Considerando:

Que, por otra parte, debido a la gran cantidad de juicios en los que resulta necesaria la intervención del Estado Nacional, los gastos antes mencionados constituyen una erogación de importancia que afecta al erario público.

Que, por ende, resulta apropiado crear en el ámbito de la Procuración del Tesoro de la Nación un Registro de los mencionados profesionales.

Que las características propias de la Abogacía Pública ameritan el dictado de normas especiales que regulen su ejercicio, teniendo en cuenta, además, que tales peculiaridades han sido reconocidas por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Que la especificidad de las funciones del abogado del Estado guarda semejanza con la propia del Ministerio Público, pues en ambos casos se trata de funcionarios públicos, que actúan en representación y defensa de los intereses del Estado Nacional con autonomía técnica.

Por ello,

El presidente de la Nación Argentina decreta:

Art. 1.– En las actuaciones judiciales en que sean partes contrarias el Estado Nacional y las Provincias; o que se susciten entre dos o más Provincias; o entre el Estado Nacional o una o más Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las costas serán siempre impuestas en el orden causado.

Art. 2.– En estas causas las partes estarán exentas del pago de tasas judiciales. La prueba pericial será cumplida mediante informes de organismos o entidades oficiales, con especialización técnica o académica en la materia de que se trate, ofrecidas por las partes o designados de oficio, los cuales como única retribución percibirán el reintegro de los gastos que acrediten haber realizado.

Art. 4.– Créase el Registro de Abogados del Estado, en el ámbito de la Procuración del Tesoro de la Nación, en el cual deberán inscribirse todos los letrados que ejerzan las funciones mencionadas en el art. 3.

Art. 6.– El sello profesional, donde deberá constar el número de inscripción en el Registro creado por el art. 4, será de uso obligatorio en cualquier intervención en causas judiciales, expedientes administrativos, sumarios y demás actuaciones que realicen tales letrados en cumplimiento de sus funciones, a partir de un año contado desde la publicación del presente decreto.

Art. 9.– Quedan comprendidas en los términos del presente decreto todas las actuaciones judiciales que tramiten ante los Tribunales Nacionales, incluyendo las causas en las cuales la condena en costas no se haya cumplido, a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Entrará en vigencia respecto de las causas que se susciten entre las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en jurisdicciones locales, a partir de su adhesión mediante la sanción de la ley correspondiente.

Art. 10.– Comuníquese, etc.

De la Rúa – Colombo – Mestre – De la Rúa

Referencias: Const. Nac.: 199-A-26 – L 12.954: ALJA 18-9--351 – L 17.516: ALJA -B-1536 – L 23.898: 1990-C-2759 – L 24.946: 19-B-1428 – L 24.667: 199-A-149 – L 25.344: 2000-D-4482 – D 411/1980: 1980-A-434.