción de Erreius)

El artículo 3 de la ley de contrato de trabajo determina la vigencia del orden jurídico argentino o su desplazamiento por el derecho de extranjería y erige como base normativa el principio de la lex loci executionis, al consagrar la regla según la cual la dicha normativa regirá todo lo referido a la validez de derechos y obligaciones de las partes, sea que el contrato se haya celebrado dentro o fuera del país, en tanto y en cuanto el mismo se ejecute en la República Argentina, constituyendo una norma de derecho internacional privado, que tiene su correlato con el artículo 1210 del Código Civil al aplicar el derecho del lugar de ejecución, a los contratos celebrados en el país cuando deban tener su cumplimiento fuera de ella.

WILLARD, MICHAEL c/BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA s/DESPIDO - CORTE SUP. JUST. NAC. – 13/09/2011

(Sumario elaborado por la redacción de Erreius)

CONTRATOS SUCESIVOS

Dado que el actor, sucesivamente contratado mediante la figura de la locación de servicios, en forma ininterrumpida por más de catorce años, no fue beneficiado como personal permanente a pesar de su extenso desempeño y la rescisión de su contrato de trabajo resultó ser un despido arbitrario, corresponde que se aplique la indemnización establecida por la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto es ese el ordenamiento que reglamenta la que corresponde aplicar para el despido arbitrario conforme art. 14 bis de la Constitución Nacional.

CRIADO, ALBERTO c/ESTADO NACIONAL Y OTROS s/DESPIDO - CÁM. NAC. TRAB. - SALA VII - 31/08/2011

DESPIDO POR MATERNIDAD

Corresponde equiparar la maternidad biológica a la adoptiva, a los fines de la procedencia de la indemnización agravada establecida en el art. 182 de la Ley de Contrato de Trabajo, puesto que el despido por causa de maternidad afecta los derechos a la vida familiar y a la igualdad del trato que merecen tanto la madre biológica, como aquella que asume ese mismo rol al recibir un niño en guarda para adopción (Voto del Dr. Rodríguez Brunengo).

S., M. I. c/LIDERAR COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS SA Y OTROS s/DESPIDO - CÁM. NAC. TRAB. – SALA VII - 21/09/2011

(Sumario elaborado por la redacción de Erreius)

HABERES DEL PERSONAL DE FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD

Lo prescripto por la C.S.J.N., en cuanto a que “… las decisiones deben atender a las circunstancias existentes al momento del fallo, aunque ellas sean sobrevivientes al recurso extraordinario…”, y el advenimiento de la nueva doctrina sentada in re “Salas, Pedro Ángel y otros” (sent. del 15.03.11), que reconoció la naturaleza general de los adicionales transitorios y estableció que los creados por el art. 5 de los Decretos 1104/05, 1095/06, 871/07, 1053/08 y 751/09 debían ser integrados en la base de cálculo para la determinación de los haberes de pasividad (art. 74 de la ley 19.101), han llevado a un nuevo enfoque que conduce a estimar procedente su aplicación a esa línea de casos. (Voto de la Dra. Pérez Tognola).

ENRIQUEZ, FLORENTINO Y OTROS c/ESTADO NACIONAL – MINISTERIO DE DEFENSA s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD - CÁM. FED. SEG. SOC. - SALA I – 14/04/2011

(Sumario de la Base de Datos del Departamento de Jurisprudencia de la Cámara de Seguridad Social – Boletín Nº 52)

INAPLICABILIDAD DE LA LEY DE CONTRATO DE TRABAJO AL EMPLEO PÚBLICO

Siendo la Universidad de Buenos Aires una institución de derecho público dotada de personalidad jurídica que desarrolla sus actividades bajo el régimen de autonomía y autarquía que le otorga la Constitución Nacional (art. 1), adquiere el rango de persona autárquica (conf. art. 75 inc. 19 C.N.). Desde esta perspectiva, es indudable que el vínculo laboral de un trabajador que se desempeñaba como psicólogo, se trata de una típica relación regida por el derecho público y que, por lo tanto, la regulación referida a ella no está comprendida dentro del derecho privado sino administrativo.

LUGANO, LUISA INÉS c/HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN Y OTRO s/DESPIDO - CÁM. NAC. TRAB. - SALA II - 25/08/2011

No es admisible sostener que la relación de empleo se halla regida por la ley laboral común frente a la existencia de un régimen jurídico específico que reglamenta los derechos de los dependientes del organismo estatal y a la disposición del art. 2° inc. a LCT, según el cual el régimen no es aplicable a los dependientes de la administración pública, salvo que por acto expreso se los incluya en éste o en el de las convenciones colectivas de trabajo, circunstancias todas ellas no invocadas en la causa; por ende, al no discutirse que la naturaleza del vínculo es de un empleo público, es evidente que no resultan aplicables las normas de la LCT.

