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Art. 1.– (*) Declárase la Emergencia Sanitaria Nacional, hasta el 31 de diciembre de 2002, a efectos de garantizar a la población argentina el acceso a los bienes y servicios básicos para la conservación de la salud, con fundamento en las bases que seguidamente se especifican:

a) Restablecer el suministro de medicamentos e insumos en las instituciones públicas con servicios de internación.

b) Garantizar el suministro de medicamentos para tratamientos ambulatorios a pacientes en condiciones de alta vulnerabilidad social.

c) Garantizar el acceso a medicamentos e insumos esenciales para la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas.

d) Asegurar a los beneficiarios del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y del Sistema Nacional del Seguro de Salud el acceso a las prestaciones médicas esenciales.

(*) El art. 2 de la ley 26077 establece: Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 2006 el estado de emergencia sanitaria nacional dispuesto por el decreto 486 del 12 de marzo de 2002, sus disposiciones complementarias y modificatorias, a excepción de las previsiones referidas al Programa Médico Obligatorio de Emergencia (P.M.O.E.) Por excepciones ver art. 2 de la ley 26077.
Prórrogas anteriores: decretos 2724/2002, art. 1 y 1210/2003, art. 1 y ley 25972, art. 1 .

TÍTULO II:

ATRIBUCIONES DEL MINISTERIO DE SALUD

Art. 2.– Facúltase al Ministerio de Salud para instrumentar las políticas referidas a la emergencia sanitaria declarada por el art. 1 , así como para dictar las normas aclaratorias y complementarias para la ejecución del presente decreto.

Art. 3.– El Ministerio de Salud promoverá la descentralización progresiva hacia las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las funciones, atribuciones y facultades emanadas del presente decreto, que correspondieren, mediante la celebración de los convenios respectivos.

Art. 4.– Créase en el ámbito del Ministerio de Salud el Comité Nacional de Crisis del Sector Salud para la organización y coordinación de la utilización de los recursos disponibles en esa Jurisdicción, destinados a la atención de la emergencia sanitaria declarada por el art. 1 del presente.

CAPÍTULO II:

DEL SUMINISTRO DE INSUMOS

Y MEDICAMENTOS A INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SALUD CON SERVICIOS DE INTERNACIÓN

TÍTULO I:

ATRIBUCIONES DEL CONSEJO FEDERAL

DE SALUD

Art. 5.– El Consejo Federal de Salud (Cofesa) establecerá los criterios de uso racional y asignación de los medicamentos e insumos y de evaluación y control durante la emergencia sanitaria que se declara por el art. 1 del presente decreto, respecto al suministro de insumos y medicamentos a instituciones públicas de salud con servicios de internación.

Art. 6.– Los medicamentos e insumos o los recursos para su adquisición serán distribuidos por el Ministerio de Salud de acuerdo a los indicadores de asignación que determine el Consejo Federal de Salud.

TÍTULO II:

FINANCIAMIENTO

Art. 7.– Aféctase, con destino a la Emergencia Sanitaria, una partida del presupuesto asignado al Ministerio de Salud Secretaría de Programas Sanitarios Atención Sanitaria Subsecretaría de Programas de Prevención y Promoción Dirección Nacional de Trauma, Emergencia y Desastres Programa 30 Emergencia Sanitaria, para la compra de medicamentos e insumos sanitarios de uso hospitalario y atención primaria de la salud, de hasta un monto de pesos cincuenta millones ($ 50.000.000).

Art. 8.– Podrán afectarse además a los programas y planes derivados de la emergencia sanitaria, con los destinos que específicamente determine el Ministerio de Salud:

a) Los subsidios, subvenciones, legados y donaciones y todo otro recurso que reciba el Poder Ejecutivo Nacional a través de sus distintas Jurisdicciones, vinculados con la emergencia sanitaria.

b) Las reasignaciones de créditos o préstamos internacionales que administra el Ministerio de Salud o los que determine el Poder Ejecutivo nacional en el marco de la presente emergencia sanitaria.

Los nuevos préstamos que se gestionen y obtengan en ocasión y con motivo de la emergencia sanitaria.

