DECRETO 413/1974

INVERSIONES EXTRANJERAS

Régimen. Reglamentación

del 5/2/1974; publ. 22/2/1974

El presidente de la Nación Argentina decreta:

I. DEFINICIONES Y NORMAS ACLARATORIAS

Art. 7.– El porcentaje de utilidades a transferir se calculará sobre el capital registrado en moneda extranjera, una vez deducidos los impuestos que gravan dichas utilidades y las remesas.

Art. 9.– Si el aporte del exterior consistiese en bienes de capital, éstos deberán ser nuevos y representativos de la más moderna tecnología existente en la especialidad, admitiéndose la inclusión de repuestos en la proporción indispensable para asegurar el funcionamiento normal de aquellos bienes por un término razonable a establecerse en el contrato de radicación. La firma proponente deberá acreditar que los bienes de capital resultan necesarios para la instalación de la planta, así como que los mismos aseguren el desarrollo específico e integral de la actividad de la empresa a la que se encuentran destinados.

Art. 10.– Para la determinación del valor de los bienes de capital que ingresen como inversión extranjera, se tomará el precio corriente en divisas para exportaciones de bienes análogos desde el país de origen a la República Argentina, debiendo registrarse ese valor o el corriente en el mercado interno del país de origen, cuando éste fuere menor.

El inversor deberá presentar a ese efecto un certificado debidamente legalizado extendido por la cámara o institución competente del país de origen, en el que se acredite el valor de los bienes en el mercado de que se trate, adjuntándose una certificación contable, también debidamente legalizada, que pruebe que el precio del bien registrado en los libros del fabricante coincide con el de su facturación, documentación, que deberá contar con la aprobación del representante diplomático o consular argentino acreditado en el exterior.

Art. 11.– El inversor extranjero recibirá como contrapartida de su aporte acciones nominativas, cuotas o participaciones de capital de la sociedad receptora, al valor que autorice la autoridad de aplicación, las que no podrán ser transferidas hasta cinco (5) años contados desde el comienzo de ejecución del proyecto autorizado. Exceptúase de la intransferibilidad establecida precedentemente, el desplazamiento de las acciones cuotas o participaciones en favor de inversores nacionales. En todos los casos se requerirá la inscripción en los libros de la sociedad y la autorización previa de la autoridad de aplicación.

Art. 12.– Las acciones al portador representativas del capital de empresas existentes de las que sean titulares inversores extranjeros, deberán transformarse en nominativas dentro del plazo de un (1) años a contar desde la publicación oficial de este decreto.

Art. 17.– Las empresas destinatarias de la inversión deberán practicar sus anotaciones contables y estados de cuenta de acuerdo a las disposiciones que dictará la autoridad de aplicación, con el correspondiente asesoramiento del Banco Central de la República Argentina, de modo que los capitales extranjeros conserven su individualidad.

Art. 19.– Los inversores extranjeros podrán remesar sus utilidades al exterior, previa autorización de la autoridad de aplicación, en la moneda en que se hubiere registrado el capital repatriable, al tipo de cambio que resulte de su negociación por intermedio de un institución autorizada para operar en cambios.

Art. 20.– Las utilidades con derecho a transferencia podrán previa autorización de la autoridad de aplicación, ser mantenidas en una cuenta especial de reserva de la empresa local, a nombre del inversor extranjero, hasta tanto se haga efectiva su remesa, en los siguientes supuestos:

Art. 27.– No podrán embarcarse maquinarias u otros bienes de capital, ni realizarse cualquier otro acto que implique comienzo de ejecución de la inversión propuesta, antes de obtenerse la aprobación definitiva de la misma.

Toda contravención a la prohibición precedente impedirá que se autorice la inversión proyectada. Sin perjuicio de ello, la Dirección Nacional de Aduanas no dará curso a ningún pedido de solicitud de despacho a plaza de los bienes amparados por el presente régimen, si verificara que la fecha de embarque de los mismos es anterior a la de su aprobación definitiva.

Se exceptúan de estas prohibiciones los casos de extrema necesidad debidamente justificada, a juicio de la autoridad de aplicación.