LUGANO, LUISA INÉS c/HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN Y OTRO s/DESPIDO - CÁM. NAC. TRAB. - SALA II - 25/08/2011

Dado que el actor se encontraba vinculado con la accionada a través de un contrato de empleo público y que no es aplicable el régimen privado de contratación laboral, conforme lo previsto en el art. 2 de la LCT inc. a) y, al no resultar viable la reparación por despido arbitrario conforme a la doctrina del Máximo Tribunal en el caso “Ramos” (toda vez que no se verificó la existencia de una desviación de poder para encubrir un vínculo de empleo permanente), corresponde se desestime la demanda entablada en todas sus partes (art. 499 CC).

BALBACHAN, ALBERTO EDUARDO c/UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES s/DESPIDO - CÁM. NAC. TRAB. - SALA II 10/06/2011

Como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria es una persona jurídica de naturaleza pública, que integra la administración descentralizada y depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, las relaciones con sus dependientes son de empleo público y están alcanzadas por la ley 25.164 y, con anterioridad a la sanción de esta última, por el Régimen Jurídico Básico de la Función Pública (ley 22.140). Por ende, el art. 2 de la LCT no deja espacio a duda sobre el tópico pues, en su parte pertinente dispone que sus disposiciones no serán aplicables a “los dependientes de la Administración pública nacional, provincial o municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo”, máxime cuando el accionante no individualizó en su memoria recursiva y tampoco lo explicitó en el escrito inicial, cuál fue el acto expreso de la Administración que dispuso la aplicación del régimen de contrato privado, sino que reconoció implícitamente que aquél no existía.

CAAMAÑO, JOSÉ NÉSTOR c/INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA s/DESPIDO - CÁM. NAC. TRAB. - SALA I - 19/08/2011

Aun cuando la contratación del actor haya evadido el régimen de empleo público en la administración pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo cierto es que esta circunstancia no amerita concluir que el vínculo deba regirse por el derecho privado del trabajo porque, de conformidad con lo establecido en el art. 2° LCT sus disposiciones no se aplican a los dependientes de la administración pública nacional, provincial o municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo y no surge que esto haya ocurrido respecto del actor.

FEDERMAN, DARÍO NICOLÁS c/UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS) Y OTRO s/DESPIDO - CÁM. NAC. TRAB. - SALA VIII - 24/08/2011

Dado que la actora se encontraba vinculada con la accionada a través de un contrato de empleo público, no resulta de aplicación el régimen privado de contratación laboral (art. 2 de la LCT inc. a). Empero, si bien resulta admisible la queja de la demandada respecto a la inaplicabilidad al caso de la LCT, ello no lleva necesariamente a invalidar las pretensiones resarcitorias de la parte actora con fundamento en el despido decidido por la ex empleadora, bajo el amparo de la garantía prevista en el art. 14 bis CN. Ello por cuanto se configura una situación susceptible de ser encuadrada en la doctrina que emerge del caso “Ramos”, en la medida que ha sido demostrada la existencia de una desviación de poder por parte de la accionada al encubrir un vínculo dependiente encuadrable en el empleo público bajo la figura de un contrato de “locación de servicios”. Por ende, corresponde admitir una indemnización a favor de la trabajadora por la resolución injustificada del contrato de acuerdo a lo establecido por la CSJN en el caso “Ramos”, equivalente a una indemnización “igual a un (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor” (art. 11 ley 25.164).

LUGANO, LUISA INÉS c/HOSPITAL DE CLÍNICAS JOSÉ DE SAN MARTÍN Y OTRO s/DESPIDO - CÁM. NAC. TRAB. - SALA II - 25/08/2011

INMUNIDAD DE JURISDICCIÓN

En los supuestos en que se reclaman daños y perjuicios por incumplimiento de obligaciones laborales y previsionales, no resulta de aplicación el artículo 24, inciso 1) del decreto ley 1285/1958 que establece la inmunidad de jurisdicción por no hallarse en tela de juicio un acto de gobierno ya que la controversia se refiere al cumplimiento de obligaciones que en modo alguno puede afectar el normal desenvolvimiento de una representación diplomática (Voto del Dr. Stortini).

DAER, OMAR LUIS c/EMBAJADA DE MÉXICO s/DESPIDO - CÁM. NAC. TRAB. – SALA X – 12/08/2011

(Sumario elaborado por la redacción de Erreius)

INTERVENCIÓN DE TERCEROS

El instituto de la intervención obligada de terceros en el proceso regulado por el art. 94 del CPCCN cuya aplicación es de carácter restrictivo y excepcional, tiene por característica esencial hacer citar a aquél a cuyo respecto se considere que la controversia es común, de modo que no basta con tener un mero interés en el resultado del pleito; circunstancia que debe apreciarse con rigor cuando la admisión de la solicitud trae aparejada la desnaturalización del proceso.

RIVERO, OSVALDO RICARDO c/FERROVÍAS S.A.C. s/DIFERENCIAS DE SALARIOS - CÁM. NAC. TRAB. - SALA II - 15/07/2011