TÍTULO III:

RÉGIMEN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Art. 9.– El Ministerio de Salud, para las contrataciones que realice en el marco de la emergencia sanitaria, podrá optar, además de los medios vigentes de compra y sin perjuicio de la intervención que le compete a la Sindicatura General de la Nación, por alguna de las siguientes modalidades:

a) Los mecanismos previstos en el art. 25 , inc. d), ap. 5 del decreto 1023/2001, independientemente de monto de la contratación, dándose por acreditada la grave y notoria crisis por la cual atraviesa el sistema de salud argentino.

b) La utilización de los recursos del Fondo Rotatorio Regional para Suministros Estratégicos de Salud Pública de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud y cualquier otro procedimiento de adquisiciones que dicha entidad ponga a disposición de sus miembros.

c) Otros medios que ofrezcan alternativas a través de organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, u otros países.

A fin de garantizar la transparencia en las contrataciones previstas en el inc. a), se deberá invitar a la mayor cantidad de potenciales oferentes, de acuerdo a los registros actualizados existentes en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). Asimismo, se deberá prever la difusión a través de la página de Internet de la Oficina Nacional de Contrataciones.

En los casos en que se contrate a través del Fondo rotatorio regional para suministros estratégicos de Salud Pública de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, se aceptarán los mecanismos de contratación previstos por ambas organizaciones, autorizándose al Ministerio de Salud a emitir las respectivas órdenes de pago aún sin haberse cumplido la recepción parcial definitiva de los medicamentos o insumos adquiridos. Ello sin perjuicio de la aplicación de los mecanismos de contralor vigentes.

TÍTULO IV:

MONITOREO DE PRECIOS E IMPORTACIÓN. LISTADOS DE MEDICAMENTOS E INSUMOS. PRECIOS DE REFERENCIA. PRESCRIPCIÓN POR GENÉRICOS Y SU SUSTITUCIÓN

Art. 10.– Facúltase al Ministerio de Salud para establecer un mecanismo de monitoreo de precios de insumos y medicamentos del sector salud y de alternativas de importación directa, frente a posibles alzas injustificadas o irrazonables, que afecten el acceso de la población a los mismos de manera que puedan poner en riesgo su salud.

Asimismo facúltase al Ministerio de Salud para dictar normas complementarias tendientes a implementar:

a) Listado de medicamentos e insumos a ser adquiridos, con los recursos a que se refiere el art. 7 del presente, los del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y los del Sistema Nacional del Seguro de Salud,

b) Precios de referencia de insumos y medicamentos críticos,

c) Prescripción de medicamentos por su nombre genérico y

d) Sustitución en la dispensación, por parte de profesional farmacéutico, del medicamento recetado con marca registrada, por un medicamento que contenga los mismos principios activos, concentración, forma farmacéutica, cantidad de unidades por envase y menor precio.

El Ministerio de Salud creará una Comisión Técnica destinada al análisis de la sustitución de medicamentos por profesional farmacéutico.

CAPÍTULO III:

PROGRAMA NACIONAL DE UNIVERSALIZACIÓN DEL ACCESO A MEDICAMENTOS

TÍTULO I:

CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Art. 11.– Créase en el ámbito del Ministerio de Salud el Programa Nacional de Universalización del acceso a medicamentos, que estará integrado por el Subprograma de Seguro de Medicamentos de uso ambulatorio para jefes de hogar y el Subprograma de medicamentos genéricos para atención primaria de la Salud.

Art. 12.– La implementación, coordinación y supervisión del Programa Nacional de Universalización del acceso a medicamentos estará a cargo del Ministerio de Salud, quedando facultado para designar a los responsables de su organización y administración.

Art. 13.– El Subprograma de seguro de medicamentos de uso ambulatorio para jefes de hogar, creado por el art. 11 , será financiado con los recursos que provendrán de la aplicación de la suma de pesos tres con cincuenta centavos ($ 3,50) por beneficiario a deducir de la Jurisdicción 75, Programa 16 Política de Empleo y Capacitación Laboral, Subprograma 3 Plan de Jefes de Hogar del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros a introducir las modificaciones presupuestarias necesarias en el Presupuesto General de la Administración Nacional para efectuar al Subprograma 3 Plan de Jefes de Hogar del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social las deducciones destinadas al Subprograma de seguro de medicamentos de uso ambulatorio para jefes de hogar del Ministerio de Salud, como Actividad 2 en el Programa 30 Emergencia Sanitaria.

