Visto el expediente 0-000160/2001 del Registro del Ministerio de Infraestructura y Vivienda, y

Considerando:

Que por dichas actuaciones el Ministerio de Infraestructura y Vivienda pone de manifiesto la necesidad de proceder a un reordenamiento administrativo en su área.

Que constituye un objetivo primordial del Gobierno Nacional la simplificación de los procedimientos administrativos, adecuando el número de organismos administrativos, en tanto no se vulnere en modo alguno el derecho de defensa de los particulares y quede asegurada la eficacia en la gestión.

Que lo expuesto precedentemente resulta concordante con la Instrucción Presidencial del día 15 de julio de 2001 (publicada en el Boletín Oficial de fecha 17 de julio de 2001), conforme a la cual se instruyó al señor Jefe de Gabinete de Ministros y a los Ministros del Poder Ejecutivo nacional para que proyecten los instrumentos legales que correspondan, a fin de asegurar –entre otros objetivos– la eliminación de las Entidades u Organismos que se consideren innecesarios para el cumplimiento de los fines del Estado. Cabe destacar que en dicha Instrucción expresamente se menciona al Tribunal Arbitral de Obras Públicas.

Que por otra parte, la jurisdicción arbitral para obras públicas prevista en la normativa complementaria, ha servido de sustento para someter a la voluntad de las partes el apartamiento de preceptos constitucionales, como lo es el de la garantía del juez natural.

Que dado el carácter de la normativa que se aprueba, cabe proveer lo necesario para su inmediata aplicación, disponiendo que las presentaciones radicadas actualmente ante el Tribunal Arbitral de Obras Públicas serán giradas para su conclusión al servicio jurídico permanente del Ministerio competente.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Infraestructura y Vivienda y la Procuración del Tesoro de la Nación han tomado la intervención que les compete.

Por ello,

El presidente de la Nación Argentina decreta:

b) Judicial, conforme lo establecido en el art. 3 del presente decreto.

Art. 2.– Salvo opción del interesado a favor de la vía judicial, las presentaciones que actualmente se encuentren tramitando por ante el Tribunal Arbitral de Obras Públicas, serán giradas, para la conclusión de su trámite, al servicio jurídico permanente del Ministerio competente.

Art. 3.– Habilítase la instancia judicial en todos los asuntos en los que los interesados formulen dicha opción; o que, habiéndose tramitado ante el Tribunal no se encuentren firmes las respectivas resoluciones, a la fecha del dictado del presente decreto. A tales efectos el Subsecretario de Coordinación del Ministerio de Infraestructura y Vivienda deberá notificar ello a las partes quienes tendrán noventa (90) días, a partir de esa notificación para presentar la demanda.

Art. 4.– Disuélvese el Tribunal Arbitral de Obras Públicas actuante en la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Infraestructura y Vivienda.

Art. 5.– El personal que a la fecha del presente se encuentre prestando servicios en el organismo que se disuelve por el artículo anterior, pasará a desempeñarse en sus respectivas jurisdicciones de revista.

Art. 9.– Comuníquese, etc.

De la Rúa – Colombo – Bastos

Referencias: L 13.064: ALJA 18-9--379 – L 17.520: ALJA -B-1404 – L 19.549: ALJA 19-A-382 – L 22.460: 198-A-342 – L 25.414: 200-B-1482 – D 1759/1972, t.o. 1991: 199-C-3002 – D 1978/1964: ALJA 19-135 – D 3772/1964: ALJA 19-163.