Art. 4.– El plan de acción consistirá en:

1) Una memoria descriptiva de las actividades a largo y corto plazo a desarrollar por la empresa.

2) La determinación del programa a cumplir para concretar tales actividades, con indicación de los trabajos, obras, servicios, suministros, etc., que demandará su ejecución, diferenciando especialmente dentro de la labor a desarrollar, las que tengan carácter normal o habitual según los objetivos específicos asignados a cada organismo y las que sean especiales o complementarias y que, aun cuando no señaladas concretamente en los estatutos, constituyan tareas indispensables para la consecución de los fines de su creación.

Una relación detallada de los recursos que se estiman necesarios llevar a cabo las actividades, con determinación específica de los medios financieros que se proyecte utilizar, clasificados en ordinarios y extraordinarios, según provengan del desarrollo normal de la explotación o de otras fuentes de ingresos cuando aquéllos no sean suficientes.

Art. 5.– El presupuesto de explotación, que comprenderá la totalidad de los recursos y erogaciones ordinarios y extraordinarios de la empresa, previsibles para el ejercicio siguiente, se dividirá en tres títulos, a saber:

I – Recursos

a) Ordinarios, provenientes del giro común de las operaciones;

b) Extraordinarios, provenientes del uso del crédito a largo plazo y, en su caso, de la contribución del Estado nacional, reintegrable o no.

II – Gastos e Inversiones

Serán detallados por rubros, según el plan de cuentas correspondientes a la entidad.

III – Resultados

Mostrará todos aquellos que se prevén, tanto en lo concerniente a las operaciones específicas de la empresa como a las que fueren ajenas al giro normal y ordinario de la misma.

Art. 7.– Con conocimiento de la Contaduría General de la Nación, las empresas deberán elevar al ministerio del ramo:

a) Antes del día 15 de cada mes, el balance de sumas y saldos correspondientes al mes anterior;

b) Trimestralmente, un estado de ejecución del presupuesto de explotación y un informe sucinto de la marcha de las actividades y de la situación económico-financiera de la entidad.

Art. 8.– Cuando razones técnicas, financieras o económicas aconsejen la modificación del plan de acción o del presupuesto de explotación de una empresa, las autoridades de la misma deberán ponerlo en conocimiento del ministerio del ramo proponiendo las medidas que fueren del caso.

Las soluciones o modificaciones que corresponda adoptar serán autorizadas por el Poder Ejecutivo, con intervención del Ministerio de Hacienda, y comunicadas al Honorable Congreso de la Nación por conducto del ministerio del ramo dentro de los treinta (30) días de su aprobación.

Art. 9.– Si al iniciarse un ejercicio económico-financiero no se hubieran aprobado aún el plan de acción y el presupuesto de explotación de una empresa, las autoridades de la misma sólo podrán realizar las erogaciones mínimas indispensables para la continuidad de las operaciones habituales de la entidad.

Art. 10.– La memoria, el balance general y la cuenta de ganancias y pérdidas correspondientes a cada ejercicio, debidamente intervenidos por la Contaduría General de la Nación, serán elevados por la empresa al ministerio del ramo, dentro de los ciento veinte (120) días de finalizado el ejercicio, para su aprobación por el Poder Ejecutivo.

Dentro de los quince (15) días de dicha aprobación del ministerio correspondiente elevará la documentación respectiva al Ministerio de Hacienda, para ser incorporada a la primera cuenta de inversión que el Poder Ejecutivo remita al Honorable Congreso de la Nación.

Art. 12.– La distribución de utilidades líquidas y realizadas de las empresas sólo podrá hacerse efectiva luego de aprobada la documentación a que se refiere el art. 10.

Art. 15.– A los efectos de la fiscalización que se le encomienda, la Contaduría General de la Nación destacará, en cada empresa, “auditores” con funciones continuas o periódicas según las necesidades y características de cada entidad. Los “auditores” fiscalizarán todos los actos y actividades de la empresa con sujeción a las siguientes normas:

1) Su intervención será, en general, posterior a los hechos, no obstante lo cual podrá realizarse cuando, a su juicio, así lo exijan las circunstancias.