Art. 29.– El inversor o, en su caso, la empresa receptora de la radicación no podrá en lo que respecta a utilidades:

Art. 31.– Las empresas de capital extranjero, existentes a la fecha de publicación oficial de este decreto, que registren un nivel de endeudamiento interno por encima del límite máximo que establezca la autoridad de aplicación, deberán reducir gradualmente sus créditos hasta encuadrarse en el mismo proceso que deberá realizarse en un plazo máximo de seis (6) meses a contar de la fecha en que entren en vigencia esas limitaciones, término que podrá prorrogarse por causales debidamente justificadas, por otro período de igual duración.

En la medida en que este ajuste recaiga sobre operaciones que excedan dicho término, la regularización se cumplirá en función de los vencimientos de las mismas.

Art. 32.– La autoridad de aplicación determinará en cada contrato de radicación un límite máximo al endeudamiento de las empresas de capital extranjero, con personas físicas o jurídicas, de derecho público o privado, y domiciliadas en el país, fijándolo, tomando en cuenta las características de cada caso en función del monto del capital más las reservas de la empresa, computados en términos de responsabilidad patrimonial actualizada en base a los criterios de revaluación admitidos por el Banco Central de la República Argentina para el otorgamiento del crédito por parte de las entidades financieras.

Art. 33.– La autoridad de aplicación con intervención del Banco Central de la República Argentina, resolverá todas las cuestiones que se susciten con motivo de la aplicación de las normas sobre límites de endeudamiento a las empresas de capital extranjero, y dictará las normas aclaratorias o complementarias que resulten necesarias.

V. AUTORIDAD DE APLICACIÓN

Art. 37.– La autoridad de aplicación exigirá que los inversores acrediten la existencia de los capitales situados en el exterior y, cuando no se trate de empresas de reconocida responsabilidad, demostrarán además la fuente no argentina de los mismos. En todos los casos deberá comprobarse la aplicación de los fondos a los fines específicos de la radicación y, cuando se trate de bienes de capital y sus repuestos, ellos se encontrarán sujetos a comprobación de destino.

Art. 38.– Las informaciones que la autoridad de aplicación recoja en el ejercicio de sus funciones tendrán carácter estrictamente confidencial. Los funcionarios y el personal deben guardar absoluta reserva sobre las informaciones que lleguen a su conocimiento. Sólo se exceptúan de aquel deber:

Art. 39.– La autoridad de aplicación determinará la información mínima que deberán contener las propuestas de radicación, ateniéndose a los extremos siguientes:

a) Individualización del inversor extranjero.

b) Individualización de la empresa local receptora de la inversión.

c) Forma o modalidad que asumirá el aporte de la radicación de capital extranjero.

Art. 40.– A efectos de verificar los datos proporcionados por las empresas o constatar el cumplimiento de las condiciones del contrato de radicación, la autoridad de aplicación queda facultada para realizar en aquéllas inspecciones con el objeto de examinar sus libros, instalaciones y la forma que desarrollan las actividades vinculadas a la radicación extranjera.

Art. 41.– A partir de la fecha de la publicación oficial de este decreto, las nuevas propuestas de inversión de capital extranjero y las en trámite que soliciten acogerse al actual régimen, serán presentadas ante la autoridad de aplicación, de conformidad con las formalidades y requisitos que ella establezca. Los titulares de proyectos de inversión que se hallaren en trámite a la fecha antes señalada, deberán expresar formalmente en un término no mayor de cuarenta y cinco (45) días, su decisión de acogerse al nuevo régimen legal. En caso de no hacerlo en dicho plazo, la nombrada autoridad procederá sin más trámite al archivo definitivo de las actuaciones.

Art. 42.– La radicación extranjera propuesta no deberá ocasionar perjuicios actuales o futuros a la industria instalada que se desenvuelva en condiciones de racionalidad y eficiencia, para determinar lo cual, se darán a publicidad las principales características de la solicitud, ajustándose a las condiciones establecidas en los artículos siguientes, sin afectar el secreto comercial de los proponentes.

Art. 43.– En un término no mayor de cinco (5) días después de tenerse por presentada la propuesta, el inversor deberá publicar edictos en el Boletín Oficial y en un diario de la Capital Federal de amplia circulación por tres (3) días consecutivos, los que deberán contener los siguientes datos:

a) Régimen solicitado.

b) Bienes a producir o servicios a prestar indicándose, cuando corresponda, los nombres usuales y técnicos que permitan su fácil individualización, así como también las posiciones N.A.D.I., Nabalalc y N.A.D.E.

c) Capacidad a instalar, mínima y máxima.

d) Monto total de la inversión, indicando expresamente la parte destinada a activo fijo, y monto y fecha de cada una de las etapas, cuando las hubiere.

e) Monto correspondiente a la inversión directa, discriminando bajo qué forma se realizará el aporte.

f) Lugar de instalación.

g) Fecha de la puesta en marcha de la planta industrial o del proyecto, en su caso, contada a partir de su aprobación.