El Ministerio de Salud podrá variar el valor del importe a deducir de cada subsidio de jefe de hogar, a fin de garantizar la viabilidad y sustentabilidad económico financiera del Subprograma, con intervención de la Comisión prevista en el art. 14 del presente.

Art. 14.– La aplicación de los recursos destinados al Subprograma de seguro de medicamentos de uso ambulatorio para jefes de hogar será supervisada por una Comisión integrada por un representante, con jerarquía no inferior a Subsecretario, de cada una de las siguientes jurisdicciones: Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y por un (1) representante seleccionado por las organizaciones no gubernamentales que convoque el Ministerio de Salud, con probada trayectoria y representatividad nacional.

Art. 15.– El Subprograma de medicamentos genéricos para atención primaria de la salud estará destinado a garantizar la provisión de insumos y medicamentos críticos a través de centros de atención Provinciales o gubernamentales.

Art. 16.– El Subprograma de medicamentos genéricos para atención primaria de la salud tendrá financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (B.I.D.) mientras dure la emergencia.

Art. 17.– El Ministerio de Salud fijará, a través de las normas que dicte al respecto, las condiciones de acceso a los medicamentos, insumos y/o recursos asignados al Subprograma a que se refiere el artículo precedente.

CAPÍTULO IV:

SISTEMA NACIONAL DEL SEGURO DE SALUD

TÍTULO I:

GARANTÍA DE LAS PRESTACIONES BÁSICAS ESENCIALES

Art. 18.– Facúltase al Ministerio de Salud para definir, dentro de los treinta (30) días de la vigencia del presente, en el marco del Programa Médico Obligatorio (P.M.O.) aprobado por resolución del citado Ministerio 939 del 24 de octubre de 2000 y sus modifs., las prestaciones básicas esenciales a las que comprende la emergencia sanitaria. A esos fines se considerarán prestaciones básicas esenciales las necesarias e imprescindibles para la preservación de la vida y la atención de las enfermedades, las que deben garantizar como prioridad el Sistema Nacional del seguro de Salud y el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, mientras subsista la situación de emergencia.

Art. 19.– Las respectivas autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud y del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, quedan facultadas para programar en forma independiente, el orden de prioridades de la cobertura de aquellas prestaciones no alcanzadas por la definición a que se refiere el artículo precedente, conforme evolucione la situación de emergencia.

Art. 20.– La incorporación de nuevos medicamentos, procedimientos terapéuticos y tecnologías médicas a cargo del Sistema Nacional del seguro de Salud queda sujeta a la autorización por resolución conjunta de la Superintendencia de Servicios de Salud y de la Administración Nacional de medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), de conformidad con lo que determine la normativa que dicte, en el plazo de treinta (30) días, el Ministerio de Salud.

TÍTULO II:

FONDO SOLIDARIO DE REDISTRIBUCIÓN

Art. 21.– Sustitúyese los incs. a) y b) del art. 19 de la ley 23660 por los siguientes:

a) A la orden de la Obra Social que corresponda, el noventa por ciento (90%) de la suma de la contribución y los aportes que prevén los incs. a) y b) del art. 16 de esta ley, cuando las remuneraciones brutas mensuales sean de hasta pesos un mil ($ 1000) inclusive, y del ochenta y cinco por ciento (85%) cuando dichas remuneraciones superen los pesos un mil ($ 1000). Para el caso de las Obras Socia les del Personal de Dirección y de las Asociaciones Profesionales de Empresarios, dicho porcentaje será del ochenta y cinco por ciento (85%) cuando las remuneraciones brutas mensuales sean de hasta pesos un mil ($ 1000) inclusive, y del ochenta por ciento ($ 80%) cuando superen ese tope.

b) Conforme los niveles remunerativos mencionados, el diez por ciento (10%) o el quince por ciento (15%), respectivamente, de la suma de la contribución y los aportes que prevén los incs. a) y b) del art. 16 de esta ley, y cuando se trate de las Obras Sociales del Personal de Dirección y de las Asociaciones Profesionales de Empresarios, el quince por ciento (15%) o el veinte por ciento (20%), respectivamente, de la suma a depositarse se destinarán al Fondo Solidario de Redistribución, a la orden de las cuentas recaudadoras que determine la reglamentación".

