Considerando:

Que el proyecto de ley sancionado declara la emergencia productiva y crediticia, invocando la situación de crisis que afecta nuestro país, hasta el 10 de diciembre de 2003.

Que las modificaciones introducidas por el proyecto de ley sancionado a distintas leyes se mantendrán vigentes durante el período mencionado; dejándose a salvo que en el futuro, de superarse la situación que origina las medidas, se establezca un plazo menor.

Que se ha previsto que los efectos de los actos celebrados durante la vigencia de la emergencia se mantienen para el futuro, sea que subsista o se modifique el plazo establecido.

Que el art. 15 del proyecto de ley sancionado establece un plazo de noventa (90) días para que las entidades financieras y los deudores del sistema procedan a la reprogramación de las acreencias existentes al 30 de noviembre de 2001 a través de un acuerdo, previéndose que en el supuesto de no acordarse la reprogramación tan el plazo mencionado, la entidad deberá previsionar el cien por ciento (100%) del crédito del deudor.

Que la grave crisis por la que atraviesa el país y las dificultades evidenciadas en la cadena de pagos, han repercutido negativamente en las carteras de préstamos del sistema financiero, generando un creciente deterioro, a lo que se suma un contexto de alta incertidumbre en el cual resulta difícil establecer criterios lógicos para consensuar las condiciones de refinanciación de los créditos otorgados, tanto por el sistema financiero como por el no financiero.

Que por otra parte, y sin perjuicio de lo exiguo que resultaría negociar en un plazo de noventa (90) días, debe advertirse que, en caso de no lograrse un acuerdo entre las entidades financieras acreedoras y los deudores, aquellas se verían obligadas a previsionar el cien por ciento (100%) del monto el crédito de que se trate, independientemente de su clasificación.

Que una negociación de tales características, necesariamente importaría ejercer una innecesaria presión para lograr acuerdos sostenibles, con alto riesgo de que sus resultados sean inequitativos.

Que a su vez, ello podría conllevar el deterioro en la capacidad patrimonial del sistema para afrontar las obligaciones para con los depositantes.

Que deviene necesario preservar los ingresos genuinos del Estado Nacional, a fin de lograr la consecución de las necesidades públicas tendientes al bien común, atento que de permitirse su vigencia, se verían afectados los mencionados recursos, lo que impediría el normal desarrollo de los servicios esenciales del Estado Nacional.

Que el art. 17 del proyecto de ley sancionado, en el pto. 1, sustituye el primer y segundo párrafo del art. 6 de la Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario y, en el pto. 2, incorpora un último párrafo al citado artículo.

Que la sustitución del art. 6 de la ley mencionada apunta a disminuir el impacto producido por la modificación de la relación de cambio en las deudas nominadas en dólares estadounidenses u otras divisas extranjeras que mantuvieran personas físicas o jurídicas entre sí.

Que la presente medida no altera el espíritu ni la unidad del proyecto de ley sancionado por el Honorable Congreso de la Nación.

Por ello,

El presidente de la Nación Argentina en Acuerdo General de Ministros decreta:

Art. 5.– Dése cuenta al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 6.– Comuníquese, etc.

Duhalde – Capitanich – Gabrielli – González García – De Mendiguren – Ruckauf – Atanasof – Remes Lenicov – Jaunarena – Vanossi – Giannettasio

Referencias: Const. Nac.: LA 199-A-26 – Ley de Procedimiento Tributario –L 11.683, t.o. 1998–: LA 19-C-2994 – L 25.239: LA 2000-A-103 – L 25.561: LA 200-A, fasc. n. 1, p. 8.