del 27/02/1995; publ. 01/03/1995

Visto el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento, y

Considerando:

Que en el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento las provincias asumieron el compromiso de avanzar en la reforma de sus administraciones, propendiendo a la privatización de la banca de provincia y de sus empresas de servicios públicos.

Que ello resulta indispensable para estimular el mejoramiento de las cuentas públicas provinciales a través de medidas coordinadas con el Gobierno nacional.

Que dicha tarea implica un esfuerzo de organización y financiero, que en muchos casos puede exceder las posibilidades de las propias provincias, por sus limitaciones para acceder a los mercados voluntarios de crédito en las actuales circunstancias.

Que mientras ese proceso se demora las pérdidas en que incurren muchas organizaciones bancarias y empresarias de propiedad total o parcialmente provincial, agravan un cuadro de por sí delicado de las finanzas locales.

Que por su parte, las circunstancias de público y notorio ocurridas a partir de las decisiones de política económica adoptadas por los Estados Unidos Mexicanos a partir del 20 de diciembre de 1994, agravaron las dificultades financieras por las que atravesaban algunos bancos de provincia.

Que por ello podría perjudicar al funcionamiento del conjunto de la economía, pues precisamente en un momento en el que se advierte cierta retracción del crédito externo, es cuando mayor tranquilidad debe brindarse a los inversores, accionistas y depositantes.

Que en ese sentido debe advertirse sobre la importante función que cumplen los bancos de provincia en el interior del país, siendo en muchas localidades las únicas instituciones que brindan servicios financieros.

Que tratándose de provincias que en todos los casos cuentan con activos y recursos fiscales suficientes para asumir compromisos con la Nación, con quien las une una relación indisoluble y permanente. Y estando ésta en condiciones de comprometer ciertos bienes, de indudable valor, para canalizar recursos financieros en favor de la reforma fiscal de las provincias, la Nación tiene el deber de agotar sus esfuerzos en tal sentido, sin relevar a las provincias de sus responsabilidades ni de sus atribuciones constitucionales, lo que le está vedado.

Que ello permitirá aliviar la situación financiera del interior, contribuyendo a que las unidades productivas y de servicios, verdaderos destinatarios del esfuerzo de ahorro de la población, puedan desarrollar normalmente sus actividades. Asimismo permitirá a los propios bancos de provincia normalizar sus relaciones con el resto de las instituciones financieras, restituyendo al Banco de la Nación Argentina los fondos que les hubiere adelantado.

Art. 3.– Los asesores en materia económica, financiera, legal o técnica del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, del Banco Central de la República Argentina, del Banco de la Nación Argentina o de otras dependencias del Estado dictaminarán o asesoran a solicitud del fideicomisario en las materias que éste requiera.

Art. 4.– El Banco de la Nación Argentina actuará como agente financiero del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, pudiendo adelantarle hasta el setenta por ciento (70%) del valor de mercado de los bienes dados en fideicomiso, así como facilitarle los recursos humanos y de apoyo para su funcionamiento, no percibirá comisión alguna por su actividad, pero recuperará todos los gastos en que incurriere.

Art. 5.– El Banco de la Nación Argentina llevará por separado el registro contable de las operaciones del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, cuyo funcionamiento estará sujeto a la supervisión de la Superintendencia de Entidades Financieras del Banco Central de la República Argentina.

Art. 6.– (*) Una vez cumplido su objeto o en el plazo de dos (2) años, lo que ocurra primero, se disolverá el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, quedando su liquidación y el cumplimiento de los convenios existentes a cargo de los funcionarios que designe el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Art. 7.– Apruébase el proyecto de convenio de fideicomiso entre el Estado nacional y el Banco de la Nación Argentina, que como anexo I forma parte del presente, autorizando al señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos a suscribirlo en representación de la Nación.

Art. 8.– Comuníquese, etc.

Menem - Caballo

CONTRATO DE FIDEICOMISO