Art. 22.– Sustitúyese el inc. a) del art. 22 de la ley 23661 por el siguiente:

a) El quince por ciento (15%) o el diez por ciento (10%), respectivamente, de la suma de las contribuciones y los aportes que prevén los incs. a) y b) del art. 16 de la ley 23660 -según se supere o no el tope de las remuneraciones brutas mensuales de pesos un mil ($ 1000) inclusive-. Para las Obras Sociales del Personal de Dirección y de las Asociaciones Profesionales de Empresarios el porcentaje mencionado precedentemente será del veinte por ciento (20%) o del quince por ciento (15%), respectivamente, según se supere o no la retribución mencionada.

TÍTULO III:

COLEGIOS PROFESIONALES

Art. 23.– Déjanse sin efecto las restricciones que limitan la libertad de contratación a las entidades comprendidas por los arts. 5 y 7 del decreto 9 del 7 de enero de 1993, e incs. 1), 2) y 3) del art. 27 del anexo II del decreto 576 del 1 de abril de 1993.

TÍTULO IV:

SENTENCIAS CON CONDENAS DE PAGO

Art. 24.– (*) Suspéndese hasta el 31 de diciembre de 2002 la ejecución de las sentencias que condenen al pago de una suma de dinero dictadas contra los Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud, incluyendo al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados Y Pensionados, a partir de la entrada en vigencia del presente. Quedan contemplados en el régimen del presente artículo las ejecuciones por cobro de honorarios y gastos.

Las sentencias que se dicten dentro del plazo establecido en el presente artículo no podrán ejecutarse hasta la expiración de dicho plazo.

(*) El art. 2 del decreto 756/2004 establece: "Mantiénese la suspensión dispuesta en el art. 24 del decreto 486/2002, hasta el 31 de diciembre de 2004, respecto de la traba de las medidas cautelares preventivas y/o ejecutivas dictadas contra los Agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud, incluyendo al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados". El art. 1 de la ley 25972 establece: Prorrógase en los términos de la presente ley, hasta el 31 de diciembre de 2005... los plazos establecidos por el decreto 756/2004 ....
Prórrogas anteriores: El art. 7 del decreto 2724/2002 establece: "Inclúyase dentro de la suspensión prevista en el art. 24 del decreto 486/2002 la traba de las medidas cautelares preventivas y/o ejecutivas dictadas contra los agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud incluyendo al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Las sentencias que se dicten dentro del plazo establecido en el art. 2 del presente (10/12/2003), no podrán ejecutarse hasta la expiración del mismo, en tanto importen desapoderamiento de los bienes afectados al giro de la actividad que desempeñan y/o traba al normal desempeño de su funcionamiento".
El art. 3 del decreto 1210/2003 (BO: 15/12/2003) establece: "Mantiénese la suspensión dispuesta en el art. 24 del decreto 486/2002, por el término de ciento ochenta (180) días, respecto de la traba de las medidas cautelares preventivas y/o ejecutivas dictadas contra los agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud incluyendo al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados."

CAPÍTULO V:

EMERGENCIA SANITARIA Y SOCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

TÍTULO I:

ATRIBUCIONES DEL INTERVENTOR NORMALIZADOR

Art. 25.– Instrúyese al Interventor Normalizador del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados para que proponga al Ministerio de Salud un Programa de Emergencia de Prestaciones médicas para dicho Instituto, tendiente a garantizar las prestaciones esenciales del Programa Médico Obligatorio (P.M.O.) aprobado por resolución del Ministerio de Salud 939/2000 y sus modifs., dentro de los quince (15) días de vigencia del presente decreto.

TÍTULO II:

CONTRATACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS

Art. 26.– Exceptúase al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados del cumplimiento de las disposiciones de los decretos 436 del 30 de mayo de 2000 y 1023 del 13 de agosto de 2001.

El procedimiento de contratación a implementar por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados Y Pensionados mientras subsista la emergencia sanitaria deberá atender la urgencia y celeridad que cada situación requiera, a fin de garantizar los principios de transparencia, libre concurrencia e igualdad de los oferentes.

Art. 27.– Facúltase, por el plazo de sesenta (60) días, al Interventor Normalizador del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a fijar unilateralmente los plazos de rescisión de los contratos de prestación de servicios, obra, consultoría y provisión de bienes e insumos, celebrados por dicho Instituto con anterioridad a la vigencia del presente decreto.