Art. 44.– Dentro de los quince (15) días corridos de la fecha de la última publicación a que alude el artículo anterior las firmas instaladas y que produzcan bienes similares o competitivos a los que el proponente proyecte fabricar podrán presentar, individualmente, en conjunto o por intermedio de las entidades que las agrupan, la información que se detalla a continuación:

a) Capacidad de producción instalada en el país.

b) Cantidad de establecimientos.

c) Nombre y capacidad de los establecimientos principales.

d) Fecha de iniciación de actividades y antigüedad de los equipos instalados.

e) Precio de los productos, en primera venta, en el mercado interno.

f) Precio CIF Buenos Aires de bienes similares producidos en el exterior.

g) Clasificación Nabalalc y situación vigente en las listas nacionales, especiales y acuerdos de complementación.

h) Volumen y valor de las ventas en los últimos tres (3) años.

i) Volumen y valor de las importaciones y exportaciones en los últimos tres (3) años, indicando origen y destino.

Todas las informaciones presentadas serán acumuladas en expedientes separados y evaluadas por la autoridad de aplicación dentro de los (30) días hábiles de vencido el plazo para presentarlas.

Hasta tanto sean evaluadas las informaciones presentadas, no podrá darse curso a las solicitudes a que las mismas se refieren.

Art. 45.– La autoridad de aplicación deberá expedirse sobre los proyectos de inversión de capital extranjero en un término no mayor de ciento ochenta (180) días a contar de la fecha de su presentación. Dicho plazo sólo podrá prorrogarse a pedido debidamente fundado del inversor o cuando demoras no imputables al organismo de aplicación lo hagan necesario. Este deberá indicar al inversor, en el término de quince (15) días, a contar de la fecha de recepción de la solicitud, las deficiencias de información o documentación de que adolezca su propuesta. Vencido dicho período sin que la autoridad de aplicación formule observaciones, la propuesta se tendrá por presentada, en condiciones de iniciarse el trámite, sin perjuicio de las aclaraciones o ajustes que se requieran en el transcurso del mismo.

Art. 46.– Antes de emitir su informe final acerca de la inversión que se propone, la autoridad de aplicación requerirá de las Secretarías de Estado, dependientes del Ministerio de Economía, con competencia específica en la actividad a desarrollar, Banco Central de la República Argentina y demás bancos oficiales cuando correspondiere, que se expidan sobre la conveniencia del proyecto en los aspectos que les conciernen en un plazo no mayor de treinta (30) días. Sin perjuicio de ello, en caso de que la propuesta incluya la introducción al país de bienes de capital y sus repuestos, la mencionada autoridad remitirá el detalle de dichos bienes a la Secretaría de Estado de Desarrollo Industrial, con el fin de que ésta informe si ellos se producen en el país en condiciones de razonable economicidad, de modo de satisfacer los requerimientos del proyecto.

Art. 47.– Si de la evaluación realizada no resultara la conveniencia del proyecto o surgiere que la propuesta no se ajusta a las prescripciones de la ley o del presente decreto, la autoridad de aplicación dictará resolución denegatoria debidamente fundada, y previa notificación a la firma proponente, dispondrá del archivo de las actuaciones.

Art. 49.– Créase el Registro de Inversiones Extranjeras dentro del ámbito de la Secretaría de Estado de Programación y Coordinación Económica de la Nación, el que contará con dos secciones:

– Secc. A: En la que se inscribirán todas las inversiones que se aprueben por el presente régimen legal, así como también todas las ingresadas al país con anterioridad al mismo y los movimientos de fondos imputables a dichas operaciones.

Art. 50.– El Ministerio de Economía a propuesta de la Secretaría de Estado de Programación y Coordinación Económica dictará una resolución en la que se determinará el procedimiento que regirá el funcionamiento de dicho registro.

Art. 51.– Las nuevas radicaciones extranjeras deberán solicitar su inscripción en el registro en un plazo no mayor de treinta (30) días contados desde la fecha de su efectivo ingreso al país.