2) Se ejercerá mediante la verificación parcial o de pruebas selectivas de las operaciones y de la documentación original.

Las empresas facilitarán las tareas de fiscalización a cargo de la Contaduría General de la Nación y de sus “auditores” y deberán:

a) Mantener actualizados los registros contables principales y auxiliares.

b) Remitir a la Contaduría General de la Nación en la forma y oportunidad que ella determine, todas las informaciones que requiera para el ejercicio de su fiscalización.

c) Facilitar a los “auditores” el libre acceso a todas las dependencias de la empresa, como así también la verificación de los libros y comprobantes respectivos y demás antecedentes.

d) Proporcionar a los “auditores” los elementos y medios necesarios para la realización de las tareas a su cargo.

Los regímenes y procedimientos de control interno de las empresas serán ajustados a efectos de coordinarlos con la fiscalización que compete a la Contaduría General de la Nación.

Art. 16.– Los procedimientos a adoptar en los casos de actos observados según la naturaleza de los mismos, será la siguiente:

1) Transgresiones de carácter contable: la observación quedará regularizada si la entidad modifica el procedimiento cuestionado.

En caso de discrepancias, la resolución definitiva que dicta la Contaduría General de la Nación será de cumplimiento obligatorio para la empresa.

2) Incumplimiento de resoluciones de la Contaduría General de la Nación y/o dificultades para la función del “auditor”:

La Contaduría General de la Nación comunicará la observación al ministerio del ramo para que se emplace a los responsables a facilitar al “auditor” dentro de los cinco (5) días laborales, los elementos necesarios para el ejercicio de su función y a ajustarse a las directivas establecidas.

Si el requerimiento no fuera cumplido, lo pondrá en conocimiento del Ministerio de Hacienda a los efectos de la adopción de las medidas que corresponda.

3) Incumplimiento de disposiciones legales o reglamentarias:

a) Los actos o procedimientos observados serán comunicados a la empresa, la que deberá resolver dentro del tercer día laborable, modificando el acto motivo de la observación o exponiendo las razones que aconsejan su mantenimiento;

b) Si a juicio de la Contaduría General de la Nación las explicaciones ofrecidas no justifican suficientemente el acto observado o, si vencido el plazo señalado, las mismas no se hubieran producido, pondrá el hecho en conocimiento del ministerio del ramo;

c) Si el ministerio del ramo comparte la opinión de la Contaduría General de la Nación, dispondrá la modificación del acto cuestionado son perjuicio de las medidas que corresponda adopta en razón de la índole de la transgresión;

d) Si el ministerio del ramo no comparte la opinión de la Contaduría General de la Nación, informará las razones que a su juicio justifican el acto observado.

Si a pesar de ello, la Contaduría General de la Nación mantiene las objeciones, pondrá el hecho observado en conocimiento del Poder Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Hacienda, a los fines del pronunciamiento que se estime corresponder. La Contaduría General de la Nación dará cuenta en su memoria anual de las observaciones que hubiere formulado, juntamente con los pronunciamientos recaídos sobre las mismas.

Art. 17.– Las autoridades de las empresas responden personal y solidariamente para con el Estado y los terceros por la inejecución o mal desempeño del mandato y por la violación de las leyes, estatutos o reglamentos.

Quedan exentas de esa responsabilidad las autoridades que no hubieran tomado parte en la respectiva resolución o que hubiesen dejado constancia escrita de su disidencia.

Art. 18.– Las autoridades de las empresas no podrán hacer, por cuenta de las mismas, operaciones ajenas a su objeto, bajo pena de que tales actos se consideren como violación del mandato. Asimismo les queda prohibido negociar o contratar por cuenta propia, directa o indirectamente, con la entidad que administran.

El funcionario de la empresa que en una operación determinada tenga en nombre propio o como representante de otros, intereses contrarios a los de la entidad, está obligado a ponerlo en conocimiento de las demás autoridades y se abstendrá de intervenir en la respectiva operación.

En todo lo que no esté previsto en el presente decreto y en las demás disposiciones legales, o reglamentarias del caso, los derechos y obligaciones de las autoridades de las empresas serán regidos por las reglas del mandato.

Art. 21.– Comuníquese, etc.