Art. 28.– Facúltase al Interventor Normalizador del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados a renegociar los contratos mencionados en el artículo precedente, previo acuerdo entre las partes que deberá sustentarse en el principio del sacrificio compartido. Dichas recomposiciones deberán contemplar una reducción de las obligaciones dinerarias a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados compatible con la disponibilidad financiera de éste y con el Programa de Emergencia de Prestaciones Médicas previsto en el art. 25 del presente.

TÍTULO III:

RELEVAMIENTO Y CONTROL DE DEUDAS

Art. 29.– (Derogado por ley 25725, art. 91 ).

Art. 29.- (Texto originario). Instrúyese al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados para la realización de un relevamiento y control de las deudas que el Instituto mantiene con personas físicas y jurídicas del sector público y privado correspondientes al período comprendido entre el 1 de agosto de 1996 y el 1 de enero de 2002.

Art. 30.– (Derogado por ley 25725, art. 91 ).

Art. 30.- (Texto originario). Las personas a que se refiere el artículo anterior deberán documentar sus créditos en los plazos y a través de los procedimientos que establezca el Interventor Normalizador del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Dicha normativa deberá dictarse dentro de los treinta (30) días contados a partir de la vigencia del presente decreto.

Art. 31.– (Derogado por ley 25725, art. 91 ).

Art. 31.- (Texto originario). Todo pago que efectúe el Instituto con anterioridad a la vigencia de la pertinente normativa será considerado a cuenta y sujeto a posterior revisión.

Art. 32.– (Derogado por ley 25725, art. 91 ).

Art. 32.- (Texto originario). Dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de la entrada en vigencia del presente, el Interventor Normalizador del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados deberá presentar ante el Poder Ejecutivo Nacional un Plan Estratégico de reforma estructural de dicho Instituto, que garantice la sustentabilidad de sus prestaciones, que contemple los principios de integralidad, equidad, eficiencia y solidaridad.

CAPÍTULO VI:

DISPOSICIONES FINALES

Art. 33.– La Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat) deberá dictar y/o armonizar las normas sobre reesterilización y reutilización de marcapasos y otros implantes, aplicables en los organismos bajo jurisdicción del Ministerio de Salud, incluyendo al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, a la Superintendencia de Servicios de Salud y a la propia Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), tomando como base la experiencia nacional e internacional en la materia y el afianzamiento de los mecanismos vigentes, debiendo procurar la disminución de los costos.

Art. 34.– (Derogado por decreto 788/2002, art. 1 ).

Art. 34.- (Texto originario). Facúltase al Ministerio de Salud para definir, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la vigencia del presente decreto, las prestaciones básicas esenciales, previstas en la ley 24901 , considerando aquéllas necesarias para la preservación de la vida y la atención de las enfermedades, que deban garantizarse como prioridad por las personas obligadas en dicho texto legal, mientras subsista la situación de emergencia.

Art. 35.– Suspéndense por el lapso que dure la emergencia sanitaria las previsiones de los decretos 446/2000 , 1140/2000 y 1305/2000 en todo aquello que se oponga al presente.

Art. 36.– Dése cuenta al Honorable Congreso de la Nación en cumplimiento del art. 99 , inc. 3 de la Constitución Nacional.

Art. 37.– Comuníquese, etc.

Duhalde - Capitanich - González García - Gabrielli - De Mendiguren - Remes Lenicov - Atanasof - Giannettasio - Doga - Vanossi - Ruckauf - Jaunarena

Referencias: Const. Nac.: LA 199-A-26 - L 19032197-A-154 - L 23568: LA 19-B-1515 - L 23660: LA -A-51 - L 23661: LA -A-58 - L 24901: LA -D-3798 - L 25561: LA 200-A, fasc. n. 1, p. 8 - D 9/1993: LA 19-A-117 - D 50/2002: LA 200-A, fasc. n. 2, p. 9 - D 436/2000: LA 2000-B-1747 - D 446/2000: LA 2000-B-1783 - D 576/1993: LA 19-A-230 - D 1023/2001: LA 200-C-3240 - D 1140/2000: LA 2000-D-4594 - D 1305/2000: LA 200-A-167.