Con relación a las reinversiones de utilidades y a la capitalización de créditos, dicho plazo se contará desde que se efectúe el correspondiente registro contable por el órgano competente de la empresa.

Las ingresadas al país con anterioridad a la vigencia de la ley deberán solicitar su inscripción dentro de los ciento veinte (120) días corridos a contar de la fecha de publicación de este decreto en el Boletín Oficial.

La solicitud de inscripción deberá ser resuelta formalmente por la Secretaría de Estado de Programación y Coordinación económica en un plazo de noventa (90) días corridos a contar desde su presentación.

Art. 52.– Los inversores extranjeros que no soliciten el registro de su radicación en el plazo señalado en el artículo precedente, perderán el derecho de repatriar el capital y transferir utilidades al exterior. Perderán asimismo esos derechos cuando la autoridad de aplicación deniegue la inscripción.

Art. 53.– Las solicitudes de inscripción en la Sección A del registro deberán contener:

a) Nombre de la empresa o inversor y domicilio del mismo.

b) Nombre de la empresa receptora y domicilio de la misma.

c) Número y fecha de la norma aprobatoria, cuando la hubiere.

d) Monto de la inversión autorizada en moneda nacional y moneda extranjera.

e) Monto de la inversión realizada en moneda nacional y moneda extranjera.

f) Destino de la inversión.

g) Movimientos de fondos imputables a la inversión.

h) Datos relativos al origen y titulares del capital.

i) Nómina y domicilio legal y real de los miembros del directorio.

Art. 54.– Las empresas deberán proporcionar en forma semestral, dentro de los treinta (30) días de vencido dicho período y la autoridad de aplicación registrar la siguiente información, en moneda extranjera y nacional.

1) Monto de la negociación de cambio por transferencia de divisas que correspondan a la inversión autorizada.

2) Monto de los créditos cuya capitalización se autorice.

3) Valor de los bienes que formen parte de la inversión autorizada; y

4) Monto de las utilidades líquidas y realizadas:

a) Devengadas;

b) Transferidas;

c) Reinvertidas;

d) Definitivamente radicadas en el país; y

e) Reservadas en una cuenta especial.

Art. 55.– Las inversiones y los movimientos de fondos que les sean imputables, se inscribirán en la Sección A del registro de Inversiones Extranjeras en la o las monedas de origen que se establezcan en el contrato de radicación.

Art. 56.– Los capitales y los movimientos de fondos que les sean imputables deberán ser registrados a los efectos contables a los tipos de cambio que se indican a continuación:

a) Los aportes en divisas se registrarán al tipo de cambio al que se hubiese realizado su negociación por intermedio de una institución autorizada para operar en cambios.

b) Para los bienes físicos se aplicará el tipo de cambio cierre comprador del Banco de la Nación Argentina que rija en la fecha de su despacho a plaza.

c) Para la capitalización de créditos externos en divisas o de títulos de la deuda externa nacional se aplicará el tipo de cambio cierre comprador del Banco de la Nación Argentina correspondiente a la fecha de su efectiva incorporación al patrimonio, mediante las pertinentes registraciones contables.

d) Para las utilidades provenientes de inversiones extranjeras que se remesen al exterior, se aplicará el tipo de cambio al que se hubiese realizado la adquisición de las divisas correspondientes por intermedio de una institución autorizada para operar en cambios.

e) Para la reinversión de utilidades, se aplicará el tipo de cambio cierre vendedor del Banco de la Nación Argentina vigente a la fecha de la autorización.

f) Las pérdidas netas se registrarán en la misma moneda de la inversión, al tipo de cambio cierre comprador del Banco de la Nación Argentina vigente a la fecha de cierre del ejercicio correspondiente.

Art. 57.– Si en el mercado de cambios existiese más de un tipo se aplicará el que corresponda de acuerdo a las normas dictadas por el Banco Central de la República Argentina para los movimientos de capitales con el exterior, vigentes en las oportunidades que señala el artículo precedente. En los supuestos de conversión entre monedas extranjeras se aplicará la relación existente entre los tipos de cambio cierre vendedor o comprador del Banco de la Nación Argentina para esas divisas que rija en la fecha del registro de las respectivas operaciones.

Art. 59.– Comuníquese, etc.

Perón – Gelbard