CONSIDERANDO:

Que el art. 32 del proyecto de ley registrado bajo el n. 24013 en cuanto impone al empleador para contratar bajo modalidades promovidas el requisito de no tener deudas exigibles con los organismos de seguridad social y asociaciones sindicales puede constituirse en serio obstáculo para la efectiva utilización de esas modalidades contractuales e impedimento para el consiguiente crecimiento del empleo, exigencia que precisamente podría afectar a aquella empresas que por afrontar dificultades financieras requieren imperiosamente incrementar rápidamente su actividad productiva a fin de superar su situación crítica.

Que esta disposición aparece así como incongruente con los objetivos perseguidos al generarse el proyecto de ley nacional de Empleo que entre sus fines manifiestos se propone disminuir los costos laborales lo que no se muestra conciliable con la creación de un nuevo impuesto al trabajo.

Que, por lo demás, los estudios realizados respecto del financiamiento del Fondo Nacional del Empleo revelan que no resulta necesario incrementar la imposición sobre el salario para garantizar el pago de las prestaciones previstas.

Que mediante decreto 2284, del 31 de octubre de 1991, dictado por razones de necesidad y urgencia, el Poder Ejecutivo nacional disolvió las Cajas de Subsidios Familiares para Empleados de Comercio, para el Personal de la Industria y la de Asignaciones Familiares para el Personal de la Estiva, Actividades Marítimas Fluviales y de la Industria Naval.

Que por el mismo decreto los bienes muebles, inmuebles, fondos y créditos de las Cajas disueltas y los que les pudieren corresponder en el futuro se transfirieron al Estado nacional que los administra a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Que también el decreto 2284/1991 disolvió el Instituto Nacional de Previsión Social y transfirió sus bienes muebles, inmuebles, fondos y créditos y los que le pudieren corresponder en el futuro, al Estado nacional, poniendo su administración a cargo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Que igualmente el decreto 2284/1991 creó el Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS) dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación que tiene a su cargo todas las funciones y objetivos que competían a los organismos disueltos, así como el sistema de prestaciones que se establezca para los trabajadores desempleados.

Que esta inteligencia de las normas del proyecto de ley torna innecesario que el Poder Ejecutivo nacional observe las aludidas menciones a esos organismos disueltos.

Que se advierte, asimismo, contradicción entre el art. 19, inc g) del proyecto de ley y los arts. 86 y 87, inc. e) del decreto 2284/1991, ya que la Contribución Unificada de la Seguridad Social (CUSS) -instituida por este último decreto- no sólo supera en proyecciones y alcance a la boleta única de pago de aportes y contribuciones emergentes de la relación laboral, sino que esta última, considera como excepción, a los pagos destinados a las obras sociales, incluyendo sólo, a su respecto, la constancia -con fines informativos- de la fecha del pago y la institución recaudadora, mientras la Contribución Unificada de la Seguridad Social (CUSS) comprende expresamente los aportes y contribuciones con destino al Régimen Nacional de Obras Sociales.

Por ello,

El presidente de la Nación Argentina decreta:

Art. 1.- Obsérvase el inc. g) del art. 19 del proyecto de ley registrado bajo el n. 24013.

Art. 2.- Obsérvase el art. 32 del proyecto de ley registrado bajo el n. 24013.

Art. 3.- Obsérvase el inc. a) 3 y 4 del art. 145 del proyecto de ley registrado bajo el n. 24013.

Art. 4.- Obsérvase el art. 147 del proyecto de ley registrado bajo el n. 24013.

Art. 5.- Obsérvase el art. 148 del proyecto de ley registrado bajo el n. 24013.

Art. 6.- Obsérvase el párr. 2 del art. 150 del proyecto de ley registrado bajo el n. 24013.

Art. 7.- Obsérvase el párr. 3 del art. 152 del proyecto de ley registrado bajo el n. 24013.

Art. 9.- Comuníquese, etc.

MENEM - DÍAZ.